Por Causa Popular.- Tal como indicáramos la semana pasada, la conversación entre Néstor Kirchner y George W. Bush y el encuentro entre la secretaria de Estado Norteamericana Condoleezza Rice y el canciller argentino Rafael Bielsa confirmaron los intereses mutuos que llevaron a estrechar las relaciones bilaterales entre los dos países en los últimos meses. Mientras el gobierno nacional pide apoyo de Estados Unidos para negociar con el FMI y el G7, la administración Bush le exige a nuestro país ser un aliado en la nueva “cruzada” por el petróleo venezolano, una decisión contra el gobierno de Chávez a la que parecen haberse volcado definitivamente los “halcones” norteamericanos. Mientras tanto el congreso argentino obediente, respondió a las directivas de Washington y aprobó nuevas leyes “antiterroristas”, entre las que afecta las normas para otorgar refugio a perseguidos políticos.
En las fotos: Rafael Bielsa y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, en Washington.
La preocupación de Washington está centrada básicamente en la crisis gubernamental de Bolivia y el rearme venezolano que mantiene en zozobra a la política exterior norteamericana. El mensaje que el presidente Bush le envió a Kirchner se refiere, además de Hugo Chávez, fundamentalmente al «peligro» que rodea la postulación a la presidencia de Bolivia de Evo Morales y sus cocaleros.
Según el pensamiento de la administración Bush, Bolivia se encuentra al borde de la secesión.
Pero el aspecto que no se puede descartar en las repentinas relaciones manifestadas en la extensa conversación entre Kirchner y Bush, es la influencia de los Estados Unidos en el G7 y por lo tanto en el FMI. Por lo tanto la llamada cobra un sentido de profundo interés para la estrategia de la administración Kirchner respecto a los organismos internacionales de crédito y la decisiva influencia sobre el fondo el Grupo de los siete países más industrializados del planeta.
Los mismos temas e intereses cruzados estuvieron presentes en el encuentro que tuvieron en Washington el canciller de argentina Rafael Bielsa y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dos días después de la conversación entre Bush y Kirchner. Como era de esperarse en la reunión, no faltaron ni el pedido de apoyo a la economía argentina, ni las referencias sobre Venezuela, Bolivia, Haití, Cuba y la potencial desestabilización de América Latina, desde luego desde la perspectiva de los intereses norteamericanos en la región.
Para Washington, Chávez fue electo democráticamente pero gobierna de manera autoritaria. Lo han dicho varios jerarcas de la administración Bush, uno de los cuales recordó, bajo condición de anonimato, que la elección del pueblo venezolano no era una razón valida ya que también Adolfo Hitler fue electo democráticamente.
Como el carácter democrático del gobierno de Chávez no le permite a Estados Unidos utilizar en contra de Venezuela una de las excusas que legitimaron ante parte importante de la opinión pública mundial la invasión a Irak, los argumentos se centran ahora en el autoritarismo con el que supuestamente Hugo Chávez ejerce la presidencia de la Republica Bolivariana y en la compra de armamentos a España y Rusia y Brasil.
Para los estadounidenses, el componente liberal de la democracia tiene una importancia clave. Según los argumentos que comenzaron a esbozar los analistas políticos de ese país, son las libertades civiles las que garantizan que la democracia no se transforme en una tiranía de la mayoría, a través de derechos sustantivos para las minorías. Según esta línea argumental, en América Latina, en cambio, las libertades civiles sufren serias restricciones, límites que se acentuaron en los últimos años.
Washington ve a estas restricciones en Latinoamérica como una fuente de preocupación. Los Estados Unidos argumentan hacia la opinión pública internacional que hay un retroceso en la consolidación de las democracias de la región, pero en la realidad, si hay atraso en el respeto de las “libertades civiles”, eso ha ocurrido gracias a los esfuerzos norteamericanos para garantizar sus intereses económicos y mantener los resultados a los que se acostumbró en los últimos 30 años.
Rice ha dicho, y así se lo transmitió al Canciller Bielsa, que la administración Bush está preocupada por la forma antidemocrática en que está gobernando Chávez (aunque reconoce que fue electo democráticamente), y ha dejado en claro reiteradamente que considera a Caracas una fuente de desestabilización para toda la región. Washington sospecha que Chávez apoya a las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al movimiento encabezado por el líder cocalero Evo Morales en Bolivia.
Ya el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, expresó en su visita a Buenos Aires que las compras de armamentos genera preocupación y que no puede entender para qué Venezuela puede querer usar esas armas. El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, le contestó que «esas impertinencias inspiradas en el propósito de involucrarse en la política interna de otras naciones y violar la soberanía vienen siendo utilizadas sistemáticamente por funcionarios norteamericanos».
Si bien las “inquietudes” de Rumsfeld se refirieron específicamente a la compra de 100.000 fusiles AK-47 a Rusia, Venezuela también adquirió en los últimos meses 33 helicópteros, algunos de uso militar artillados y otros de transporte pesado, con capacidad para 100 soldados. Abrió también con Rusia conversaciones para la adquisición de un número no determinado (se habló de entre 20 y 50) de aviones de combate Mig-29, una aeronave creada por la industria militar de la entonces Unión Soviética con amplias capacidades de ataque. Además suscribió con Brasil un contrato para la compra de doce cazabombarderos AMX-T y de 24 aviones de entrenamiento Super-Tucano, y en un encuentro que mantuvo con Rodríguez Zapatero, terminó de sellar la adquisición en España de cuatro patrulleras de vigilancia costera, cuatro corbetas, 2 buques tanqueros, un buque Panamax, diez aviones de transporte C-295 y dos aviones de vigilancia marítima.
El vicepresidente Rangel le contesto a Rumsfeld, en un comunicado, que Venezuela compra las armas en un acto de «plena soberanía» para «defender la independencia y garantizar la autodeterminación de nuestro pueblo«.
Y agrega, «el gobierno venezolano dice estar preocupado por el elevado gasto militar de Estados Unidos que ronda los 450.000 millones de dólares» y absorbe el 36 por ciento del gasto militar mundial.
Fuentes del departamento de estado citadas por una agencia internacional confirmaron que Estados Unidos intenta que Argentina y Brasil «contengan» a Chávez, en el supuesto desequilibrio que genera la compra de armamentos por parte de Venezuela.
Por sus propios intereses económicos, la Argentina no hace más que jugar a dos puntas. El mismo ministro de Defensa argentino fue el encargado de responder a los requerimientos de Washington y declaró: «Esperemos que la decisión del presidente venezolano de comprar armas no sea una escalada en la región, que se viene manteniendo en armonía y en paz».
Sin embargo Brasil, uno de los países que le vendió armas a Venezuela se posicionó al afirmar que «no aceptamos difamaciones contra compañeros. Venezuela tiene derecho a ser un país soberano»
Durante el 2005, además del encuentro entre Bielsa y Rice, las reuniones entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, comenzaron en enero cuando Daniel Scioli, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Dick Cheney. Luego siguió la visita a Buenos Aires del secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld y el último tramo fue la extensa charla telefónica entre Bush y Kirchner el pasado martes.
Bush tiene planeado asistir en noviembre a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Mar del Plata, Argentina, y Rice podría hacer una breve escala en Buenos Aires a fines de abril, antes o luego de un viaje a Chile para participar en la reunión ministerial de la «Comunidad de las Democracias».
Se aprobaron los convenios requeridos por Estados Unidos
En la línea de acercamiento, el Congreso de la Nación aprobó el mismo día del telefonazo de Bush a K, dos convenios “antiterroristas”, adoptados por las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que habían sido impulsados por los Estados Unidos en el marco de su política exterior de defensa. La lucha contra el terrorismo aparece como uno de los ejes de alineamiento entre la política de defensa del gobierno de los Estados Unidos y de la Argentina.
El tratado de las Naciones Unidas se impuso por 159 votos afirmativos sobre 26 negativos, mientras que la convención de la OEA por 156 sobre 23. La aprobación llegó un día después de un almuerzo ofrecido por el embajador norteamericano, Lino Gutiérrez, a un grupo de diputados y senadores del PJ y la UCR, donde el diplomático volvió a subrayar la importancia que atribuyen a ambos acuerdos.
La sanción se realizó rápidamente y sin debate, porque la discusión había tenido lugar dos semanas atrás. En aquel entonces, después de las críticas de Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad, y la defensa protagonizada por el justicialista Jorge Arguello y el radical Federico Storani, la sesión se interrumpió por falta de número. Cuando el tratamiento se retomó el martes, los proyectos pasaron directamente a su votación.
Sólo el diputado Miguel Bonasso, del bloque Convergencia, pidió la palabra porque había estado ausente en la sesión anterior. Pero el presidente de la cámara, el duhaldista Eduardo Camaño, se la negó por considerar que el debate se había agotado. «Era para explicar por qué voy a votar en contra», insistió Bonasso. «Entonces menos», retrucó burlón el presidente de la cámara.
El primero de los acuerdos es de la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE), adoptada por la asamblea de la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. La convención obliga a los países firmantes a establecer «un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo». En el conjunto de medidas impuestas por el acuerdo aparece específicamente la implementación de sistemas de «detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero» y la adopción de instrumentos para «identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos o bienes» usados para financiar operaciones o grupos terroristas.
Pero el capítulo de la convención que genera mayor resistencia es aquel que elimina los argumentos «políticos» como excepción a los pedidos de extradición. Si esta ley es promulgada por el presidente Néstor Kirchner, una solicitud de asistencia jurídica de otro país no podrá denegarse por la sola razón de aparecer vinculada a un delito inspirado en motivos políticos y eso probablemente complique los pedidos de muchos perseguidos políticos.
El segundo tratado en discusión es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la asamblea de la ONU el 9 de diciembre de 1999, en Nueva York. Con una filosofía similar al acuerdo de Bridgetown, el convenio obliga a definir y penar las figuras delictivas enmarcadas en la definición de terrorismo adaptada a las exigencias norteamericanas.
Además establece la obligación de prestar la mayor asistencia posible en relación con investigaciones, procesos penales o de extradición. Y, en un punto de fuerte trascendencia para el sistema financiero, prohíbe ampararse en el secreto bancario para rechazar un requerimiento judicial tanto local como extranjero, una medida que si fuera aplicada en otros lugares, podría demostrar las promiscuas relaciones entre la administración norteamericana, el capital financiero internacional y el complejo militar – industrial.
