Una visita histórica que debe desembocar en soluciones judiciales y políticas urgentes

Luego de una larga y tesonera lucha de los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y abogados de la Masacre de Margarita Belén, el presidente Néstor Kirchner viajó a esa localidad el 15 de mayo. Aunque el mandatario se mostró «honrado y orgulloso» de ser el primer mandatario nacional que participa de un homenaje a los 22 militantes asesinados por la dictadura militar, los organismos de derechos humanos advirtieron de la necesidad de respuestas urgentes, en un territorio donde conseguir un documento judicial es resultado de una lucha casi titánica.

Kirchner, solicitó a la Justicia argentina que «avance» en la nulidad de los indultos y aclaró que lo hacía como «un ciudadano más», sin entrometerse en la independencia de poderes y recordó a los muertos del 13 de diciembre de 1976, «a muchos de los cuales conocía».

Kirchner participó junto a su esposa, la senadora Cristina Fernández, miembros de su gabinete y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre las que se encontraban las Abuelas de Plaza de Mayo encabezadas por su titular, Estela Carlotto.

La ceremonia se inició con los discursos de descendientes de dos de las víctimas de la masacre, Juan Andrés Salas, hijo de Néstor Salas y Dafne Zamudio, hija de Carlos Alberto Zamudio.

«Vuelvo a pedir disculpas en nombre del Estado nacional argentino al pueblo chaqueño, a los fusilados, a los desaparecidos y a los agraviados, porque es la primera vez después de 31 años que un presidente de la Nación está presente acá», dijo.

La veintena de jóvenes militantes políticos detenidos en la U7 del Servicio Penintenciario Federal, en la Brigada de Investigaciones y la Alcaidía Policial fueron reunidos en esta última unidad el domingo 12 de diciembre del 1976 donde fueron salvajemente torturados, según se supo años después por testigos del hecho.

Eran al menos 22 miltantes de la Juventud Universitaria Peronista, Partido Auténtico, Juventud Peronista, Ligas Agrarias y Juventud Trabajadora Peronista entre otras organizaciones.

Un convoy de camiones del Ejército y patrulleros policiales los llevó luego hacia al norte simulando un traslado hacia la ciudad de Formosa, pero al llegara a la altura de Margarita Belén tuvo lugar la más cruenta masacre.

Las muertes fueron presentadas luego como «intento de fuga» o como «enfrentamiento entre grupos antagónicos», pero el propio ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni -fallecido en 2005- reconoció ostentando ese cargo que se había tratado de un «fusilamiento encubierto».

En 1976 Brinzoni tenía el grado de capitán y se desempeñaba como secretario general de la Gobernación del Chaco que ejercía el también fallecido general Antonio Facundo Serrano.

Ente las víctimas identificadas se encuentran Manuel Parodi Ocampo, Luis Arturo Fransen, Carlos Duarte, Carlos Tereszuck, Néstor Carlos Salas, Patricio Tierno, Luis Angel Barco, Mario Cuevas, Fernando Pierola, Carlos Zamudio, Luis Alberto Díaz, Reynaldo Sonez, Carlos Maria Caire, Julio Andrés Pereira y Delicia González.

Por este hecho están detenidos y a la espera del juicio que se tramita en en el Juzgado Federal de Resistencia los militares Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Germán Emilio Riquelme, Athos Renés, Aldo Martinez Segón, Rafael Carnero Sabol, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Pateta.
En tanto Jorge Alcides Larrateguy, que con el grado de coronel comandaba el grupo en 1976, falleció en 2005 y Norberto Raúl Tozzo se halla prófugo con pedido de captura nacional e internacional dictada por el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky.

Las urgencias que duelen

Un día antes de la llegada de Kirchner y su comitiva, Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), la Asociación Ligas Agrarias, Ex detenidos políticos, la Asociación Padre Brizaboa, la Unión de Personal Civil de la Provincia (Chaco), Barrios de Pie y UTRE-CTERA, difundieron un comunicado que refleja la imperiosa necesidad de que el Estado Nacional intervenga. El documento solicita:

– El desarrollo desde el Estado Nacional de políticas activas en materia de derechos humanos que consideren y posibiliten la coordinación con los organismos de DDHH del interior del país, y otorguen recursos y acceso a archivos de información que permitan avanzar en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado en el NEA.

– En lo inmediato, apoyo concreto para las actividades a desarrollar en el edificio donde funcionó el mayor Centro de Detención y Desaparición Clandestino de la provincia del Chaco, para la instalación del Museo- Espacio por la Memoria, la creación del Archivo Único de la Verdad y la Biblioteca por la Memoria, habilitando un canal ágil de relación con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

– El impulso de acciones políticas que avancen sobre la lucha contra impunidad institucional y excluyan de los espacios del Estado y los partidos políticos a aquellas personas implicadas en los crímenes de lesa humanidad. En especial impulsar la rescisión de contratos a las empresas de seguridad privada que pertenecen o están relacionadas en forma directa con genocidas y estén a cargo de la custodia de organismos del estado provincial y/o nacional.

– En el Poder Judicial, acompañar con la expresión pública la destitución y enjuiciamiento de los fiscales federales Flores Leyes y Mazzoni.

– Arbitrar los medios para que el estado Nacional limite las violaciones sistemáticas de la constitución y la desaparición de la división de poderes que pone en riesgo el sistema republicano en las provincias. En el caso del chaco nos preocupa la demoledora degradación institucional con el sometimiento del poder judicial al poder político, materializada con la inclusión inconstitucional del superior tribunal de justicia de jueces incondicionales, como los abogados Ricardo Franco, Avalos y recientemente de Rolando Toledo, además miembro de la comisión de asesoramiento legislativo (CAL) durante la dictadura militar, mientras por otro lado un concejo de la magistratura entregado a las necesidades de impunidad del poder enjuicia a jueces dignos, como la doctora Lotero de Volman, luego de haber dado cuenta de manera cruel con uno de los mejores fiscales, como el doctor Muller.

– La intervención del Estado Nacional en los casos de ejercicio de represión de los estados provinciales hacia los reclamos de los sectores populares, por ejemplo acerca de la represión en la localidad de Puerto Vilelas Chaco en enero de 2006. Asi como para garantizar el sece de la discriminación a los pueblos originarios y el respeto de sus derechos reconocidos por la constitución provincial.

– La implementación de políticas de Estado que contribuyan a dinamizar la economía y generen la distribución más equitativa de la renta. En el caso de nuestra provincia solicitamos se considera el “plan de desarrollo productivo integral para productores agropecuarios en el marco conceptual de la agricultura Sustentable y la Agroecológica” elaborado por las Ligas Agrarias.

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