La experiencia de los trabajadores de Indugraf, Febatex-Filobel y Envases del Plata, entre otras, muestra una robusta matriz de acción de la patronal al momento de cerrar empresas con el argumento de la crisis: retraso en el pago de salarios, cese en los aportes jubilatorios, suspensiones, despidos progresivos y vaciamiento.
El paquete de medidas anticrisis elaborado por el gobierno nacional fue pensado y diseñado con el fin de estimular tanto la producción industrial como el consumo, principalmente de autos y electrodomésticos. El paquete de $ 13.200 millones llega desde el Estado para prevenir los efectos de la crisis económica mundial y pone como condición que las empresas beneficiarias se comprometan a no echar personal.
Mientras tanto, la gran mayoría de la población trabajadora que no puede pensar en comprarse un cero kilómetro o en cambiar la heladera es testigo de cómo la inflación se devora el poder adquisitivo de sus salarios. Los reclamos en contra de las suspensiones, adelantos de vacaciones y despidos son innumerables; los sindicatos combativos pretenden abrir paritarias en febrero y está volviendo a aflorar un fenómeno que tuvo su ápice en 2001: el proceso de recuperación de fábricas.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, impulsa la política de que los sindicatos acepten suspensiones y rebajas salariales para evitar despidos, con el consentimiento de la CGT. Al parecer, para los trabajadores, ese sector ajeno a los altisonantes anuncios anticrisis y a los planes de salvataje, la crisis ya habría llegado.
Tirando el lastre
La experiencia que vivieron los trabajadores de Indugraf, Febatex-Filobel y Envases del Plata, solo por nombrar algunos de los casos más recientes, muestra una robusta matriz de acción de la patronal al momento de cerrar empresas: retraso en el pago de salarios, cese en los aportes jubilatorios, suspensiones amparadas en un supuesto Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), imposición de trabajo en negro a la planta de trabajadores, despidos progresivos y vaciamiento total de la empresa, entre otras tretas.
La fórmula es sencilla y las cuentas cierran fácilmente. Con el proceso en marcha, los responsables de dar la cara por salarios atrasados e indemnizaciones por despidos brillan por su ausencia y los trabajadores terminan en la calle. Las presentaciones judiciales en los tribunales pertinentes contra empresas fantasma forman una montaña de papeles, mientras los testaferros tramitan una futura puesta en marcha del “nuevo” emprendimiento, cambio de firma mediante, y con el aval del Estado.
Al momento de aplicar esta receta, los dueños de la fábrica Febatex-Filobel, ubicada en la calle Rodolfo López 1706 de Quilmes, hicieron los deberes y aprobaron con 10.
Perteneciente al rubro textil, unos 120 operarios trabajaban allí en la elaboración de lonas para usos industriales y todo tipo de hilos de algodón para confección de telas. Hace un año y medio, los trabajadores comenzaron a sufrir una serie de incumplimientos por parte de la empresa: falta de pago, sueldos atrasados y cese de aportes jubilatorios. Luego llegó el turno de las cesantías graduales de personal hasta que sólo quedaron 35 operarios en la planta. “Las razones de los despidos fueron atribuidas a la crisis del campo y más tarde a la crisis internacional, pero solo eran explicaciones vagas, nunca se las justificó seriamente”, nos cuenta Eduardo, delegado despedido hace cuatro meses.
La última tanda de despidos dejó a solo 10 trabajadores dentro de la planta. Esto, más la corroboración de que el PPC nunca había sido tramitado por la patronal ante el Ministerio de Trabajo, y que los propietarios nunca concurrieron a las reuniones convocadas por el ministerio, llevó a que los principales acreedores de la empresa tomaran la planta para evitar el próximo paso de este manual del buen empresario: el vaciamiento total de la misma.
Actualmente, unos treinta trabajadores acampan en las instalaciones, sin un centavo en los bolsillos desde hace cuatro meses. Afirman que la deuda que Mario Federicci —docente de abogacía en la UBA— mantiene con los trabajadores asciende a 1,5 millones de pesos.
Considerando que ni Federicci ni sus abogados concurrieron ante los llamados del ministerio, los trabajadores comenzaron los trámites para conformar una cooperativa, presentaron el pedido de expropiación en la provincia de Buenos Aires y pretenden, de esta manera, mantener la fuente de trabajo poniendo el proceso de producción en sus manos.
Tan cerca, tan lejos
Envases del Plata, un pequeño taller ubicado en Peña 221 de Bernal, fabricaba envases de polietileno para conocidas marcas, con la particularidad de estar ubicado a solo metros de la residencia del Ministro de Economía Carlos Fernández.
“La señora del ministro se enojó conmigo porque le dije a una revista que él no se preocupaba por nosotros”, nos cuenta René. “La verdad que fue un buen vecino durante 15 años, pero ahora no le importa lo que está pasando enfrente de su casa” continúa.
La fórmula aplicada para vaciar empresas también llegó hasta el barrio del ministro y se había cumplido a la perfección hasta que la ocupación de las instalaciones por parte del personal despedido impidió el retiro de las maquinarias.
En la actualidad, los 25 trabajadores abandonados por la patronal han conseguido un préstamo, con el cual adquirieron materia prima para retomar la producción. Estiman que vendiendo todas las maquinarias no alcanzarían a reunir el dinero necesario para pagar las deudas que la empresa tiene con ellos, por lo que también se plantean la conformación de una cooperativa y el pedido de expropiación.
Casos parecidos se dieron en Capital Federal en las gráficas Indugraf, Talleres Unión de Parque Patricios y en el Frigorífico Torgelón, ubicado en el barrio La Paternal, con la particularidad de que los dos últimos han comenzado a producir en manos de sus trabajadores.
La crisis capitalista, al parecer, ya habría llegado y los principales afectados no serían los empresarios. Como pasó en el Titanic, los salvavidas estarían disponibles solamente para quienes viajan en primera clase.