Esa escena, ocurrida durante la mañana del 24 de julio en el Centro de Comando y Control del Ministerio de Seguridad, fue sublime.
El lugar estaba lleno de periodistas.
La expresión facial de Patricia Bullrich era la habitual: mirada huidiza y dientes apretados. Hasta que, de pronto, en su semblante afloró un destello de ternura. Sí, de ternura, cuando dijo:
–Quiero transmitirles algo que me contó Maxi…
Se refería al tipo de aspecto entre circunspecto y abatido que estaba junto a ella. Era el comisario inspector retirado de La Bonaerense, Maximiliano Iván Bondarenko, cuya candidatura a diputado encabezará la nómina libertaria de la Tercera Sección Electoral en las urnas provinciales del 7 de septiembre. Pero semejante logro se vio súbitamente sacudido por el pase a disponibilidad de 24 oficiales de dicha fuerza vinculados a su proyecto político, nada menos que por tejer desde las sombras un presunto “golpe institucional”.
La ministra, entonces, disparó:
–No es como dicen. Maxi solo se juntó con ellos para comer un asado; la policía de la provincia es una gran familia…
Y fue muy precisa al explicar que aquel asado se había hecho “en el hogar de un oficial en actividad que es padrino del hijo de Maxi, siendo él. por su lado, padrino del suyo”.
En ese instante, Bondarenko rompió en llanto. Conmovedor.
La terminal del Partido Policial
Lo cierto es que Sebastián Pareja, el armador de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, no mostró su beneplácito ante el protagonismo de Bullrich en la defensa del comisario-candidato.
Es que ella se había colado en el asunto por la ventana. Y sus efectos ya estaban a la vista. Bien vale reparar en esto.
Ni bien caían en desgracia los 24 apóstoles de Bondarenko, la ministra se le pegó a ese individuo como un chicle para reivindicar su buen nombre y honor, además de solidarizarse con los uniformados que lo apoyaban.
Eso dejó a la intemperie algo que, hasta entonces, era un secreto guardado bajo siete llaves: la cartera que ella conduce era la terminal de las maniobras en cuestión, dado su fluido lazo con Bondarenko, así como supo admitirlo no sin incurrir en un desliz: “Hacia tiempo que con Maxi venimos trabajando codo a codo”. Sinceridad Brutal.
No contenta con eso, también fustigó al gobernador Axel Kicillof en las redes sociales. “Es un inútil; está a favor de los delincuentes y odia a la policía”.
Claro que el remate de aquella frase, lejos de consumar el efecto deseado, desnudó, en realidad, su vidrioso vínculo con las fuerzas bajo su mando.
En tal sentido, únicamente basta con poner en foco a la Policía Federal, cuyos efectivos perciben un sueldo que no llega a la mitad del que se gana en la Policía de la Ciudad, cuando, hace casi dos años, ambos salarios eran parejos.
Eso se ve reflejado en sus pedidos de baja: 500 en 2024 y 270 en lo que va de 2025. Un récord histórico, ya que los registros anuales previos no pasaban del medio centenar.
A eso se le suma el desplome de la obra social, con una gran cantidad de servicios que ya no funcionan y farmacias que dejaron de atender a los policías, mientras el Hospital Churruca está en ruinas.
El momento más dramático de esta situación ocurrió el 5 de julio, luego de que al oficial escribiente Alejandro Tijerina le negaran allí la medicación oncológica que necesitaba para mitigar sus dolores.
Hubo quienes, ese sábado, lo vieron ir hacia un baño del nosocomio. Un minuto después se oyó el estampido de un disparo.
Este suicidio aún se comenta en los pasillos de la fuerza.
Cabe aclarar que los gendarmes y prefectos no la pasan mejor.
Esa es otra de las tantas caras ocultas de la ministra, quien se jacta una y otra vez –según sus palabras– de “cuidar a quienes nos cuidan”.
Pero volvamos al “affaire Bondarenko”.
Todo surgió a raíz de una denuncia anónima recibida en la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, confirmada luego con el secuestro de profusos elementos de prueba: mensajes de WhatsApp, misivas con membrete de La Libertad Avanza (LLA) halladas en computadoras de las sedes policiales en cuestión y videos. Sobre todos estos elementos ya corrieron ríos de tinta al ser incorporados a la causa por el fiscal Álvaro Garganta.
Los complotados tenían por bases las dependencias de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas.
Según la pesquisa, el lugarteniente de Bondarenko es el comisario mayor Martín Ortíz Valenzuela, secundado por cuatro comisarios inspectores, cuatro comisarios a secas, seis subcomisarios, un oficial principal y ocho subalternos.
No es un detalle menor que, desde el 26 de julio –cuando este lote ya se encontraba en capilla–, el bueno de Bondarenko se esfumó de todos los lugares que solía frecuentar, y aún no se sabe su paradero.
¿Acaso no tendría que estar ya ocupado en su campaña o los jerarcas de LLA lo corrieron de la escena hasta que la tormenta se disipe?
Por lo pronto, Bullrich también interrumpió repentinamente su gesta en favor de los policías acusados. Y ahora solo se muestra disfrazada de cowgiril para cabalgar junto a Kristi Noem, la polémica funcionaria norteamericana que se especializa en deportar inmigrantes.
Patricia suele alternar sus pulsiones punitivas con tales extravagancias.
Pactos escritos con sangre
A raíz de este caso, hubo quienes sostienen que La Bonaerense siempre fue una fuerza “muy politizada”.
De ser realmente así, su estructura sería una usina de dirigentes volcados a la función pública a través del proselitismo y el voto. Pero, durante las últimas décadas al menos, solo hubo dos comisarios que recorrieron ese camino: Luis Patti (quien entre 1995 y 2003 fue intendente de Escobar, antes de su condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura) y Guillermo Britos (el actual intendente de Chivilcoy).
O sea, muy pocos como para corroborar esa tendencia.
En el aspecto corporativo, tampoco se advierten preferencias partidarias entre su sus “porongas”. Y ninguna cúpula se abrazó a una gestión de gobierno por alguna afinidad ideológica. De hecho, eso iría en desmedro de la dinámica recaudatoria que, a todas luces, es la razón primordial de su existencia.
“Profesionalismo puro”, en el peor sentido de la palabra, subordinado a las reglas del –diríase– de “mercado”.
Entonces, ¿cómo diablos se articula el lazo institucional entre los popes de esa mazorca y sus autoridades políticas de turno?
Pues bien, a través de un pacto: vista gorda ante los negocios sucios de la fuerza, a cambio de exhibir su presencia en las calles para así instalar un ilusorio clima de orden. Y si tal acuerdo no se cumple, la venganza será terrible.
Eso, por cierto, bien lo supo el fiscal federal Carlos Stornelli, quien, entre 2007 y 2010, fue ministro de Seguridad durante la gestión de Daniel Scioli.
En resumen, ese hombre con rostro perruno y sobrepeso se llevó puesto de un plumazo la reforma policial efectuada por su antecesor, León Arslanián, ya que les restauró a los “Patas Negras” –como se les llama a los efectivos de La Bonaerense– las atribuciones que habían tenido en sus épocas más picantes. De modo que, entre los policías y él, parecía haber un romance.
En tanto, aumentaban los casos de gatillo fácil y torturas en comisarías, a la vez que él accedía a las más antojadizas demandas de los uniformados. No obstante, sólo le bastó realizar un enroque en Prevención del Delito Automotor (una caja codiciada) para que ellos le declararan la guerra. Y con una simpleza terrorífica: tres cadáveres fueron arrojados –en sentido figurado, desde luego– sobre su escritorio. Eran mujeres de clase media, malogradas –presuntamente– en ocasión de robo.
La tecla de las “zonas liberadas” era infalible para amaestrar ministros.
El pobre Stornelli entendió el mensaje y se apresuró a renunciar, antes de poner los pies en polvorosa en dirección a la CABA.
Nunca más volvió a cruzar la avenida General Paz.
Desde entonces han transcurrido tres lustros. Y la historia es otra.
Pero La Bonaerense –tal como lo sostienen Bondarenko y Bullrich– sigue siendo “una gran familia”.
