Son al menos diez las investigaciones penales por presuntas maniobras delictivas. Alrededor de treinta ex jerarcas y altos funcionarios pueden terminar presos. Los actores políticos provocan o tratan de eludir escándalos de corrupción, según el papel que ocupen en el tablero judicial. Si acusan, aplauden la judicialización de los casos; si son acusados, cuestionan la politización de la justicia.
“Judicialización de la política” o “politización de la justicia”. Estos términos forman parte de la jerga habitual de todo actor político uruguayo, y extranjero, pues ésta es una problemática universal, al menos en las democracias occidentales. Y sobre todo en países del Tercer Mundo.
En Uruguay, este año será especial para el sistema judicial. Será “el año de la corrupción” como asunto preponderante entre los que se investigan en los juzgados penales.
El dato incontrastable que respalda esta afirmación es la cantidad de casos en los que se investigan maniobras dolosas por parte de jerarcas (pocos) y ex jerarcas de gobierno (varios).
Son al menos diez los expedientes penales en los que se indagan delitos de fraude, estafa, conjunción del interés personal y público, abuso de funciones, y alteración de documentos, entre otras tipificaciones comprendidas en la legislación contra la corrupción.
El despilfarro de 60 millones de dólares por parte de los anteriores directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND); las contrataciones irregulares, las donaciones sospechosas y el increíble gasto de decenas de miles de litros de combustible por parte de ex jerarcas de ose; y los imponderables viáticos viajeros de la anterior administración del Banco Hipotecario del Uruguay (bhu) son algunos de los casos que involucran a ex gobernantes blancos y colorados.
Pero también se investigan conductas presuntamente delictivas en la anterior administración de Antel y del Banco Central del Uruguay (BCU).
Por el lado de la izquierda, a su vez, se indaga la existencia de episodios de corrupción en las pérdidas millonarias de Casinos Municipales, durante la gestión de quienes hoy ocupan los máximos cargos en la Dirección de Casinos del Estado y en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Y en el plano un poco más personal, hay causas abiertas contra varios políticos. Por ejemplo: el ex intendente de Canelones Tabaré Hackenbruch (colorado), el ex jefe comunal de Maldonado Enrique Antía (blanco), y el ex senador Leonardo Nicolini (frenteamplista).
Del panorama reseñado se desprende que hay cerca de treinta ex jerarcas y dos altos funcionarios actuales que pueden terminar en prisión, además de decenas de empleados públicos, con cargos gerenciales o administrativos, que podrían correr la misma suerte.
Políticos y magistrados.
Es evidente que varias polémicas y escándalos políticos en torno a las gestiones gubernamentales suelen convertirse en materia prima para los expedientes judiciales, que se forman cuando alguien -sea un político solitario, el directorio de un ente, o un nuevo jefe comunal- decide presentar una denuncia ante el Poder Judicial. Así opera la “judicialización de la política”. Pero eso no quiere decir que las presentaciones judiciales -impregnadas de intencionalidad política- sean meros golpes efectistas.
Muchas veces los casos determinan, en principio, pedidos de procesamiento por parte del Ministerio Público, o incluso fallos judiciales que disponen la cárcel para los denunciados.
En estas instancias los políticos afectados personalmente, o los partidos que ven dañada su imagen por las decisiones de fiscales o jueces, comienzan a reprochar severamente a los magistrados. Así es que hablan de la “politización de la justicia”.
Los operadores del sistema de justicia no se comportan de la misma manera que los políticos, es decir no salen a los medios con la intención de demoler verbalmente a quienes los insultan. Su perfil, de acuerdo a las reglas de la función que cumplen, suele ser bajo.
Sin ir más lejos, se acaba de producir un episodio de este tipo. Luego de que el fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitara los procesamientos de cuatro ex directores de ose, entre ellos el ex presidente del ente y actual senador colorado Juan Justo Amaro, el hijo de este legislador -Juan Amaro Cedrés- descargó su ira con una ráfaga de acusaciones directas. Calificó al fiscal de “delicuente” y “corrupto” en un encuentro de la lista 22 del Partido Colorado, según una versión publicada por El Heraldo, de Florida, que no fue desmentida.
Fernández Dovat informó del caso a la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, pero prefirió no iniciar acciones legales. “Creo que es una reacción emocional de momento”, se limitó a decir el fiscal ante una consulta de Brecha.
Por su parte, Mirtha Guianze, presidenta de la Asociación de Fiscales, entiende que la situación no es equilibrada. “Los actores políticos tienen legítimo derecho a la crítica, pero ese tipo de calificativos desmedidos ofende a los operadores de justicia, y los deja en inferioridad de condiciones porque por razones de recato y decoro en la función, no se puede salir a responder las acusaciones con las mismas herramientas que usa un político, y menos en el tono ofensivo en que fueron formuladas.”
La experiente magistrada señaló a Brecha que “la judicialización de la política es un fenómeno mundial”, y añadió: “El sistema político acude a la justicia, y el que queda en el papel de denunciado protesta. Ante tales discusiones políticas el sistema judicial debe mantenerse firme en su independencia, porque los roles de uno y otro sistema son distintos”.
Esa diferenciación de roles, pero sobre todo las posturas de los actores políticos según ocupen el lugar de acusados o acusadores, quedarán expuestas luego de Semana de Turismo, cuando el Parlamento deba decidir si levanta o no los fueros del senador Amaro y del diputado herrerista Alberto Casas, en el banquillo de los indagados por el caso ose.
El dilema será permitir que la justicia actúe o cobijar en sus fueros a los legisladores, uno colorado y el otro blanco, impidiendo la posibilidad de que se dicten los procesamientos en su contra (véase recuadro).
Judicialización.
El Frente Amplio (FA) anunció en la última campaña electoral que de acceder al gobierno realizaría auditorías en los distintos organismos públicos y que, si hallaba méritos, presentaría denuncias penales contra las anteriores administraciones.
Las auditorías se cumplieron parcialmente, tratándose de los entes, y algunos casos llegaron a la justicia entre 2005 y 2006, como ose, bhu, Antel y denuncias contra la administración de Hackenbruch. Pero otros, que aparecían como “cantados”, quedaron relegados. Uno de ellos fue el archisonado asunto de la forista Milka Barbato y la “plata dulce” de la cnd.
Las acciones penales del nuevo gobierno provocaron la esperada reacción de los partidos tradicionales, que defendían su probidad y acusaban al fa de formular denuncias por mera estrategia política. Dice Susan Rose-Ackerman que “en una democracia, los partidos de la oposición también pueden desempeñar el papel de monitores y pueden amenazar con convertir la corrupción en un tema de las campañas electorales”.
Sin embargo, aclara la analista estadounidense, “existe el riesgo de que el sistema político se centre en los defectos morales y legales de los dirigentes individuales, más que en enfatizar las diferencias entre partidos a propósito de políticas sustanciales y reformas de gobierno”.
* En Uruguay no ha sucedido ni tanto ni tan poco, porque la disputa electoral se centró en “dos modelos de país” y no en casos de corrupción coyuntural. No obstante, es evidente que existe una estrategia electoral -amén del ánimo de justicia- que busca réditos políticos en cada presentación de una denuncia penal por casos de corrupción.
Tiempos políticos.
Algunos ex jerarcas colorados o blancos fueron procesados por la justicia en estos últimos dos años: los ex directores del bhu Salomón Noachas y Julio Kneit; el ex intendente de Florida Andrés Arocena; y decenas de ediles colorados y blancos de Rivera por maniobras con viáticos, publicidad, chapas de autos oficiales, combustible y donaciones. Pero son otros varios los que pueden caer en desgracia en los próximos meses. Y no sólo pertenecientes a las divisas blanca y colorada.
Porque la justicia investiga al ex director de Casinos Municipales Juan Carlos Bengoa, y a sus ex asesores Orestes González y José Antúnez, por las “raras” pérdidas de unos 14 millones de dólares en las salas de juego de la Intendencia de Montevideo, entre los años 2001 y 2005.
Bengoa es el actual director de Casinos del Estado y González ocupa el cargo de director de Loterías y Quinielas.
En esta oportunidad los roles se invirtieron, y el que aprovechó las circunstancias de una investigación administrativa municipal en proceso -y de las revelaciones del caso publicadas el 16 y 23 de febrero por Brecha- fue un edil del Foro Batllista, César García, que corrió hasta el juzgado penal a presentar la denuncia.
Para colmo, el escándalo sobre Casinos cayó a pocas semanas del urticante episodio protagonizado por el entonces senador frenteamplista Leonardo Nicolini, quien logró acceder a un carné de asistencia gratuita de Salud Pública para someterse a una intervención quirúrgica en el hospital Pasteur.
El gobierno naturalmente se vio afectado. Pero en las semanas siguientes la situación se equilibró. Por el lado de los procesos judiciales iniciados trascendió que el fiscal Fernández Dovat pidió los procesamientos por fraude, abuso de funciones y alteración de documentos de los ex directores de ose; y que la fiscal Diana Salvo pidió a su vez el procesamiento por el delito de abuso de funciones para los ex directores de Antel Gabriel Gurméndez, Simón Erlichman y Óscar González Álvarez. Esta solicitud fue presentada ante el juez Luis Charles, quien investiga más de 600 contrataciones irregulares en el organismo entre 1999 y 2002.
Por otro lado, el letargo para la denuncia de la cnd se terminó: se hizo público que el actual directorio de la corporación acababa de denunciar penalmente a las anteriores administraciones del organismo por las pérdidas millonarias en esa institución. Para ello, se valió del resultado de una investigación de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) fechada el 28 de abril de 2006. En este caso, y aunque el gobierno lo niegue, genera suspicacia que la denuncia haya llegado un año después de que la ain detectara las presuntas y vastísimas maniobras delictivas.
Más allá del sentido de la oportunidad de judicializar un tema político, el caso de la cnd es de presumible alta corrupción, y lo escandaloso hubiera sido que jamás se denunciara.
La oposición no observó como una mera coincidencia que unas semanas después de los casos de “Casinos” y “Nicolini” se presentara la denuncia de la cnd, y la justicia pidiera por los casos citados los procesamientos de ex jerarcas colorados y blancos. Y entonces volvió a deslizar que la justicia está politizada.
En contrapartida, y tras analizar un informe de la Junta Anticorrupción que no halló conductas presuntamente dolosas, la fiscal Guianze pidió el archivo de las denuncias contra anteriores directores de ancap por los negocios del ente en Argentina.
Criterio dual.
Por último, el sistema judicial ha asumido comportamientos diferentes en dos casos de cierta similitud. Por un lado, ante la difusión en la prensa, la jueza Gabriela Merialdo asumió de oficio la investigación sobre los hechos que involucran al ex senador Nicolini.
Sin embargo, ningún fiscal ni juez ha iniciado una indagatoria de oficio para verificar si efectivamente el ahora ex diputado colorado Carlos Signorelli intentó comercializar el uso de su banca por unos 1.600 dólares.
Así lo denunció públicamente su suplente Gonzalo Texeira, tras lo cual el Partido Colorado echó a Signorelli de sus filas. Éste inició un juicio por difamación e injurias contra Texeira, pero decidió levantar la denuncia luego de que un testigo, que en principio declararía a su favor, terminara admitiendo que Signorelli efectivamente pidió plata al legislador suplente.
Las circunstancias son confusas, y necesitan ser aclaradas por la justicia, porque de lo contrario el sistema judicial ignoraría un posible delito de concusión, de acuerdo a un sondeo de Brecha entre abogados y magistrados. Esta figura sanciona al funcionario público que “con abuso” del cargo que desempeña compele o induce a alguien -en este caso al legislador suplente- a dar o prometer indebidamente, por ejemplo, “dinero u otro provecho cualquiera”. La pena es de 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, una multa de 50 a 10 mil unidades reajustables, e inhabilitación para ocupar cargos públicos de dos a seis años.
Por todas las razones señaladas, incluidos los casos que aún no están en la justicia y que deberían ser indagados, este ya es el año de los casos de corrupción. Habrá pedidos de procesamiento; broncas parlamentarias; posturas a favor y en contra de los desafueros, que evidenciarán el respaldo o el revés a la justicia; y acusaciones, respuestas, y controversias que alimentarán escándalos. Se volverá a hablar de la “judicialización de la política” y de la “politización de la justicia”. Como para no perder la costumbre.
* Susan Rose-Ackerman, Democracia y “alta” corrupción.
El fraude en OSE: Sin votos para los desafueros
Con el respaldo de blancos y colorados a sus correligionarios Juan Justo Amaro y Alberto Casas, la posibilidad de que el Parlamento levante los fueros de estos legisladores parece más que remota. De esa manera la sede penal no podrá juzgar a esos legisladores por presuntas conductas dolosas durante su gestión en ose.
Para el desafuero de Amaro se necesitan dos tercios de votos del Senado (20), y para el de Casas la misma fracción en diputados (66). Los votos del Frente Amplio no alcanzan, ya que cuenta con 17 senadores y 52 diputados.
Entre 2001 y 2005 funcionarios de confianza de los directores de ose y otros jerarcas de la época “figuraban como habiendo realizado viajes al interior que no realizaron, y por esa vía cobraron indebidamente viáticos como forma de remuneración o compensación accesoria. Los directores y jerarcas de esos funcionarios tuvieron conocimiento de esas situaciones y autorizaron esas prácticas”, señala el pedido de procesamiento al que accedió Brecha.
Por situaciones como éstas el fiscal Fernández Dovat pidió el procesamiento por fraude de Amaro y Casas, de los otros ex directores Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni (ambos colorados), y de dos gerentes y nueve funcionarios del ente. Tambien pidió el enjuiciamiento de los ex directores de ose por una maniobra con el arreglo de vehículos oficiales en el taller Puerta Grande.
Lo que “asombraba eran los montos tan grandes de las facturas”, declaró uno de los funcionarios. Justamente, Granucci consideró inconveniente circular con autos oficiales y puso tres vehículos suyos al servicio de su gestión. Eso sí, entre julio de 2003 y marzo de 2005 consumió casi 38 mil litros de combustible, es decir unos 1.795 litros por mes, según los registros del organismo.
Para cobrar el dinero supuestamente gastado en combustible “enmendaban las facturas entregadas por las estaciones de suministro escriturando la numeración de un coche de matrícula oficial”. Granucci se ganó así el pedido de procesamiento como coautor de alteración de documento privado.
Amaro, por su parte, fue también responsabilizado por el desvío de fondos hacia instituciones privadas de Montevideo y de su Florida natal.
Por todo ello el fiscal pidió que los ex directores también fueran procesados por el delito de abuso de funciones.
Procesamientos por el BHU: el banco de Pandora
El Ministerio Público solicitará luego de Semana de Turismo los procesamientos de directores del Banco Hipotecario (BHU) durante la anterior administración, por beneficiarse de viáticos excesivos y de viajes al exterior con gastos exorbitantes, dijeron a Brecha fuentes de la investigación.
La jueza Graciela Gatti recibirá el pedido del fiscal Eduardo Fernández Dovat e interrogará a los indagados a fin de decidir si los procesa. Ya han declarado en este expediente los ex directores Salomón Noachas, Jorge Conde (ambos colorados) y Jorge Sacchi (blanco).
