Uruguay. Es lo que hay, valor: los inversores del proyecto Puntas del Chileno

Por Víctor H. Abelando, gentileza de Semanario Brecha especial para Causa Popular.- 250 millones de dólares es una inversión muy importante para Uruguay. De concretarse, sería la tercera en volumen, tras las plantas de celulosa de Botnia y ENCE. Esa es la cifra que Bandeluz SA promete invertir en la zona de Puntas del Chileno, a la altura de la parada 42 de la Playa Mansa, en Punta del Este. Allí se construiría un puerto “para embarcaciones deportivas y de pesca, atraque de cruceros turísticos de gran porte, comercios asociados, un hotel de cinco estrellas con sala de convenciones, centro de espectáculos y casino de explotación privada, y viviendas en bloques aterrazados”, según detalla la resolución del Poder Ejecutivo del 31 de octubre último, con la firma del presidente y los ministros de Defensa, Economía y Transporte, donde se acepta la “iniciativa privada”, tal como lo permite la ley 17.555 de diciembre de 2002.

Para un gobierno que apuesta a la inversión privada como eje de su política de crecimiento económico, a una propuesta de esta magnitud, que además permitiría un desarrollo mayor del principal balneario del país, no existe otra alternativa que saludarla y allanarle el camino.
Pero los problemas aparecen cuando los integrantes de la sociedad anónima, lejos de presentar las mejores credenciales, forman parte de los entuertos que la nueva administración debe resolver en varios frentes, incluida la Intendencia de Montevideo (IMM).

Esos antecedentes, precisamente, han llevado a algunos sectores frenteamplistas a exigir a los secretarios de Estado actuantes mayor rigurosidad a la hora de apoyar proyectos millonarios en dólares. Tanto en los pasillos del Parlamento como en declaraciones públicas del diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta (Últimas Noticias, miércoles 23), el tema asoma como una de las tensiones de la izquierda en el gobierno.

LA OPERATIVA. En Uruguay existen varias “líneas de negocios” -indicó una fuente gubernamental a BRECHA-; unas provenientes de estudios como el de Posadas, Posadas y Vecino, otras de tres grupos de inversores y gestores indentificados en forma independiente con el empresario naviero Juan Carlos López Mena, con el grupo del contador Mario Garbarino y con el de Carlos Lecueder (véase nota aparte respecto a los emprendimientos de estos dos últimos grupos).

La modalidad establecida para los negocios es la de presentar proyectos y luego buscar los inversores. El flujo de dinero puede provenir de los fondos de ahorros previsionales existentes a nivel mundial, de empresarios de porte internacional, de préstamos de organismos internacionales de crédito (para los cuales el Estado puede ser garantía) y también de los propios bancos estatales del país.

Cuando la inversión no aparece en el nivel suficiente o sencillamente no llega, aparecen los problemas, tal como ocurre con la remodelación del Hotel Carrasco que, luego de concesionado a la empresa Carmitel (de Garbarino y otros socios), lleva ya tres adecuaciones del contrato y el reciclaje nunca se pone en marcha.

A veces la simple enunciación de un proyecto por parte de algunos de estos empresarios, acompañada por el pronunciamiento positivo de alguna autoridad estatal, desata un negocio inmobiliario, ya que las tierras cambian rápidamente su valor.

Si las ideas se concretan, los “gestores” generalmente conservan un pequeño porcentaje (nunca más del 5 o 10 por ciento de las acciones) en los emprendimientos, a la vez que asumen posiciones ejecutivas dentro de las firmas que explotan los negocios.

Estos actores forman parte del escenario nacional en que se mueve el gobierno progresista y, al igual que en el pasado, son quienes hacen lobby en la búsqueda de negocios rentables, especialmente en el área turística, la famosa industria sin chimeneas y una de las grandes apuestas de la actual administración.

LA IDEA. El proyecto presentado por Bandeluz pretende transformar el oeste de Punta del Este (Puntas del Chileno) en un nuevo centro de atracción, que compensaría la tendencia hacia el este (José Ignacio) de los últimos años. La propuesta contiene la construcción de un puerto con cerca de 700 amarras (hoy el muelle de la península tiene 400 que resultan insuficientes) y con atraque para los cruceros que visitan el país.

El complejo edilicio incluiría un hotel cinco estrellas, apartamentos aterrazados y casino. Este último, a diferencia de anteriores permisos, sería de explotación exclusivamente privada. Hasta ahora existen dos modalidades de funcionamiento de las salas de juego: una totalmente estatal y otra mixta, es decir con infraestructura, mantenimiento y marketing a cargo del privado, y personal y gestión de Casinos del Estado. La única excepción la constituye el Conrad, donde la explotación es privada y el privado paga un canon por el permiso.

En este caso, el Estado realiza una periódica auditoría del casino, aunque la empresa auditora es contratada por el permisario.

El proyecto presentado por Bandeluz compensaría -en opinión del gobierno- muchos de los problemas estructurales de un puerto como el de Punta del Este, ya sin posibilidades de ampliación, a la vez que crearía nuevas fuentes de trabajo y un atractivo agregado al principal balneario uruguayo. De ahí el entusiasmo con que fue recibida la propuesta tanto a nivel gubernamental como de la Intendencia de Maldonado.

EL ENTUSIASMO. Garbarino, Antonio Marchesano (ex ministro del Interior del primer gobierno de Julio María Sanguinetti), Fernando Barboni, Juan Carlos Ferrero y Jorge Fernández Baubeta forman la cúpula de Bandeluz. Todos menos Barboni dieron, junto al ministro de Transporte, Víctor Rossi, y el intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, una conferencia de prensa el viernes 11, anunciando el emprendimiento de Puntas del Chileno.

Empero, en los días que sucedieron a la presentación del proyecto, algunos medios de comunicación, como el programa Zona Urbana de Canal 10, cuestionaron la historia de algunos de los inversores.

Consultadas por BRECHA, fuentes del gobierno dijeron no desconocer los malos antecedentes de algunos de esos empresarios en distintos emprendimientos en los que participan (véase nota aparte).

El ministro Rossi, incluso, recordó el miércoles 23 en conferencia de prensa que lo aprobado por el Ejecutivo se enmarca en la ley 17.555 y consistió en certificar el proyecto y aceptarlo. “Con esto le estamos cerrando un puntaje, le estamos dando una bonificación que establece la ley para que no les roben la idea a estos empresarios y tener la posibilidad de pelear por el proyecto.”

Luego, el titular de Transporte indicó que se abrirá la siguiente etapa que consiste en otorgar un plazo de 120 días para que se presente un documento definitivo “con toda la documentación de respaldo”.

El siguiente paso, añadió, es hacer un llamado público para que mediante subasta, licitación u otro procedimiento competitivo, se adjudique la obra. En esa circunstancia el consorcio que presentó el proyecto original (en este caso Bandeluz) tendrá como compensación “el derecho a beneficiarse con un porcentaje no menor al 5 por ciento ni mayor al 20 por ciento sobre el valor ofertado” (inciso f del artículo 19 de la ley 17.555).

Además de no pagar los pliegos del procedimiento competitivo, el promotor “podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta” si la suya no resultara ganadora.

LAS DUDAS. Así descritos, los procedimientos parecen claros, dijeron fuentes frenteamplistas a BRECHA, pero recordaron la actitud cuestionadora asumida por el FA cuando era oposición, por ejemplo durante la subasta del Aeropuerto de Carrasco en 2003, especialmente porque uno de los postulantes (y luego concesionario), el grupo argentino Eurnekián, tenía un largo historial de maniobras fraudulentas en Argentina, donde gestionaba varias terminales aéreas.

De ahí que, contrariamente a unos tibios desmentidos, integrantes de la dirección de la Vertiente Artiguista señalaron a BRECHA que el tema estuvo presente en la última reunión de su directiva, a raíz de la cual surgieron los comentarios del diputado Brenta.

Éste dijo que era necesario chequear las “garantías” y transparentar los procedimientos, y, tras detallar las irregularidades y denuncias penales contra algunos de los miembros de Bandeluz, indicó que el nuevo emprendimiento podría no ser muy diferente, ya que esas personas tienen un “currículum que no da certezas”.

Por otro lado, dirigentes del mpp y del PCU fueron más lejos en sus comentarios a BRECHA y expresaron que algunos problemas se arrastran desde la última campaña electoral. Así, cuestionaron que el empresario López Mena haya financiado algunos de los viajes de Tabaré Vázquez al exterior, pues ello genera cierto tipo de compromisos (aclararon que no hablaban de prebendas) que representan una tensión más para el gobierno.

Para estos frenteamplistas, algunos anuncios de negocios con privados, especialmente los referidos al turismo, pueden generar colateralmente conductas de especulación inmobiliaria, que beneficiarían a los promotores de los proyectos. En el caso de Puntas del Chileno, los terrenos pertenecen a Barboni.

Las mismas fuentes partidarias señalaron que existe una carrera en algunos ministerios por resolver emprendimientos que demuestren el “movimiento” impuesto en su área. Incluso sostienen que, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, con un presupuesto inferior en un 45 por ciento al necesario para el mantenimiento de la infraestructura vial, la secretaría deberá apostar mucho a las concesiones y emprendimientos con privados.

Ello porque no se trata solamente de preservar lo existente sino de encarar obras sustanciales para el crecimiento económico. De ahí, agregaron los informantes, la presión de los grupos empresariales sobre dicho ministerio. De todas formas, agregaron, existen las salvaguardas como las señaladas por Rossi en relación con los procesos licitatorios, para evitar posibles maniobras que sólo busquen sacar partido de las urgencias de inversión privada que requiere un gobierno de presupuesto acotado. En ese plano de confianza a Rossi, destacan su actuación con los incumplimientos del Consorcio Ruta 1.

A esta altura resulta evidente, al menos para varios de los dirigentes consultados por BRECHA, que la izquierda hereda un relacionamiento con los privados -donde el lobby rendía sus frutos- del cual no le resultará sencillo escapar mientras no promueva una alternativa.

Como demostración de lo anterior, agregaron que la cesión de la explotación del casino de Puntas del Chileno enteramente al privado, abandonando la concepción de emprendimiento mixto, constituiría una variación de la posición original que llevó al FA a oponerse a la modalidad instaurada en el Conrad.

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