Un James Smart sospechado por complicidad con el genocidio

Mientras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, junto a la figura de genocidio van cerrando el cerco sobre cientos de represores aun impunes, el ex ministro de Gobierno bonaerense de la dictadura, Jaime Smart, que proponía investigar a los «políticos, sacerdotes, periodistas y profesores», forma parte de la lista de sospechosos cuya indagatoria solicitó un fiscal federal por la desaparición de un abogado en 1978.

Tras los embates judiciales que está sufriendo una larga retahíla de genocidas, las preguntas de la justicia están llegando a los sectores que jamás han tenido que declarar por su responsabilidad en las desapariciones de opositores políticos, durante la última dictadura militar. La justicia está tocando sus propias puertas, y junto a Smart la nómina se completa con el ex juez Juan Carlos Dillon; y el ex jefe de la Unidad Regional de La Plata durante el mismo período, comisario general Juan Fiorillo.

El fiscal Federico Delgado, destacado y valiente letrado en la causa de las coimas del senado, le pidió además al juez Daniel Rafecas, que investiga la «megacausa» por delitos de «lesa humanidad» cometidos entre 1976 y 1983 en ámbitos del Primer Cuerpo de Ejército que remita este legajo a su colega de San Isidro para que allí continúe la pesquisa y se indague a los sospechosos.

Smart, apodado «Jimmy» y que en su función de abogado es el defensor del ex ministro del Interior Eduardo Albano Harguindeguy, aparece mencionado en la causa en la que Delgado quiere que se investigue el secuestro, el 6 de febrero de 1978, del abogado Rodolfo «Fito» Gutierrez; quien aún permanece desaparecido.

También integran esa nómina de sospechosos el entonces jefe de la subcomisaría de Punta Lara, subcomisario Alberto Paladino; el jefe de la Seccional de Brandsen, comisario Juan Carlos Nogara y Oscar Pedro Ramírez Gómez, ex oficial primero del juzgado de Dillon.

En su extenso dictamen el fiscal recordó que Gutiérrez «fue secuestrado de su estudio jurídico, ubicado en el segundo piso del edificio de Belgrano 126, de San Martín, por «cuatro personas armadas que vestían de civil, y que se presentaron como policías y, tras una entrevista que no superó algunos escasos minutos, fue retirado del lugar».

De acuerdo con los testimonios recogidos por la fiscalía, el letrado iba «con esposas en sus manos» y fue llevado hasta un automóvil Torino (que iba escoltado por otro vehículo marca Peugeot) color blanco, «con chapa patente falsa, que se encontraba estacionado en las inmediaciones, al que fue introducido por sus captores, retirándose finalmente del lugar».

Delgado citó los dichos de testigos presenciales del hecho que agregaron que la víctima, tras su secuestro pasó por varias «dependencias oficiales en la que sus captores lo tuvieron clandestinamente cautivo» hasta que lo vieron por última vez en la Clínica Privada de Brandsen, donde fue trasladado por su captores por una infección urinaria.

Según el fiscal ese centro sanitario fue la última etapa de un periplo que incluyó la Unidad Regional de La Plata, subcomisaría de Punta Lara, presuntamente las comisarías 5ta. y 8va. de La Plata y la comisaría de Brandsen, hasta llegar a la clínica desde donde «se simuló la fuga» del abogado y a partir de ahí «nada más pudimos saber de él, encontrándose en la actualidad en calidad de desaparecido».

En la causa, Delgado recogió testimonios de personas que estuvieron en cautiverio con Gutierrez -a quien sus captores habían bautizado como «gallito ciego» ya que se lo mantenía siempre con sus ojos vendados- que refirieron que la víctima había sido sometida a sesiones de picana eléctrica.

La responsabilidad del ex juez Dillon se funda en haber emitido falsas órdenes de captura del abogado, imputándole haber favorecido la evasión de tres detenidos, para «blanquear» el secuestro y responder a los «habeas corpus» que se habían presentado en su favor.

«Encontramos la existencia de indicios graves, precisos y concordantes» que vinculan a Dillon, a su oficial primero Rodríguez Gómez y a Smart con el hecho, dijo Delgado quien aclaró que las imputaciones «reposan sobre el contenido de las cartas suscriptas por Gutiérrez mientras se encontraba cautivo» cuya autenticidad fue confirmada por las pericias.

También citó «las declaraciones de su esposa y los testimonios de las personas que tuvieron contacto con él mientras se encontraba detenido en dependencias policiales; entre otros elementos que, sumados, le dieron la convicción de que los hechos ocurrieron tal como los denuncian».

Delgado recordó, además, los dichos de un ex policía que manifestó que Gutiérrez presentaba un estado de salud «penoso», ya que «carecía de alimentos e higiene y se encontraba bajo un régimen de aislamiento total», que había sido torturado y que sus captores «cumplían órdenes de Smart y Dillon».

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

A 98 años de la masacre de Napalpí, conversamos con Federico Carniel, fiscal a cargo de impulsar la investigación sobre los funestos hechos que acontecieron en aquella localidad.
La práctica de la lectura nos abre nuevos caminos y viejas preguntas qué vuelven a ser reformuladas para siempre encontrar nuevas conclusiones.
En tiempos de crecimiento chino y de incertidumbre por el futuro, aquí va un intento por psicoanalizar al país más poderoso del siglo XX, el cual hoy se aferra a la preservación de un pasado tan idealizado como irrecuperable.