Acusado de asociación ilícita y homicidio ante la Justicia Federal, José Alfredo Martínez de Hoz se defiende con mentiras en una carta que sólo publicó el diario La Nación. Afirma que lo persiguen, habla de resentimientos y acusa al gobierno de terrorista. Deplorable para un reconocido terrorista de Estado.
La denuncia penal del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde quedó desdibujada en la opinión pública por otras urgencias o por la manipulación mediática aunque no se pudo ocultar del todo. Fue mientras la Argentina recordaba un nuevo aniversario de la dictadura, el 24 de marzo pasado. Alfredo de Ángeli monopolizaba la atención televisiva arengando a esa nueva derecha selvática, boyante y desmemoriada que busca su lugar en la oferta política, la misma que se dejó llevar por la alucinación de la convertibilidad, el Primer Mundo y los viajes a Japón por la estratosfera. Una película que ya habíamos visto.
Por otros medios, se intenta reconstruir una alianza social que, conducida por el poder económico tradicional, sostuvo la dictadura militar y el jolgorio de los ‘90. Ahora la fantasía se llama “soja” o “pool de siembra”; antes fue “por algo será” y luego, las privatizaciones que nos convertirían en nuevos Beverly ricos.
En este revival unos ponen la cara, pero los que manejan los hilos son la Sociedad Rural y CRA en el mismo plan de siempre, adecuado a los nuevos tiempos, con toda la cháchara de lo posmoderno. Es el viejo liberalismo autóctono, agiornado con las recetas de Chicago y el Consenso de Washington, las viejas ideas recicladas de los fisiócratas.
Lo explicó muy bien Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, ante las cámaras: “sólo el campo produce riqueza”, dijo.
¿Y el valor agregado industrial y tecnológico qué son entonces? ¿Y el trabajo?
Curiosa declaración de unos terratenientes cuyo modo de producción se ha mantenido invariable desde el siglo XIX. Que la SRA sea además propietaria monopólica de los bancos de genética bovina no hace sino reafirmar ese anacronismo.
Y que en ese intento de reagrupamiento, un grupo de “notables” asesorara a Hugo Biolcati Magnasco, como él mismo lo hizo público con cierta delectación, viene a confirmar la regla. Porque entre esos “notables” está José Alfredo Martínez de Hoz, el acusado por homicidio.
Qué notable.
Privilegios que matan
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó ante el juzgado federal que conduce el doctor Daniel Rafecas pidiendo la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, entonces ministro de Economía, de Guillermo Walter Klein (secretario de Coordinación y Programación Económica) y de Juan Alemann (secretario de Hacienda) por los delitos de asociación ilícita y homicidio del funcionario Juan Carlos Casariego de Bel ocurrido en junio de 1977 durante la estatización fraudulenta de la ex Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, CIAE.
Casariego de Bel era director interino del registro de Inversiones Extranjeras. El trámite de estatización requería que esa repartición certificara el carácter extranjero de la empresa. Los principales bienes de capital de la Ítalo eran dos turbogeneradores comprados con avales del Banco Nacional de Desarrollo, hoy desaparecido. Pero la Ítalo nunca puso un peso (aunque sus bienes de uso se revaluaban automáticamente por inflación) y el Estado se hizo cargo de la deuda. El valor de esa empresa, en aquellos años, no superaba los 10 millones de dólares. Pero el Estado pagó casi 400 millones de dólares.
Esos son los hechos. Y por eso fue asesinado Casariego de Bel.
La solicitud de detención no fue replicada por el antes mordaz Juan Alemann. Eso le tocó esta vez a Martínez de Hoz, quien envió una carta a la agencia DyN y sólo publicó La Nación, una carta llena de groseras mentiras.
Vamos por partes
Dice que Casariego “nunca tuvo involucración o participación alguna en el tema Ítalo, de modo que resulta falso el intento de vincular su asesinato con esa cuestión”.
Miente. Para que la comisión encargada de negociar la estatización pudiera avanzar en la evaluación de los bienes de la empresa, y mantener la formalidad legal, debía contar con el certificado del Registro de Inversiones Extranjeras. En las actas de esa comisión, sin embargo, consta que era difícil evaluar ese aspecto de la cuestión cuando sólo contaban con la información que proporcionaba la empresa.
Dice: “ni yo ni el Ministerio de Economía tuvimos participación alguna en las negociaciones que condujeron a la compra de la compañía Ítalo por el Estado Nacional”, y luego “después de asumir me excusé de intervenir en ese asunto por haber sido ex director de aquella compañía”.
Miente. Al asumir la Junta, Martínez de Hoz no era “ex-director” sino “director” de la Ítalo. Primero se excusó por decreto y luego designó él mismo, por resolución 92/76 del ministerio que dirigía, a la comisión encargada de la negociación, incluyendo gente de su confianza. Algunos de los involucrados declararán en 1984, ante la comisión de diputados que investigó el hecho, que eran habituales las reuniones de los negociadores en el propio despacho de Martínez de Hoz, el mismo lugar al que fueron llevados por la fuerza los exportadores Gutheim. En sede judicial se constataría que los decretos de detención y libertad (noviembre de 1976, abril de 1977) de estos empresarios habían sido elaborados y firmados con posterioridad a los hechos para dar apariencia de legalidad al secuestro, a pesar de lo cual Carlos Menem indultó a Martínez de Hoz en 1990.
El acta 19 de la comisión negociadora señala textualmente que Martínez de Hoz convocó a sus miembros a su despacho “a fin de tratar asuntos vinculados con el tema Ítalo”, de modo que el ministro de Economía sí tuvo participación activísima en el asunto.
Dice: “jamás conocí a Casariego de Bel ni supe de su existencia”.
Miente. El registro de Inversiones Extranjeras estaba en línea directa con el ministro, a través de la secretaría de Coordinación y Programación (Klein). Casariego de Bel era un abogado de la dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía y fue el propio Martínez de Hoz quien lo designó como director de Inversiones Extranjeras, en junio de 1976, un año antes de su desaparición. Según declararía posteriormente a la justicia la hija del asesinado, su padre solía mencionar los frecuentes encuentros que tenía con Alemann, Klein (de quien dependía directamente) y el propio Martínez de Hoz. Casariego desaparece en camino a la casa de Klein, quien lo había citado a una reunión para discutir la cuestión de si la Ítalo era o no extranjera.
Dice: “Todas las actuaciones y negociaciones estuvieron a cargo del Ministerio de Justicia y de un negociador designado por esa cartera”.
Miente. La designación del capitán Alejandro Caride como negociador único a fines de 1977 fue resuelta por el propio Videla a último momento, cuando las distintas posiciones dentro de la comisión negociadora —que se venía reuniendo desde un año y medio antes— amenazaban con terminar a los tiros. Caride luego reconocería que no era especialista en la materia sino un auditor militar que sabía de derecho de menores (sic). Entretanto, en el gobierno militar iban y venían distintas valuaciones de la Ítalo, con diferencias millonarias. En la comisión negociadora se enfrentaban el maserismo, los representantes de Suárez Mason (luego premiado con la presidencia de YPF, y que pretendía administrar para sí los confiscados bienes de los Graiver, el banquero antes interesado en quedarse con la Ítalo) y los propios directores de la empresa, ahora devenidos en funcionarios, como Francisco Soldati, director del Banco Central de la República Argentina y también de Comercial del Plata, la empresa que conducía el holding, que –está probado– intervino en las negociaciones.
Dice que cuando desapareció Casariego de Bel, “todavía no existía en curso negociación ni proyecto de convenio alguno” con Ítalo porque el negociador asumió en diciembre de 1977, “de modo que es artificioso vincular ambos hechos”.
Miente. Caride fue designado por Videla para hacer cumplir el acta secreta Nº 40 que ordenaba la compra de la Ítalo contra la opinión de la comisión negociadora, que, con fórceps, había indicado dos cursos de acción en un año y medio: 1) derogar el decreto 648 de Isabel Martínez y “no tomar otra acción dejando la iniciativa a la empresa, la que presumiblemente denunciarían el convenio”, o 2) negociar la compra con la empresa, sugiriendo el primer camino.
Argentinización suiza
Dice: “el Estado desafortunadamente se vio en la necesidad de comprar (la Ítalo) como consecuencia de su argentinización decidida por el anterior gobierno de María Estela de Perón”.
Miente. El decreto 648 de argentinización, es cierto, se resolvió en febrero de 1976, a horas del golpe, y probablemente eso apuró “la solución militar”. En rigor, a Martínez de Hoz le convenía mantener la ficción del decreto. ¿Por qué no lo derogaron, como tantos otros, en lugar de “verse (desafortunadamente) en la necesidad de comprar”…?
Argentinización no es sinónimo de estatización. Lo que pretendía el gobierno democrático derrocado era que la Ítalo (que sólo proveía el 10% de la electricidad del Gran Buenos Aires) fuera traspasada a capitales nacionales.
Luego acusa al gobierno de albergar a funcionarios que integraron “las organizaciones terroristas que asolaron el país y que específicamente intentaron asesinarme a mí y a mis más estrechos colaboradores”, y mencionó a Klein y Alemann, dijo, aunque “antes lograron matar” al subsecretario de Hacienda Miguel Padilla.
Miente. La embajada de EEUU en Buenos Aires investigó la muerte de Miguel Tobías Padilla, un abogado de los ingenios azucareros tucumanos nombrado por Martínez de Hoz, y llegó a la conclusión de que el funcionario fue víctima de las luchas internas en el gobierno. Así lo comunicó a Washington en un télex hoy desclasificado. Por demás, el método de ejecución (un tirador solitario que se acerca y dispara a la cabeza desde cerca) no era propio de las “organizaciones terroristas”. Y tampoco los sospechosos ejemplares del “Evita Montonera” que se hallaron cerca del atentado, cuya factura y redacción parece salida de los servicios. A pesar de ello, hasta diciembre pasado, las conferencias de prensa del ministerio de Economía se solían realizar en el salón de actos conocido por el nombre de ese funcionario defendido por Martínez de Hoz. Hoy se ha vuelto a cierta sensatez: se lo rebautizó “Manuel Belgrano”.
Todo cierra entonces.
En este ensayo de retorno disimulado, Martínez de Hoz habla al oído de Hugo Biolcati, quien reemplazará próximamente a Miguens en la dirección de la Sociedad Rural. Biolcati conduce la S.A. Magnasco. En 1976, Magnasco estaba cerca de la quiebra por un préstamo no reintegrado al Banco Nacional de Desarrollo. Martínez de Hoz cedió por monedas a sus dueños las acciones que ese Banco tenía depositadas como garantía por el concurso.
En 1976 volvieron con los tanques y el terror. En 1989 se aliaron con un caudillo conservador que les aportó la voluntad peronista, completando el saqueo del patrimonio público. Hoy intentan neutralizar al gobierno con un plan disimulado tras el discurso progresista de la FAA, los excesos de un francotirador autoconvocado y el show de CRA que al parecer lucha desde siempre por una patria justa, libre y soberana.
Es una nueva versión del clásico de Mary Shelley.
