Por Walter Pernas, gentileza Semanario Brecha especial para Causa Popular.- Es difícil comprender la política del gobierno en materia de violación de los derechos humanos pensando, ingenuamente, que ante el loable propósito de enjuiciar a los victimarios lo natural es que se diluyan los juegos de poder internos. Los últimos acontecimientos muestran un comportamiento oscilante de la Presidencia de la República, que parece aplicar en serio la filosofía lúdica engastada en una frase que José Mujica volvió popular: ¡Como te digo una cosa, te digo la otra! Cuando algunos legisladores del oficialismo se abocaron a buscar una iniciativa que permita castigar penalmente a los responsables de las desapariciones, desde París llegaron vientos de aliento.
El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) había declarado a BRECHA que la idea era crear la figura de la desaparición forzada, un delito permanente que no cesa hasta que la víctima aparezca. Días después el presidente de la República, Tabaré Vázquez, que se encontraba en Francia, dijo a El País: “Me parece que es oportuno ese proyecto de ley y es el deseo de quien habla, sin pretender inmiscuirnos en el Poder Legislativo, que sería muy bueno que rápidamente una ley de ese tipo pueda ser sancionada en Uruguay”.
La comisión de legisladores formada para tratar el asunto había decidido presentar ante el Parlamento el proyecto original del jurista Óscar López Goldaracena, que propone un cambio sustancial en la legislación sobre crímenes de lesa humanidad, según la concepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero como una iniciativa de tal envergadura supone una dilatada discusión parlamentaria, Rubio propuso desglosar el artículo 21 (desaparición forzada) y presentarlo en un proyecto aparte, para su aprobación antes de que termine el año.
EL FRENO. Los legisladores oficialistas expusieron ampliamente en prensa, radio y televisión los cometidos de la bancada para perforar la impunidad consagrada por la ley de caducidad. La oposición ensayó una tímida y a veces ecléctica respuesta. El camino estaba despejado.
Pero el martes 1, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, luego de hablar con el presidente, pidió a Rubio que suspendiera la presentación del proyecto de rápida aprobación.
¿Motivos? Oficialmente, que ahora hay “muchos temas arriba de la mesa”. A saber: excavaciones hasta el momento improductivas que se presentaron como 99 por ciento seguras de llegar a la verdad; la posibilidad de que las fuentes militares estén engañando a todos (comandantes, gobernantes, familiares, ciudadanos); un Poder Judicial que no investiga ni los casos insignia que el gobierno dejó fuera de la ley de caducidad; el gobierno argentino que debe improvisar un urgente pedido de extradición para que los responsables del crimen de María Claudia García no escapen de Uruguay. ¿Falta algo más? Sí, un Poder Legislativo que haga lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer.
El presidente -y naturalmente Fernández- hubiera querido que se encontraran restos, que se castigara penalmente a los responsables de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, a los que desaparecieron a la nuera del poeta Juan Gelman. Pero eso no pasó. Y políticamente representa puntos en contra.
En ese escenario llega una iniciativa que aunque fuera esbozada tímidamente por Vázquez (cuando sostuvo que mientras no aparezcan los restos no declarará muertos a los desaparecidos) no surge oficialmente de la Presidencia de la República, sino de la bancada parlamentaria.
La postura revolucionó el ambiente y colocó en el centro de la escena a legisladores como Rubio y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), el primero con la idea de la votación rápida de la figura de la desaparición forzada, el segundo con la tesis de una ley interpretativa de la ley de caducidad, y “llegado el momento, la anulación” de la norma, según las fuentes de BRECHA.
El Poder Ejecutivo quedó en un segundo plano, hasta que la Presidencia difundió que, ante la consulta del Poder Judicial, ha dejado fuera del alcance de la ley de caducidad los casos de Simón Gatti Méndez (Simón Riquelo), Gerardo Gatti y Washington Barrios, por tratarse de situaciones extraterritoriales, donde la normativa penal uruguaya lógicamente no tiene efecto, y porque -en uno de ellos, el de Gerardo Gatti, hubo además un delito económico (pedido de rescate) expresamente excluido de la ley de caducidad.
La decisión está basada en el pensamiento jurídico del secretario de la Presidencia, y además cumple con la política que éste esbozó en el sentido de hacer pesar argumentos que eludan la ley de caducidad y habiliten todas las investigaciones judiciales sobre desaparecidos (véase BRECHA, 21-X-05).
Para ello, un informe de Fernández que el presidente hizo suyo señala: “El pronunciamiento del Poder Ejecutivo no es un acto discrecional, sino que le exige verificar, con la investigación judicial a la vista, si el hecho se encuadra o no en la hipótesis legal de la caducidad”. Los jueces -en tanto conductores de los procesos penales- quedan en condiciones de desarrollar las investigaciones, citar a testigos y denunciados, antes de preguntar al Ejecutivo si el caso está comprendido o no en la ley.
Así, el Ejecutivo anota un punto y espera otra oportunidad similar cuando se le consulte por las denuncias penales contra los mandos de la dictadura. En ese momento sostendrá, como ya lo ha expuesto Fernández en los años noventa, que la ley de caducidad no ampara esos casos.
VAIVÉN. Durante la gira por Europa -cuando en Uruguay se instalaba el clima de entusiasmo de la izquierda por el proyecto contra la impunidad- surgió la información de que, al llegar a Montevideo, Vázquez realizaría importantes anuncios respecto al tema desaparecidos. Pero al retornar, y cuando se pensaba que el presidente respaldaría calurosamente la aprobación rápida del proyecto parlamentario de desaparición forzada, el frío neutralizó el aire de la casa presidencial.
¿Qué había pasado? Al sair de la reunión con el secretario de la Presidencia, el senador Rubio trató de explicar que la idea del Ejecutivo se mantiene en consonancia con la de los legisladores. Pero Fernández le acababa de pedir que tomara por el camino más largo, complejo, lento, para llegar a la creación de la figura de desaparición forzada, y que se paralizara la posibilidad de presentar un proyecto interpretativo de la ley de caducidad.
Quedaba en evidencia, una vez más, que se está ante una negociación, probablemente indirecta, con los militares que deberían aportar al menos los datos reales sobre los restos de desaparecidos. Pero difícilmente los responsables de esos crímenes de lesa humanidad se hayan convertido hoy en seres que desinteresadamente, por mera buena voluntad, quieran contribuir a la verdad. ¿Qué dará a cambio el gobierno? Por ahora, parece que más tiempo.
¿Pero qué cambiaría si aparecen restos? ¿El gobierno aceptaría que los responsables de esos crímenes no deben ser juzgados? ¿Algunos eventuales hallazgos, o la prueba de que hubo remoción de cadáveres, salvaría de la cárcel a los responsables de los delitos de lesa humanidad? ¿Salvaría a algunos? ¿Salvaría a todos? ¿Sólo en algunos casos? ¿O en todos?
Fernández ya ha realizado algunos tiros por elevación. Cuando se le consultó sobre si los delitos de lesa humanidad cometidos antes de la dictadura estaban comprendidos dentro de la ley de caducidad dijo que no, pero adelantó que los jueces bien podrían considerarlos prescritos (véase BRECHA, 24-VI-05). Al responder sobre las eventuales ejecuciones de los integrantes del pvp trasladados a Uruguay en el denominado “segundo vuelo”, esbozó que esos posibles asesinatos podrían estar amparados por la ley de caducidad.
Este vaivén permanente es el que desorienta y distorsiona la imagen del oficialismo en la materia. El juego de poder interno se revela cuando la Presidencia le marca la cancha a los legisladores oficialistas. Las rencillas internas salen a luz cuando desde la bancada parlamentaria encuentrista se mira con preocupación la concentración de poder del secretario de la Presidencia. Algunos dirigentes visualizan a Fernández tirando del freno de una locomotora que marcha a fuerza de empujones contra la impunidad.
Por su parte, Rubio y Michelini dijeron a BRECHA que el pedido de Fernández no significa un “parate” en la intención de la bancada y que se sigue considerando la presentación de todos los proyectos. “Esperar puede ser unos días, no hasta el año que viene”, señaló Rubio. El legislador entiende que aunque se presente la iniciativa más compleja, “en cualquier momento” de la discusión parlamentaria se puede “desglosar” el artículo sobre desaparición forzada y “aprobarlo”.
En cambio, reconoció que la “línea interpretativa sobre la ley de caducidad la está fijando el Ejecutivo” en cada respuesta al Poder Judicial. El punto es que el intérprete se considere el dueño de una afilada espada de Damocles, que los represores ignoran, por lo mocha.
La comisión que estudia este espinoso asunto se reunirá hoy, viernes, con Fernández. Allí se fijarán algunos criterios de fondo, de tiempo y de oportunidad. Quizás beban algo mientras conversan, para suavizar el trago amargo o para disolver el hielo que pretende enfriar los ánimos.
