Un poco de imaginación

Marchamos hacia una civilización hacinada en espacios urbanos cada vez más inmanejables, y éste es uno de los problemas de más difícil resolución en el siglo XXI.
En Argentina, la tecnificación agraria, las oportunidades laborales que brindaba la industria, las mejores ofertas en salud, educación y vivienda, fueron algunos de los factores que incidieron en su urbanización.

Luego la industria nacional fue puesta en jaque, se destruyeron las redes ferroviarias, no se invirtió adecuadamente en infraestructura y servicios públicos, se promocionó la vivienda unifamiliar y el automóvil particular. Las autopistas, los 400 km² de countries opulentos rodeados por amplias barriadas miserables y sin servicios básicos, el colapso de las redes viales y los transportes públicos, la contaminación y la inseguridad son varias de las manifestaciones de lo que sobrevino en estos años.

Como sucede con la cuestión de la cuenca Riachuelo-La Matanza, el ataque del problema depende de distintas jurisdicciones que hasta ahora actuaban con autonomía, neutralizándose mutuamente, y en general contribuyendo a empeorar las cosas.

No es el único caso de superposición.

La ciudad de Buenos Aires no tiene policía propia. La Secretaría de Transportes de la Nación determina recorridos, frecuencias y renovación de infraestructura ferroviaria sin tener en cuenta las prioridades locales, aunque existe un ente de la ciudad que pareciera abarcar esta temática.

Un buen ejemplo de esta superposición está en el perfil de la atención dentro del sistema público de salud: el 70% de los pacientes se domicilia en el Gran Buenos Aires (GBA), donde el servicio es más precario y disperso.

El tema comenzó a menearse durante la dictadura militar, mientras se instauraban criterios de eficiencia de mercado.
Sintonizado con la erradicación violenta de villas miseria, el ex brigadier Cacciatore desalentó e intentó prohibir que los vecinos pobres de más allá de la General Paz fueran atendidos en los hospitales municipales.

Con ser cierto que las tasas de los contribuyentes porteños financian parte de la atención médica de compatriotas del GBA (algo que podría extenderse a la circulación del transporte, o al sistema educativo), también estas prestaciones básicas deben estar realmente garantizadas a toda la población sin importar dónde se domicilia.

No es un tema que pueda resolverse autoritariamente ni con parámetros contables.

Se puede discutir, por ejemplo, dentro del reparto de fondos coparticipables, o con acuerdos específicos con provincia e intendencias.
Lo que se necesita es un poco de imaginación, poniendo en un segundo plano la idea de que una repartición exitosa es la que tiene superávit.

Es preocupante que el tema de la atención de vecinos del GBA se siga esgrimiendo como justificación para tapar las falencias del sistema público de salud local, que las sigue teniendo y muchas, y que, con el argumento de “modernizar la gestión”, se establezca algún tipo de criterio discriminatorio.

Una de estas falencias es la continuidad de una práctica de contratación masiva de profesionales de la salud “en negro” y ad honorem, algo que el Estado debería desterrar para exigirlo luego a la actividad privada.

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