Una trayectoria para la desconfianza

Antes de que esta larga lista de gerentes asumiera de la mano de su jefe, las incompatibilidades señaladas por la oposición eran las siguientes:

– En 1975 Franco Macri poseía siete empresas y al concluir la dictadura militar llegaban a cuarenta y seis. Macri es considerado miembro de la “patria contratista” y sólo a través de un puñado de las más de 40 empresas que componen el holding familiar, Macri tiene negocios con el gobierno porteño por un valor anual que supera largamente los 100 millones de pesos. Un ejemplo es Manliba, la empresa de recolección de residuos que en 1979 se alzó con una suculenta privatización dispuesta por el gobierno militar. El convenio inicial fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco. Pero esta concesión terminó en un verdadero escándalo cuando las intendencias de los radicales Julio Saguier y Facundo Suárez Lastra quisieron aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó con el Plan Austral en forma generalizada. La empresa se resistió a la aplicación de este descuento. El litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el Gobierno de la Ciudad dirimió a favor de Manliba.

– A través de Intron (en la actualidad 60 por ciento de Siemens y 40 por ciento de Socma), el holding accedió, en los 90 al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad. Lo hace a través de UTE-Rentas. La empresa emite, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y del impuesto automotor. El contrato es de 10 millones de pesos anuales. También a través de Intron maneja una de las dos empresas de Control fotográfico de vehículos. La licitación es por cinco años. La facturación promedio, cuando se licitó, fue estimada en 5 millones de pesos por año.

-Dentro de Socma, Intron forma parte de una especie de subholding que también integran SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios y las ampliaciones no declaradas en viviendas. También la aprobación de planos. Se trata de un contrato por 20 años.

– SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta.

-El Correo Argentino S.A. fue comprado por el holding luego de una privatización ejecutada durante el gobierno de Carlos Menem. El Gobierno de Kirchner le quitó la concesión luego de los cánones impagos. La deuda del Grupo Macri con el Estado era de 659 millones de dólares (en el 1 a 1), hoy alrededor de dos mil millones de pesos (según el 3 a 1 actual) y sin tener en cuenta los intereses. En esta empresa estatal, el Grupo Macri puso en funcionamiento el esquema de despidos y retiros voluntarios más grande de su historia.

– Sideco Americana S.A., una de sus empresas, obtuvo escandalosa licitación fraudulenta del Intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot.

– Macri fue presidente de Sevel. Según la ex DGI, la empresa de los Macri evadió unos 55 millones de pesos del 93 al 95 durante la presidencia de Mauricio Macri en la empresa. En 1993 Sevel de Argentina exportaba autopartes a Sevel Uruguay, lo que le permitía cobrar reintegros por exportaciones. Pero, a su vez, esas piezas, eran ensambladas allí y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, Sevel cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2 por ciento. Así, se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados. Tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por Sevel Uruguay y Drago SA, supuestamente controladas por Sevel. Un cálculo aproximado realizado por los investigadores concluyó que el monto de lo percibido como reintegro sólo en 1993 asciende a unos 7.000.000 de pesos. Se estima que estas exportaciones continuaron hasta 1995. Mauricio fue embargado por 4,9 millones de pesos pero posteriormente la corte menemista (Moliné, Vázquez, Nazareno…) con la famosa «mayoría automática» declaró inocentes a los Macri rechazando la apelación de la causa a pesar de no tener argumentos para hacerlo. Ante las sospechas de corrupción y por su dudoso desempeño estos jueces sufrieron juicio político y renunciaron o fueron destituidos (caso Moliné) en 2003. El dudoso desempeño en la causa Sevel fue uno de los cargos que se les imputaron.

Según un estudio del diputado y economista de la CTA Claudio Lozano algunas empresas del Grupo Macri (Correo Argentino, Sideco y Socma) resultaron favorecidas por la devaluación del peso convertible. «La transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares», señaló el informe.

“Los estudios revelan cómo el conglomerado de empresas de los Macri se fue amoldando con astucia a cada etapa política y económica de la Argentina. Aunque el jefe económico siempre fue Franco, su hijo Mauricio ocupó cargos de relevancia en las diferentes firmas y fue ganando un lugar cada vez más protagónico. Luego de una exitosa experiencia como presidente de Boca, el empresario lanzó su candidatura para la jefatura de gobierno. Es un intento de un grupo parásito del Estado por mantener o profundizar sus políticas», sostuvo Lozano. «No hay que marearse con los discursos de eficiencia, porque la trayectoria del Grupo demuestra que no hubo ni innovación ni riesgo, sino la coptación sistemática del Estado. Macri busca llevar esto al máximo, diluyendo totalmente los límites entre lo público y lo privado».

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