Un año de aspiraciones políticas, desafíos económicos y dilemas democráticos

Cerca de su cuarenta aniversario, la democracia argentina acumula conflictos y deudas sociales. En el 2023 la difícil tarea de ajustar precios y calmar las tensiones del mercado cambiario se cruzan con la definición de alineamientos políticos y campañas electorales.

Tener y no tener 

Con el programa de estabilización en marcha, la desaceleración en los precios domésticos parece dar resultados. La medición de noviembre bajó a 4,9% los indicadores y desde el gobierno señalan que los guarismos de diciembre reafirmarán la disminución. Pero entre los economistas persiste el debate sobre la devaluación en cuotas o una medida de shock para resolver el problema de los precios relativos, el valor del tipo de cambio oficial, las tarifas y los salarios.

En el entorno de Massa interpretan que la reducción de precios es un buen signo para tallar su imagen como “piloto de tormenta”. Siempre que se lo compare con la administración de Guzmán, Massa juega a ganador, incluso cuando no modificó un ápice la negociación con el Fondo Monetario y profundizó el endeudamiento en moneda local. Pero esa discusión es cosa del pasado entre tanto carpetazo judicial y las dificultades que generará para la recaudación de dólares la sequía en la cosecha de trigo.

En el Palacio de Hacienda aclaran que sin la estabilización en curso, diciembre podría haber sido complicado. La negociación con bancos y cartera de inversores sobre vencimientos de deuda local, el programa “Precios justos” y las dos ediciones del “dólar soja” “dan buenas señales de ordenamiento”, destacan. Una verdadera encrucijada para Massa, ya que tiene a su cargo el área más determinante sobre los destinos del país y ,al mismo tiempo, se anota en la lista de aspirantes junto a otros candidatos del gabinete.

El resto del Frente de Todos reconoce que su gestión repuso la autoridad del ejecutivo con algo de iniciativa política, aún cuando los beneficiarios no son necesariamente los apoyos sociales del gobierno. Esta es la contradicción que aloja en su seno la parte del oficialismo que rodea a Cristina Kirchner.

El ministro esquiva cualquier tipo de alusión a su futuro político y se muestra rápido de reflejos. Removió a Rodolfo Gabrielli, presidente de la Casa de la Moneda, alegando que el funcionario no cumplió con los objetivos planteados. Lo cierto es que Gabrielli se manchó con el barro que salpicó la filtración de chats en el celular del ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D´Alesandro. 

Entre varias conversaciones que aparecen en el celular de D’alesandro, se ventila un chat con Silvia Majdalani, la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri. Majdalani le pidió a D’alesandro que acordara una reunión con el empresario Alejandro Trasmonte, presidente de TNG Technology. Días antes, fue el mismísimo Gabrielli quien se dio cita con el CEO para hablar sobre la posibilidad de realizar la emisión de billetes con la cara de Maradona.

Massa sabe que amortiguar el impacto del ajuste recuperando aceptables niveles de inversión y “normalización cambiaria” serán la plataforma política más elocuente que pueda presentar frente a sus competidores. “Se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin plantear frenar la economía y hacer ajustes dolorosos”, explicó el ministro en una entrevista con Jorge Fontevechia.

¿Contará con el respaldo del establishment empresarial? Comercializadoras de granos y productores le tomaron el tiempo y, parafraseando a Miguel Angel Pesce, “mientras los dólares estén en los silobolsas y no en el central, los que deciden son los dueños de los granos”. 

Los industriales le reclaman mayor disponibilidad de dólares para importar y un tipo de cambio competitivo, es decir, mover el valor del oficial cerca del valor del “blue”. Massa se muestra dispuesto a estrechar lazos, pero ¿cuál será el límite entre la exigencia empresarial y las necesidades sociales que empeoran con cada concesión?

El corazón de las tinieblas

Las principales novedades del verano ocurren lejos de las playas y la cálida brisa de la costa bonaerense. La cancha donde se disputa el partido que mantiene en vilo a la clase dirigente sigue siendo Comodoro Py. El receso estival no aplacó el enfrentamiento entre el gobierno y la corte suprema y a la vez abrió un nuevo episodio de “guerra de guerrillas” dentro del PRO.

Como en las grandes series, el cruce entre justicia y política deja a cada paso su “spin off” involucrando a nuevos actores que ponen al descubierto una trama de complicidades a la que no le falta ningún condimento. Licitaciones armadas, negocios con patrimonio público, favores judiciales y carpetazos mediáticos son algunos de los recursos que se despliegan para llegar en diciembre a la Casa Rosada.

La saga comenzó con la sentencia a Cristina Kirchner por la causa de vialidad, continúo con el conocimiento público de una reunión en la estancia del magnate inglés Joe Lewis entre magistrados, periodistas y funcionarios, estalló con la disputa por la coparticipación entre nación y ciudad de Buenos Aires y tuvo una nueva entrega con la filtración de chats del ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’alessandro.

El enfrentamiento entre la corte y el gobierno es un problema de larga data. Lo que no era tan evidente hasta entonces es el alcance y la forma que asume la disputa judicial en la interna de Cambiemos. Como Mauricio Macri, autor del libro “Primer Tiempo”, por desgaste político o incapacidad de conducción, no saldrá a jugar la segunda parte del match, se reservará el derecho de elegir al sucesor de la insignia cambiemita. Esa medalla se la disputan el Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Los chats en el celular de D’alessandro son una muestra de esta interna feroz. Si bien los legisladores porteños buscaron responsabilizar a una mesa militar de la Agencia Federal de Inteligencia, por estas horas la autoría del hackeo se le adjudica a un profesional de doble apellido español (por secreto judicial su nombre no puede ser revelado) designado en 2018 en el cargo de Coordinador de Investigaciones contra el Terrorismo de la secretaría de Dirección de Investigaciones de la Criminalidad Organizada perteneciente al Ministerio de Seguridad que presidía Patricia Bullrich.

Dado el volúmen y la complejidad de las conversaciones encontradas en el celular de la discordia, resulta complicado sospechar sólo de Patricia Bullrich. Su dueño parece ser un manual de instrucciones sobre cómo dar y recibir favores. Ministro de Larreta ahora, mano derecha de Eduardo Duhalde en Unidad Popular, la lista con la cual participó en las elecciones del 2011, diputado nacional por el Frente Renovador en 2013 junto a Massa y amigo personal del “Tano” Angelici, María Servini y Silvia Majdalani, todos pesos pesados de la justicia porteña.
En la categoría “favores políticos”, se pueden citar una conversación con el secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Silvio Robles, periodista de profesión, habitué de los pasillos de Comodoro Py y avezado lobbista de jueces y fiscales, intercambia opiniones y directivas sobre cómo actuar en el caso del reclamo por el reparto de la Coparticipación Federal y el reparto de sillas para el Consejo de la Magistratura. D’alessandro actúa y ejecuta.

En la categoría “negocios espurios” el menú de platos es variado, pero el más descarnado e indigesto es la conversación con el empresario Marcelo Violante, “el señor de las grúas” como se lo conoce popularmente. Los chats mostraban ofertas económicas de Violante, “sobres”, escribe el empresario, con cifras en dólares a cambio de concesiones tanto en negocios de acarreo en CABA como contactos con otras administraciones municipales a cargo del PRO.

Larreta se vio empujado a tomar una decisión rápida ante la aparición de estos chats, ya que su imagen positiva cae y la construcción de alianzas tambalea. El radicalismo presiona para condenar públicamente al ministro y despegarse de los hechos, no desean mancillar su desgastada imagen de hombres y mujeres probos en el ejercicio del poder. Elisa Carrió primero le reclamó a Larreta que no le suelte la mano al acusado, pero después apoyó la decisión del Jefe de Gobierno en instar a D’alessandro a tomarse licencia.  

Bullrich se relame y desde fuera le recrimina a Larreta su debilidad ante la embestida del gobierno, Lo que la presidenta del PRO busca instalar es que al kirchnerismo y la cultura política y social que engendra sólo se lo puede combatir con la ferocidad que conllevan las grandes decisiones. 

Anteojeras de la democracia

En la presentación que Cristina Kirchner realizó en Avellaneda lanzó una advertencia a la que propios y extraños parecen no darle demasiada importancia. La pérdida de legitimidad democrática logró instalarse en un marco de degradación social acelerado por la pandemia y la crisis económica. Pero es la incapacidad de la clase dirigente para dar respuestas a las dificultades diarias la que agiganta la distancia con el electorado. 

La organización de los festejos por la obtención de la copa del mundo, un verdadero concierto de mezquindades y acusaciones cruzadas, dejó en evidencia esta incapacidad. Los cortocircuitos entre la AFA y el gobierno eran esperable por sus antecedentes, pero ahí también se tensaron los vínculos con el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni, el propio D’alessandro, responsable de la seguridad en CABA y la cartera nacional conducida por Aníbal Fernández. 

Que la democracia flaquea como garante de los negocios y la rentabilidad económica es una visión que anida desde hace tiempo entre el empresariado, pero que el estado es incapaz de poner en funcionamiento un proyecto con aceptables niveles de vida es una idea que empieza a sentirse con fuerza en el resto de la sociedad.

Naturalizar un régimen de alta inflación como el que tenemos, a pesar que las mediciones hayan caído, es un problema. No todas las paritarias emparedaron los niveles de inflación acumulados y el salario real, en la larga noche que transcurre entre el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández, sigue siendo la única variable que permanece estancada.

Según el informe del Mirador de la actualidad sobre la Economía y el Trabajo (Mate) “la caída del salario a partir de diciembre de 2015 dio lugar a una enorme transferencia de ingresos desde la clase asalariada hacia el capital”. Los economistas precisan que “cada trabajador perdió, desde entonces, nada menos que $2.827.731”.

En sentido opuesto, tanto el Producto Bruto Interno (PBI) como la cantidad de empleo crecen. El informe consigna que “el PBI hasta el tercer trimestre está 5,9% por encima del valor de un año antes”. Sobre el empleo explican que “se alcanzó el mismo nivel de empleo registrado dejado por Cambiemos con la creación de 700.000 puestos, de los cuales más de la mitad son monotributistas”.

En la disputa por el funcionamiento de la justicia y la vida democrática en general, convendría observar las condiciones de trabajadoras y trabajadores para sacar algunas conclusiones. La fractura económica y social dentro del mundo de los asalariados pasa por el nivel de informalidad y el debilitamiento tanto de derechos laborales como herramientas para la defensa sindical. 

Los convenios colectivos empiezan a ser vulnerados con sumas en negro, descuentos en aportes, reducción de cobertura, retraso en los pagos, incremento de horas de trabajo con baja o nula remuneración y una infinidad de mecanismos de contratación ajenos a cualquier exigencia laboral. Si a eso le sumamos que la inflación disparó por las nubes el precio de la canasta básica, contrayendo el gasto y la capacidad de ahorro, el escenario laboral es bastante frágil.

En su aniversario número cuarenta la democracia Argentina no puede garantizar la promesa fundacional de brindar comida, salud y educación. Para aquellos y aquellas cuya fuente de ingreso es el trabajo, la coyuntura actual condensa varios de los problemas que la vida democrática arrastra desde su refundación.

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