Por Causa Popular.- Si la táctica del gobierno de dividir al movimiento piquetero entre duros y blandos para debilitar al sector social más opositor de los últimos años fue un claro triunfo, no parece haber pasado lo mismo con el movimiento obrero que se despierta de un largo sueño de más de 10 años. La unificación de la CGT y el acercamiento del gobierno de Kirchner a “los gordos”, tuvo desde el principio un objetivo claro, “ganarle la calle a los piqueteros” y encabezar las luchas obreras que se veían venir luego de la reducción salarial que significó la devaluación. Pero los dos lustros de letanía no pasaron en vano para los trabajadores que vieron caer año tras año, las conquistas laborales que luego de un siglo de luchas habían conseguido.
Cientos de activistas obreros independientes se fueron formando y ganando autonomía de los empresariales sindicatos cegetistas que silenciosamente comenzaron a pagar caro el apoyo a las leyes de flexibilización laboral menemista a cambio de mantener las cajas de las obras sociales.
Hoy, que la inflación se come día a día más el poder de compra del salario de los trabajadores, el solícito interlocutor que esperaba tener el gobierno perdió peso propio, y sólo le queda a sus funcionarios denunciar la intransigencia de los delegados gremiales que no piensan en sus propios bolsillos sino en el salario de sus propios compañeros.
Tras una breve pausa que se había observado en los días recientes, donde las especulaciones sobre la inflación opacaron otros temas, la cuestión salarial volvió a retomar temperatura. No con la intensidad de hace algunas semanas, pero en el escenario vuelve a plantearse el debate por la actualización de ingresos, precisamente por la riesgosa continuidad del aumento del costo de vida.
El camionero Hugo Moyano fue quien intentó llevar la batuta nuevamente en esta ocasión, animado por una mejora que consiguió la semana pasada para sus representados, que consistió en la incorporación a los haberes de los 50 pesos no remunerativos otorgados por el Gobierno, más 10 pesos para cubrir los descuentos para aportes.
La reaparición se produjo por partida doble y con el Ministerio de Trabajo como marco: tras la firma del acuerdo para su sector y después de una reunión que mantuvo con el titular de la cartera, Carlos Tomada, Moyano acudió con su permanente coequiper y uno de los principales derrotados políticos tras el triunfo de los trabajadores del subte, el colectivero Juan Palacios. Junto a ellos asistió el cosecretario de la CGT José Luis Lingeri.
En ese encuentro la CGT volvió a plantear un reclamo sostenido desde hace rato, como la convocatoria al Consejo del Salario, aunque la posible fecha de realización sigue siendo una incógnita. En paralelo, en un seminario, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dio la señal que el Estado se retiraría del campo salarial e intervendría solamente en determinados casos, por ejemplo de los sectores más retrasados en esa materia.
De la primera convocatoria al Consejo del Salario, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), se levantó de la mesa de negociación tripartita, y empezó a distanciarse del gobierno luego de un contradictorio primer acercamiento. La misma línea de intervención de esta Central marca una crítica precisa, a diferencia de las interesadas ambigüedades de la CGT.
Respecto de los actuales conflictos gremiales, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, consideró que estos son “producto de la concentración de la riqueza en pocas manos. Hoy hay respuestas sindicales al conflicto en todo el país, que es la concentración de la riqueza en pocas manos, el hambre entre los niños, la desocupación y la falta de un perfil productivo», aseveró De Gennaro.
De este modo, el dirigente se sumó a las voces que dieron su lectura de los diferentes conflictos gremiales de los últimos días, que tienen como principales exponentes a los trabajadores de Lafsa y al personal no médico del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan.
De Gennaro indicó que “en realidad, para la CTA el conflicto de hoy por hoy en la Argentina son los cien pibes que se mueren todos los días por hambre y desnutrición. Lo que hay entonces en cada provincia es una respuesta cada vez mayor y organizada a ese conflicto”, precisó De Gennaro, y luego agregó que actualmente existe “una distorsión en el lenguaje mediático” y, en ese sentido, mencionó el hecho de que se llame conflicto sindical “a la respuesta de los trabajadores a luchar por sus derechos”.
Para el economista de la misma central sindical, Claudio Lozano, la conflictividad gremial de las últimas semanas “está presente de manera estructural” debido, según dijo, a que “el país tiene una dispersión de ingresos claramente verificada”.
Lozano recordó que “los salarios están prácticamente 15 por ciento por debajo de 2001” y que además “tenemos seis millones de personas en situación de indigencia, y 16 millones en situación de pobreza. Llevamos dos años de etapas de crecimiento de la actividad económica y, sin embargo, la pauta de reparto de los beneficios de ese crecimiento reconoce una profunda desigualdad”, explicó.
Según Lozano, en este contexto “los conflictos son lógicos”, ya que “revelan un deterioro sistemático del poder adquisitivo de los trabajadores, y en muchos casos situaciones de decadencia institucional”, como en el caso del Hospital Garrahan. Lozano sostuvo que los trabajadores de ese nosocomio “tienen un retraso salarial cercano al 30 por ciento”.
Para el economista “en la Argentina, si se considera la situación de 2001 y la de hoy, queda claro que la actividad económica creció por encima del empleo y los precios por encima de los salarios, lo que quiere decir que la mayor actividad económica se transformó en beneficio empresario, que hubo más productividad, pero que los salarios no participaron de este proceso”.
El economista recordó, además, que “el Gobierno tiene superávit fiscal muy significativo” y las provincias tienen recursos excedentes “y no han tenido, en términos relativos, ni estrategias ni políticas salariales”.
Algunos funcionarios del gobierno nacional prefieren correr el eje del análisis, y además de negar una escalada salarial, a diferencia de Lozano, apuntan hacia los sindicalistas que no se encuadran en las estructuras sindicales tradicionales, cosa que ya habían hecho con la huelga de subtes y con la toma de uno de los pisos de un edificio de Telefónica de Argentina por parte de sus trabajadores.
Uno de ellos fue el ministro de Salud, Ginés González García, quién lanzó un ataque contra los líderes de la protesta gremial en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan y dijo que el conflicto está contaminado por el “activismo político”.
En una conferencia de prensa en la que anunció que la vacuna contra la hepatitis A será incorporada al calendario nacional de inmunización, el funcionario sostuvo que el Gobierno respeta el derecho a la huelga y a la protesta pero pidió, en este caso, que las demandas se hagan sin afectar el funcionamiento del hospital; algo que nunca fue puesto en peligro por los trabajadores.
Desde el Gobierno, también salió al cruce de los trabajadores del Garrahan, el jefe de Gabinete Alberto Fernández quién puntualizó que “los miembros de la comisión gremial interna son los principales responsables y deberán responder ante la sociedad por lo que han promovido”. Mientras que para el ministro del Interior, Aníbal Fernández, abonó la misma línea de dureza al advertir que se percibe “un desprecio por la actividad que están llevando a cabo”.
En el mismo sentido, y pese al creciente grado de conflictividad que vienen adquiriendo los reclamos gremiales, el Gobierno le restó importancia a los reclamos al afirmar que “no existe una escalada” en tal sentido, al tiempo que rechazó la posibilidad de disponer nuevos incrementos salariales por decreto. “No lo vemos como una escalada, ni como nada parecido a eso. Simplemente se trata de reclamos que en muchos casos tienen contenidos políticos, partidarios o interesados”, descalificó Alberto Fernández.
Aunque el gobierno intente negarlo la lucha salarial aumenta. Ya son más que “algunos” los sectores que se van sumando día tras día, aunque se desataca el de los empleados estatales. El viernes 22 por la tarde los trabajadores no médicos del hospital pediátrico “Juan Garrahan” discutían una propuesta salarial que se les hizo en el ministerio de Trabajo, luego de que llegaran a un acuerdo los trabajadores médicos.
Los empleados de la ex LAFSA seguían en conflicto y el martes 19 recibieron una dura represión policial en el aeroparque metropolitano. En respuesta a los atropellos los de subterráneos pararon una hora, en solidaridad con sus compañeros aeronavegantes. Pero eso no es todo, a las protestas de la semana se sumaron la de los bancarios para jueves y viernes, también en demanda de mejoras salariales.
Los conflictos salariales han retomado una potencia directamente proporcional a su atraso, pero lo más probable es que para el Gobierno Nacional la preocupación central no es que ocurran, sino que protagonizan la escena de un año electoral donde el Presidente Kirchner ya ha puesto en marcha “el operativo clamor” para plebiscitar su gestión.
Argentina no ha salido de la crisis y la pelea salarial obliga a ver al desnudo las consecuencias de la devastación, algo que muchos medios y funcionarios prefieren no mirar en vísperas de las elecciones.
