Vicentín y la burguesía fallida

En estos días hay un debate en Argentina sobre la intervención del Estado al grupo empresarial Vicentín, un conglomerado que tiene como eje central la elaboración de alimentos y la exportación de granos.
Sin entrar mucho en los detalles que hacen a la historia y que condujeron al grupo empresario al concurso de acreedores -y casi segura quiebra-, queda claro que los dueños tradicionales tuvieron, en el mejor de los casos, una conducta poco prudente del manejo financiero, que los llevó a sobre endeudarse con bancos estatales; a esto se suma la práctica de financiarse difiriendo pagos a proveedores y clientes: una situación de “paga dios”.
Más grave aún cuando existen serios indicios de vaciamiento y fuga de capitales, lo cual sirve para explicar el origen de la situación antes descripta.
El estado, con buen criterio, sale a intervenir y planea su expropiación, con el objetivo básico de que la empresa siga en funcionamiento. Se propone preservar los puestos de trabajo, asegurar el pago de sueldos y la cobranza por parte de miles de productores de granos que quedaron entrampados en la estafa, más los proveedores que ya habían dado por perdidas las acrecencias.
Dos datos más: la quiebra de Vicentín sería un golpe muy duro al entramado productivo de la provincia de Santa Fe, además de afectar un área estratégica para el interés nacional, como es la producción de alimento y la exportación de granos.
La medida contó con la aprobación de los trabajadores directos y de los grupos productores y proveedores. Sin embargo, surgió una ola de rechazo alimentada desde los partidos políticos opositores, algunas entidades empresarias y potenciada, como siempre, por la prensa mercenaria de los medios concentrados.
Surge aquí un interrogante (o varios): ¿por qué el empresariado concentrado sale en defensa de empresarios que, de forma ilegal (y con la complicidad del Banco Nación), se apropiaron de ingentes créditos, cuando ya la empresa estaba en situación de cesación de pagos? ¿Por qué el empresariado, Cambiemos y los economistas neoliberales argentinos aplauden este capitalismo de saqueo? ¿Por qué esos grupos levantan el fantasma del estado, el comunismo o la venezolanización, cuando el Estado actúa en pos del bien común?
Tal vez sea porque las prácticas fraudulentas de los empresarios de Vicentín no son una excepción, sino una regla en el comportamiento de casi toda la burguesía concentrada.
Hace décadas que existe una frase en los ámbitos populares, “empresas pobres, pero empresarios ricos”. Es indudable la cultura empresarial entre la gran burguesía tradicional, su lógica fue siempre la de los negocios fáciles y seguros, con poca o nula competencia: hacer viable su actividad vía subsidios del estado, créditos a tasa promocionales, elusión y evasión de impuestos y la especulación vía fuga de divisas. Los grandes capitanes de la industria han hecho así su fortuna, sobre todo a partir del golpe del 76 y las reformas neoliberales de la década del noventa.
En el caso concreto de la exportación de granos (y particularmente a través del puerto de Rosario y Santa Fe), el negocio se caracteriza por la falta de controles por parte del Estado sobre qué y cuánto se exporta y por ende cuales son los impuestos a pagar. Con la excusa de la sequía, en el 2018 el presidente de la Nación eliminó una serie de controles y regulaciones al comercio de granos, cambio que solo benefició a los 5 grandes exportadores y a los productores más concentrados, renunciando al poder de control que el estado debe tener sobre ese sector estratégico.
La presencia de una empresa estatal en el sector granífero permitirá controlar procedimientos poco transparentes, con herramientas para limitar la triangulación, o el contrabando vía empresas fantasmas en Paraguay, o la sub declaración de exportaciones, el abuso de precios de transferencia y diversas maniobras para fugar divisas y evadir impuestos vía empresas offshore en Uruguay o Panamá.
Es urgente instrumentar la presencia de controles del estado en toda la operatoria portuaria a la vera del Paraná, además de la hidrovía Paraguay–Paraná. Esto permitirá evitar situaciones de puertos libres y zonas liberadas -explotadas no solo por las empresas exportadoras-, sino también toda una gama de delitos que tienen lugar en la región, al amparo de legislaciones demasiado benévolas y nula intervención estatal, como el contrabando y el narcotráfico.
La burguesía tradicional concentrada muestra un comportamiento que, no por conocido, resulta menos preocupante: su incapacidad de atar los proyectos empresariales a los destinos, objetivos e intereses nacionales. Lamentablemente este sector muestra una vez más una lógica de capitalismo de saqueo, que se convierte en un lastre para el resto de la comunidad. Es necesario tener claro (y actuar en consecuencia de) que cualquier proyecto de desarrollo y reindustrialización verá a este sector en la vereda de enfrente, en la medida que no acople sus intereses, hoy transnacionalizados, a los de la Argentina.