La detención arbitraria de Milagro Sala y otros integrantes de la organización Túpac Amaru y la lluvia de causas judiciales abiertas a disidentes políticos y sociales como casos emblemáticos de una escalada de criminalización de la protesta, las denuncias de organismos de derechos humanos locales e internacionales sobre la violación de tratados que tienen estatus constitucional, así como la reciente y violenta irrupción ilegal de la policía provincial en un predio universitario -que incluyó la detención y el maltrato de dos estudiantes- parecen mostrar a Jujuy como un laboratorio de vanguardia para las políticas represivas que, a nivel nacional, busca implementar el gobierno de la alianza Cambiemos para sostener su modelo económico.
Esta impresión general se vio reforzada la semana pasada cuando -con diferencia de horas- la irrupción policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy coincidió con la represión violenta por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a los maestros que intentaban levantar la Escuela Itinerante frente al Congreso Nacional. En uno y otro caso la justificación fue fútilmente la misma: que los reprimidos estaban cometiendo contravenciones a normas municipales.
En el caso de Jujuy ya es una historia repetida: “A través de Código Contravencional toda expresión de movilización, reclamos y luchas sociales o gremiales pueden ser objeto de la aplicación de esta norma, de igual modo que se pretende en el orden nacional. La primera detención de Milagro Sala fue con ese Código y el argumento de la policía para entrar en la Facultad de Agrarias fue ampararse en él”, explica a Zoom Benito Aramayo, profesor titular de la Cátedra de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas y en la de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu, de la cual es también vicedecano.
“El problema de fondo de Jujuy es su estructura económica extraordinariamente monopólica y de concentración de la tierra”
“Jujuy, indudablemente, se utilizó como laboratorio de prueba para las políticas represivas que ahora se empezaron a aplicar en otras provincias y a nivel nacional, es decir, ilegalización, judicialización y represión. Pero también tiene una impronta local en una campaña de demonización de Milagro Sala, la Túpac y la Red de Organizaciones Sociales, generadora de miles de puestos de trabajo y obras para los trabajadores y los más pobres, y las aspiraciones de sectores económicos fuertes, sectores conservadores de la sociedad y de la política tradicional, que aspiran a restaurar el orden que garantice al establishment los privilegios”, agrega Fernando Acosta, secretario de Interior de la CTA Autónoma Nacional y miembro de ATE de Jujuy.
La coincidencia no es extraña si se tiene en cuenta que Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Provincia de Buenos Aires, son los tres distritos más claramente identificados con el gobierno nacional. La particularidad del caso jujeño es que el binomio de gobierno está integrado por un radical, el gobernador Gerardo Morales, y un vice massista, Carlos Haquim, pero férreamente alineado con la gestión nacional del PRO.
Sin embargo, y de manera menos evidente para los ojos porteños, no son pocas las continuidades, en lo que hace a temas de fondo, que se pueden encontrar entre la gestión del UCR-Cambiemos Morales y su antecesor, Eduardo Fellner. Detrás de ese poder, señalan, está el poder económico real de la provincia. Si hay cambios en el estilo de gestión no tiene tanto que ver con ellos sino con las relaciones con los gobiernos nacionales. “Morales avala íntimamente el proyecto neoliberal de Cambiemos y sus métodos, que aplica con pasión. Está convencido de que está bien echar a los trabajadores del estado provincial que sean o le parezcan kirchneristas o militantes de ATE, que es legítimo usar a la justicia y a la fuerza pública para resolver todo tipo de cuestiones, y que es necesario erradicar todo lo que huela a Milagro Sala, kirchnerismo, trabajadores informales y pobres. El apagón y la manipulación informativa en Jujuy es alarmante, en gran medida porque acá apenas hay un medio alternativo digital. Si Fellner respetaba y favorecía a los poderes fácticos hasta el punto en que las políticas nacionales se lo permitían, ahí estaba su freno, las alianzas de Morales con el poder real son más obvias, de modo que su juego es y será más crudo”, dice Gabriela Alejandra Karasik, antropóloga por la UBA y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán. Investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.
Un club de pocos
Un trabajo realizado por el profesor Benito Aramayo para la Diplomatura de Economía Social muestra a las claras el altísimo grado de concentración de la economía jujeña, donde el 82% de la facturación de la industria manufacturera se reparte entre sólo seis grandes empresas: Ledesma S.A. (de la Familia Blaquier), Minera el Aguilar S.A. (perteneciente a Glencore S.A., de capitales suizos), Minetti S.A. (propiedad de Holcin S.A., también de capitales suizos), Ingenio Rio Grande S.A. (Grupo Carcagno-Jorge), Cooperativa Tabacalera de Jujuy (controlada por los grandes tabacaleros asociados a China) y Aceros Zapla S.A. (grupo Taselli). Según el Censo Industrial realizado en el año 2014 facturaron 4.549,4 millones de pesos. Como contrapartida, según el mismo censo, las 801 pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del total de la industria manufacturera jujeña facturaron 1.009 millones de pesos, un 18% del total.
El grado de concentración se repite de manera casi calcada con la propiedad de la tierra, donde cinco grandes terratenientes se dividen el 45% del total de las tierras con valuación fiscal para el pago del impuesto inmobiliario rural: Ingenio Ledesma S.A. (157.556 hectáreas), Ingenio La Esperanza S.A. (64.219), Minetti S.A. (30.000), Ingenio Río Grande S.A. (26.563) y Forestal del Norte S.A. (24.700).
“El problema de fondo de Jujuy es su estructura económica extraordinariamente monopólica y de concentración de la tierra. De esa estructura se deriva la estructura ocupacional con mayoría de la Población Económicamente Activa en situación de desocupación y marginalidad. El gobierno de Morales no pretende cambio alguno de esa estructura, en la medida en que al igual que el gobierno de Fellner responden de la misma manera al poder real que encarnan las empresas y terratenientes”, explica Aramayo a Zoom.
De acuerdo con datos de 2015, sobre 770.000 habitantes, Jujuy tenía una población económicamente activa de 320.00 personas. La actividad privada daba empleo a 72.000 personas, de las cuales 22.500 (un 45%) estaban en negro. Por su parte, los estados nacional y provincial tenían 84.200 empleados registrados. Los subocupados y desocupados ascendían a 110.000, de los cuales 75.000 no tenían acceso a la Asignación Universal por Hijo.
“Es claro que el conflicto con la Túpac fue también, entre otras cosas, un conflicto por el control de la obra pública, y la eliminación de las Cooperativas de Vivienda que hoy les deja el camino libre a las constructoras privadas”
Desde entonces, la situación no ha hecho más que agravarse. “En general, el gobierno de Morales es una enorme profundización de las peores políticas que lo precedieron. Las políticas económicas están dirigidas a otorgar negocios a empresas ‘amigas’, manteniendo los beneficios a los grandes empresarios con intereses en la provincia, especialmente Blaquier, del Ingenio Ledesma, los otros ingenios azucareros, las empresas mineras (fundamentalmente en el litio, donde aparecen miembros de ambos gobiernos como vinculados a esa actividad minera), la empresa de energía y futuros negocios donde ingresarían grandes capitales multinacionales. Esto se hace con mayor endeudamiento con el Estado Nacional, a través de ATN o adelantos de coparticipación y autorizaciones para crecimiento de deuda. Por el otro lado, se achica la participación de los trabajadores en el presupuesto, con sueldos a la baja, peores condiciones de trabajo, y la eliminación de obras para cooperativas que generaron la pérdida de miles de puestos de trabajo”, dice Fernando Acosta.
“Jujuy es una sociedad muy desigual económicamente y jerarquizada socialmente. La actividad económica se concentra en pocas ramas, varias de ellas dominadas por grandes empresas, como Ledesma, y el juego de los grandes negocios tiene pocos actores. Es claro que el conflicto con la Túpac fue también, entre otras cosas, un conflicto por el control de la obra pública, y la eliminación de las Cooperativas de Vivienda que hoy les deja el camino libre a las constructoras privadas. Y las actuaciones del gobierno de Morales en relación a los conflictos gremiales en la empresa Ledesma son de una transparencia vergonzante” agrega la antropóloga Karasik.
La conclusión, para Acosta, es clara: “El poder real en Jujuy es, desde hace más de un siglo, el Ingenio Ledesma. Atravesó todos los gobiernos. La diferencia, puede estar en que Fellner ya no le garantizaba los privilegios y la impunidad, por las luchas populares. Entonces buscó en Morales la mano dura que le restituya o fortalezca esos intereses, privilegios e impunidad”, dice.
Ideología y criminalización
La concentración económica y la desigualdad social se reflejan también en un discurso que, fuertemente sostenido por el blindaje mediático -tanto a nivel nacional como provincial- tiene la eficacia de articularse con un sentido común arraigado desde siempre en la sociedad argentina. En este contexto general, las características cuasi feudales de la sociedad jujeña lo potencian de una manera obscena. En la práctica se traduce en la criminalización lisa y llana de pobres, disidentes y marginados.
“Desde que asumió Morales la policía es más violenta y de un modo más público, las políticas de ensañamiento con la Túpac y demás vienen siendo más desembozadas, y la persecución a las organizaciones y a la juventud en los barrios es generalizada. Pero creo que lo que hace la diferencia es que esas políticas siguen contando con el apoyo mayoritario de la población de Jujuy (de todos los sectores sociales), que aplauden el orden y los palos, que los negros y los bolivianos sean puestos en su lugar, que la fuerza pública se aplique como guste, porque ‘los jujeños somos derechos, somos civilizados, no como esos negros’”, dice Karasik.
El comunicado de las autoridades de las Facultades de la UNJu repudiando la irrupción policial en el predio de Ciencias Agrarias apunta en el mismo sentido: “El incremento de la pobreza pretende paliarse con mayor control policial, sin que se vislumbren proyectos estratégicos para el desarrollo integral de la provincia y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”, señala. Y agrega: “En este marco, entendemos que lo sucedido en la Facultad de Ciencias Agrarias no es azaroso ni un exceso de algún funcionario policial descarriado, sino que está estructuralmente relacionado a una forma de concebir la realidad, las relaciones sociales y la resolución de los conflictos, que supone que los problemas generados por la desigualdad y la injusticia no se curan con más ‘democracia’, como eligiera el pueblo argentino en 1983, sino con represión, intolerancia y arbitrariedad. Un camino que conduce necesariamente a la degradación del ser humano a través del terror”.
“Jujuy, indudablemente, se utilizó como laboratorio de prueba para las políticas represivas que ahora se empezaron a aplicar en otras provincias y a nivel nacional”
Para el gremialista Fernando Acosta, “la irrupción de la policía en la UNJu, para reprimir a estudiantes en una reunión es una muestra más del avasallamiento y la impunidad con la que opera la policía sobre la población. Una muestra del control social que pretenden, cebados por el poder ejecutivo y judicial adicto”.
“En sentido estricto no es una cuestión que se comprenda sólo desde Jujuy, ya que el gobierno de Macri ha usado en muchas oportunidades la fuerza pública sin sentirse limitado por la Constitución. Pero lo de la Universidad es demasiado. Ya se habían metido con los maestros hace unos días. Pero creo que jamás se hubieran atrevido, por lo menos de entrada, a meterse en la UBA. En Jujuy la policía viene haciendo desastres; también los hacen en otras partes, pero aquí son sistemáticos: van a las asambleas de trabajadores, están en las marchas, se llevan ciegos que piden monedas, hacen desalojos violentos de vendedores ambulantes y no sigo porque la lista es muy larga”, concluye la antropóloga Karasik.
El interrogante sobre si Jujuy es o no un laboratorio de pruebas para una escalada represiva a nivel nacional sigue abierto. Las particularidades de la provincia son innegables, pero las similitudes ideológicas, políticas, económicas y discursivas del accionar de Macri y compañía con lo que ocurre en el virreinato de Morales ya son inocultables.
