Un país invadido militarmente en silencio por los Estados Unidos

La excusa, una vez y como siempre, es el narcotráfico. Para el jefe de la policía antidrogas, Mario Boraschi, “es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas”.

El gobierno de Costa Rica negó que se vaya a militarizar el país, no obstante la autorización aprobada el viernes pasado por el Congreso para el arribo de 48 naves de guerra de Estados Unidos, aviones y helicópteros.

Una fuerte polémica generó el ingreso de milicia estadounidense. El permiso legislativo, solicitado por el gobierno y aprobado por diputados afines, levantó un polvorín en este país centroamericano sin ejército desde 1948, donde diversos sectores acusaron al gobierno de propiciar una ocupación militar de EE.UU.

La autorización, según la versión oficial, es para que naves, equipos y soldados del ejército estadounidense refuercen las operaciones contra el narcotráfico que desde hace once años realizan en el país los guardacostas de Estados Unidos, en coordinación con las autoridades policiales costarricenses.

La presidenta Laura Chinchilla aseguró el sábado, en su cuenta de Facebook, que su gobierno no tiene la intención de militarizar la lucha contra el narcotráfico y prometió que el ministro de Seguridad, José María Tijerino, explicaría detalladamente la naturaleza del acuerdo con Washington.

Sin embargo, Tijerino adelantó declaraciones al diario La Nación, al que explicó que las fuerzas militares, autorizadas a operar en Costa Rica por los próximos seis meses, son grupos de apoyo al Servicio de Guardacostas y vienen bajo su mando.

Además, los 7000 hombres autorizados a desembarcar con sus uniformes y armas “no llegarán todos juntos” ni realizarán trabajos que correspondan a las fuerzas policiales costarricenses, explicó Tijerino.

El ministro afirmó que este “reforzamiento” es necesario porque la lucha contra las drogas la continúan perdiendo “tanto las autoridades ticas como las estadounidenses”.

Por su parte, el jefe de la policía antidrogas, Mario Boraschi, dijo al mismo diario que “es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas”.

Diversos sectores han manifestado su rechazo a esta decisión, que califican como una entrega de soberanía nacional.

El diputado Luis Fishman, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC, derecha) anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la autorización legislativa, que a su juicio viola principios fundamentales de la Constitución.

Según el legislador, que ha sido ministro de Seguridad y fue candidato a la presidencia en los comicios de febrero, la Constitución establece que los permisos para el arribo de naves o aviones de guerra deben ser otorgados por el Congreso en cada caso específico, y no en forma masiva.

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