Uruguay. La ley de desaparición forzada será indefectiblemente aprobada: un horizonte de punidad

Por Walter Pernas, gentileza de Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- El gobierno presentará dos proyectos de ley que buscan castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Una de las iniciativas involucra a los que tienen datos sobre las desapariciones y se niegan a informar.

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Memorial de los Desaparecidos Uruguay
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La figura delictiva de ausencia por desaparición forzada quedará plasmada en el Código Penal uruguayo, muy probablemente antes de fin de año.

Más allá del debate parlamentario que se dará con bríos, el Parlamento aprobará, con al menos los votos de la mayoría encuentrista, el proyecto que busca perforar la impunidad consagrada hasta ahora por la ley de caducidad.

El ep-fa presentará, en principio, dos iniciativas parlamentarias: el proyecto de ley redactado por el experto en legislación sobre derechos humanos Óscar López Goldaracena, que por ser interpretado como un cambio muy profundo y amplio de la legislación en la materia deparará muchas horas de discusión y eso dilatará su aprobación; y otro que supone la consideración específica de la figura de ausencia por desaparición forzada, y que el ep-fa piensa votar antes de fin de año.

El proyecto de largo aliento -de aprobarse en sus puntos fundamentales- determinaría que el Estado quede obligado, llegado el caso, a enjuiciar a uruguayos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en otros países, y habilitaría a enjuiciar a los militares y policías por los delitos de tortura y asesinato en dictadura (véase entrevista a López Goldaracena).

BOCAS CERRADAS. Entre tanto, la iniciativa para la creación de la figura de desaparición forzada puede incorporar algún otro delito relacionado a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La última palabra sobre el contenido la tendrá el presidente de la República, que en las próximas horas mantendrá una reunión con el senador Enrique Rubio, encargado de presentar el proyecto al Parlamento.

Así lo decidió la comisión de la bancada de gobierno que se formó para el tema, conformada además por Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Margarita Percovich (Vertiente Artiguista), Alberto Breccia (Espacio 609) y Eduardo Ríos (Alianza Progresista).

Vazquez había adelantado desde París que respaldaría el proyecto, y al llegar ayer, jueves, a Uruguay ratificó su postura entre sus colaboradores más cercanos.

En la reunión con Rubio se analizará también la conveniencia de presentar un proyecto para la aprobación de una ley interpretativa de la ley de caducidad -propuesta del senador Michelini- que determine su alcance.
Por ahora el proyecto que encenderá la polémica será el más escueto, pero no menos complejo desde el punto de vista político y jurídico.

La figura de desaparición forzada pena con dos a 25 años de penitenciaría al que de cualquier manera y por cualquier motivo prive de libertad a una persona y se niegue a informar sobre el hecho, el paradero o la suerte de la víctima. El delito se aplica a los agentes del Estado y a quienes sin serlo cuenten con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado en la comisión del ilícito.

Pero además introduce una variante fundamental que puede deparar el enjuiciamiento de varios militares y civiles, sobre todo ex gobernantes que, aunque no hayan participado activamente del delito, posean datos del hecho de desaparición y omitan o se nieguen a brindar la información. La pena para los que incurran en esta conducta será también de dos a 25 años de cárcel.

“Esto coloca en un brete a quienes por razones de solidaridad o corporativismo mantienen la boca cerrada, porque de acuerdo al proyecto pasan a ser cómplices”, dijo Rubio a BRECHA. El legislador precisó que, aunque aparezcan restos en alguna de las excavaciones, el proyecto se presentará igualmente: “Esa eventualidad no cambia el fondo del asunto, y si eso ocurre se estudiará caso a caso”.

El punto neurálgico de la iniciativa establece que la desaparición forzada será considerada como “delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. El debate parlamentario se centrará en este aspecto que no es controvertido a los ojos del derecho internacional, pero que generará polémica cuando la bancada oficialista esgrima que este postulado habilita a enjuiciar a quienes hoy gozan de impunidad.

VADE RETRO. Aunque ninguno de los partidos se opone a incorporar la tipificación al Código Penal -todos apoyan la idea de cumplir con la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Uruguay-, la discusión pasará por la interpretación de si esta figura vale o no para juzgar a los responsables de la desaparición de personas a partir de la dictadura.

Desde filas blancas y coloradas se alzan voces contra la aplicación de la nueva norma para enjuiciar “hechos del pasado”, alegando que las leyes penales no pueden ser retroactivas. De hecho, por esa razón, el Partido Colorado analiza pedir a la Suprema Corte de Justicia que declare inconstitucional la ley apenas sea aprobada.

Rubio entiende, en cambio, que el debate sobre ese punto no es un escollo para el castigo a los delincuentes impunes, porque la ausencia por desaparición forzada es un delito permanente, que existe en tanto no se establezca el destino o paradero de la víctima (véase su opinión en la página 2).
El senador herrerista Gustavo Penadés dijo a BRECHA que el partido de gobierno debe “abstenerse de un sentido de revancha, producto del no hallazgo de restos”.

Agregó que la discusión que se avecina “no es política sino jurídica” y que no abarca sólo el tema de la “irretroactividad de la ley penal, sino discernir si delitos que fueron oportunamente amnistiados se pueden volver a juzgar”. Por ello sostiene que se deben realizar consultas a expertos y, fundamentalmente, al Poder Judicial.

POLÍTICA Y DIPLOMACIA. El ep-fa analiza desde hace semanas la posibilidad de explotar los resquicios de la ley de caducidad, a fin de enjuiciar a los represores de la dictadura. Sin embargo, la sentencia del tribunal de apelaciones que archivó la investigación por la desaparición de María Claudia García aceleró la decisión. Además, dejó al gobierno en una posición diplomática compleja, ya que el presidente Vázquez le había prometido a su par Néstor Kirchner que Uruguay castigaría a los responsables del crimen de la ciudadana argentina.

En ese marco, el Ejecutivo se desmarcó de la postura asumida por el Poder Judicial, y comunicó rápidamente al gobierno argentino que discrepaba con el fallo del tribunal. En esas horas, el secretario de Derechos Humanos argentino, Eduardo Luis Duhalde, respondió a la situación con celeridad.

Pidió a la justicia de ese país que solicitara a Uruguay la extradición de los involucrados en la desaparición de María Claudia: los militares José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, José Arab y el policía Ricardo Medina.

El juez federal argentino Norberto Oyarbide decidió acceder al pedido, aunque aún no ha redactado su resolución, y una vez que la firme será pasible de recursos de apelación que demorarán el trámite.

Si el escrito judicial es fechado en Argentina antes de que termine octubre -lo que resulta bastante improbable-, el juez uruguayo encargado de decidir sobre la extradición, en primera instancia, es Carlos García Guaraglia. Si el pedido se fecha en noviembre, el caso lo tomará Álvaro Beyhaut, y si es en diciembre, decidirá Luis Charles.

El viernes 21 el embajador argentino Hernán Patiño Mayer declaró a Radio Sarandí que el fallo del tribunal “ofende la conciencia moral de uruguayos y argentinos”, entre otras consideraciones similares. Las palabras del diplomático determinaron cuestionamientos de blancos y colorados, quienes consideraron el hecho como una intromisión en la soberanía nacional y atacaron al gobierno por no tomar cartas en el asunto.

“Yo he actuado siguiendo precisas instrucciones de mi gobierno”, dijo a BRECHA el embajador argentino, y agegó que fue “malinterpretado”. “No hice ningún cuestionamiento al fiscal, ni al sistema jurídico, ni a la decisión del tribunal. Sí dije que Argentina no va a aceptar la impunidad, pero no por una actitud prepotente, sino en virtud de todos los recursos que el derecho internacional brinda para que este crimen no quede impune”, aseveró.

En principio, el cierre de fronteras para los denunciados como responsables del crimen de María Claudia rige hasta el 9 de noviembre, cuando vence el plazo para que se presente un recurso de apelación ante la Suprema Corte. El abogado de la familia Gelman, José Luis González, dijo a BRECHA que esperará para dar ese paso hasta saber la decisión del presidente de la República respecto a los proyectos de ley contra la impunidad.

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