Uruguay y la vía chilena al libre comercio con Estados Unidos: los humos del vecino

Por Carolina Porley, gentileza de Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- “Levantado” por sectores liberales, e incluso por algunos de la izquierda (el ministro de Economía uruguayo Danilo Astori dijo recientemente que lo tenía como referencia), Chile es presentado como paradigma para toda la región. Y no sólo en lo estrictamente económico. En política exterior, por ejemplo, Uruguay parece encaminarse por la pragmática vía trasandina. Pero si tiene haberes, y un fuerte consenso interno construido en parte sobre el olvido de su propio pasado reciente, el “modelo” presenta también sus serios debes: la extrema inequidad social, el descalabro ambiental, la desregulación laboral, el injusto sistema de previsión social, el elitismo de su sistema educativo. La recién electa presidenta Michelle Bachelet prometió limar esas aristas negativas del “combo Chile”. ¿Pero son corregibles sin afectar al propio modelo?

Hace ya bastante tiempo que cuando se habla de “excepcionalidad” en la región nadie piensa en Uruguay.

Chile asumió esa condición tras escoger una estrategia de inserción internacional original que lo llevó a mantener un nivel de crecimiento y de captación de inversiones superior al resto de América Latina, y lo sumergió en un “espléndido aislamiento” gracias al cual pudo ser inmune a los resfríos ajenos, como el que aquejó a su principal vecino, Argentina, en 2001.

En Uruguay, el “modelo” chileno suele ser citado tanto por los sectores más liberales como desde la izquierda. En este último sector, sin embargo, a menudo la referencia apunta a qué habría que hacer, pero también a qué habría que evitar de las recetas aplicadas al otro lado de la cordillera.

Pionero en la aplicación del abecé neoliberal de los setenta (reformas estructurales de repliegue del Estado en educación, salud y seguridad social), Chile adoptó en dictadura (1973-1990) un modelo de economía de mercado, de crecimiento hacia afuera, que mantuvo con algunas variaciones en democracia.

El crecimiento económico, muy superior a la media de la región, fue en promedio de 2,9 por ciento anual entre 1974 y 1989, y de 3,9 entre 1990 y 2003 (frente a 2,1 del período 1934-1973).

El sector exportador se consolidó como el principal motor, y se apoyó en las ventajas comparativas en recursos naturales que tiene el país.

Desde 1990 la estrategia de apertura y búsqueda de mercados llevó a la firma de tratados de libre comercio con los principales socios comerciales -entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea-. Esto estuvo acompañado del fomento de la competencia con reglas claras y parejas y el estímulo a la inversión.

La estrategia de diversificación de los mercados llevó a una estructura de quintos (el 20 por ciento de las exportaciones va a América del Norte, otro 20 a Europa, y otro 20 a América Latina, a Asia y al resto del mundo respectivamente), tan aplaudida desde Uruguay porque hizo al país menos vulnerable a los vaivenes de sus socios.

El economista José Manuel Quijano resaltó que aunque se muestre como un “combo”, el sistema chileno consta de aspectos tanto rescatables como desechables.

“Chile es presentado como un modelo, lo cual tiene un contenido ideológico fuerte. Muchas veces no es fácil desglosar lo que ha hecho bien de lo que no.

Una vez convertido en modelo, Chile es una idea fuerza que se busca trasmitir a los vecinos, sobre todo desde ámbitos que tienen influencia ideológica sobre la región, como los organismos internacionales”, dijo Quijano a BRECHA.

Los estudiosos del “modelo” subrayan su evolución y variaciones, destacando al menos tres períodos. Para el economista chileno Ricardo French Davis,(1) habría que distinguir entre el liberalismo puro, el liberalismo corregido y el de los gobiernos de la Concertación.

El primero va desde el derrocamiento de Salvador Allende en 1973 hasta 1982-1983 y corresponde al neoliberalismo sin fisuras conducido por los Chicago boys.

Se caracterizó por una drástica apertura comercial, liberalización del mercado financiero, dólar fijo, amplio espacio a los empresarios y al capital, retroceso de los derechos económicos y laborales (combate a los sindicatos con el Plan Laboral del ministro José Piñera) y desmontaje del Estado benefactor. Las reformas de la salud, la previsión social y el sistema universitario (véase recuadro) datan de la época.

Este período termina con la devaluación y la crisis financiera, similar a la que ocurrió por entonces en Argentina y Uruguay por la deuda.

La segunda etapa, de 1984 a 1989, llamada de “neoliberalismo corregido”, es más pragmática, con la aplicación de políticas poco ortodoxas pero no publicitadas como tales (estatización de la deuda para salvar los bancos quebrados, alza de aranceles y subsidios a ciertos sectores), por parte del ministro Hernán Büchi.

De este período los chilenos recuerdan las escandalosas privatizaciones de empresas públicas.

Por último, el trecho que empezó en 1990 con la restauración democrática buscó definirse con el lema que entonces impulsó la Concertación en la campaña electoral de “crecimiento con equidad”.

La estrategia fue la de introducir “reformas a las reformas”. Se hizo una reestructuración del gasto público para destinar más recursos al área social, se incrementó la recaudación (reforma tributaria), se negoció con los sindicatos mejoras laborales, se aumentó el salario mínimo y se aplicó un control sobre los ingresos de capitales volátiles que ayudó al empleo productivo y el equilibrio sostenido.

¿Chorreo o crecimiento con equidad?

Sin embargo, la máxima de “crecimiento con equidad” estuvo lejos de concretarse en estos 16 años, y durante la última campaña electoral se volvió a discutir sobre los costos sociales del modelo, en una autocrítica que llegó incluso al discurso de la derecha y la Iglesia Católica.

Resumiendo lo sucedido en las últimas tres décadas (1973-2003) French Davis concluye que “en los setenta y ochenta se deterioró notablemente la distribución y se elevó la pobreza; ello tuvo mucha relación con el empeoramiento de salarios, nivel de empleo y caída del gasto social por habitante.

En los noventa se detuvo la fuerte tendencia al deterioro observada durante el régimen de Pinochet. La pobreza se redujo de 45 por ciento en 1987 a 19 en 2003.

La distribución del ingreso, luego de una mejora en la primera mitad de los noventa, retrocedió parcialmente entre 1999 y 2002.

El balance neto, en estos tres decenios, muestra que la distribución del ingreso es hoy mejor que en los ochenta, peor que en los setenta, y notablemente más regresiva que en los sesenta”.2

En la dictadura, el discurso neoliberal duro defendía el “chorreo”, esto es, “la idea de que la equidad resulta del crecimiento. El chorreo es lo que rebasa: un poco de ingreso de unos pocos para la inmensa mayoría de la gente”.3

La Concertación aprendió que eso no se iba a dar naturalmente, y que la equidad debía ser fruto de la intervención estatal.

Gracias a ella, en 2003 el salario real medio era 54 por ciento superior a 1989, y el salario mínimo aumentó en esos años 102 por ciento. La tasa de desempleo promedio fue 8,1 por ciento entre 1990 y 2003 frente a 18,1 del período 1974-1989. El gasto social en educación, si se toma 1970 como base 100, pasó de 59 por ciento en 1990 a 163 en 2002, mientras en salud trepó del 65,4 al 156,7.

Pese a estas mejoras, la relación entre los ingresos del 20 por ciento más rico de la población y el 20 por ciento más pobre fue de 15,6 veces en 1990-1998, lo que supone una mejoría respecto a cualquier año de la década de 1980 (cuando llegó a 19,9).

Sin embargo, tras la crisis asiática, el coeficiente retrocedió a 17,1 en 1999-2002, y desde entonces no mejoró significativamente.

“El gran problema social de Chile hoy no es tanto la pobreza (que se redujo del 23 al 19 por ciento entre 1995 y 2003), sino la distribución del ingreso”, apunta Quijano.

En ese plano, ocupa “el peor lugar en la región, sólo superado por Brasil y Nicaragua. Según datos de cepal, de 1990 a 2003 el 20 por ciento más pobre de los chilenos se llevó sólo el 4,9 por ciento del ingreso total y el 20 más rico el 54 por ciento.

Esto no ha tenido variaciones sustanciales. Es un modelo con un altísimo grado de concentración del ingreso y la clave está en cuánto se remunera al trabajo -cómo es el abanico de salarios y la distancia entre lo que gana un obrero de lo que gana un gerente- y cuánto al capital.

Chile es el segundo país de la región más rentable para las inversiones, y eso tiene que ver con las facilidades para remesar las utilidades”.

Directamente relacionadas con la generación de desigualdad social, las dos grandes reformas que enfrenta Michelle Bachelet son la del sistema de salud y la de la previsión social.

En el caso del sistema previsional, Chile fue pionero en la adopción del modelo de capitalización privada, siguiendo el esquema más “duro” y sin contemplar ningún tipo de régimen solidario.

¿Maldición de los recursos naturales? Para Quijano, el sistema chileno tiene también falencias relacionadas con la estrategia de crecimiento basada en la exportación de productos primarios. “Es verdad que ha tenido éxito en sus exportaciones porque logró diversificar sus mercados, pero esa estrategia no fue acompañada de una diversificación de la oferta.

El 84 por ciento de lo que exporta son productos primarios. Además, tiene en cuatro productos el 50 por ciento de sus ventas. El cobre sigue teniendo un enorme peso: más del 35 por ciento de las exportaciones. Si le agregamos pescado fresco, pulpa de madera y uva fresca, llegamos a la mitad de las ventas totales.

Es un país primario exportador con productos con escasa industrialización. Colombia, Costa Rica, e incluso Uruguay, exportan más manufacturas que Chile.”

La primarización de las exportaciones, indica Quijano, explica la búsqueda de mercados fuera de la región y el alejamiento de Chile del proceso de integración: “La región no compra los productos que exporta Chile, más bien es un mercado para bienes manufacturados”.

Para la economista Lucía Pittaluga el hecho de que Chile no haya disminuido su dependencia de la exportación de productos primarios no debe considerarse en sí algo negativo, y discrepó con Quijano en que el país trasandino no persiga el valor agregado: “La apuesta chilena es mantener la estructura productiva, basada en sus ventajas comparativas de recursos naturales, pero inyectándole innovación.

Es la idea del país agrointeligente, que no reniega de su origen pero que busca ir agregándole transversalmente productos de alta tecnología, como la informática, la producción orgánica o la biotecnología.

Chile tiene un excelente diseño de sistema nacional de innovación, con un organigrama integrado por jerarcas de nivel ministerial y que incluye la articulación de actores públicos y privados, con políticas públicas definidas, una estrategia en ciencia, tecnología e innovación, y con recursos asignados para programas que funcionan”.

En un documento elaborado por el ministro de Hacienda de Chile junto con otros jerarcas a comienzos de 2005, se explicita esta estrategia al afirmar como “imperativo transitar gradualmente desde el modelo primario exportador hacia la economía del conocimiento como requisito indispensable para continuar creciendo y lograr la equidad en el largo plazo”.4

Para Pittaluga la cuestión es si se encuentra en condiciones de dar ese salto o no. Chile no está del todo bien posicionado en materia de ciencia, tecnología e innovación, según el índice de adelanto tecnológico del pnud, que divide a los países en cuatro categorías:
líderes,

– líderes potenciales,

– seguidores dinámicos y

– marginados.

Con un índice de 0,357, se ubica entre los “líderes potenciales” (aunque en peor situación que Argentina), y apenas por encima de Uruguay (0,343), que está en el grupo de “seguidores dinámicos”.

“Si uno analiza las exportaciones de tecnología media, o sea bienes que tienen incorporado un cierto nivel tecnológico, del total de exportaciones de Chile en 2002 sólo 3 por ciento eran productos de esas características, mientras que Uruguay tiene un 2 y Argentina un 9.

Con respecto a los conocimientos especializados, o capital humano, el promedio de años de escolarización en Chile es de 7,6, frente a 7,1 de Uruguay, y 11,3 de Nueva Zelanda, por tomar un país desarrollado. Por otra parte, la matriculación de nivel terciario en ciencias es del 31 por ciento en Chile frente a 13 de Uruguay y 15 de Argentina.

Estos elementos son importantes cuando uno piensa un sistema de innovación. Si no existe gente que quiera estudiar ciencias, difícilmente exista el capital humano para trabajar en investigación y conexión entre ciencia y tecnología y mundo productivo”, afirmó Pittaluga.

Por otra parte, Chile tiene dos de los cuatro elementos que según el índice KAM del Banco Mundial se requieren para que un país desarrolle una economía intensiva en conocimiento.

Cuenta con un régimen institucional que da garantías a la actividad empresarial (buenos indicadores en materia de transparencia, competitividad, imperio de la ley, y regulación de las instituciones financieras) y una infraestructura acorde (telecomunicaciones, computadoras, usuarios de Internet, gobierno electrónico).

Lo que no tiene de forma suficiente son los aspectos relacionados con la capacidad de innovación (que se mide en articulación entre las universidades y las empresas, investigadores en investigación y desarrollo, patentes concedidas) y el capital humano suficiente.

“Para esta estrategia de desarrollo basada en agregar innovación a la producción primaria Chile está muy bien en lo institucional y la infraestructura, pero tiene deficiencias importantes en innovación y recursos humanos.

Uruguay está muy mal en lo institucional, y por eso vemos a Chile, también en este aspecto, como un modelo.

Allí las empresas tienen un horizonte temporal y se sienten seguras para tomar riesgos”, destacó Pittaluga.

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CITAS
– 1. En su libro Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile, citado en La discusión sobre el modelo y las tareas de la democracia, de Carlos Huneeus. 21-XI-2005. Versión en Internet en www.asuntospublicos.org

– 2. French Davis, Ricardo. “La distribución del ingreso: deuda pendiente”. 18-VII-05. En www.asuntospublicos.org

– 3. French Davis, R, OP CIT.

– 4. “Hacia la economía del conocimiento: el camino para crecer con equidad en el largo plazo”, de Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel, Jorge Rodríguez y Marcelo Tokman.Elitismo universitario

Uno de los elementos que ha contribuido a la inequidad social en Chile ha sido el sistema educativo universitario. Durante la reciente discusión en Uruguay sobre la propuesta del ministro de Economía de introducir el cobro de matrícula en la Universiddad de la República, el caso chileno fue usado por varios jerarcas universitarios como argumento en contra de la propuesta, advirtiendo el riesgo de una mayor “elitización” de la educación universitaria.

Pinochet creó un sistema basado en tres tipos de universidades:

– Las públicas,

– Las privadas tradicionales y

– Las privadas privadas.

Las dos primeras reciben financiación del Estado, con un monto que oscila entre el 15 y el 30 por ciento de su presupuesto.

El resto lo obtienen mediante el cobro de matrícula (de hasta 5 mil dólares por año), que financia entre un tercio y la mitad del presupuesto, y con los servicios que prestan. “Entre las dos terceras partes y hasta el 85 por ciento de los fondos de las universidades públicas provienen de la matrícula y los servicios. Este sistema de financiación repercute socialmente limitando las posibilidades de los jóvenes de menos recursos.

Cuando un estudiante de origen modesto accede al nivel universitario se endeuda. Las becas no son exoneraciones, son créditos bancarios que habilitan a cursar la carrera mediante un sistema de pago diferido.

Cuando la persona se recibe de una carrera corta, debe unos 14 mil dólares. Las familias modestas pierden así la posibilidad real de que sus hijos vayan a la universidad.

Esto fragmenta más a la sociedad”, afirmó a BRECHA el rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga. Otra herencia del régimen de Pinochet es la fragmentación del sistema mediante la autonomización de las sedes regionales.

Según Guarga, esto provocó una explosión de universidades pequeñas, con dificultades para juntar masa crítica y mantener el nivel, y con una preocupación por el financiamiento que llevó a una orientación hacia acciones vinculadas directamente al lucro

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