Violencia social e inseguridad en Argentina

Desde que el avispero político opositor decidió refugiarse bajo el plumaje de Roberto Lavagna (su salvavidas), la sensación de inseguridad en la Argentina -curioso- se ha vuelto insoportable, según los medios de comunicación.

La inseguridad puede ser una impresión pasajera, una apreciación u opinión, subjetivos y por lo tanto inconstantes y eventualmente manipulables. También, un estado melancólico capaz de evocar una situación pasada donde, al parecer, no existían los miedos del presente. O un razonamiento, en el que existe como modelo un algo (¿un lugar?) considerado seguro. O, por fin, la confrontación del presente con un futuro utópico sin miedos.

Pero si así se agotara la cuestión, la inseguridad sería sólo un aspecto del miedo a la vida social, como si se tratara de un problema individual, cuando en realidad el neoliberalismo cambió la fisonomía de las ciudades y la inseguridad se convirtió en un aspecto de la apropiación de los bienes de la sociedad o la guerra social desatada en consecuencia.

En los últimos quince años, los sectores sociales pudientes se atrincheraron en sus viviendas, o se marcharon a barrios cerrados lujosos, esos que hoy ya ocupan los mejores 400 kilómetros cuadrados en los alrededores de Buenos Aires, rodeados de barriadas miserables y basurales.

Se construyeron autopistas elevadas para cruzar la ciudad sin tomar contacto con lo real. La cultura global entronizó el reino de lo single, el delivery, el individuo aislado, el sexo virtual, la comunicación on line, sin distancias pero también sin contacto corporal. En el modelo neoliberal, el individuo puede interconectarse con el mundo sin salir de su casa.

Entretanto, las calles de la ciudad quedan en manos de los que fueron expulsados de la ciudad, de la vida civilizada. Ellos, y la policía, suelen ser los protagonistas de la noche.

En un pasado no muy lejano, los indeseables (locos, delincuentes, menores problemáticos, enfermos, etc.) quedaban encerrados detrás de altas paredes, y la vida era segura.

Pero esas grandes instituciones entraron en crisis cuando el Estado abandonó sus funciones básicas, y ahora son los ciudadanos respetables los que se aíslan detrás de los muros. Muchos locos deambulan por calles y plazas, miles de personas sobreviven apenas en la calle.
Las empresas privadas de seguridad reemplazan al Estado en esa función, estableciendo una custodia de excelencia de acuerdo a los ingresos del custodiado. Lo mismo sucederá con otros aspectos: educación, salud, etc., cada uno de ellos ahora considerados mercancías.

El negocio de la seguridad adquiere una magnitud tal que resulta imprescindible mantener la inseguridad para seguir sosteniendo el negocio.

Las vidas y los bienes corren peligro, pero eso no aclara mucho.

La apropiación de bienes pone en peligro la vida, pero las vidas sin bienes están sujetas a la misma inseguridad. ¿Qué parámetros comunes unen a la inseguridad que sufre la vida de Mirta Legrand en Barrio Parque con la de los chicos abandonados en la estación Retiro, o la de una jubilada de Aldo Bonzi?

Para algunos, son sospechosos los excluidos; para otros, la policía.

Militantes de la inseguridad

Resulta sintomático advertir que quienes más machacan sobre la inseguridad son algunas de sus víctimas, para quienes la venganza personal es sinónimo de justicia.
Todos ellos descubrieron la inseguridad después de sufrir sus dramas personales, en un mecanismo parecido al de ese nuevo fenómeno social y médico de los transplantes, donde la solidaridad florece unos instantes, y se disuelve apenas resuelta la situación personal.

Es lo que diferencia a la solidaridad social de la solidaridad individual, el acto de dejar una moneda al que pide, la beneficencia.

Juan Carlos Blumberg no desea que los asesinos de su hijo sean juzgados de acuerdo a la ley, sino que se pudran en la cárcel.

Su fundación, armada como una verdadera empresa, trabaja codo a codo con la archiliberal Fundación Atlas, la oenegé de Atlas Copco, la poderosa multinacional del petróleo que financia al sector más derechista del Partido Republicano, y en la que participan localmente Malu Kikuchi, Benegas Lynch, Guillermo M. Yeatts (Mont Pelerin Society, Sol Petróleo, Massey Ferguson, Ford), y José A. Esteves (Occidental Petroleum, Hughes Tools, etc.).

La Fundación Blumberg pide un endurecimiento general de las penas y la reducción de la edad de imputabilidad, pero no aporta para justificarlo ni una sola estadística que refleje una relación causal entre la duración del castigo y el delito.

Marcelo Bragagnolo pretende dar lecciones de gestión a la policía y la justicia y afirma que a la seguridad “le falta gerenciamiento”.

Especialista en gestión financiera, Marcelo Bragagnolo oculta que trabajó para la gestión de los fundidos bancos Cabildo, de los Pirillo, Integrado Departamental, de Roberto Cataldi y de Crédito Provincial (BCP) de La Plata, de los Trusso.

Y que estuvo muy cerca de la dictadura militar.

La bolsa o la vida

Nuestro país tiene una baja tasa de delitos de sangre (homicidios) y muy alta de delitos contra la propiedad, siendo éstos los que se producen cuando alguien pretende apoderarse, con distintos grados de violencia, de bienes que pertenecen a otros.

Respecto de los primeros y según las cifras disponibles, en Argentina se producen anualmente 6,5 homicidios cada 100 mil habitantes. En San Pablo, más de 30. En EEUU, alrededor de 10. En Colombia, unos 50 homicidios cada 100 mil habitantes.

Parte de esos homicidios, además, se pueden atribuir a la imprudencia o estado deficiente de los vehículos.
Pero los robos, asaltos y hurtos crecen, y esto es considerado por el diario La Nación como aumento de la inseguridad. Según la Policía Federal, las denuncias por robos en el primer cuatrimestre de 2006 subieron 3,77 por ciento respecto de 2005. Pero si se compara abril de ambos años, el crecimiento fue del 11 por ciento. Los robos sin utilización de armas subieron 7,18% respecto del primer cuatrimestre del año pasado.

Los medios de comunicación son vitales para manipular las situaciones de inseguridad:

Manoseos, intentos de violación o violaciones consumadas en estaciones de subterráneo, sobrevienen luego de un extraño conflicto en la empresa privada de seguridad contratada por Metrovías. Sus empleados pretendían ser incorporados al convenio de la UTA, con la oposición de la concesionaria, que también es dueña de la empresa de seguridad.

Las denuncias apuraron imprevistamente un proyecto dormido, el de ubicar cámaras de video para vigilar los accesos. ¿No serán los delitos resultado de éste interés, y no al revés?
Otro hecho resonante fue el del tirador al boleo en la avenida Cabildo.

Detenido casualmente, el individuo tenía permiso de portación de armas concedido por el RENAR (Registro Nacional de Armas). Ese organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, privatizó, a favor de una Cámara Empresaria que aglutina a las armerías y proveedoras de munición, la concesión de permisos de tenencia y portación.

El retiro del Estado no fue de golpe ni se produjo ayer, sino paulatinamente.

El correspondiente al detenido (que incluye completísimos exámenes médicos, oftalmológicos, neurológicos y psiquiátricos, y que gestiona directamente la armería) había sido firmado por un traumatólogo. Estaba autorizado a utilizar más de mil proyectiles anuales.

Como esas balas son vendidas por las mismas empresas que otorgan el permiso, la conclusión obvia es que sólo importa que el usuario compre muchos proyectiles, no importa para qué, y por ello, siempre estará autorizado a comprar más.
El RENAR también almacena todas las armas incautadas por la justicia y lleva un registro de las autorizadas a las empresas de seguridad.

Según el RENAR, en 2004, 635.822 usuarios, incluyendo empresas de seguridad, tenían en su poder 1.123.059 armas de fuego, incluyendo las de uso civil y armas de guerra o de uso civil condicional.

En 1995 había unas 240 mil armas; en 2000 era 845 mil; en 2003 eran 1.085.000 y en 2004, 1.123.000. La cifra es suficientemente elocuente como para concluir que un sector de la sociedad se sigue armando y atrincherando. No se sabe cuántas armas ilegales están circulando, pero no es aventurado sospechar que sectores estatales marginales están comprometidos con él.

¿Qué lleva a delinquir?

Salvo que creamos, como el ingeniero Blumberg, que los individuos embarcados en estas actividades ilícitas han perdido el rumbo olvidando uno de los mandamientos mosaicos, el aumento de la delincuencia se debe a múltiples factores.

Psicólogos y filósofos suelen reconocer que es poco lo que se conoce del alma humana. Siendo así, ¿cómo entender las conductas colectivas, de decenas, cientos o millones de almas de las que se desconoce casi todo?

No es cuestión de ponerse a filosofar sobre el espíritu, sino de señalar, nuevamente, que la ocurrencia de miles de delitos contra la propiedad es síntoma de algo, que ese algo debe obedecer a causas complejas, y que no es suficiente con tachar de garantista al que opine de esta manera.

Es como estar impedido de criticar la política agresiva del Estado de Israel por miedo a ser tildado de antisemita.

En ese orden, es fácil recurrir a las recetas fáciles del gatillo fácil. O, como prescribe la Fundación Axel Blumberg, armar un compendio de quejas – comprensibles en las víctimas- como tapadera para vender sistemas completos de seguridad con alta tecnología, que es la actividad con la que se financia esa oenegé.

La periodista Susana Viau describió a la Cruzada (un término de connotación religiosa) Blumberg como unos “viajantes de comercio” que recorren las ciudades el interior para vender esos sistemas.

En lugar de reconocer que la inseguridad, de existir, obedece a distintos factores (culturales, políticos, laborales, educativos, económicos) que tienen su gran caldo de cultivo en la exclusión social, en la prédica de Blumberg las víctimas desean erigirse en jueces de los victimarios.

El asesor letrado de Blumberg fue secretario de justicia (¡de justicia!) del dictador Jorge Rafael Videla.
Según Blumberg, su fantasía de ver muertos o matar por mano propia a los matadores de su hijo debe ser asumida por la sociedad. Sus frecuentes intervenciones mediáticas, sintonizadas en la perplejidad y el rechazo que generan en la comunidad los frecuentes hechos de violencia, esconden estas particularidades.

¿Quién podría aceptar mansamente esta violencia? Sin embargo, nada indica que la mano dura permita reducirla. EEUU, donde reina la pena de muerte, sigue siendo un país altamente violento, y eso es la Argentina: un país violento por la guerra social encubierta que padece, consecuencia de su caldo de cultivo, la injusticia social.

Siembra vientos

Una de las apelaciones más escuchadas sobre la inseguridad tiene que ver con los detenidos en las cárceles, a quien “se debería reinsertar”.

¿Cómo se los va a reinsertar a una sociedad a la que nunca pertenecieron?

En octubre del año 2001 el 55,6% de los menores de 18 años eran pobres y casi el 60% de los pobres eran menores de 24 años.

En mayo de 2002, el 66.6% de los menores de 18 años son pobres y el 56.3% de los pobres eran menores de 24 años. El 33.1% (4.138.000) de los menores de 18 años vivían en la indigencia

La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% de esta realidad. En ella viven 3.272.785 menores pobres y 1.585.798 en situación de indigencia.

Del total de menores pobres e indigentes, prácticamente el 40% (3.295.890) se concentra en el tramo de edad entre 6 a 12 años. El 30% (2.581.099) entre 13 a 18 años y casi el 29% (2.442.011) hasta 5 años.

En mayo del 2002 el 47.7% (1.946.777) de los jóvenes de 19 a 24 años son pobres y el 15.2% (619.221) son indigentes.
El 20% de la población entre 15 y 24 años (1.209.038) no trabaja, no busca empleo, no estudia ni realiza tareas domésticas. El 65% de esta realidad se concentra en la región centro, donde la provincia de Buenos Aires reúne el 58.2% de los jóvenes en esta situación.

En la provincia de Buenos Aires hay 2.754.000 niños de hasta 18 años en la pobreza y 1.116.000 indigentes. 559.000 jóvenes de 19 a 24 años son pobres; 170.000 son indigentes.

En el Gran Buenos Aires, el ingreso medio de los asalariados descendió de 100 en 1974 a 61,1 en 2001.

En todo el territorio nacional había (2002) 8.319.000 pobres y 4.138.000 indigentes.

En ciudad de Buenos Aires, 145.000 de hasta 18 años viven en la pobreza y 36.000 en la indigencia. Entre ellos, 12.200 de 15 a 18 años no estudian ni trabajan, y tampoco 48.700 de entre 19 y 24 años.

En la provincia de Buenos Aires, considerada el área más insegura, no estudian ni trabajan 92.000 jóvenes de 15 a 18 años y 368.000 de 19 a 24.

En todo el país, unos 70.000 menores de edad viven en “reformatorios”.

No es casual, entonces, que la mayor parte de los presos sean pobres y jóvenes.

Y cosecharás tempestades

Según la consultora Nueva Mayoría de Rosendo Fraga, durante 1999 fueron abatidos 37 policías en enfrentamientos con delincuentes. En 2000, fueron 54. En 2001 resultaron muertos 80 efectivos. En 2002, cayeron 90.
Desde 2003, la cifra desciende: 62 en 2003, 18 en 2004, 12 en 2005.

En lo que va de 2006 murieron 9 efectivos.

La caída de estas cifras parece demostrar que se cualificaron los mecanismos de control social y el entrenamiento policial, y que puede haber cambiado la tipología de los delitos en virtud del peligro que acarrea pretender apropiarse de los bienes ajenos.

Aceptando hasta cierto punto que un porcentaje insignificante de cualquier sociedad elige vivir fuera de la ley, si el 50% de la población está fuera de esa sociedad, y ha sido excluido violentamente, no se entiende por qué esa mitad no va a pretender apropiarse de los bienes del resto del mismo modo en que fueron excluidos.

De manera que esto no se resuelve sin otra política de distribución del ingreso.

Por todo ello, pretender que la “inseguridad” se disuelva mágicamente traspasando la policía a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, es sólo una fantasía.

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