Una ola verde recorre América latina

La lucha por el aborto legal en la Argentina inspiró manifestaciones en casi toda la región. Parecidos y diferencias en un continente cruzado por el desamparo estatal.

El grito de festejo, alivio y justicia que estalló la mañana del 14 de junio en el recinto de la Cámara de Diputados de Argentina y que contagió a la marea de pañuelos verdes que esperaba afuera en la calle desde la noche anterior se convirtió en una luz de esperanza para una región, en donde, excepto unas poquísimas excepciones, las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo y abortar están condenadas a la clandestinidad, la vergüenza social y, en algunos casos, una persecución criminal desaforada.

 

“Gracias a la lucha argentina, se consiguió abrir los ojos para considerar que existe una lucha que si bien es larga, se puede conseguir. -explicaron los voceros de la Campaña por el Aborto Legal en Chile, Vania Carolina Valenzuela Ibáñez y Felipe Parada Mendez- Sin duda el debate en Argentina mantuvo a todo el país atento y significó que, al calor de lo que estaba pasando allá, parlamentarios marcaron públicamente su posición favorable al aborto libre. La opinión pública comenzó a hablar abiertamente del tema en las calles, dentro de las familias y en lugares de estudios; todo esto de la mano de la ola feminista que atraviesa nuestro país durante estos días”.

 

En Ecuador, la victoria del feminismo argentino también tuvo un impacto inmediato.

 

“Nos dio una gran energía y una gran luz que Ecuador se vea en el espejo de Argentina, en esa movilización en las calles y en ese debate que ha sido de una pedagogía enorme. Y especialmente una luz y energía para las jóvenes, porque son ellas las que van a lograr la legalización del aborto”, contó Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, médica e incansable militante feminista de 61 años.

 

No hay dudas de que la media sanción en Argentina marcó un hito importante en América latina, una región en la que apenas dos países y una capital han legalizado el aborto: Cuba, Uruguay y Ciudad de México. Según las últimas cifras del Instituto Guttmacher, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva de esta parte del mundo viven en países con leyes de interrupción voluntaria del embarazo limitadas, es decir, que el aborto sólo está permitido bajo algunas causales como violación, malformación del feto o la vida en peligro de la madre, entre otras.

 

Las realidades son muy diversas y van desde los casos más represivos y asfixiantes hasta contextos más moderados, en los que de a poco se empieza a discutir una ampliación de los derechos de las mujeres.

 

El aborto está completamente prohibido en seis países de la región: República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua, Suriname y El Salvador. En este último, se penalizó por completo en 1998 y, al año siguiente, se reconoció la vida desde la concepción en la Constitución Nacional. “Se puso un candado para que nadie pudiese siquiera discutir este tema tan fundamental para la vida de las mujeres y, desde entonces, se consolidó una cultura incriminadora en la que no sólo las mujeres somos despojadas de la posibilidad de decidir, sino que además se activa un sistema de persecución en el Poder Judicial”, explicó Sara García, una de las militantes feministas que viene trabajando el tema en la Agrupación Ciudadana por de la Despenalización del Aborto en El Salvador.

 

“Llegamos al punto de que si una mujer llega al hospital con señales de un aborto espontáneo, se llama a la policía y se la judicializa. Nos despojaron incluso de la presunción de inocencia”, sentenció García y lo graficó con uno de los dos casos que el año pasado llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

En 2008, una mujer campesina de 33 años y madre de dos hijos, bautizada más tarde con el seudónimo de Manuela, sufrió un aborto espontáneo en su casa y su familia la llevó a un hospital público. Los médicos la recibieron y tomaron dos decisiones: detuvieron la hemorragia y la denunciaron. La Policía la esposó y arrestó cuando aún estaba convaleciente en la cama. Sin recursos para garantizarse una buena defensa, el juicio fue corto. Nunca pudo hablar con su abogado ni defenderse frente al juez y fue condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.

 

Recién cuando estuvo presa y su salud empeoró visiblemente, los médicos penitenciarios le diagnosticaron un cáncer linfático, la enfermedad que pudo haber sido la causa original de su aborto. Una vez más, Manuela no obtuvo la atención médica que necesitaba y cuando finalmente, después de más de un año, comenzó a recibir quimioterapia ya era muy tarde. Falleció presa en 2010.

 

 

La persecución y la criminalización es tan feroz en El Salvador que actualmente los esfuerzos de la organización de García se concentran en conseguir la libertad y la reducción de penas de las mujeres condenadas. La semana pasada lograron excarcelar a dos y otras 25 siguen tras las rejas.

 

Chile, en cambio, salió de la lista negra de los países que prohíben completamente el aborto el año pasado, en los últimos meses del segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet. En agosto, el Congreso aprobó una ley de despenalización en caso de inviabilidad del feto, riesgo de muerte de la mujer y embarazos producto de una violación.

 

“El aborto en tres causales fue el primer logro por el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, marcó un antes y un después porque durante mucho tiempo existió un bloqueo por parte de los sectores fanáticos que aún tienen un poco de influencia en nuestro Congreso”, recordaron los dos voceros de la campaña por el Aborto Legal en Chile.

 

El Tribunal Constitucional ratificó la nueva ley, pero declaró que las instituciones podían ser objetores de conciencia, no sólo los individuos. Apenas dos semanas después de asumir, el actual presidente Sebastián Piñera lo dejó sentado por decreto y habilitó que las instituciones privadas objetoras de conciencia continúen recibiendo fondos públicos por sus servicios obstétricos. La Contraloría General de la República, sin embargo, concluyó que esto era ilegal y el asunto quedó en un limbo que aún debe ser definido.

 

Mientras se define el tema fondos, el gran problema que enfrenta la despenalización limitada en el país vecino es el gran número de objetores de conciencia.

 

“Las cifras indican que de los 971 médicos obstetra de los hospitales públicos, 306 se han declarado objetores de conciencia, esta cifra equivale al 31% del total. En el caso de los anestesiólogos, de 257 sólo 39 se declararon objetores (15%). Sin duda este es el punto de partida para la lucha por el aborto libre, gratuito y seguro, la ciudadanía entiende que el desafío es seguir ampliando derechos”, agregaron Valenzuela Ibáñez y Parada Mendez.

 

Para la Coordinadora Feministas En Lucha, el problema es tan grande que “hay ciudades donde prácticamente todos los obstetras son objetores de conciencia”. “Hay una conciencia del Estado casi privatizado. No hay una conciencia del bien público”, advirtió Paola, una de las voceras de la coordinadora, que no apoyó la ley de despenalización de Bachelet porque sigue pidiendo una legalización total, la proclama con la que volverán a salir a las calles el próximo 25 de julio en la sexta marcha anual nacional.

 

En Costa Rica el movimiento feminista también demostró hace poco su fuerza en el ballotage presidencial y esa experiencia le hizo ganar confianza para animarse a empezar a luchar por una legalización más amplia del aborto.
“Desde el movimiento feminista ya no sentimos que estamos pidiendo aborto terapeútico. Ahora vamos con un discurso más tajante de aborto legal, aprueben o no aprueben la norma técnica del aborto. Para mi ya se trata de cuándo lo aprueben porque van a tener que hacerlo”, aseguró Laura Valenciano, una veterana activista y miembro de la Asociación Ciudadana Acceder.

 

En Costa Rica la única causal contemplada en el Código Penal se refiere a un peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer. Esta definición, sin embargo, no explica qué se entiende por salud y, por eso, hace más de 50 años que las feministas costarricenses luchan por reglamentar la ley.

 

En abril pasado, después de dos años de negociaciones, el movimiento parecía estar a punto de lograrlo, pero el entonces presidente Luis Guillermo Solís decidió dar marcha atrás y dio por muerto el diálogo. “La religión pesó más -lamentó Valenciano- Para nosotros fue un quiebre en la estrategia cuando el ex presidente dejó de negociar, estábamos pidiendo lo mínimo, salud y seguridad para la mujer”.

 

La sensación de derrota duró poco porque pronto y de manera sorpresiva la campaña presidencial dividió al país entre aquellos que apoyan los “valores tradicionales cristianos” y los sectores que defienden una ampliación de los derechos civiles, principalmente el matrimonio igualitario.

 

Una resolución de la Corte Internamericana de Derechos Humanos que ordenaba a sus Estados miembros, entre ellos Costa Rica, garantizar los derechos de la comunidad LGTB desató la ira del candidato evangelista Fabricio Alvarado, quien pasó de tener un 3% de intención de voto a ganar la primera vuelta con casi un 25%. Este resultado movilizó a todo el sector progresista, incluidas las feministas, y forzó al otro candidato y actual presidente, Carlos Alvarado, a acercar posiciones con sus nuevos aliados.

 

“El presidente actual prometió que no se echará para atrás ni avanzará. Va a aprobar la reglamentación técnica. El proyecto no es óptimo, pero es mejor que nada”, señaló Valenciano.

 

En Venezuela, en cambio, el estímulo para ir por más llegó de la mano del presidente.

 

Nicolás “Maduro fue al Encuentro Nacional de Mujeres (de octubre del año pasado) y nos dijo que el tema aborto debía ser debatido y presentado. Es un tema que ha sido invisibilizado por el gobierno y los movimientos sociales, pero ahora ha cogido un vuelo terrible”, relató Taroa Zúñiga Silva, una miembro de la Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS).

 

La semana pasada un grupo de feministas presentó un pedido formal ante la Comisión de Mujer y Género de la Asamblea Nacional Constituyente -una institución dominada completamente por el chavismo y desconocida por la oposición- y pidió modificar el artículo de la constitución que garantiza la protección de la vida desde la concepción. Además, exigieron que el Estado pase de proteger el derecho actual de los venezolanos a decidir cuántos hijos tienen a defender su decisión de no tener hijos.

 

“Si esto se modifica, el artículo 4 del Código Penal que penaliza el aborto (excepto en casos que peligra la vida de la mujer) sería inconstitucional”, explicó Zúñiga Silva y agregó que, si su propuesta avanza, le pedirán a la Constituyente que agregue un apartado de salud para legalizar el aborto hasta la semana 12, con la opción de ampliar el período en caso de violación o de que la mujer sea menor de edad.

 

La comisión de la Constituyente ya aprobó su primer pedido y ahora debe elevarlo para que sea votado en el pleno, donde se verá si el tema divide al heterogéneo frente chavista.

 

En tanto, en Ecuador, la lucha por ampliar las causales para el aborto legal renació tras el cambio de gobierno y la ruptura del ex presidente Rafael Correa con su heredero, Lenin Moreno.

 

Desde hace décadas, en este país andino el aborto sólo es legal cuando la vida o la salud de la mujer esté amenazada o en el caso de una violación a “una mujer disminuida psíquica o demente”. En 2013, organizaciones feministas trabajaron para aprovechar la modificación del Código Civil e incluir una tercera causal: violación. Juntaron los votos necesarios, pero cuando una legisladora oficialista anunció la propuesta, Correa amenazó con renunciar si no la retiraban. La presión del mandatario fue tal, que la asambleísta dio marcha atrás.

 

“Desde entonces, las organizaciones y fundaciones feministas han fortalecido su presencia en los medios para pedir la despenalización del aborto en el marco de la visibilización del grave problema del embarazo de niñas”, explicó Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío. Entre 2013 y 2016, el medio digital ecuatoriano Wambra estimó que 8677 niñas menores de 14 años parieron producto de violencia sexual. “El Estado ecuatoriano es cómplice del violador. Encubre y viola los derechos de las niñas. La única respuesta que les da es continuar con el embarazo”, concluyó la militante feminista.

 

Tras la ruptura entre Correa y Moreno, De la Torre y otras activistas volvieron a la carga.

 

“La semana próxima la Defensoría Pública va a presentar una nueva propuesta para despenalizar en caso de violación. Además, hay una asambleísta que también está introduciendo una propuesta similar. Hay un ambiente relativamente positivo, no existen los 72 votos necesarios, pero hay como 60. Estamos trabajando para conseguir los votos que faltan”, explicó.

 

En cada país, el movimiento elige una estrategia, analiza sus tiempos y desafíos, y elige sus pañuelos de manera diferente. En Brasil siguen intentando frenar el proyecto de ley que busca criminalizar todas las causales del aborto y que recibió media sanción el año pasado, mientras que en México la estrategia es federal y apunta a conseguir la legalización un estado a la vez.

 

En todos los países, las militantes, activistas y dirigentes feministas coinciden en que todavía queda mucho camino por andar y muchas peleas por dar. Pero, como Argentina demostró, existe esperanza.

 

 

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