En un escenario de reclamos sociales, pujas políticas e incertidumbre sobre el futuro económico, el mayor desafío de Lugo es la aplicación de la reforma agraria, su principal promesa de campaña.
Al ser rehén de su propia composición en la Alianza Patriótica para el Cambio, de mayoría conservadora, el gobierno se encuentra en una situación difícil para enfrentrar salidas concretas a la crisis agraria. Lugo parece un ejecutivo solitario sin organización política propia, sin el respaldo del Congreso (controlado por el Partido Colorado y el UNACE de Oviedo) y de un viciado Poder Judicial, que está lejos de acompañar el proceso de cambios que apostó el pueblo paraguayo.
Sin embargo, distintos sondeos de opinión encargados por los medios coinciden en que la imagen de la gestión presidencial es positiva, porque sigue concentrando las expectativas de cambio, aunque en algunos sectores de la población se percibe un leve desencanto.
Para el analista político Alfredo Boccia Paz, a estos cien días de gestión le faltó espectacularidad, porque las modificaciones han sido muy paulatinas y sin virajes drásticos.“Creo que estamos dando pasos lentos, adelante, con dificultades, pero vamos a seguir avanzado. Mi gobierno constituye una respuesta inequívoca a las muchas demandas acumuladas y oportunidades perdidas en las últimas décadas”, sentenció Lugo al evaluar estos primeros meses de gobierno.
El conflicto agrario
El asesinato de líder campesino Bienvenido Melgarejo el pasado 3 de octubre en manos de la Policía Nacional durante una ocupación de tierras en el departamento de Alto Paraná, elevó el nivel de violencia durante el conflicto agrario, que ha enfrentado a latifundistas y movimientos sin tierra. Frente a esta situación, el movimiento campesino activo organiza marchas y ocupaciones masivas en latifundios de todo el país. Estas presiones lograron acelerar la creación del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), en el cual el gobierno destinó 15 millones de dólares para mejorar la situación de los labriegos. Además, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) emprendió el proceso administrativo para identificar más de 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, propiedades mal adjudicadas durante los distintos gobiernos colorados, en su mayor parte entregadas durante la dictadura de Stroessner y la llamada “transición democrática”.
“Queremos recuperar estas tierras que están en manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria (políticos, jueces, comerciantes, militares entre otros) y entregárselas a los campesinos”, afirma Alberto Alderete, presidente del INDERT. Abogado de vasta trayectoria en el tema, fue propuesto por los movimientos sociales para conformar el gabinete de Lugo. Para frenar la extranjerización de las tierras, el gobierno prohibió las ventas de tierras productivas a los extranjeros. Un estudio realizado por la no gubernamental Base IS, destaca que el 70% de las tierras agrícolas paraguayas están actualmente en manos de terratenientes extranjeros, en su mayoría brasileños.
La reacción gubernamental no ha sido menor en estos tres meses de gobierno, con más de 60 desalojos, decenas de heridos y golpeados en los procedimientos.
En ese aspecto, se ve intacta la dinámica de represión tradicional. La fiscalía no queda atrás en el momento de orientar la represión hacia los movimientos sociales junto a las fuerzas de seguridad -más de cien campesinos fueron asesinados dentro de la lucha por la tierra desde la apertura democrática en 1989. La estrategia de “ocupar y resistir” ha servido al movimiento de sin tierra para que en los últimos cinco años recuperaran más de 250 mil hectáreas de tierras para producir. Además de la demanda por la reforma agraria, las distintas marchas campesinas, apuntan a la reforma del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, evitando la cuota política para la designación de los ministros de la Corte Suprema. “Los principales aliados de la corrupción y la impunidad en nuestro país son la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, quienes criminalizan la lucha social”, afirmó Hugo Richer, del Frente Patriótico Popular (sector que agrupa a organizaciones campesinas, de sin techos y movimientos de izquierda). Estas agrupaciones están en movilización permanente en varios departamentos del país para pedir por la Reforma del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, por la Reforma Agraria Integral, por la Soberanía Nacional, por Política Social y por la realización de la Asamblea Nacional Constituyente.
Si bien el enfoque de la gestión de Lugo apunta a la transparencia administrativa y las políticas sociales enfocadas para disminuir la extrema pobreza, pocas acciones se han notificado hasta ahora contra los corruptos y represores.
En lo económico, el cambio ha sido mínimo: algunos viceministros siguen siendo los mismos. El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, estima que el país crecería cerca de un 3% en 2009, por debajo del 5% previsto originalmente por el Gobierno, debido al impacto de la crisis financiera mundial.
En materia de justicia social, Lugo ha obtenido tal vez los mejores resultados en el área de salud: por vez primera la atención en los hospitales públicos es totalmente gratuita. En el área educativa “se espera que el inicio del ciclo escolar de 2009 sea sin un solo maestro ad honorem en las escuelas, además de implementarse un sistema de becas y asistencia económica a escolares de bajo recursos para reducir la deserción escolar”, vaticinó el ministro de Educación, Horacio Galeano Perrone.
