Vergüenza eterna para el ejército chileno

Gentileza Revista Punto Final, especial para ZOOM. Dos generales, un brigadier, tres coroneles, un suboficial del ejército y dos civiles que pertenecieron a la DINA, fueron condenados por el crimen del general Carlos Prats González y su cónyuge, Sofía Cuthbert, cometido en la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís Muñoz, impuso las condenas por el doble homicidio, que fueron desde prisión perpetua por cada asesinato (para el ex jefe de la Dina, general Manuel Contreras y su segundo, el brigadier Pedro Espinoza), hasta 541 días por cada homicidio, por su calidad de cómplice, al suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés.

El general Raúl Iturriaga Neumann, encargado exterior de la Dina, recibió dos condenas de 15 años y un día, mientras los coroneles José Zara, Christoph Willeke y Juan Morales Salgado fueron condenados a 10 años y un día por cada homicidio.

Todos los oficiales recibieron, además, penas por la organización y funcionamiento de una asociación ilícita. Los agentes civiles tuvieron penas proporcionales a su responsabilidad. Mariana Callejas, tuvo dos condenas a 10 años y un día por su participación material en el doble crimen y Jorge Iturriaga Neumann, como cómplice, fue condenado a 5 años y un día por cada homicidio.

La sentencia pone fin a la primera instancia del juicio criminal que se inició en 2002, cuando la jueza argentina María Servini de Cubría solicitó la extradición de los responsables chilenos, encabezados por Augusto Pinochet Ugarte y Manuel Contreras. La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición, ordenando, en cambio, de acuerdo a normas internacionales, la instrucción de un proceso en Chile por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.

Treinta y cuatro años después del crimen hay una sentencia. Cecilia Prats Cuthbert declaró emocionada: “El país ya conoce la verdad. Estamos tranquilos después de todos estos años. El ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares en servicio activo que participaron en la muerte de un comandante en jefe, otros agentes del Estado, participantes también, están determinados, así que esa claridad y ya la tiene el país y nosotros también”.

A pesar de su importancia histórica, la sentencia logró poco espacio en los medios que controla la derecha. Prefirieron ignorar que por fin se establece una verdad negada hasta hoy, que ejemplifica el grado de vileza y la profundidad de la traición de que fueron capaces compañeros de armas del asesinado, incluyendo a su sucesor, Augusto Pinochet, nombrado “benemérito” del ejército de Chile. El Mercurio dedicó a la sentencia menos de un cuarto de página interior, sin contextualizar su significación social y política.

Muy distinta fue la reacción de los presidentes que participaban en la Reunión del Mercosur, en Tucumán, que rompieron en aplausos cuando Michelle Bachelet hizo referencia a la sentencia en el caso Prats y agradeció la investigación realizada por la justicia Argentina.

La derecha no ve con buenos ojos la verdad. Se da cuenta que afecta a la figura de Pinochet, al que sigue añorando en silencio. Y sobre todo, que debilita la imagen del ejército, que se pretende modelo de virtud, honor y corrección —que a la derecha le interesa mantener a toda costa—. Todo su esquema resulta desmentido en el caso Prats, por la acción organizada de una banda de traidores y criminales.

Crimen conocido

El general Carlos Prats fue comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, cuando presentó su renuncia al presidente Salvador Allende. Lo sucedió el general Augusto Pinochet Ugarte, que hacía gala de lealtad al presidente y a la democracia y de respeto y consideración hacia su antecesor. Después del golpe, el 15 de septiembre, el general Prats viajó a Argentina con autorización de la junta militar, poco después de aparecer en televisión para desmentir que encabezara un sector opositor al golpe y reiterar su decisión de mantenerse alejado de la contingencia.

En Buenos Aires vivió junto a su esposa. Fue contratado por una empresa manufacturera y Sofía Cuthbert instaló una boutique de lencería. Parte de su tiempo libre Prats lo dedicaba a escribir sus memorias, que concluyó poco antes de su muerte. Tenía pocos amigos chilenos y se preocupaba de no involucrarse abiertamente en las actividades de los exiliados. Con uno de esos amigos, el diplomático Ramón Huidobro, el matrimonio Prats estuvo departiendo hasta poco antes de ser asesinados.

Prats estaba sometido a permanente vigilancia, que algunos oficiales leales le habían dado a conocer anónimamente. La Dina mantenía una actividad permanente en Buenos Aires, a través de la embajada y otras modalidades. Había un constante desfile de efectivos militares de la Dina encargados de hacer seguimientos al general Prats.

Un agente civil, Enrique Arancibia Clavel, era una pieza clave. En Argentina gobernaba el general Juan Domingo Perón, que tenía a Prats en alta estima y se preocupaba por su seguridad. A los pocos meses de su arribo a Buenos Aires la Dina —con conocimiento y aprobación de Pinochet— comenzó a planificar el asesinato.

Prats actuaba por presencia contra la dictadura chilena. Era un testigo incómodo de la duplicidad de Pinochet y tenía prestigio en Chile y el extranjero. Hubo un primer plan de asesinato, con terroristas de la ultraderecha argentina, que fracasó. Entonces, se incrementó la vigilancia y comenzó a prepararse en Chile un atentado explosivo que llevaría a cabo Michael Vernon Townley, agente civil de la Dina.

Pasaporte a la muerte

Entretanto, se decidió “fijar” a Prats en Buenos Aires, no entregándole a él ni a su esposa el pasaporte chileno a que tenían derecho. Se esgrimieron excusas burocráticas para dilatar indefinidamente el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Perón murió en julio de 1974: Prats perdió un apoyo importante. Hubo nuevos rumores de intento de asesinato. Prats recibió amenazas telefónicas, pero también avisos anónimos que insistían en que saliera de Argentina porque su vida peligraba.

Los avisos llegaron a Europa. En la República Democrática Alemana el propio jefe de la Stassi, Markus Wolf, informó a exiliados chilenos que Prats corría serio peligro. Igualmente lo supo el servicio secreto francés.

Prats se negaba a cualquier solución que no fuera el pasaporte chileno. Consideraba impresentable que un ex comandante en jefe del ejército de Chile usara un pasaporte de otro país, o un documento de Naciones Unidas como refugiado.

Townley viajó a Argentina a fines de septiembre con su esposa, Mariana Callejas, también agente de la Dina. Se introdujo subrepticiamente en el garaje del edificio en que vivía Prats y colocó una bomba bajo su automóvil.

En la noche del 29 al 30 de septiembre, Townley y Callejas acecharon el regreso del matrimonio Prats a su domicilio, de vuelta de la comida en casa de Ramón Huidobro. La complicidad de la policía argentina posibilitó que la calle estuviera a oscuras. Según la versión de Townley, Mariana Callejas, que estaba a su lado, no pudo hacer funcionar el dispositivo que provocaría la explosión de la bomba. Townley tomó entonces el disparador y oprimió el botón. El automóvil voló en pedazos. Carlos Prats y Sofía Cuthbert murieron en forma instantánea.

El gran ausente

Pinochet es el gran ausente en la sentencia dictada por el ministro Alejandro Solís. No solamente por la obvia razón de que está muerto y, por lo mismo, debería haber sido sobreseído definitivamente, sino porque tanto en el proceso chileno como en el seguido en Argentina su responsabilidad ha quedado establecida nítidamente.

El pedido de extradición argentino, que originó el proceso en Chile, incluyó específicamente a Pinochet. En el fundamento XII —citado por el ministro Solís— la jueza Servini de Cubría señala que los imputados Willeke, los hermanos Iturriaga y el coronel Zara llevaron adelante los “planes y directivas establecidos por Augusto Pinochet, Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo” que “posibilitaron los medios” para que Michael Townley y Mariana Callejas asesinaran al general Carlos Prats y a Sofía Cuthbert.

Iniciado el proceso en Chile, la familia Prats pidió el desafuero de Pinochet a la Corte de Apelaciones de Santiago. El pleno de dicho tribunal lo aprobó. Sin embargo, un mes y medio más tarde, el 24 de marzo, la Corte Suprema lo revocó. Invocó un argumento que había construido la propia Corte al rechazar una anterior petición de desafuero (sin contar con que durante veintiocho años no había hecho nada por investigar en Chile el crimen de Prats). Ante este “supremazo”, el ministro Alejandro Solís tuvo que sobreseer definitivamente a Pinochet en el proceso.

La verdad es que desde el principio todas las sospechas apuntaron a la Dina y a Pinochet. El periodista norteamericano Taylor Branch, coautor con el fiscal Eugen Propper —que investigó el crimen de Orlando Letelier— del libro Laberinto, señala que “los oficiales chilenos que se contactaron con Propper sostuvieron que el presidente Pinochet aprobó previamente el asesinato de Prats por instigación de Contreras, y que ese acto fratricida contribuyó a enredar al gobierno chileno en una trama de chantaje y corrupción”.

Hay otros antecedentes. El odio contra Prats era muy intenso. Hubo oficiales que querían matarlo después del golpe. Pronto Pinochet se dio cuenta de la eventual peligrosidad de Prats y del arraigo que todavía tenía en parte de la oficialidad. La mayoría, sin embargo, lo consideraba un traidor. La noticia de su asesinato fue recibida por los agentes de la Dina con el entusiasmo de un triunfo deportivo. Un oficial de alto rango (el general Enrique Valdés Puga), incluso hizo declaraciones despectivas contra Prats y dijo que no debían darse facilidades para que fuera sepultado en Chile.

Pinochet no podía ignorar la vigilancia que había sobre Prats. Sabía que ella incluso podía provocar roces con Argentina y, por lo mismo, era informado por Contreras con especial dedicación, con mayor razón cuando se decidió el asesinato, cuya materialización produciría efectos eventualmente peligrosos para la dictadura chilena.

La dependencia directa de Contreras en relación a Pinochet era tan profunda, que el dictador lo distinguió con la más alta de las calificaciones y le encomendó mayores responsabilidades, incluso una misión reservada ante militares argentinos, durante la crisis del Beagle.

No lo hubiera hecho si, como se intenta hacer creer, Contreras actuaba al margen de órdenes superiores y realizaba acciones propias, que podían traer consecuencias negativas al gobierno militar.

En la sentencia hay otro gran ausente, pero se trata de una situación explicable. Townley no figura en el proceso como inculpado. La razón es que el norteamericano se declaró culpable en Estados Unidos del crimen de Orlando Letelier, a cambio de no ser procesado por otros delitos, incluyendo obviamente el caso Prats. Con todo, Townley, que vive bajo protección federal estadounidense, prestó declaración voluntaria ante la jueza María Servini en el proceso argentino y también en una entrevista en que estuvo presente el ministro Alejandro Solís, que viajó especialmente a Estados Unidos.

El ejército chileno en problemas

Para el ejército el esclarecimiento del crimen de Prats y las condenas a los responsables militares constituyen un problema serio, por la repercusión que ha tenido el caso. No todavía, porque habrá apelaciones y seguramente recursos ante la Corte Suprema, pero es muy poco probable que se produzca un vuelco, ya que están establecidos los hechos y determinadas las responsabilidades en forma concordante con la investigación Argentina.

Previendo lo que venía, el comandante en jefe, general Oscar Izurieta Ferrer, inició una gira por Rusia que lo alejó del momento cúlmine de la crisis, pero a su regreso tuvo que pronunciarse. Calificó de “inaceptable e injustificable el homicidio del general Prats y su señora”. Señaló que afectaba “el honor militar y a la familia militar” y dijo que el ejército había colaborado ampliamente en la investigación.

Postergó para cuando haya sentencia ejecutoriada de término “todos los gestos y declaraciones que amerite este caso”, sin pronunciarse sobre una eventual degradación de los culpables.

Se ha establecido una verdad judicial que para el ejército es terrible: un grupo de oficiales en servicio activo, con indudable conocimiento de sus superiores y en especial de su comandante en jefe, el general Pinochet, asesinó a un ex comandante en jefe que vivía exiliado en Argentina, rompiendo los tradicionales códigos de lealtad y honor.

Fueron oficiales que actuaron a traición para eliminar a un ex comandante en jefe, sin consideraciones de respeto y pasando por sobre, incluso, la vida de su esposa. Para el ejército, además, el crimen contra Prats no puede ser separado de la figura de Pinochet, que sigue siendo reverenciado por un segmento de la oficialidad y la “familia militar”. Sin duda la sangre de Prats mancha de manera imborrable a
Pinochet y al propio ejército.

El crimen debería provocar una fuerte reacción institucional, con privación de honores y distinciones y cumplimiento riguroso de las condenas que en definitiva se apliquen.

Durante la dictadura, el ejército, como institución, comprensiblemente no dijo nada sobre el crimen de Prats. Habría sido mencionar la soga en casa del ahorcado, dicen los críticos. Pero en dieciocho años de democracia no se sabe de alguna investigación institucional para esclarecer los hechos. Prats fue condenado al silencio mientras Pinochet fue comandante en jefe.

La situación cambió algo con su sucesor, el general Ricardo Izurieta Cafferena y, especialmente, bajo el mando del general Juan Emilio Cheyre. Este distinguió la memoria de los generales Schneider y Prats. Y dispuso la realización del funeral oficial del general Prats con asistencia del alto mando, familiares y autoridades.

Rindió homenaje a Prats como profesional distinguido, haciendo presente, además, que su incorporación al gobierno del presidente Allende, en noviembre de 1972 como ministro del Interior, respondió a una necesidad nacional y había sido bien acogida por los militares.

Con el general Oscar Izurieta Ferrer los avances han sido menos claros. ¿Ordenará que los criminales sean considerados traidores que pisotearon la lealtad debida a un superior ejemplar?

Es muy dudoso.

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