Otra vez discutir el número de los demonios, el orden de los factores, la sede de la autoridad. Y sí, porque para influir en los conflictos clave de la sociedad se necesitan buenas razones pero sobre todo mucha paciencia. Algo muy grave tiene que haber pasado en el país para que se dude tanto del derecho a pronunciarse cuando en filas políticas propias se yerra. Hoy muchos frenteamplistas sienten que oponerse a una iniciativa presidencial es dar la espalda a un gobierno ganado con tanto esfuerzo colectivo.
Aun cuando carece de todo interés político, se especula sobre las motivaciones del presidente para cambiar algún aspecto demasiado irritativo del acto del 19 de junio.
Se discute si lo hizo de buen grado o con malhumor, si reculó o avanzó, si gatopardeó o escuchó la vox populi. En cambio, lo que sí importa señalar es que la propuesta del Nunca más no cambió un ápice desde el punto de vista de su filosofía política.
Reconocer los crímenes del Estado y equipararlos luego con esa abstracción de “los años sesenta” es como reconocer la responsabilidad de un violador y luego la de su víctima, por usar ropa provocativa.
La maquinaria estatal es así, está programada para proponer, por defecto, el olvido.
Y en la política de olvido que defiende el gobierno hay algo patógeno. Porque no se puede dar a conocer simultáneamente que el inspector Víctor Castiglioni asesinó a Ivette Giménez de Martirena el 14 de abril de 1972 con un disparo en la boca y que el gobierno establecerá una reparación para los familiares de militares y civiles vinculados al Escuadrón de la Muerte muertos ese mismo día y no para los de Martirena. Y si llegara a reparar a ambos, ¿se equiparan?
¿Este es el camino hacia la reconciliación que propone el presidente?
Es tan brutal la contradicción que parece innecesario explicitarla.
El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, niega en su discurso del 18 de mayo la responsabilidad que le cabe a la institución que maneja. Dice y al decir hace. Hace política.
¿Y por qué diablos (o demonios) debemos oír un discurso político del comandante del Ejército? ¿Desde cuándo forma parte de la arena política este actor? Desde la dictadura. ¿Y por qué sigue actuando, después de 22 años de democracia? Porque no se lo ha obligado a volver definitivamente a su lugar.
Este Ejército de hoy, por más inundaciones y dentaduras infantiles con las que colabore, sigue explicando los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus agentes como “eventuales acciones individuales incorrectas”.
Es el mismo Ejército que reclama que los reos militares presos en Chile sean traídos a Uruguay bajo la garantía personal del comandante del Ejército. Más claro: el nuevo jefe del Ejército reclama que también estos delincuentes que cometieron “eventuales acciones individuales incorrectas” sean cobijados por la corporación militar, bajo su propia e institucional responsabilidad.
Pero no se detiene aquí el desatino. El subsecretario de Defensa, en lugar de cuestionar el reclamo absolutamente fuera de lugar de Rosales, se sintió llamado a aplaudirlo y hacerlo suyo.
Según la sabia expresión popular, no tiene la culpa el chancho sino quien le rasca el lomo. O le permite hozar en el huerto.
Nunca más pecado
Cuando el presidente dice Nunca más a todo -“a los enfrentamientos violentos entre uruguayos; a descalificaciones o violencia ‘entre nosotros’; a contextos, motivos o excusas para esos enfrentamientos; a la desconfianza, a la intolerancia, a la discriminación, a la desigualdad de oportunidades, a la pobreza”, etcétera- infla tanto la consigna que la vacía de contenido. Nunca más a todo se convierte en nunca más a nada. Porque no se puede llevar una reivindicación tan sentida como ésta, que nació y se mantuvo con un inequívoco sentido de repudio al terrorismo de Estado, a la abstracción ecuménica que describe el paraíso. Es una mala broma pretender que todas las reivindicaciones democráticas pueden expresarse con la misma consigna.
Nunca más la violencia entre uruguayos, dice el presidente.
Aclara Esteban Valenti (Bitácora, 7-VI-07): “El gobierno consideró (…) que el concepto del Nunca más al terrorismo de Estado presuponía el Nunca más al uso de la violencia y de las armas en democracia. Es un tema polémico, pero no nos hagamos los distraídos, es uno de los temas centrales para el presente y para el futuro”.
No nos hacemos los distraídos. Eso no quiere decir que aceptemos la falacia de equiparar insurgencia o desobediencia civil (aun la más extrema) con terrorismo de Estado.
Si partimos de reconocer que la existencia de la lucha armada en Uruguay no explica ni el golpe de Estado de 1973 ni la evolución fascistoide de la dictadura (como no explica el golpe de Estado en Chile, derrocando a un gobierno elegido en las urnas), se puede discutir todo.
Las principales organizaciones armadas del país realizaron y publicaron sus autocríticas y sus reflexiones, emanadas de instancias colectivas como congresos o conferencias. Y más allá de la letra escrita, fundamental sin duda, hay otras maneras de entender qué evolución tuvieron esas organizaciones. Ninguna de ellas replanteó el uso de las armas y sus sobrevivientes se incorporaron, de diversas maneras, a la vida política nacional. El dato rompe los ojos: la mayor organización armada del país, el mln, vio avalada en las urnas su incorporación a las formas legales de hacer política por una cantidad tal de electores que la hacen hoy la primera fuerza dentro del Frente Amplio. Guste o no, es necesario reconocer que existe una importante corriente de opinión en el país que respalda ese cambio.
No nos hacemos los distraídos pero tampoco los campeones de los buenos modales. Lo que está empantanado en el país y nos obliga a darle vueltas a la noria es la tenaz negativa a reconocer que aquí hubo una monstruosa, totalitaria dictadura, que caló hasta el alma de los uruguayos, que descartó la solidaridad en las relaciones sociales y la valentía en todos sus planos, incluido el intelectual. Que deshizo la educación y anuló los derechos laborales y cívicos. Es tenaz la negativa a reconocer que esa dictadura vergonzosa pudo afianzarse y endurecerse a extremos inauditos apoyada en una red de complicidades que es más amplia de lo que se admite. No sólo no se ha reconocido la matanza, ni la tortura, ni qué hicieron con los desaparecidos y los muertos: tampoco se ha reconocido el robo, la corrupción, el engranaje de empresarios y diplomáticos que contribuyó a destruir el país.
Todo con el metódico silencio de los guardianes de la libertad de prensa, empresarios de la comunicación y obedientes empleados. ¿Qué numero de demonio le toca a esa red de cómplices de la dictadura?
Cuando se den esos pasos de reconocimiento y justicia, volvemos a hablar de lo mala que fue la lucha armada, la bomba atómica y la Guerra de la Triple Alianza. Por ahora no parece tan urgente como la impunidad.
