Un tiro para el lado (de adentro) de la justicia

Es un poder del que poca gente habla y uno de los últimos ghetos de privilegios, pero en la Justicia Argentina algo cambió a partir de un histórico fallo. Hoy ya no es noticia la vergüenza de que los jueces no paguen impuestos a las ganancias, como si se tratara de nobles sin corona. Tampoco fue tapa de ningún matutino que el sindicato de trabajadores judiciales terminara después de una larga lucha con los Meritorios, especie de esclavos modernos que trabajaban sin cobrar sueldo. Hoy la noticia es que un fiscal fue echado por acoso laboral.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 46, Claudio Socca, fue destituido por la Procuración General de la Nación, ya que se le comprobó que acosaba laboralmente a los empleados a su cargo. La violencia laboral que ejercen sobre su personal varios jueces y fiscales es una realidad desconocida por la mayoría de los argentinos.

Al ex Fiscal Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, Claudio Socca, lo acusaron cuatro empleadas por acoso laboral y sexual. No obstante el último delito no pudo ser corroborado.

El fallo llegó luego de casi cuatro años de investigación y es uno de los tantos que lleva adelante el sindicato conducido por el diputado nacional Julio Piumato, pero la importancia de este caso es que se trata del primero con dictamen favorable a los empleados, por lo que se transforma en un duro golpe para la corporación judicial.

En la Unión de Empleados de Justicia de la Nación hay un equipo multidisciplinario para encarar el tema y su trabajo es recoger testimonios de los empleados que sufren la violencia de los magistrados. Luego, se encargan de realizar estrategias judiciales para enfrentar este grave problema laboral. En el fallo de la Procuración que condenó a Socca, también se investiga por falso testimonio a un prosecretario y a dos empleados, y hay un sumario administrativo sobre otros cuatro.

Antecedentes

El año pasado el gremio obtuvo una severa sanción disciplinaria para la jueza Nacional en lo Civil Ana María Pérez Catón, titular del Juzgado Nº 81, por conductas muy similares a las de Socca. En su caso, fue el Consejo de la Magistratura el que investigó a la magistrada y dictaminó una multa del 30% de su sueldo, que es la máxima sanción administrativa prevista antes de la destitución. Este hecho fue un importante precedente para que los empleados se animaran a denunciar las situaciones de acoso, que son una moneda más que corriente en la Justicia.

Quien tuvo mejor suerte fue el titular del Juzgado Nacional de Menores Nº 7, Dr. Enrique Gustavo Velásquez, que zafó de una sanción condenatoria ya que la corporación de los jueces actuó rápido y consiguió que la denuncia fuera desestimada. La investigación del Consejo de la Magistratura dejó en claro que Velázquez había incurrido en negligencia en el cumplimiento de sus deberes, inconducta, órdenes de trabajo de trasfondo personal a sus empleados, y acoso sexual y laboral en perjuicio de dos trabajadoras.

Desde el gremio se sostiene que los hechos de violencia laboral son más que frecuentes por la organización interna de Tribunales. El Poder Judicial es uno de los estamentos más retrógrados y conservadores del Estado, con una dinámica que lo hace impermeable a los cambios que se dan en el plano político.

Los judiciales reclaman la creación de las convenciones colectivas de trabajo, cuya vigencia es ya patrimonio y derecho de todos los trabajadores argentinos. Los empleados judiciales son privados por los jueces de discutir desde el salario hasta las condiciones en las que deben cumplir su labor.

Amparándose en el mito de la “independencia judicial”, los jueces impiden sistemáticamente que agentes externos a la magistratura que dirige el Poder Judicial revisen sus conductas y se entrometan en sus asuntos, que abarcan el maltrato a sus empleados, la arbitrariedad en el manejo del escalafón y la discrecionalidad en el sistema de ingreso de personal, que nunca es por concurso público.

En el sindicato explican lo complicado que resultó lograr el fin del empleo de “esclavos modernos”, como definen a los llamados Meritorios, que eran estudiantes de abogacía incorporados irregularmente a la planta del personal de cada juzgado. Los Meritorios no recibían ningún tipo de salario, ni tenían seguridad social, y eran usados por los jueces y fiscales para tareas menores, como ir a pagar las cuentas de la luz o el gas de los magistrados.

Este fallo pone un poco de coto a la corporación. Como era de esperar, los representantes de la corporación judicial no emitieron opinión sobre el dictamen, pero parece que la suciedad ya no se puede ocultar debajo de la alfombra.

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