Por Causa Popular.- El pasado 13 de diciembre se cumplieron 29 años de la Masacre de Margarita Belén, uno de los crímenes más aberrantes y aún impunes de la dictadura militar. Pero este nuevo recordatorio no fue uno más. Por primera vez casi 3 décadas este nuevo aniversario se cumplió con ocho militares y dos policías detenidos por el juez que entiende en la causa. Incluso, los jueces de la Cámara Federal de Resistencia que dos años atrás dejaron en libertad a los militares detenidos por el mismo juez, hoy están siendo juzgados en el Consejo de la Magistratura. Para recordar estos crímenes, organismos de Derechos Humanos organizaron un festival de rock en Resistencia, obras de teatro, una radio abierta y proyectaron documentales. “La regional Chaco de HIJOS seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsable y los cómplices de la impunidad”, expresó HIJOS.
La Masacre de Margarita Belén ocurrió en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, cuando 22 presos políticos fueron arrancados de la cárcel de Resistencia para ser torturados y trasladados hasta ese paraje, donde terminaron siendo ejecutados por orden del entonces ministro del interior, Albano Harguindeguy.
La dictadura presentó luego al hecho como un enfrentamiento con guerrilleros en medio de un traslado de detenidos desde Resistencia hacia Formosa. Las desapariciones fueron disfrazadas como fugas.
La “Masacre de Margarita Belén” fue uno de los más de setecientos casos que tomó en cuenta el Juicio a las Juntas, en 1985, por los cuales se condenó a los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados por Carlos Menem.
Luego de 29 años de impunidad, la lucha de los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas comenzaron a dar sus frutos.
El viernes 9 de diciembre el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, dictó el procesamiento y prisión preventiva de los ocho militares detenidos desde mayo de este año por la Masacre, al considerarlos “autores” del hecho y procesó a dos ex policías de la provincia como “partícipes secundarios”.
Los militares que están detenidos en la Base de Apoyo Logístico del Ejército de Resistencia, son Horacio Losito, Jorge Rafael Carnero Sabol, Athos Gustavo Renes, Ricardo Guillermo Reyes, Aldo Martinez Segón, German Emilio Riquelme, Ernesto Jorge Simoni y Luis Alberto Pateta.
Todos están acusados de “homicidio doblemente agravado por el número de participes y alevosía reiterada en once hechos y desaparición forzada de personas reiterada en cuatro hechos, todos en concurso real en calidad de autores”, según lo determina el dictamen judicial.
Los policías de la provincia procesados son Carlos Marcelo Carballo y Alfredo Luis Chas, detenidos en el Cuerpo de Bomberos, sobre los que pesa la misma acusación que a los militares, pero en calidad de “participes secundarios”.
En octubre de 2004, el gobierno nacional se presentó como querellante en la causa y pidió la detención de diez militares acusados de haber sido los autores directos de la matanza. Dos meses después, días antes que se cumpliera el aniversario número 28 de la Masacre, los familiares de los fusilados le presentaron una carta al Presidente de la Nación, donde hicieron hincapié en la parálisis en que se encontraba la justicia.
Por entonces, además existía un fuerte reclamo de destitución de los jueces que en julio del 2003 liberaron a los diez primeros detenidos por la masacre. En junio de ese año el juez Skidelsky ordenó la detención de diez acusados de participar en la matanza, entre los que estaban el entonces agregado militar en Roma, Losito, Jorge Alcides Larrateguy (ya fallecido), Renes, Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Pateta, Simoni, Martínez Segón, Reyes y Riquelme. Sin embargo, ante un pedido de hábeas corpus de uno de los militares, todos fueron liberados un mes más tarde por la Cámara federal de Resistencia.
El 13 de octubre de este año finalmente, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender y someter a juicio político a los dos camaristas federales del Chaco que ordenaron la excarcelación. La decisión del Consejo fue tomada en contra de los jueces María Fernández y Tomás Inda, quienes fueron suspendidos por 180 días en sus funciones.
En ese lapso deberá realizarse el correspondiente juicio ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, único órgano autorizado para destituirlos o ratificarlos en sus cargos tras el juicio.
El tercer miembro de la Cámara Federal de Resistencia, Diómedes Rojas, también firmó el cuestionado fallo y por eso fue denunciado, pero como falleció, el proceso en su contra se tornó abstracto.
La lucha sostenida durante casi 3 décadas por los familiares de la masacre, HIJOS y los organismos de derechos humanos, está dejando al descubierto la punta del iceberg de una maquinaria genocida que en el Norte Argentino no sólo causó estragos que recién ahora se están conociendo, sino que en muchos casos sus ejecutores tratan de mantenerse en los umbrales de la impunidad y han hecho todo lo posible para evitar el escarnio y la cárcel.
