Verdad y justicia: uno de los grandes desafíos del nuevo gobierno frenteamplista

Por Causa Popular.- El socialista Tabaré Vázquez, electo presidente de Uruguay con más del 50% de los votos, al asumir el 1 de marzo de 2005 enfrentará una larga serie de obstáculos, entre ellos el desafío de verdad y justicia por los desaparecidos durante la dictadura (1973-85). La expectativa de los grupos que luchan contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura esperan del nuevo gobierno: la verdad sobre el destino de cada uno de los desparecidos, la explicación sobre la ubicación de los restos, y libertad de acción para que la justicia resuelva e investigue con independencia.

En un país, donde los genocidas viven tranquilamente gracias a la “Ley de Caducidad de Pretensiones Punitivas del Estado”, hasta ahora no se han registrado grandes procesos contra quienes protagonizaron el terrorismo de Estado en el Uruguay.

Muchos esperan que con el nuevo gobierno, ocurra todo lo contrario, por lo pronto una de las reuniones más esperadas es de Tabaré y Battle con los mandos militares. Cómo será el marco de alianzas de un gobierno de izquierda que irrumpe tras pacientes décadas de trabajo permanente junto al pueblo.

Entre quienes sostienen el reclamo de justicia, se encuentra Sara Méndez, quien encontró en 2002 a Simón Riquelo, su hijo desaparecido desde 1976 en Buenos Aires, cuando un comando militar uruguayo le arrebató de sus brazos el bebé, por entonces de 21 días, para encarcelarla en las mazmorras de Automotores Orletti, el tristemente célebre centro clandestino de detención destinado a secuestrar, torturar y desaparecer opositores políticos, en especial, provenientes de otros países limítrofes y cuyos trágicos destinos eran coordinados por el Plan Cóndor.

Vázquez y la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), que lo postuló y que tendrá mayoría absoluta en el parlamento bicameral, prometieron avanzar en la investigación de la verdad sobre los desapariciones de la dictadura. Pese a que una Comisión para la Paz, que actuó de agosto de 2000 a abril de 2003 reconoció que los desaparecidos fueron asesinados por la fuerzas represivas del Estado, muchas veces por torturas, Méndez reclamó que la verdad debe ser «exhaustiva, sobre cada uno, individual, y puede y debe haber elementos probatorios«.

Uno de los coordinadores de la Comisión fue Gonzalo Fernández, asesor de Vázquez y nominado futuro Secretario de la Presidencia, quien tendrá a su cargo continuar en la búsqueda de soluciones para los reclamos de verdad y justicia, reveló el vicepresidente electo Rodolfo Nin Novoa.

No basta simplemente con un renglón en el informe de la comisión, las familias deben conocer los detalles de circunstancias, motivos, fechas«, postuló Méndez. Admitió que «será muy difícil encontrar restos» pero exigió por lo menos «explicaciones sobre lo que sucedió con ellos«.

Una de las hipótesis de la Comisión para la Paz estableció que los asesinados por la dictadura fueron cremados y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata.

La tercera exigencia es de justicia, pese a que en 1986 se sancionó una ley de perdón a los represores, llamada de «Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», refrendada en una consulta plebiscitaria en 1989, con el 56% del voto popular.

Méndez llamó a cumplir el artículo 4 de esa ley, que ordena investigar el paradero de los desaparecidos, «pero además el gobierno, que tiene potestad de decidir qué casos son alcanzados por las disposiciones de la norma, debe dejar
investigar a la justicia, y expedirse después de conocer los detalles»
.

Las investigaciones, insistió, deben determinar si cada desaparecido «fue detenido por fuerzas militares o policiales, quiénes dirigían el operativo, cuáles fueron los móviles de la detención, cuando se realizó con fecha y circunstancias, para recién después decidir si el caso está comprendido en la ley de Caducidad. Eso ningún gobierno lo ha hecho hasta ahora, solamente se han limitado a impedir la acción de la justicia, y lo que queremos es que se deje actuar a la justicia en forma independiente«.

Al considerar «la manifiesta y grave omisión del Estado frente a informaciones concretas«, un grupo de organizaciones, incluidas Serpaj (Servicio Paz y Justicia) y Amnistía Internacional, reclamó antes de la elección del domingo que «la búsqueda de restos, cementerios clandestinos y de tumbas clandestinas en cementerios oficiales, debe ser una prioridad».

La Comisión para la Paz concluyó que 26 desaparecidos fueron asesinados en el país por la dictadura. En total recibió 38 denuncias de desapariciones en Uruguay durante la dictadura militar, de 182 uruguayos presuntamente desaparecidos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y uno en Brasil.

El encuentro esperado: a ver qué cara ponen los milicos

Cuando no pasó menos de un día de conocido el triunfo de Tabaré, el senador Eleuterio Fernández Huidobro anticipó que el nuevo presidente electo pedirá al actual mandatario Jorge Batlle una reunión conjunta con los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas.

La reunión se celebraría a manera de presentación, como «cortesía» y para conocer «el estado general de la fuerza e ir previsionando todo lo necesario para la transición», dijo el legislador, también reelecto para una banca en el Senado en los comicios del domingo último.

Fernández Huidobro, ex guerrillero tupamaro, pertenece a uno de los grupos que integran la coalición de izquierdas Frente Amplio, que lidera Vázquez y que reivindica que se haga público dónde están los restos de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), aunque éste no será tema del encuentro.

Tabaré Vázquez asumirá funciones el 1 de marzo próximo y -como lo establece la constitución- actuando en acuerdo con su ministro de Defensa será el comandante supremo de las tres armas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada). Para poder llevar adelante las reformas previstas en la relación del poder civil con las fuerzas armadas, es vital la acumulación de consensos que reúna el nuevo gobierno en la población y para ello es probable que los acercamientos con los “nacionales” se multipliquen.

Un sistema de partidos diferente para un Uruguay diferente

El histórico triunfo liquidó el multipartidismo e instaló un sistema bipartidario entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN, centroderecha). El resultado electoral, que dio 50,7% de los votos al FA, 34,06% al PN y 10,31% al gobernante Partido Colorado (PC, también centroderecha), muestra un bipartidismo entre la izquierda y el Partido Nacional, con un partido menor, en tercer lugar, que ha perdido mucho poder. «Este período que tenemos por delante (de cinco años a diez años de gobierno si el FA gana un segundo mandato) será bipartidista«, coincidieron los analistas uruguayos consultados por la prensa internacional.

Es que el tradicional sistema bipartidista uruguayo (del PC y el PN) se quebró y se transformó en multipartidario con la aparición del FA en 1971. La coalición de izquierdas obtuvo ese año un 18% del caudal electoral y creció sostenidamente hasta llegar al 50,7% en las elecciones del domingo.

El retorno al bipartidismo, que puede tener cierta estabilidad debido a la crisis del Partido Colorado y dependiendo «de la unidad y cohesión futura del
PN»
, resultó el cambio político inmediato más importante, provocado por la victoria de Vázquez.

El PC se ha quedado en un escenario mínimo para actuar con fuerza en los próximos cinco años, que puede reducirse aún más en las elecciones regionales de mayo próximo, cuando seguramente quedará fuera de los gobiernos departamentales. Lo ocurrido con los colorados, que tendrán en la presidencia al liberal Jorge Batlle hasta el 1 de marzo próximo, no es coyuntural porque un estudio del politólogo Luís Eduardo González en 2002 preveía ya que el FA llegaría a estas comicios con un 50%.

La razón esgrimida era que de cada diez nuevos electores la mayoría apoyaba a la izquierda y la minoría al PC, mientras que, en sentido inverso, cada diez votos perdidos por deceso, la mayor cantidad eran colorados y la menor del FA.

La dirigencia del PN se renovó mucho más que la del PC, y el partido nunca dejó de funcionar en sus estructuras, mientras los colorados no renovaron liderazgos y cerraron el funcionamiento de sus organismos. En consecuencia, el sistema partidario quedó cuestionado y se arma un nuevo partidismo, que hay que ver si se consolida en esta etapa de transición del próximo gobierno frentista.

Lo cierto es que los votos (de los partidos tradicionales) que se fueron al FA no volvieron -porque los votos que se prestan al FA no se devuelven, los votos entre PN y PC son de ida y vuelta-, pero en la derecha piensan que “eso puede cambiar porque la izquierda pasará de ser oposición a gobierno y ahí las fidelidades tal vez no se mantengan«.

Con un Partido Colorado, tocando fondo se descuenta que su recuperación demore dos períodos porque “quedó mal herido y sin centros de poder«.

De ante la creciente caída de los colorados que «van a quedar en situación de baja visibilidad, porque en las elecciones municipales de mayo tampoco van a obtener el control de ninguna intendencia departamental”, se espera que los acercamientos con los nacionales tengan por objetivo no sólo desarticular la potencial alianza opositora que puedan armar los dos partidos tradicionales, sino contar con los consensos suficientes como para enfrentar una de las deudas más largas del Uruguay: la dura y silenciada marca que dejó la dictadura sobre su pueblo.

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