“Una lucha de indígenas y campesinos”

En una entrevista concedida en exclusiva a la agencia estatal de noticias Télam, el ministro de Minería de Bolivia, Guillermo Dalence, explicó al enviado especial Jorge Lewinger cómo serán los próximos pasos hacia la nacionalización de la minería y que al asumir el gobierno el presidente Evo Morales «encontramos a la minería destruida en 20 años de sistema neoliberal». «La (estatal) Corporación Minera Boliviana (Comibol) había sido desmantelada y echados a la calle sus 27 mil trabajadores (1985). Los yacimientos más ricos fueron cedidos a empresas trasnacionales y, sobre todo, a la que era del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Comsur (Corporación Minera del Sur)».

El ex minero y dirigente sindical del hoy gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) agregó que «los yacimientos no rentables fueron entregados a los trabajadores para que se organizaran en cooperativas y subsistiesen como podían, además con precios internacionales bajos. Fue una etapa muy dura para esos compañeros».

«Las minas mecanizadas dejaron de serlo, porque los cooperativistas no podían pagar ni la electricidad. El índice de accidentes en las minas fue elevado, hubo muchos fatales y no hay registros de esto. También quebró y cerró el Banco Minero de Bolivia destinado a financiar la actividad y se cerró el organismo de geología para prospección y exploración de nuevos yacimientos», agregó.

Según el ministro, «el sistema de comercialización quedó bajo el control de la empresa privada, hoy agrupada en la Cámara de Exportadores. Por varios mecanismos, los comercializadores abultan sus ingresos en perjuicio de los productores chicos y los cooperativistas».

«El sistema impositivo quedó reducido a su mínima expresión en el Código de Minería redactado por Sánchez de Lozada y totalmente adecuado a su empresa Comsur. Él era el principal productor de zinc, plomo y plata, que suelen aparecer juntos, y por eso esos minerales pagaban muy bajos impuestos», dijo.

Ejemplificó que en 2006 Bolivia exportó minerales por 1.000 millones y con aquel esquema fiscal aún vigente sólo cobró 58 millones de dólares en Impuesto Complementario a la Minería (ICM) y a la Utilidad de las Empresas (IUE).

El funcionario consideró que lo justo sería, evaluando que 40% de esas exportaciones fueron costos de producción, que el Estado boliviano reciba 300 millones de dólares.

Pero Dalence recordó que «la destrucción de la minería» que se produjo en 1985, «también fue sufrida por Bolivia en 1900 y en 1850 y lo mismo ocurrió con el petróleo, con el caucho en el oriente y con todos nuestros recursos naturales» saqueados.

«En 1995 se gestó lo que hoy es el MAS en el Chapare, en defensa de la hoja de coca, luego se produjo la ‘guerra del agua’ en el 2000, en Cochabamba, y en el 2003 la ‘guerra del gas’ que echó a Sánchez de Lozada», recordó.

Según el ex minero, esa historia marca «el crecimiento de la conciencia popular que se manifestó en el inédito triunfo electoral de Morales, con más del 53% de los votos, el 18 de diciembre de 2005, y también define el mandato de este gobierno de recuperar todos los recursos naturales».

El ministro de Minería, Guillermo Dalence, dijo hoy que la nacionalización del sector no será «un paquete sino un control estatal progresivo» y que se cree que el ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada sigue siendo el dueño de sus empresas mineras, a las que sólo le cambiaron el nombre, por lo que estudian cómo recuperarlas.

Sostuvo que lo más urgente es subir los impuestos hoy irrisorios y hechos a la medida de la Corporación del Sur (Comsur) de Sánchez de Lozada, derrocado durante la rebelión popular de octubre de 2003, conocida como la «Guerra del Gas». También señaló que el objetivo del gobierno es, a través de las modificaciones impositivas, compartir por mitades la ganancia minera con las empresas privadas.

Dalence, un ex minero, dirigente sindical y directivo de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), liquidada en 1985 con el despido de sus 27.000 trabajadores y la privatización de sus yacimientos, ahora se propone recuperar y fortalecer esa empresa para que intervenga en toda la cadena minera, comenzando con el control de la comercialización del oro y el estaño.

«Estamos estudiando, queremos saber si las empresas del ex mandatario fueron vendidas o están en manos de testaferros. Pero el pueblo boliviano percibe que sólo le cambiaron de nombre y el propietario sigue siendo Sánchez de Lozada», afirmó.

En el caso de la fundición Vinto, la más importante del país, transferida al defenestrado ex presidente, «hay un clamor popular para que retorne a manos del Estado, veremos cómo hacerlo», dijo.

Dalence reconoció que «aún hoy el Estado boliviano no tiene información de cuánto se produce en cada departamento, ni si es minería chica, cooperativa… No sabemos cuánto se produce de oro, pero los compañeros que trabajan en eso reconocen que mucho se contrabandea a Perú. La producción de Perú es unas 100 toneladas anuales de oro, mucho de eso es de Bolivia».

Pero el ministro también admitió que el gobierno del presidente Evo Morales se equivocó cuando apostó inicialmente al sector de los cooperativistas mineros al que se le dio el Ministerio de Minas y todo terminó en un sangriento conflicto con los asalariados de la estatal empresa Huanuni, en octubre pasado, con un saldo de 16 muertos y varios heridos.

«Yo creo que sí» hubo un error de parte del gobierno, «aunque no se lo dice de manera textual, pero se asume el error y estamos tratando de enmendarlo», respondió el funcionario a una pregunta, al recordar el conflicto que supuso la destitución del ex ministro Walter Villaroel, reemplazado por el propio Dalence.

«Los compañeros no tuvieron la capacidad de plantear al Estado y la sociedad boliviana un proyecto cooperativo y en consecuencia generaron conflictos como el que se produjo en Huanuni», dijo.

Agregó que «en medio de todo eso se movían ideas políticas de desestabilización del proceso de cambio, sectores interesados en que no avance la solución del conflicto».

El ministro explicó que entonces el gobierno propuso «una sola entidad estatal (en Huanuni) y que los 4.010 cooperativistas pasasen a ser asalariados», lo que ya se hizo.

Aclaró, sin embargo, que «esto no es una campaña contra los cooperativistas. En el resto de las cooperativas vamos a ser agresivos en su apoyo. Pero las cooperativas tienen que ser tales y no un disfraz de pequeñas empresas que tienen peones en condiciones inhumanas de trabajo».

Respecto de la Central Obrera Boliviana (COB), que hoy preside el dirigente minero Pedro Montes, quien suele efectuar duras críticas al gobierno, Dalence dijo que «me sorprende que algunos compañeros hayan perdido la capacidad de ubicarse políticamente frente a un proceso de cambio» como el que vive Bolivia.

Señaló que la COB defiende un «espacio, pero sin fijarse que perdió mucha representatividad, precisamente por no sumarse» a la revolución democrática y cultural que propone el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la Coordinadora Nacional por el Cambio, integrada además por agrupaciones sociales afines.

«Hay discursos como el del compañero Montes, antes el de Jaime Solares, o en algunas centrales obreras departamentales (provinciales), de que la clase obrera sigue siendo vanguardia, pero no es así, no es objetivo. La lucha por los cambios la están llevando los indígenas y campesinos», enfatizó el ex minero, como sentando una nueva premisa.

A continuación recordó que la COB decidió no participar de la Asamblea Constituyente y fue crítica de las marchas de campesinos e indígenas que presionaron y lograron que el Congreso aprobara una nueva ley de tierras.

Se le recordó al ministro que el gobierno festejó cuando fue elegido Montes al frente de la COB, en sustitución de Solares, quien tenía un pasado contradictorio y hasta había tenido posturas golpistas, a lo que respondió, como quien formula una autocrítica, «no todo lo que reluce es oro».

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