El reciente cierre de 179 escuelas y el masivo éxodo de jóvenes médicos son sólo un signo del desastre al que han llevado a Puerto Rico 25 años de neoliberalismo y el abandono de la isla por las autoridades norteamericanas. Entre una elite corrupta e inepta y un pueblo que aún no sale de la ilusión colonial, el estado depresivo invade toda la vida de “la isla del Edén”. En estas condiciones el referendo sobre el estatuto legal del país, convocado para el próximo 11 de junio, no va a cambiar mucho.
Desde 1952 la isla es un Estado Libre Asociado (ELA) de EE.UU. que elige a su propio gobierno y se da sus propias leyes, pero usa el dólar y su defensa y relaciones exteriores están en manos de Washington. Los puertorriqueños pueden votar en las primarias de los partidos norteamericanos, pero no pueden elegir al Presidente ni a congresistas federales. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos sujeto a la autoridad del Congreso, como resultado de la derrota española en la guerra entre ambos países en 1898, pero no es parte de la Unión.
La economía insular está ahogada por una deuda que durante los últimos diez años ha crecido permanentemente, hasta superar hoy los U$S 73 mil millones. Para poder reestructurarla, el pasado 3 de mayo el gobernador Ricardo Rosselló (en el cargo desde enero pasado) declaró la quiebra del Estado y pidió acogerse a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés), vigente desde septiembre de 2016. Se trata de una ley que, por primera vez, autoriza a una jurisdicción de la Unión a declarar la quiebra bajo determinadas condiciones.
“La tasa de pobreza alcanza el 45%. De los 3,5 millones de habitantes sólo cerca de un millón están empleados. El desempleo es superior al 12% (dobla la media de EE.UU.) y por la emigración la población se redujo 10% en el último decenio”
La deuda creció tanto por la anulación en 2006 de la sección 936 del Código de Impuestos Internos Federales, vigente desde 1976. Dicha sección otorgaba exenciones fiscales a empresas que “invirtieran” en territorios, por lo que Puerto Rico se convirtió en un oasis fiscal, pero sin ganancia alguna. Como consecuencia de la derogación el PIB se redujo en un 14%. Con obligaciones descubiertas por U$S 50.000 millones, sus fondos de pensión están a punto de colapsar. La tasa de pobreza alcanza el 45%. De los 3,5 millones de habitantes sólo cerca de un millón están empleados. El desempleo es superior al 12% (dobla la media de EE.UU.) y por la emigración la población se redujo 10% en el último decenio.
Para tratar de cubrir el déficit, desde 1996 los sucesivos gobernadores tomaron deuda acelerada y caóticamente, creando una maraña de obligaciones que hoy asfixia al país. Después de expirar la llamada ley Promesa el último 1º de mayo, la isla se enfrentó a 22 demandas de sus acreedores, pero la declaración de quiebra la protegió. No obstante, si no se halla un juez federal que se haga cargo, Puerto Rico quedaría a merced de los buitres.
Recientemente una junta federal de supervisión impuso un plan de ajuste que durará hasta que el ELA tenga cuatro años consecutivos sin déficit fiscal. Entre las imposiciones de ajuste más pesadas se incluyen recortes en educación (por los que ya se cerraron 179 escuelas), en la atención de salud y la privatización de servicios públicos. Aun así, el plan de ajuste prevé que la isla no retomará el crecimiento hasta 2022.
Tras cinco meses en el cargo, el gobernador Rosselló -hijo del ex gobernador Pedro Roselló (1993-2000)- convocó a una consulta popular para el próximo 11 de junio en la que se preguntará si la ciudadanía quiere que la isla se incorpore a Estados Unidos como 51º Estado, si prefiere mantener el estatuto actual o si desea la independencia. Se trata de un plebiscito no vinculante al que Washington presta tan poca atención como a sus predecesores de 1967, 1993, 1998 y 2012.
“Entre las imposiciones de ajuste más pesadas se incluyen recortes en educación (por los que ya se cerraron 179 escuelas), en la atención de salud y la privatización de servicios públicos. Aun así, el plan de ajuste prevé que la isla no retomará el crecimiento hasta 2022”
Rosselló preside el Partido Nuevo Progresista (PNP), una formación de derecha que propone la incorporación a EE.UU. Al contrario, la consulta es rechazada por el Partido Popular Democrático (PPD) -que persevera en la situación actual- y por el minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que propone la separación total.
La sola reestructuración de la deuda pública no bastará para relanzar la economía boricua, porque ésta sólo puede sobrevivir incorporándose a los circuitos económicos del Caribe y sirviendo como base para inversiones extrarregionales, pero esta alternativa supone que la isla se independice de EE.UU. lo que Washington seguramente no permitirá y muchos boricuas temen.
Es imposible que el Congreso de los EE.UU. acepte incorporar a Borinquen a la Unión, mientras que el ELA tiene muchos efectos negativos y, actualmente, ya ninguno positivo. A Puerto Rico sólo le queda el retorno a América Latina y el Caribe, pero este golpe de timón requiere imponerse al gigante norteamericano y modificar la mentalidad colonial de gran parte de la población. Falta mucho para que “la isla del Edén” vuelva a casa.
