La vida política de Paraguay suele resumirse en Argentina con una frase simplista: siempre gobierna el mismo, el Partido Colorado. A conciencia o por inercia, medios, políticos, influyentes analistas y gran parte de la sociedad desconoce la historia y la actualidad de uno de sus cincos vecinos directos, socio del Mercosur, país de origen de más de un millón y medio de inmigrantes registrados en la provincia de Buenos Aires y copropietario de una de las fuentes más importantes de la matriz energética nacional. Por eso, la semana pasada pasó casi desapercibida la asunción de un nuevo y joven presidente, hijo predilecto de la vieja y conservadora derecha, que se suma a los pedidos regionales para reforzar la seguridad de las fronteras y, en un giro sin demasiadas explicaciones, aceptó pagar una deuda millonaria por la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá que muchos denuncian como espuria en su país y que el gobierno de Mauricio Macri negoció con su antecesor.
El nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez, más conocido como Marito -un apodo que le sirve al dirigente de 46 años para diferenciarse de su padre, el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner durante décadas-, no comenzó con la tradicional luna de miel con la oposición, ni siquiera con su propio partido. Los colorados tienen la tradición de terminar las primarias presidenciales, por muy virulentas que sean, con un abrazo republicano de los dos principales candidatos o líderes en disputa. Un símbolo de unidad partidaria que debe marcar el tono de la campaña electoral y el futuro gobierno.
En diciembre pasado, Marito se abrazó con el entonces presidente Horacio Cartes, pero el gesto, aunque muy esperado, no alcanzó para volver a unir al oficialismo. “Hace sólo unos días que Mario Abdo asumió y en Paraguay ya se habla de un problema de gobernabilidad”, advirtió a Zoom Magdalena López, investigadora de CONICET y coordinadora del grupo de estudios sociales en Paraguay en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA.
Hubo tensiones entre el flamante presidente y su antecesor a lo largo de la campaña, pero la división recién quedó patente la semana pasada cuando todo el movimiento cartista, oficialmente denominado Honor Colorado, no participó de la toma de posesión de Abdo Benítez y lo anunció en la víspera casi con una declaración de guerra. “Fuimos muy manoseados, denigrados, humillados y traicionados. No solamente nosotros, también todo el electorado. (…) El presidente Horacio Cartes ya tuvo demasiados gestos generosos hacia Mario Abdo Benítez y el Movimiento Colorado Añetete, pero del otro lado solamente recibió traición y maltratos”, sentenció ante la prensa el presidente del Partido Colorado, el diputado Pedro Alliana.
En su discurso del día siguiente, el flamante presidente le dedicó unas palabras a Cartes y su lucha actual para jurar como senador pleno y no como vitalicio, sin voto ni peso para el quórum, algo que la Justicia autorizó pero que los aliados del mandatario y la oposición bloquearon en la cámara alta: “Hoy he jurado ante ustedes, ante la patria, que al final de mi mandato seré senador vitalicio para, con el ejemplo, mostrar que nadie puede estar por encima de la República. Nadie puede estar por encima de la Constitución y de nuestras leyes”.
La disputa entre el flamante presidente y su antecesor no es programática.
“Este es un gobierno conservador de derecha, como el de Macri en Argentina, (Michel) Temer en Brasil y (Sebastián) Piñera en Chile”, explicó a Zoom el senador Víctor Ríos, de la principal fuerza opositora, el Partido Liberal; mientras que Leonardo Rubin, el ex candidato a vicepresidente de la alianza entre los liberales y el Frente Guasú del ex presidente Fernando Lugo afirmó que “el nuevo gobierno es muy parecido al que se fue, aunque un poco más conservador y clientelista”.
Se trata más de una diferencia de estilos de liderazgo que de contenido de políticas públicas. “Cartes tiene un discurso tecnocrático, representa más la idea de la modernización del partido de la mano de los técnicos”, explicó López y recordó algunas designaciones de ministros por fuera del Partido Colorado que tuvieron gestiones “no tan malas”.
“Abdo, en cambio, viene más de la mística del partido, del coloradismo tradicional, nacionalista, con líderes caudillescos. Tiene un discurso partidocrático y, por ejemplo, puso como ministro de Obras Públicas, un cargo clave en el país, a un doctor en Teología, ex pastor evangélico y un antiquísimo líder colorado muy poderoso en una parte del país”, agregó.
El flamante presidente no sólo arrancó su mandato con una lucha intestina en el oficialismo, sino también con un frente opositor unido en el Congreso y en las calles entorno a algunas causas nacionales, como Yacyretá y una posible reforma constitucional.
Abdo Benítez recibió un país que viene creciendo de manera más o menos sostenida desde hace una década. En los últimos tres años, el crecimiento osciló entre el 4,7% y el 5,3%. Para 2018, el FMI estima que el PBI podría sumar otro incremento de 4,5%. En paralelo, la pobreza disminuyó, pero a un ritmo mucho más lento. Un informe de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos paraguaya informó el año pasado que alrededor de 1,8 millones de personas -el 26,4% de la población- vive por debajo de la línea de la pobreza.
“El problema de la distribución de la tierra es la grieta de Paraguay”, resumió la investigadora argentina.
Según un informe de Oxfam del año pasado, el 90% de la tierra en Paraguay está en manos de 12.000 grandes terratenientes, mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores. “Yo vengo del mundo ambientalista -explicó Rubin, el ex candidato a vicepresidente y periodista- y puedo afirmar que Paraguay es uno de los países más deforestados del mundo. Se deforesta para cultivar soja y criar ganado, en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas que son desplazadas a asentamientos (villas) en el conurbano de Asunción, por ejemplo”.
“Vivimos una crisis de pobreza”, concluyó el dirigente luguista y pronosticó que el nuevo gobierno no intentará imponer impuestos a las exportaciones de bienes primarios como la soja y la carne, algo que su fuerza reclama.
Por el contrario, en sus primeros días en el poder Abdo Benítez continuó o ratificó algunas de las iniciativas del gobierno anterior que eran más resistidas por la mayoría de la oposición -como el nuevo acuerdo sobre Yacyretá y la reforma del sistema jubilatorio para poder disponer de los fondos con más discrecionalidad- y relanzó proyectos frustrados como la reforma constitucional, una caja de pandora que potencialmente incluye puntos tan sensibles como una reforma del Poder Judicial, la habilitación de la reelección presidencial y el debilitamiento de derechos sociales conquistados.
La gran incógnita es si la interna colorada frenará las iniciativas políticas del nuevo gobierno. El Senado es la cámara donde se cocinan los consensos y las confrontaciones en el Congreso, y el gobierno está lejos de tener una mayoría propia.
Los colorados tienen 16 bancas, pero sólo siete responden a Abdo Benítez y dos están dispuestas a colaborar. Otros ocho senadores liberales y tres de otras fuerzas también podrían votar junto al oficialismo. Este entramado de alianzas, que depende de la evolución del contexto político y de los temas en discusión, no alcanza, sin embargo, para sumar las 23 bancas necesarias para aprobar los proyectos de ley.
La oposición, por su parte, está discutiendo la posibilidad de mantener la alianza creada entre un sector del Partido Liberal y el Frente Guasú para las últimas elecciones e, inclusive, ampliarla a otras fuerzas progresistas más chicas. En principio, sumarían unas 13 bancas, una cifra insuficiente para ser mayoría, pero no para obstaculizar proyectos de ley, si los colorados se mantienen divididos.
Para el líder luguista Rubin, la primera victoria de esta alianza en el Senado fue evitar la jura de Cartes como senador pleno. Pero el optimismo es limitado porque unos días antes de asumir el nuevo Congreso, esta alianza opositora tuvo una prueba de fuego con el tenso debate alrededor del acuerdo conocido como Macri-Cartes para modificar partes del tratado de Yacyretá. Esa votación terminó en derrota para la oposición y demostró que la división colorada no es absoluta.
El ex presidente Cartes introdujo el “Acuerdo por Notas Reversales para el ordenamiento económico y financiero de la Entidad Binacional Yacyretá entre Paraguay y Argentina” en el Congreso en junio pasado, a dos meses de dejar el cargo, y presionó para que el Senado lo votara antes del final del mandato de los legisladores, exactamente cuatro días antes.
Toda la bancada colorada y los liberales aliados del oficialismo aprobaron reconocer una deuda de unos 4.000 millones de dólares de la Entidad Binacional Yacyretá al Tesoro argentino, que cada gobierno debe pagar en partes iguales a 30 años, en el caso paraguayo financiado por Argentina.
Cartes presentó el acuerdo como una victoria para el pueblo paraguayo ya que el cálculo inicial del gobierno argentino sostenía que la deuda era de alrededor de 19.000 millones de dólares. Pero su argumento no convenció ni a la mayoría de la oposición ni a una parte importante de la sociedad civil que comenzó a movilizarse y aún continúa haciendo escuchar su rechazo con protestas y escraches en las calles.
“Para nosotros la deuda es cero, pero ¿por qué el Senado, el presidente Cartes y el presidente electo van a aceptar una cifra que sale de una auditoría de los argentinos, no de los paraguayos?”, cuestionó la senadora opositora Desirée Masi durante el tenso debate en la cámara alta. En diálogo con Zoom, el senador Ríos agregó: “Ninguna institución paraguaya tiene antecedentes y documentos que demuestren la existencia de la deuda que reclama Argentina”.
Además de cuestionar la credibilidad de los cálculos argentinos, la oposición destacó la asimetría en el usufructo de Yacyretá y las condiciones beneficiosas para Buenos Aires.
El acuerdo aprobado y promulgado en Paraguay -y que debe entrar en el Congreso argentino el próximo mes- establece que los dos Estados tienen que pagar las deudas en partes iguales aunque Asunción apenas utiliza un 5 ó 6% de la energía producida en la represa. También mantiene el principio de compensación por cesión de energía. Según este principio, si uno de los Estados no utiliza el 50% de la energía que le corresponde está obligado a vender a precio preferencial la energía sobrante al otro socio. El nuevo texto no habilita a Asunción a vender la energía excedente a precio de mercado a terceros o a Buenos Aires -como reclamaba la oposición-, sólo otorga un 20% de aumento a ese precio preferencial.
La aprobación de esas condiciones y el reconocimiento de una deuda millonaria generaron un repudio generalizado en Paraguay.
“El 80% del territorio inundado con la represa es paraguayo, el 20 es argentino. ¿Qué se hizo para revertir esta desigualdad? Se decidió que Argentina invierte más dinero y Paraguay menos, porque además no tiene recursos para invertir, tiene los recursos naturales, pero no el dinero. Y, ¿por qué no tiene el dinero? Porque la economía crece pero el Estado no recauda impuestos. Porque la economía crece de la mano de los privados, pero el Estado no les cobra impuestos porque así dice atraer capitales internacionales”, explicó la investigadora del CONICET.
“La exportación de energía hidroeléctrica le significó a Paraguay resignar su propio desarrollo. -agregó López- En el país todas las líneas eléctricas son pobres, colapsan y la luz vive cortada. Paraguay está exportando lo que necesita, no lo que le sobra.”
Tras perder en el Senado, el liberal Ríos presentó un proyecto de ley para derogar la ley recién aprobada. Su iniciativa entra en el Congreso en los próximos días y por ahora todo indica que los colorados volverán a unirse alrededor de este tema, por eso, sus aliados del luguismo están estudiando posibles denuncias internacionales, según adelantó el ex candidato a vicepresidente, Rubin.
Abdo Benítez no está interesado en revivir el debate sobre Yacyretá, especialmente después de que cambió de opinión sin dar demasiadas explicaciones. Ahora, en cambio, decidió iniciar su mandato con una apuesta fuerte y convocó a una mesa nacional para discutir una posible reforma constitucional.
La posición de los liberales opositores y del Frente Guasú en este tema es unánime: no se sentarán a discutir nada hasta que se reforme el sistema electoral, se agreguen controles para los comicios y se defina qué partes de la Constitución se van a modificar.
“En estas condiciones no podemos ir a elecciones (para elegir constituyentes). Consideramos que fuimos víctimas de un fraude sistemático que nos costó la derrota”, aseguró Ríos, en referencia a la ajustada victoria de Abdo Benítez por menos de 4% de los votos. Rubin también cuestionó los comicios de este año y adelantó que el frente opositor está discutiendo cómo unificar distintos proyectos de ley. “Queremos que haya más controles. Hoy las papeletas se tiran al día siguiente del escrutinio y no hay posibilidad de reconteo más allá de las actas firmadas por los fiscales de los partidos. También queremos un cambio en la financiación electoral y que el transporte sea gratuito durante los comicios”, contó el ex candidato a vicepresidente luguista.
Lo que no está tan claro es cuál será la posición de estas fuerzas frente a la reelección presidencial, una propuesta que el ex presidente Lugo apoyó el año pasado y que alimentó el descontento popular hasta las manifestaciones masivas de finales de marzo de 2017, que terminaron con parte del Congreso en llamas, un militante liberal opositor asesinado por la Policía y el fracaso definitivo de una sesión parlamentaria de dudosa legalidad.
