Con el denominado Programa de Propiedad Participada, los privatizadores Dromi, Barra y Alsogaray crearon una cortina de humo para distraer a los empleados de las empresas públicas privatizadas durante los ‘90, a quienes se hizo creer que se convertirían en futuros accionistas millonarios de nuevas empresas eficientes.
En ese Programa hubo sí varios nuevos millonarios, pero no fueron los ex-empleados sino algunos personajes que circularon como asesores u operadores de las empresas. Entre ellos, el escribano Wenceslao Bunge, olvidado vocero de Alfredo Yabrán.
La operatoria ilegal fue así: diputados y senadores pejotistas sancionaron alegremente la ley 23.696 que establecía emitir un 10% de las acciones de las nuevas empresas para los empleados; a continuación, distintas resoluciones conjuntas de los ministerios de Trabajo y Economía establecieron vender esas acciones a sectores privados. Pero esas resoluciones (462, 481, 181 de 1993, y 72 de 1995) nunca se publicaron en el Boletín Oficial, por lo que deben considerarse nulas.
Las irregularidades no terminaron allí.
La Oferta Pública de Acciones fue presentada 6 meses después de que Repsol de España comprara el 14,9% de esas acciones, con lo que de hecho no hubo ninguna oferta pública.
Se designó como directivo de YPF al señor Cortinas, presidente de Repsol, violando la ley 19550 de Sociedades Anónimas.
La Bolsa de Valores objetó ese trámite irregular, por cuanto no fue presentado el mandato de venta de las acciones C (nominativas) que hubieran correspondido al Programa de Propiedad Participada.
Todo esto conformó una causa penal, la 8568/99, que recayó sucesivamente en los juzgados de Cavallo, Ballestero y finalmente Bonadío. Los querellantes fueron la agrupación de trabajadores petroleros Enrique Mosconi, con el asesoramiento letrado de la doctora Alejandra Dibo.
Bonadío, seis años después (diciembre de 2005), no hizo lugar al pedido de prescripción de la causa solicitado por Repsol, disponiendo la indagatoria de los imputados.
A mediados del año siguiente, la prensa inició una intensa campaña contra el juez debido a su oscura actuación en la causa AMIA y haber sido ahijado de Corach. Ni lerdo ni perezoso, Bonadío pidió licencia por dos meses y al volver al despacho, dictó el sobreseimiento de los implicados en la causa: Cavallo, Mera Figueroa, Roque Fernández, Alfonso Cortinas, Alejandra Minicelli (síndico de YPF y esposa del ministro Julio de Vido), y otros. El fallo fue apelado por los querellantes y la Cámara, en julio de 2007, revocó lo resuelto, le ordenó emitir un nuevo fallo, y trabó embargo de 2 mil millones de pesos contra Repsol.
A casi un año, todo sigue como entonces. El juez no emitió nuevo fallo, y las acciones de YPF, propiedad de sus trabajadores, desaparecieron.
