Uruguay y el fin de la primavera progresista

El contenido del acuerdo comercial en ciernes con Estados Unidos tiende a crear un marco institucional que restringirá la capacidad del Estado para desarrollar políticas activas de fomento a la producción nacional, apunta Elías, integrante del grupo Economistas de Izquierda.

La principal característica del capitalismo en las últimas décadas ha sido su creciente expansión a partir de la revolución tecnológica y la redefinición del marco institucional de la economía planetaria, eliminando fronteras nacionales, comerciales y financieras al favorecer que las empresas trasnacionales se localicen y relocalicen en función de los costos y el tamaño de los mercados.

En paralelo, Estados Unidos desarrolla un proceso de apropiación de recursos naturales estratégicos a través, entre otros medios, de invasiones militares a países periféricos cuya capacidad para enfrentar ese proceso es muy limitada. El proceso neoliberal y las políticas que lo continúan han generado daños devastadores, provocando crecientes niveles de pobreza, indigencia, desindustrialización, pérdida de empleos formales, mayor trabajo informal, segmentación social y primarización de la producción, contradiciendo el objetivo central que debieran tener los gobiernos: satisfacer las necesidades básicas de la población.

En Uruguay se da la paradoja de que cuanto más nos empobrecemos más aumenta la deuda del sector público en moneda extranjera, la cual pasó de 590 millones de dólares en 1973 (23 por ciento del PBI y 154 por ciento de las exportaciones) a 15.550 millones de dólares en 2004 (117 por ciento del PBI y 388 por ciento de las exportaciones).* Los cambios en la economía que implica el tratado que se propone firmar con Estados Unidos aumentarán la brecha tecnológica, financiera, productiva y de ingresos con respecto a los países centrales.

Asimetrías

El acuerdo comercial en ciernes contiene disposiciones que profundizan los niveles de apertura y crean un marco institucional que restringirá la capacidad del Estado para desarrollar políticas activas de fomento a la producción nacional. En esencia, un TLC profundiza el predominio de las instituciones del mercado, bajo control del poder económico trasnacional y sus aliados locales, respecto del Estado.

Los términos del tratado que Estados Unidos propone a Uruguay abarcan bienes, servicios, regulaciones comerciales, propiedad intelectual, normas laborales y ambientales. Su aprobación crearía un nuevo marco institucional para la economía nacional, el cual se correspondería, dada la rigidez del fast track (la vía rápida de aprobación del texto) y las asimetrías de poder entre las partes, con la concepción libremercadista que impulsa Estados Unidos para sus socios pese a que no la practique en su economía, ya que mantiene políticas proteccionistas y subsidios a la producción agropecuaria y agroindustrial.

Los riesgos de pérdida de mercados para los productores uruguayos de frutas, hortalizas, cereales, cerdos y aves, así como para las procesadoras de tomates, embutidos y la vitivinicultura, son evidentes. Si además la firma del tratado con Estados Unidos generara una ruptura con el Mercosur, se perderían los beneficios arancelarios del acuerdo regional y serían afectados también los productos químicos, los plásticos y la industria automotriz.
En el sector servicios los productores nacionales deberán enfrentar una competencia devastadora con empresas que tienen mucho mayor capital, tecnología y productividad.

El hecho de que Estados Unidos sólo admita la modalidad de “listas negativas” (todo está incluido salvo lo que se exceptúa), obliga a Uruguay a una negociación punto por punto con resultados adversos previsibles a la luz de los acuerdos ya realizados por el potencial socio. Estarían en cuestión las empresas públicas, como el caso de Antel, en telefonía básica e internacional, o Ancap, que competiría con combustibles importados de empresas estadounidenses. Debe destacarse, también, que impediría el uso de las compras públicas como instrumento de fomento de la producción y de apoyo a la innovación tecnológica, dado que se elimina la “preferencia nacional”.

El cambio en las normas de propiedad intelectual y la extensión de la duración de las patentes afectarían la producción de genéricos y, por tanto, al sistema de salud. Por si lo anterior fuera poco, el régimen general de solución de controversias incluye la prevención. Esto implica que en caso de inconsistencia entre las obligaciones del acuerdo y una medida proyectada se pueda plantear una controversia que afectaría las competencias de los órganos nacionales de gobierno. Por el tratado las partes se obligan a publicar por adelantado cualquier medida que se propongan adoptar, para generar la posibilidad de realizar observaciones.

La credibilidad y confianza en los ejecutores, existiendo contratos incompletos como un TLC, es un aspecto esencial para suscribir o no un acuerdo. En caso de incumplimiento de Estados Unidos, ¿qué fuerza internacional puede garantizar el cumplimiento del contrato?, ¿será necesario recordar la lista de incumplimientos de resoluciones de las Naciones Unidas, el ilegal bloqueo contra Cuba, las múltiples invasiones por motivos económicos o el apoyo a las dictaduras para entender que está en riesgo la autonomía y soberanía del país para regular el proceso económico y generar políticas de desarrollo?

Implosión ideológica y programática del gobierno.

Luego de tres décadas de neoliberalismo, en el país se abrió en 2005 la posibilidad de cambiar de trayectoria. El acceso al gobierno del Frente Amplio y sus aliados -fuerzas políticas tradicionalmente opositoras- creó expectativas que rápidamente fueron defraudadas, y la propia caracterización de la etapa como de “gobierno en disputa” hoy está cuestionada.

El progresismo quedó limitado a ciertos cambios en las relaciones laborales, algunos de ellos incumplidos, como la negociación con los trabajadores del gobierno central. La búsqueda de compromisos nacionales entre gobierno, empresarios y trabajadores naufragó ante el avance en los acuerdos con organismos multilaterales y Estados Unidos. Pareciera que la dirección política del Frente Amplio agotó su capacidad de “cambio” en la lucha por la victoria electoral. De allí en adelante, creatividad e innovación brillan por su ausencia: en economía se limitaron a comprar “llave en mano” el modelo ortodoxo neoliberal; en política no han sido capaces de sacar cuentas de qué pasará el día después de realizar los cambios institucionales que requiere el proceso de expansión del capital anteriormente descrito.

El argentino Atilio Borón afirmaba hace un año: “A la hora de identificar los principales cambios realizados por los nuevos gobiernos en América Latina, la primera reacción sería afirmar que ha habido algunos, pero ciertamente muchos menos de los que se esperaban. En realidad lo que más ha cambiado en América Latina ha sido la retórica”.**

La situación empeoró: en Uruguay, ni la retórica se conserva. El gobierno está dispuesto a firmar un TLC con Estados Unidos más allá del reiterado rechazo ciudadano a los procesos de cambios institucionales que disminuyen el papel del Estado y fortalecen el del mercado.

Las leyes que implicaban procesos de privatización, desmonopolización y asociación de empresas públicas con privadas fueron derogadas mediante referéndum. Los empujes de la ortodoxia económica predominante desde los setenta fueron enfrentados en la década pasada con instrumentos de democracia directa impulsados por la mayoría de las organizaciones del Frente Amplio y el movimiento sindical.

Para fundamentar la actual voltereta histórica, técnicos del gobierno aducen que el Mercosur está fuertemente acotado porque Brasil y Argentina no están dispuestos a pagar los costos de enfrentar poderosos intereses locales para garantizar la plena vigencia de los acuerdos regionales; que sin un TLC que nos ampare no podremos entrar al mercado de Estados Unidos porque nuestros precios finales serán más altos que el de los países que realicen estos acuerdos; que el ingreso de empresas de alta tecnología expulsará sectores ineficientes y abaratará los costos de sectores realmente competitivos.

En fin, el mismo discurso que todos estos años fundamentaron los partidarios de la apertura indiscriminada y la ruptura con el Mercosur. Enfrentado a la bifurcación de los senderos que implica un TLC, el gobierno “progresista” ha elegido el camino que profundiza y consolida la dependencia. Los grandes beneficiarios serán las empresas trasnacionales, el capital financiero, Estados Unidos y sus aliados locales.

Los perdedores serán los de siempre: trabajadores, empresarios, cooperativistas, en definitiva todos aquellos que apuestan al país productivo con justicia social y profundización democrática.

En los próximos meses las fuerzas sociales y políticas de nuestro país deberán ratificar o impedir que se concrete esta opción por los más ricos y poderosos. Los espacios para la ambigüedad se estrechan.

La opción que mejor defiende los intereses de nuestra nación es la reafirmación de la apuesta por una integración regional con complementación productiva, que posibilite un proceso de desarrollo incluyente, socialmente justo y políticamente democrático.

Sólo un programa emancipador de alcance regional pondrá límites a la globalización capitalista.

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– * Véase, Etchevers, Joaquín, “La deuda pública en Uruguay”, Comisión Ciudadana por la Auditoría de la Deuda Pública Interna y Externa, Montevideo, 2006.

– ** Elías, Antonio (compilador), Los gobiernos progresistas en debate, Clacso Libros, Argentina, agosto de 2006, página 23.

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