La paulatina pero constante domesticación de la CGT ocupa un lugar destacado entre los méritos políticos del gobierno de Mauricio Macri. En menos de dos años, sin alterar demasiado el curso de sus decisiones y ahora en la antesala de un pleito electoral clave, Cambiemos volvió a ubicar a la conducción cegetista en la fila de sus interlocutores bajo control, a los que suele proponer una negociación con muy poco margen de maniobra y en la que el Ejecutivo establece y altera a su gusto las reglas de juego, los tiempos y la lógica del intercambio, con más destrato que cortesías.
El saldo del Comité Central Confederal, celebrado el martes en la sede de La Fraternidad, vino a formalizar esta relación de fuerzas: la CGT llamó a deponer las amenazas lanzadas al aire, apuntalar la integridad del triunvirato, cajonear eventuales planes de lucha y reencausar el diálogo con Balcarce 50, misión para la que se facultó el Consejo Directivo.
Así las cosas, a pesar de que se acercan las temperaturas más cálidas, la CGT seguirá en cuarteles de invierno, a la espera de que pasen las elecciones de octubre y se aclare el panorama. En la nada quedó la advertencia que el 22 de agosto realizó Juan Carlos Schmid. En esa jornada de protesta, desde un escenario en la Plaza de Mayo, el triunviro había asegurado que la reunión del Confederal serviría “para decidir un plan de lucha que incluya un paro general”.
“Si en un momento la Rosada y la CGT simulaban dos autos acelerando en rumbo de colisión, no fue el gobierno quien pegó el volantazo o redujo la velocidad”
Antes que a la paciencia del cauto, la postura de los líderes sindicales se parece más a la resignación de quien espera lo inevitable: un resultado que en las urnas confirme la potestad del oficialismo para continuar con su programa en materia económica y laboral, reforma mediante. Si meses atrás, cuando el panorama no le era tan adverso y la nueva conducción todavía generaba más expectativas que desencantos, la central obrera nunca mostró la astucia necesaria para disputar con el gobierno, ahora hay un convencimiento general de que las condiciones sólo permiten replegarse y defender. Igual de cierto es que esa fue la conclusión a la que la cúpula de la calle Azopardo arribó, una y otra vez, desde que Macri llegó a la presidencia. Reivindicando su prédica cristiana, la CGT nunca dejó de poner la otra mejilla.
Prueba de la situación desfavorable que presiente la dirigencia gremial es la unidad conseguida: a la cita del Confederal asistieron todos, excepto los Moyano, que igualmente acompañaron a la distancia, en un gesto que los preserva para articular por la libre, en vista de los intereses diversificados que encarnan el líder Hugo y sus hijos Pablo y Facundo. Con distintos argumentos y temperamentos, los “gordos”, los independientes, el barrionuevismo, e inclusive los díscolos, se abroquelaron en torno al triunvirato y respaldaron la decisión de reemplazar los tambores de guerra por la bandera blanca del diálogo. Sólo si las tratativas no llegan a buen puerto –algo con profusión de antecedentes en los contactos con la Rosada– volverá a hablarse de pasar a la acción. Esta fue la cláusula gatillo impuesta por Sergio Palazzo, referente de La Bancaria y una de las voces fuertes de la Corriente Federal de Trabajadores, una línea interna que no tiene representación en el secretariado y que apoya abiertamente a Unidad Ciudadana.
Palazzo, quien tiempo atrás pedía tensar la soga y confrontar, consideró que hoy salir a la calle sólo traería beneficios para la estrategia electoral de Cambiemos.
Otro sector que retornó al seno cegetista fue el de los cerca de 40 gremios del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), liderado por Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia, que tiene como exigencia dejar de lado el mando colegiado y, en 2018, volver al esquema de un solo secretario, un pedido que hace rato conforma mayorías.
En apenas dos horas y sin mayores conflictos, salvo algún chisporroteo menor, se ratificó lo acordado en reuniones previas. Lejos del tono inflamado que tuvo a mediados de agosto, Schmid explicó a la prensa las razones de la mesura: “Llevaremos adelante medidas de protesta de no prosperar el diálogo, pero es una resolución que va a ir madurando. Agradecería que no empecemos a poner fechas o establecer límites”.
El pedido vino a cuento de uno de los episodios más sonados en el historial del triunvirato, ocurrido en marzo último, cuando los secretarios generales convocaron a un paro nacional, pero sin precisar qué día iba a realizarse, mientras desde abajo del palco montado frente al Ministerio de Producción les gritaban “poné la fecha, la puta que lo parió”.
“Antes que a la paciencia del cauto, la postura de los líderes sindicales se parece más a la resignación de quien espera lo inevitable: un resultado que en las urnas confirme la potestad del oficialismo para continuar con su programa en materia económica y laboral, reforma mediante”
Héctor Daer fue el encargado de subrayar los “límites innegociables” que pondrán sobre la “mesa de entendimiento” reflotada con el macrismo: no permitir que los cambios en la formación profesional “se transformen en un mercado laboral de pasantes”; seguir de cerca el denominado blanqueo de trabajadores, para lo cual pretenden “compartir la potestad de fiscalizar aquellos nichos y actividades que tienen empleados en la informalidad”; y monitorear “la situación de las organizaciones sindicales que están intervenidas”, un tema que hace sonar todas las alarmas en el mundo gremial.
Como contraparte, los compromisos asumidos informalmente por el gobierno tienen ese perfil que caracteriza al oficialismo en la negociación: prometen que no harán lo que todavía no pueden hacer. En el caso concreto de la reforma laboral, el ministro Jorge Triaca ya garantizó que no tendrá un espíritu antisindical y que se evaluará sector por sector. “No va a ser a la brasileña”, resumió el ministro.
Palomas cegetistas
La importancia de esta pacificación va más allá del peso específico que la principal central obrera del país posee en la escena política, y cobra su verdadero significado a la luz de la coyuntura en la que se mueve la administración Cambiemos. Al contener a la CGT, la alianza gubernamental que lidera el PRO desactivó lo que en la previa surgía como un obstáculo complejo, por no decir excluyente, para la consecución de sus planes, más aún después de la reunificación de las tres grandes ramas sindicales.
El 22 de agosto de 2016, cuando las familias de la CGT se congregaron en el estadio de Obras Sanitarias y sellaron la unidad bajo un esquema de triple comando, muchos esperaban que Schmid, Daer y el estacionero Carlos Acuña debutaran con el esperado llamado a un paro. No fue así y ese desaire anticiparía otros, en un año que iba a cerrar con una inflación del 45%, abundante sangría de puestos de trabajo y un mercado interno amesetado. En un escenario de shock para el peronismo, que todavía trataba de asimilar el golpe de la derrota, el eje cegetista aparecía como el único que se mantenía organizado y con posibilidades de dar pelea. Pero, si en la previa, la reunificación era vista como un requisito para luego mostrar los dientes, el tiempo reveló que fue el paso necesario para una novedosa diplomacia sindical sin apuros, que una y otra vez renovó su voto de confianza en las charlas con el Ejecutivo nacional.
Lejos quedó aquella amenaza inminente, que acabó estancada en la etapa verbal, fuerte en la pirotecnia de las palabras y escasa en los hechos concretos. Si en un momento la Rosada y la CGT simulaban dos autos acelerando en rumbo de colisión, no fue el gobierno quien pegó el volantazo o redujo la velocidad. De hecho, el macrismo puso en caja al triunvirato sin mayores gestos de buena voluntad. Lo hizo, por así decirlo, a cara de perro, al mismo tiempo que echaba leña al fuego, tomando medidas de un impacto evidente y profundo sobre el bolsillo del trabajador y en medio del reclamo desbordado de las bases gremiales hacia sus conducciones.
Los antecedentes abundan: el oficialismo nunca avanzó en su meneada promesa sobre el impuesto a las Ganancias; no hizo cumplir al empresariado aquel acuerdo para congelar las cesantías y abonar un plus de fin de año; derogó la Ley Antidespidos y no aplicó la de Emergencia Social; fijó techo a las paritarias estatales y condicionó a las del sector privado; ahogó el empleo pyme con mercadería importada y arremetió decididamente sobre la dirigencia gremial, a la que asimiló a una mafia.
“Palazzo, quien tiempo atrás pedía tensar la soga y confrontar, consideró que hoy salir a la calle sólo traería beneficios para la estrategia electoral de Cambiemos”
El mismo día en que los triunviros refrendaron su voluntad de diálogo, el macrismo volvía a mostrarse agresivo. “Los sindicalistas extorsionadores saben que no están en la misma vereda que nosotros y eso es un cambio concreto”, declaró María Eugenia Vidal durante un acto en Bahía Blanca, donde anunció inversiones de la multinacional Dow Chemical. La gobernadora bonaerense, que estuvo acompañando al presidente Macri, agregó que los puestos que se vayan a crear “no estarán sometidos a ningún régimen de extorsión sindical”.
En el plano judicial, 24 horas antes la Corte Suprema había emitido un fallo limitando lo que el PRO llama “industria del juicio”, en otra señal explícita hacia el fuero laboral. En su tercera decisión en este sentido, el máximo tribunal echó para atrás una medida de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenaba a una empresa abonar una indemnización que los cortesanos calificaron de “totalmente desproporcionada”. El correctivo recayó sobre los camaristas de la Sala II, la misma que dio curso a los amparos contra una cuestión estratégica en la agenda del oficialismo: la reforma de la Ley de ART.
En paralelo, las caídas en desgracia del jefe de la UOCRA platense, Juan Pablo “Pata” Medina, y de Oscar “Caballo” Suárez, del SOMU, tienen el influjo de las balas que pican cerca, más allá del rápido despegue implementado por el resto de la CGT. Con un perfil distinto, la intervención que sufrió Omar Plaini en Canillitas también fue vista como otra muestra de poder de fuego que manejan el macrismo y sus terminales judiciales.
“Hay una sobreactuación de hechos que son utilizados intencionalmente para deslegitimar una representación”, se quejó Daer. “Mafia sindical no existe, son casos puntuales. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es si los jueces, los empresarios, los políticos o quién sea, lo que quieren es un mundo sin sindicatos, sin contraparte social”, planteó Schmid.
De lo que nadie tiene dudas es sobre lo conseguido hasta acá por el gobierno. Tal vez, la mayor muestra sea haber trastocado la fórmula clásica establecida por el vandorismo: si antes los muchachos pegaban para negociar, ahora aceptan que lo primero es deponer las armas, en un diálogo con roles bien definidos, donde unos hablan y otros escuchan.
