Ir a contramano del mundo parece haberse convertido en deporte nacional por estos lados del globo, especialmente cuando se trata de derechos humanos. La discusión sobre la Ley Penal Juvenil ha vuelto a abrir una grieta en la sociedad argentina, pero esta vez, el Poder Ejecutivo avanza en una cruzada decidida para retroceder en los estándares de protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El marco actual, herencia de la dictadura (Decreto-Ley 22.278 de 1980), fija la imputabilidad en los 16 años. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha decidido reabrir este debate no con ánimo de mejora institucional, sino con una clara vocación punitivista. El intento original de la ministra Patricia Bullrich de bajar el piso a los 13 años chocó con la realidad política, pero el oficialismo reconfiguró su objetivo hacia los 14 años, en una negociación donde los derechos parecen ser moneda de cambio.
Esta iniciativa es la punta de lanza de la política de «mano dura» de la administración de La Libertad Avanza. Un enfoque que prioriza el castigo escenográfico por sobre la prevención real, desoyendo explícitamente las advertencias de la ONU y el Comité de los Derechos del Niño, que recomiendan no perforar el piso de los 14 años basándose en la evidencia científica sobre la madurez adolescente.
Los números matan el relato oficial
Mientras el gobierno construye un relato de hordas de niños delincuentes, los números lo desmienten. Organizaciones de derechos humanos y académicos impugnan el proyecto con la frialdad de las estadísticas: bajar la imputabilidad es una medida efectista, un placebo para la tribuna que no soluciona la inseguridad, pero sí representa una regresión en derechos que requeriría una inversión gigantesca en un sistema judicial hoy colapsado.
La evidencia es demoledora. Según la Corte Suprema, en la Justicia Nacional de Menores (CABA) durante 2024, los homicidios representaron apenas el 1,5% de las causas juveniles. El 81,4% fueron delitos contra la propiedad. Más aún: la participación de niños de 12 años o menos es marginal, un ínfimo 4,0%. En la provincia de Buenos Aires, la incidencia de menores en el total de delitos cayó a la mitad en la última década. No existe evidencia empírica que sustente que encarcelar niños reduzca la tasa general de delitos. El relato oficial choca de frente contra la pared de la realidad.
Tucumán: tierra del mejor alumno
Mientras el Congreso nacional debate, Tucumán se posiciona como la vanguardia del discurso endurecido, el alumno ejemplar de la nueva era punitiva. «Tienen que estar encerrados y sentir el rigor», sentenció el gobernador Osvaldo Jaldo, criticando que en los institutos actuales los jóvenes «jueguen a la pelota o naden», como si la recreación fuera un privilegio y no un derecho básico en un proceso de reinserción.
La retórica de Jaldo, sin embargo, es puro teatro político desconectado de su propia provincia. Los datos oficiales de Tucumán muestran que, en 2025, apenas seis jóvenes de 16 y 17 años estaban privados de libertad en el Instituto Roca. Seis. Esa cifra representa el 0,17% de la población carcelaria provincial. La pregunta es inevitable: ¿Tucumán piensa desmantelar su paradigma de intervención socioeducativa para avanzar hacia un modelo de encierro puro y duro, basado en una amenaza estadística inexistente?
La ceguera voluntaria ante el fracaso del encierro
Frente a este giro discursivo, cabe preguntarse qué rol juega la evidencia en el diseño de las políticas públicas argentinas. La respuesta parece ser ninguno. Las lecciones globales son contundentes: los sistemas centrados exclusivamente en el castigo son fábricas de reincidentes.
La experiencia internacional demuestra que la priorización de la rehabilitación y los programas comunitarios son infinitamente más eficaces —y más baratos— que el encierro.
Los modelos punitivos cerrados que hoy promocionan la Nación y Tucumán no son una solución, son un agravante del problema. Insistir en ellos es elegir, conscientemente, un camino que incrementa los riesgos sociales y los costos a largo plazo.
El consenso entre los especialistas es absoluto, casi un clamor que la política decide no escuchar. Desde la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) expresaron su «profundo rechazo» al proyecto, calificándolo como una «regresión normativa» que contraviene el derecho internacional. Expertos como Emilio García Méndez recuerdan lo obvio: la discusión no es solo legal, es biológica. Los preadolescentes no poseen la plena capacidad para comprender las consecuencias de actos graves como un adulto.
El camino elegido por Milei y Jaldo es un viaje al pasado, un retorno a fórmulas que fracasaron globalmente por su ineficacia y alto costo humano y económico. Gobernar contra la evidencia y despreciando a los expertos no es una política de seguridad, es una hipoteca al futuro. Cuando el Estado renuncia a educar y reinsertar para abrazar la mano dura, no está resolviendo el problema del delito juvenil. Está fracasando porque es incapaz de integrar a los excluidos, el poder político se limita a esconder el naufragio social detrás de los muros de un penal.