Uruguay. Otra vez el “caso Gelman” en el tapete: cosa a juzgar

Por Samuel Blixen, gentileza de Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- El cumplimiento de diligencias previas para la extradición de nueve militares uruguayos investigados por un juez argentino instalará en los hechos la investigación por la desaparición en Uruguay de la joven argentina María Claudia García de Gelman.

Es posible que el fiscal Enrique Moller, a quien se le atribuye la condición de operador de la impunidad en el Poder Judicial, termine chasqueado.

Su determinación de sepultar el caso de la desaparición de María Claudia García -la nuera del poeta argentino Juan Gelman secuestrada en Buenos Aires junto con su marido Marcelo Gelman en agosto de 1976, trasladada clandestinamente a Uruguay y asesinada después de dar a luz en el Hospital Militar- no tuvo en cuenta que la investigación del crimen impulsada por un juez federal argentino culminaría desactivando su propósito.

Un exhorto librado por el Juzgado Federal Número 5, que debió sortear durante cuatro meses los vericuetos burocráticos,* reclama de la justicia uruguaya una serie de diligencias que en los hechos implicará la investigación de la desaparición de María Claudia y la apropiación ilegítima de su hija Macarena, como paso previo al pedido de extradición de los oficiales uruguayos implicados en ese crimen.

En su momento el fiscal Moller se apoyó en el criterio de cosa juzgada para desestimar la decisión del presidente Tabaré Vázquez, que ordenaba la investigación del caso por no estar comprendido en la ley de caducidad; la “cosa juzgada” no era otra que la resolución del entonces presidente Jorge Batlle, que decretó el archivo del expediente aunque sin fundamentar por qué el secuestro, desaparición y asesinato de María Claudia para robarle su bebé debía considerarse como un acto de servicio de militares y policías uruguayos en aplicación de órdenes superiores.

En una resolución adoptada el lunes 12, en acuerdo con la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, Tabaré Vázquez reiteró que el caso a estudio del juez penal Ricardo Míguez “no se encuentra comprendido dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1 de la ley 15.848”.

Así, todo indica que en febrero, cuando se levante la feria judicial mayor, el magistrado dará cumplimiento a la solicitud argentina, con lo que se pondrá en movimiento la maquinaria que probablemente culminará con la extradición de Juan Antonio Rodríguez Buratti, José Arab, Manuel Cordero, León Tabaré Pérez, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Gavazzo.

Crimen de dos orillas. El exhorto librado por el juez federal Norberto Oyarbide el 11 de agosto último solicita a la justicia uruguaya una serie de diligencias previas a la fundamentación del pedido de extradición por la comisión de varios delitos: supresión de identidad de menor, falsificación de documento y sustracción de menor.

Determinado a castigar un crimen que comenzó cometiéndose en Argentina y que se completó en Uruguay, Oyarbide pretende demostrar la responsabilidad de los citados militares en el secuestro de María Macarena Gelman, nacida en el Hospital Militar de Montevideo.

Para ello pide que el juez competente uruguayo cite e interrogue al actual secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y al ex asesor presidencial Carlos Ramela, quienes sostuvieron en el informe final de la Comisión para la Paz que María Claudia García de Gelman había dado a luz a una niña en noviembre de 1976 en el Hospital Militar.

El juez Míguez deberá reclamar de los dos funcionarios citados que “aporten las pruebas en que se fundamentaron”. Solicita además que se determine “en qué lugar, circunstancias y qué personas realmente participaron del nacimiento de María Macarena Tauriño Vivian”, apellidos con los que fue inscripta la hija secuestrada de María Claudia.

La diligencia referida al nacimiento de Macarena incursiona en un terreno que hasta ahora se había eludido, puesto que la asistencia en el parto supone la complicidad de personal médico militar que las “investigaciones” en aplicación de la ley de caducidad hasta ahora no han logrado identificar.

Míguez deberá, asimismo, citar a declarar al soldado Julio César Barboza Pla, quien ante el juez español Baltasar Garzón afirmó haber conocido a María Claudia cuando ésta permaneció prisionera en los calabozos del Servicio de Información de Defensa (SID), antes de ser conducida al Hospital Militar. Barboza cumplió servicios en el edificio de bulevar Artigas y Palmar, donde antes funcionó una cárcel clandestina y donde hoy funciona el Centro de Altos Estudios Militares.

Fue en esas circunstancias que el soldado escuchó de boca del entonces mayor José Arab la frase “A veces hay que hacer cosas embromadas”, cuando se disponía a trasladar a María Claudia hacia el hospital; nunca más se la vio con vida. En el mismo sentido, Míguez cumplirá el pedido de su colega Oyarbide, quien solicita en el exhorto que sean citados a declarar varios prisioneros que permanecieron en el SID simultáneamente con María Claudia.

Un aspecto particularmente novedoso de las diligencias que el juez Míguez deberá ordenar se refiere al apropiador de Macarena, Ángel Tauriño, quien anotó a la hija de María Claudia como su hija legítima. Tauriño se desempeñaba en 1999 como jefe de Policía de San José, nombrado por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, en la época en que Juan Gelman reclamaba una investigación sobre el paradero de su nieta en función de los resultados de una investigación privada.

Sanguinetti declaró en su momento que la nieta de Gelman no se encontraba en el país, aunque meses después, al comienzo de la presidencia de Batlle, fue ubicada como supuesta hija legítima de Tauriño. En función de esos antecedentes, Oyarbide solicita de la justicia uruguaya que se determine cuál era la jerarquía de Ángel Tauriño en la Policía “y sus probables enlaces con Argentina”.

Pretende establecer si Tauriño fue visto en el SID en épocas en que María Claudia permaneció allí secuestrada, y si el apropiador viajó en 1976 a Buenos Aires cuando militares uruguayos operaban en Automotores Orletti, la cárcel clandestina donde fue inicialmente secuestrada María Claudia.

En la sospecha de que Ángel Tauriño estuvo directamente implicado en el traslado clandestino de María Claudia a Montevideo, el juez argentino reclama un reconocimiento fotográfico del apropiador y especialmente la obtención de una foto de 1976, con la cual podría hacerse un reconocimiento, tanto en Montevideo, entre los prisioneros que permanecieron en el SID, como en Buenos Aires, entre los militares y agentes argentinos que actuaron en Orletti.

Finalmente Oyarbide solicita que se informe sobre los actuales domicilios de los nueve oficiales uruguayos implicados y sus actuales vínculos en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

El trámite judicial. Las diligencias solicitadas por el juez Oyarbide apuntan inequívocamente a recabar los elementos que hagan inevitable la concesión de la extradición. Sin embargo el pedido de extradición, largamente anunciado -y sobre el que el presidente Vázquez fue explícito en el sentido de que su gobierno no interferirá en el curso de la justicia (a diferencia de otros pedidos de extradición que soportaron la interferencia de los presidentes Sanguinetti y Batlle)-, quedó suspendido a la espera de que las diligencias previas solicitadas completaran los interminables trámites burocráticos.

El pedido de Oyarbide salió el 14 de agosto de su despacho para la cancillería argentina. Recién el 2 de setiembre el exhorto cruzó el Río de la Plata y recaló el 12 en el Ministerio de Cultura. La Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional elevó al otro día, 13 de setiembre, el exhorto al juzgado competente, el Penal 15.

El juez Míguez derivó el documento a la fiscalía de Corte, que el 12 de octubre lo puso a consideración de la fiscal Mirtha Guianze. La fiscal se pronunció solicitando que el Poder Ejecutivo informe si los hechos están comprendidos en la ley de caducidad. El 3 de noviembre Míguez elevó las actuaciones a la Suprema Corte, que el 29 de noviembre puso el caso en conocimiento de la Presidencia. El 9 de diciembre el secretario Gonzalo Fernández se pronunció aconsejando al presidente Vázquez mantener el criterio ya sustentado sobre la inaplicabilidad de la ley de caducidad en el caso Gelman.

El 12 de diciembre Vázquez comunicó su resolución a la Suprema Corte de Justicia, que devolvió la documentación al Juzgado Penal 15. El martes 20 la fiscal Guianze, en función de la resolución presidencial, aconsejó al juez Míguez dar curso al pedido del juez argentino y sugirió que algunas de las informaciones requeridas podrían recabarse en la Comisión de Seguimiento que quedó instalada tras la disolución de la Comisión para la Paz.

El magistrado no había tomado resolución cuando comenzó la feria judicial, por lo que se desconoce qué criterio adoptará, pero se descuenta que al reinicio de las actividades procederá a cumplir con las diligencias. Inevitablemente, si el juez dispone los interrogatorios a todos los testigos mencionados en el exhorto, se iniciará finalmente la investigación que con tanto empeño se pretendió archivar, porque identificar a las personas que directamente participaron del nacimiento de Macarena Gelman en el Hospital Militar es cerrar el cerco sobre quienes asesinaron a María Claudia.

Habrá, seguramente, nuevas chicanas, pero será difícil evitar la cooperación judicial internacional, especialmente si la Presidencia no interfiere y si el juez colabora con la investigación de un crimen que, al menos en una de sus etapas, nadie podrá fundamentar que goza del beneficio de la caducidad.

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* BRECHA consignó la semana pasada que tal expediente se había extraviado. En realidad, siguió por sus carrilles normales, aunque con extrema lentitud, tal como queda demostrado en esta misma nota.

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