Instalado el cambio como noción social hegemónica de la etapa histórica en curso –sin definición precisa más allá de su funcionalidad como síntesis de todo lo que implique rechazo al kirchnerismo–, y careciendo el peronismo en su conjunto de alternativas a la reiteración del pasado glorioso, las intenciones reformistas enunciadas por el presidente Mauricio Macri no han despertado todo el repudio que su brutalidad merecería.
El paquete fiscal es el más sencillo de entender: se trata, básicamente, de un manojo de beneficios concedido al empresariado, cuyo costo asumirá el Estado sin contraprestación equivalente para segmentos asalariados/desocupados/et al. Dicho sencillo: una transferencia de ingresos desde abajo hacia arriba, pues los primeros seguirán pagando lo mismo de impuestos para costear las ventajas que se acordarán a los segundos. Hoodrobinismo. El cuadro de la injusticia se completa cuando se estudian en simultáneo esas propuestas reformistas con las jubilatorias. Las modificaciones que se quieren operar en la fórmula de movilidad implicarán un congelamiento de los haberes en sus niveles vigentes, puesto que –en adelante– sólo se actualizarán en relación a la inflación. Si se elimina la posibilidad de superar el alza de precios, no hay mejora real. Leído de otra manera, es un veto al 82% móvil, tan a los gritos reclamado por el ahora oficialismo cuando era oposición, pero peor que el decidido por Cristina Fernández en 2010 con realismo (acercarse a aquella meta conforme lo permitieran los ingresos para no perder sustentabilidad), porque se fija ad eternum salvo discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Por su parte, no alcanzaría este texto para comentar el borrador laboral. A su respecto, alcanza como resumen con decir que no resulta excesivo concluir que supone la virtual eliminación del Derecho del Trabajo, toda vez que en varias de sus cláusulas se suprime la presunción de desigualdad entre empleado y empleador, principio esencial de la disciplina, que justifica y otorga sentido a las protecciones que la componen. En este campo, la intervención es parcial para equiparar lo que naturalmente no lo es, y así evitar abusos. Cartón lleno.
“La CEOcracia cuenta aquí con el auxilio de la imagen de desprecio por la agenda institucional que el kirchnerismo eligió dar de sí mismo”
Hay peores noticias para este boletín. Finalmente, se confirmó que el despido de Alejandra Gils Carbó del cargo de procuradora general de la Nación fue apenas el primer paso en el copamiento del Ministerio Público Fiscal que planea el consenso neoliberal renaciente. La funcionaria saliente escribió en su carta de “renuncia” que esperaba, con ese gesto, disuadir al gobierno nacional de embestir con un proyecto de ley contra la autonomía del órgano de fiscales. La Constitución de 1994 trajo, como novedad, su consagración por fuera de las respectivas órbitas de los tres poderes establecidos. La transformación opoficialista (entre otras: limitar el mandato del procurador, de momento vitalicio como el de los jueces; simplificar el trámite de su nombramiento, de mayoría agravada de dos tercios a simple; y suspenderlo por mera denuncia) lo sujeta a los vaivenes políticos, contrariamente a lo que fuera el espíritu constituyente. Cierto es que ayudado por la deficiente redacción de la norma. La CEOcracia cuenta aquí con el auxilio de la imagen de desprecio por la agenda institucional que el kirchnerismo eligió dar de sí mismo, en vez de reivindicar que Néstor Kirchner se autorestringió en sus facultades para la designación de miembros de Corte Suprema y que CFK se negó a completar ese tribunal vía DNU, como le recomendaran y luego pretendería Macri.
De nada vale ahora reclamar con voluntarismo a la CGT que vaya a las calles a inmolarse en una lucha sin cuartel contra los ataques CEOcráticos. El peronismo, por defectos propios, y hasta nuevo aviso, no le ofrece un paraguas político confiable en el que resguardarse mientras la opinión pública avala el ajuste “con tal que no vuelvan más” y Comodoro Py opera bajo emoción violenta. Pero, cuidado, que es justamente desde los estrados judiciales que Macri puede chocar la calesita, lo que usualmente sucede cuando se queda en medio de un desierto. Como fuera el 54% de 2011. El Lava Jato argentino, a diferencia del brasileño o del Mani Pulite italiano, no alcanza a hombres de negocios ni magistrados: únicamente a kirchneristas que no quieran colaborar con el reformismo. Es tanto domesticador (de la dirigencia, pero no solamente) para facilitar mutaciones difíciles de digerir, como expresión de la vuelta de página. Y sin embargo, cuando todo debería ser fiesta por los sendos apresamientos ilegales de Julio De Vido y Amado Boudou, esto, al revés, disparó algunas alarmas al interior del propio circuito amarillo. ¿Será que de repente alguien pensó que estos antecedentes son peligrosos con tanta off shore tirada en la mesa? Complicado adivinarlo. Como sea, surgió una nota disonante en lo que parecía una sinfonía. Un soplo de aire fresco ante la orfandad de oposición efectiva.
