La eliminación total de la obra pública por parte del gobierno nacional de Javier Milei, anunciada en campaña electoral y ejecutada desde el primer día de gestión, abrió rápidamente una secuencia de debates y discusiones que culminaron, en el caso de la provincia de Santa Fe, con un precario acuerdo para que la administración libertaria retome muy parcialmente tareas básicas. El mantenimiento del Puente Carretero, como claro ejemplo.
En ese contexto, afloraron propuestas de las más diversas para que el Estado nacional (pese a la férrea negativa doctrinaria del propio presidente), las Provincias y los municipios y comunas cuenten con recursos para financiar programas de obra pública sin que ello afecte el equilibrio en las cuentas fiscales. Más aún en momentos de sacralización del superávit financiero.
Fue allí, en paralelo a la presentación del primer proyecto de Ley Bases, que contemplaba una suba en las retenciones al agro, diputados nacionales del peronismo, entre ellos Máximo Kirchner, avanzaron con la idea de reflotar el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja. En este caso, con un esquema de distribución distinto al original (creado por decreto en 2009 por Cristina Fernández) del 70% para Nación y 30% para las provincias por índice de coparticipación. Ahora sería un 60% para los estados subnacionales repartido de la siguiente manera:
– El 10% distribuido de manera igualitaria entre todas las provincias.
– El 35% distribuido entre las provincias de acuerdo a la población en base a los resultados del Censo 2022.
– El 35% distribuido entre las provincias, según el porcentaje de la población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) existente en cada jurisdicción, respecto al total de la población en hogares con (NBI) en todo el país obtenido del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda disponible.
– Un 20% distribuido entre las provincias en función del total de las toneladas de soja producidas en cada jurisdicción en relación con el total de toneladas de soja producidas a nivel nacional, según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pues bien, ya se sabe: ninguno de los dos proyectos, ni el oficialista ni el peronista, lograron avanzar en materia de retenciones. Los gobernadores de la Región Centro, más buena parte del universo opositor, bloquearon cualquier sendero en esa dirección.
Es un juego sin efectos prácticos especular que hubiera pasado si se hubieran cruzado los caminos del alza en los derechos de exportación pretendido por Milei y el reparto propulsado por Kirchner. Pero a la vez resulta muy gráfico hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo Soja no es un delirio producto de una mente afiebrada sino que efectivamente existió entre 2009 y 2018 y financió, por ejemplo en Santa Fe, grandes obras de infraestructura como el Cemafe y el Nuevo Hospital Iturraspe de la capital provincial.
Es necesario hacer algunos cálculos muy grosso modo. Sabrán disculpar los expertos en la materia, no encontrarán aquí ninguna precisión, sólo una búsqueda de estimativos para establecer parámetros de comparación. Se utilizarán los porcentajes de distribución del Fondo Federal Solidario original, que ya demostró su viabilidad hasta que fue desterrado por el Consenso Fiscal de Mauricio Macri con (algunos) gobernadores post vuelta del FMI.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la recaudación por retenciones al agro en el primer semestre de 2024 fue de U$S 2.660 millones, de los cuales U$S 2.100 millones aportó el complejo sojero. En cifras proyectadas para todo el año, el número trepa a U$S 6.173 y U$S 4.900 millones respectivamente.
A cotización del dólar oficial hoy, esas cifras se transforman en $ 2.016.000.000.000 (dos billones 16 mil millones de pesos) para el primer semestre y $ $ 4.704.000.000.000 (cuatro mil billones setecientos cuatro mil millones de pesos) para todo el año en derechos de exportación a soja y derivados. De allí, un 30% para las provincias: $ 604.800.000.000 (seiscientos cuatro mil ochocientos millones de pesos) y $ 1.411.200.000.000 (1 billón cuatrocientos once mil doscientos millones de pesos).
Con esas cifras en la mano, se le debe aplicar el índice que establece la ley de coparticipación para la provincia de Santa Fe: 8,7%. Resultado: de no haber fenecido el Fondo Federal Solidario, a la Invencible habrían llegado, siempre en modo aproximativo, más de 52 mil millones de pesos en el primer semestre y casi 123 mil millones en todo el año.
Para tomar dimensión del monto: en abril, el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció un programa de emisión de títulos de deuda para ejecutar cuatro obras críticas de infraestructura vial y portuaria para la salida de exportaciones: la intersección de la ruta provincial N°91 con la nacional N°11, el Camino del Mozo, el Camino de la Cremería y el tercer carril de la Autopista Santa Fe–Rosario, todo con participación de la Bolsa de Comercio de la gran ciudad del sur santafesino. El monto del endeudamiento: hasta 50 mil millones de pesos.
Casi lo mismo que hubiera llegado por Fondo Soja sólo en el primer semestre.
