Sobre el muro del solar de la calle Perú al 200, junto al viejo edificio que en el pasado albergaba a la Facultad de Ciencias Exactas, se exhibe un recordatorio con fotografías y textos de “La Noche de los bastones largos”, tal como pasó a la historia la irrupción policial sucedida el 29 de julio de 1966 en cinco sedes académicas de la UBA por orden del teniente general Juan Carlos Onganía. El episodio echó por tierra la autonomía universitaria además de arrojar al exilio a 300 profesores, entre ellos los científicos más prestigiosos del país.
A más de medio siglo de aquel hito represivo, la policía jujeña se permitió al respecto un sencillo pero emotivo homenaje: tomar por asalto la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu (Universidad Nacional de Jujuy) durante la noche del 13 de abril para interrumpir un asado y detener al titular del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, quien hasta el alba sufrió un variado menú de apremios ilegales. Por toda justificación los uniformados esgrimieron “ruidos molestos”, algo imperdonable para el Código Contravencional de la provincia gobernada por Gerardo Morales, un auténtico vanguardista del horror. Y como tal, un trazador de tendencias.
Porque esa acción sentó un precedente, dado que el 6 de mayo la mazorca de su colega salteño, Juan Manuel Urtubey, supo emularlo con un operativo casi idéntico efectuado en una vereda aledaña a la UNSa (Universidad Nacional de Salta). Su cosecha: diez estudiantes detenidos tras jugar un partido de fútbol, y con una carátula análoga a la de Jujuy -“ruidos molestos”-, aunque esta vez ampliada con otra acusación: “tomar en la vía pública”. De hecho, los agentes del orden secuestraron tres botellones con gaseosas de máxima pureza. Como para que no queden dudas del cariz “apolítico” de la intervención policial.
“La represión en los centros estatales de enseñanza se extiende como una enorme mancha venenosa”
Lo cierto es que ambos incidentes coincidieron con el inicio de una escalada de hostigamientos, intimidaciones y ataques violentos en colegios porteños y del Gran Buenos Aires. A saber: la “visita” de cuatro policías con armas largas -el 20 de abril- a la Escuela Normal “Mariano Acosta”, del barrio Balvanera, mientras los alumnos realizaban una clase pública; el ingreso -el 21 de abril- de efectivos también armados a la Escuela Técnica Nº 27, del barrio de Monte Castro, durante una asamblea estudiantil; la detención -el 9 de mayo- de un docente de la Escuela Secundaria Nº 12 del partido de San Martín al tratar de impedir una requisa a estudiantes en la puerta del establecimiento; la incursión -el 16 de mayo- de una patota policial al Colegio Nº 3 “Mariano Moreno”, del barrio de Almagro, para disolver una sentada de los alumnos; la intempestiva llegada -el 17 de mayo- de seis uniformados a la Escuela Normal “Antonio Mentruyt”, de Banfield, con el propósito de arrestar a dos alumnos de 15 años; la virulenta embestida policial -el 18 de mayo- a estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 1 “Raúl Scalabrini Ortiz”, del partido de Berisso, que se manifestaban ante la sede del municipio. Y -el 19 de mayo- la amenazante identificación en la esquina de Córdoba y Callao de dos estudiantes de 13 años que acababan de salir de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” (dependiente de la UBA).
Bien vale reparar en la dialéctica de este “procedimiento” en particular. Sus hacedores eran tres efectivos de la Policía de la Ciudad. Y pretendían arrestar a los chicos por una sospecha razonable: uno de ellos exhibía en la mochila un pin de la FJC (Federación Juvenil Comunista). Finalmente, el suboficial que llevaba la voz cantante les perdonó la vida antes de brindarles un consejo: “Si no quieren que les siga pasando estas cosas, no anden con eso encima”.
La escena atrasaba más de cuatro décadas.
Noche y niebla
A fines de 1974 el doctor Alberto Ottalagano -célebre por posar para las fotos haciendo el saludo fascista- era nombrado rector-interventor de la UBA. Fue el inicio de una etapa negra para estudiantes y docentes, puesto que se articuló la vigilancia y persecución con gendarmes, policías y matones de ultraderecha en los claustros, incluso en el Pellegrini y el Colegio Nacional Buenos Aires, donde los celadores fueron reemplazados por agentes de la SIDE. Al final de sus cuatro meses de gestión hubo 11 estudiantes asesinados.
Pero el esquema represivo que había ideado lo sobrevivió. Y se concentraba en torno al denominado “Servicio Facultades” de la Policía Federal. Su cuartel general estaba en la comisaría 19ª, donde además se llevaba a los detenidos. Su personal -efectivos policiales y parapoliciales- cumplían tareas de control en la entrada de las sedes universitarias, se mimetizaban con los estudiantes en las aulas y hasta procedían a realizar arrestos con suma violencia. Ese aparato funcionó hasta el fin del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Ya durante la última dictadura, aquella unidad policial quedó subordinada al Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Y el férreo control de universidades y colegios fue coordinado entre aquel organismo y el Ministerio de Educación.
“Los incidentes coincidieron con el inicio de una escalada de hostigamientos, intimidaciones y ataques violentos en colegios porteños y del Gran Buenos Aires”
Prueba del universo conceptual que guiaba por entonces al Estado terrorista fue la famosa cartilla titulada Subversión en el ámbito educativo-Conozcamos a nuestro enemigo, un instructivo -escrito por el ministro Juan José Catalán y distribuido por la cartera a su cargo- para orientar a los docentes y alumnos, desde el nivel primario en adelante, en el fino arte de la delación.
Desde el punto de vista cuantitativo, fueron miles los docentes y estudiantes devorados por la insaciable maquinaria del exterminio. En todas las facultades y colegios del país, en cada una de sus aulas, hubo día a día nuevas ausencias irreversibles. En tal sentido la “Noche de los Lápices” -así como se recuerda el secuestro en La Plata de 10 militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES)- simboliza el martirio en las catacumbas de la dictadura del conjunto de chicos que cursaban la escuela media. Del mismo modo que los sombríos embates del general Acdel Vilas contra alumnos y docentes de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, constituyen un caso testigo del genocidio en los establecimientos de estudios superiores.
Por eso resulta tan espeluznante que, a 33 años de concluida dicha pesadilla -sin duda la peor tragedia política de la historia argentina-, un cavernícola con el ridículo uniforme de la Policía de la Ciudad amenace a dos pibes de 13 años por tener en la mochila un escudito comunista.
El régimen de la alegría
Desde la restauración de la democracia no hubo gobierno que haya efectuado acciones represivas o tareas de inteligencia sobre el movimiento estudiantil; ni siquiera durante el menemato ni en el calamitoso paso de Fernando de la Rúa por la Casa Rosada. Pero sí existió un notable intento en el ya lejano invierno de 2010 cuando bajo la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad el ministro de Educación porteño era Esteban Bullrich, ahora con idéntico cargo en el Poder Ejecutivo nacional.
Por aquel entonces ocurría la rebelión de los secundarios por reclamos de mejoras edilicias, algo que derivó en la toma simultánea de 27 colegios. Y por toda respuesta, ambos tuvieron una reacción casi militar, pero -bien al estilo del PRO- en paso de comedia: mientras el alcalde revelaba la “infiltración chavista” en el seno de aquellos adolescentes, el ministro -a través de un memorándum- exigía a las autoridades de los establecimientos en conflicto confeccionar listas negras de activistas.
Como era de suponer, tal directiva generó una oleada de repudios, además de una lapidaria anulación judicial firmada por la magistrada Elena Liberatore, quien la consideró propia de gobiernos “que repugnan la dignidad humana”.
Y durante su presentación en la Legislatura -solicitada a raíz del escándalo-, Bullrich diría al respecto: “Fuimos malinterpretados; de ningún modo se quiso perseguir a nadie sino garantizar la seguridad de los alumnos.” En dicha ocasión, también denunció el “contenido político” de las tomas, y lo hizo con la indignación de quien supone que tal actividad está vedada para los jóvenes.
“Resulta espeluznante que un cavernícola con el ridículo uniforme de la Policía de la Ciudad amenace a dos pibes de 13 años por tener en la mochila un escudito comunista”
Pero ahora la correlación de fuerzas no resulta tan desfavorable para aquel hombre cuya única experiencia en el rubro educativo fue haber impartido -por tres semanas- clases de matemáticas en un asilo de huérfanos en Nicaragua, por cuenta de la Fundación Padre Farbetto, una ONG financiada por la CIA.
Más allá de ese detalle, la represión en los centros estatales de enseñanza se extiende como una enorme mancha venenosa. Y con la frecuencia propia de un plan sujeto a su debida “gradualidad”. Cómo el aumento de tarifas, pero en clave de palazos. Un trabajo mancomunado entre la nación y las provincias, con sus respectivas autoridades educativas y del área de seguridad, junto a sus ejecutores de uniforme. Lo que se dice, un plan integral.
En este contexto no es un hecho menor que el bautismo de fuego del asunto haya sucedido en la vidriosa Jujuy, nada menos que el laboratorio punitivo del macrismo. Y que la segunda estocada a la comunidad universitaria también haya tenido por paisaje el norte del país. Globos de ensayo, para luego apuntar hacia otras plazas académicas menos vulnerables. Mientras tanto, no está de más disciplinar a los chicos del secundario; una buena gimnasia para mantener en forma los bíceps de la represión. Y también una gran muestra de autoridad a todo el cuerpo social. En los ocho casos consumados desde el 20 de abril al 19 de mayo subyace precisamente ese mensaje.
¿Los supremos intereses de la educación privada así lo exigen? Esa, claro, es la pregunta del millón.
