Por causa Popular .- El viernes próximo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá que las cifras de desempleo para nuestro país, correspondientes al segundo trimestre del año, aumentaron respecto al semestre anterior. Once años sin discutir políticas de empleo, salvo para profundizar su flexibilización, dejaron una marca casi indeleble en el mercado laboral de nuestro país. Más de 5 millones de desocupados y subocupados y 6 millones de personas con empleos precarios o en negro, muestran una cruda realidad muy lejana de solucionarse discutiendo sólo el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil que afectará en forma directa a sólo 350 mil, de los 4 millones de trabajadores que completan la población económicamente activa.
Tal como anunciara Causa Popular, un informe del Banco Central da cuenta que, a pesar de los aumentos, la participación de los salarios en el valor de la producción total mantiene un descenso del 20% respecto de diciembre de 2001.
Durante muchos años se escuchó que los costos laborales eran una traba importante para que los capitales extranjeros no inviertan en el país. Que estas palabras estén lejos de resultarle cotidianas al lector, no significa que muchos actores económicos del mercado laboral argentino no compartan y sostengan estas concepciones.
Un informe del Banco Mundial, apéndice del Fondo Monetario Internacional, publicado por el matutino Página 12, sugieren a los inversores que estén por asentarse en algún país, que lo hagan en los que la inestabilidad en el empleo y la explotación sean altas.
El informe además recomienda que, una vez realizada la inversión, deben tomarse algunos recaudos para elegir a los trabajadores. El mismo organismo de crédito que financia diversos programas sociales con el objetivo de “disminuir la pobreza”, recomienda que para medir si en un país es fácil o difícil contratar trabajadores deben incluirse algunos curiosos requisitos, como que el lugar de residencia de la familia sea en Buenos Aires, que su mujer no trabaje, dedicándose a la casa y a los hijos, y su raza y su religión deben coincidir con la mayoría de la población del país.
La reproducción dogmática de esta clase de políticas ha llevado a la Argentina a ser el país latinoamericano donde resulta más fácil tomar un trabajador. Mientras el índice de despido medido por el Banco Mundial es de 30 para la Argentina, marca 34 para el promedio latinoamericano y caribeño y 70 para Brasil.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido en agosto de este año, sólo 4 millones de trabajadores cuentan en Argentina con un empleo que respeta las leyes laborales reconocidas por este organismo, o sea que tienen un trabajo que puede considerarse digno. Claro que la OIT no tuvo en cuenta en este análisis a los responsables de esta situación que el Banco Mundial no tiene ni siquiera el cuidado en ocultar.
No son pocas las ocasiones en las que el análisis sobre los números y las condiciones del mercado laboral quedan sólo en meras estadísticas interpretadas fríamente. Detrás de estas se desprenden directamente las cifras de pobreza e indigencia que son las que miden cómo el salario o el ingreso de una familia se materializan en sus condiciones de vida. Las cifras que muestra el empleo en la actualidad para el primer trimestre del 2004 muestran que, sin considerar la población rural, la pobreza alcanza al 46,1% de la población, o sea 15.519.000 personas de las cuales 6.294.000 son indigentes.
Los primeros atisbos de recuperación del poder de compra de los salarios tuvieron un retroceso en los últimos meses que ilustran aún más cuan abajo del pozo ha quedado la Argentina luego de las políticas económicas neoliberales. Según datos del mismo Ministerio de Economía, en los últimos cuatro meses se detuvo el poder de compra de los salarios, mientras que entre abril y julio, los salarios aumentaron menos que la inflación. Desde la devaluación los sueldos aumentaron producto de los decretos presidenciales alrededor del 25%, un poco menos de la mitad de lo que subieron los precios minoristas.
En este escenario el poder de compra de los trabajadores es un 18% inferior a los de diciembre de 2001, y su participación en la producción total se mantiene en un descenso del 20%. Según difundió el Banco Central, de representar el 36% del PBI, ahora los asalariados reciben menos del 30%, muy lejos del 46% anterior a la dictadura militar del 76.
Los esfuerzos por mejorar esta situación aún son demasiado escasos, aunque algunas cifras comienzan a modificarse. Según un informe presentado por la OIT el jueves 9, en el primer semestre del año 2004, la Argentina habría registrado el más destacado descenso interanual de Latinoamérica en la tasa de desempleo urbano, respecto al mismo período de 2003. Sin embargo, exhibe aún la mayor tasa de desocupación dentro de la región.
