Corte a medida de Trump: mayoría automática y antiderechos

Si Trump nombra a su candidato, por primera vez en casi un siglo la Corte Suprema de EE.UU. tendrá una mayoría abiertamente conservadora. Alerta por posibles retrocesos en derechos civiles para inmigrantes, mujeres y minorías raciales.

A tres meses de una elección en la que el oficialismo estadounidense podría perder la ajustada mayoría que tiene en el Senado, el presidente Donald Trump nominó a un candidato a la Corte Suprema que, si es ratificado por la actual cámara alta del Congreso, sellará el inicio de una nueva era conservadora y quizás el fin de algunas de las conquistas civiles más importantes de las últimas décadas, como la legalización del aborto y los derechos de la comunidad LGTBQ.

 

A finales del mes pasado, el juez más veterano de la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que se retiraba. Anthony Kennedy no representaba una voz netamente progresista y había recibido infinitas críticas de organizaciones de derechos civiles, pero desde 1988, cuando asumió nominado por el entonces presidente Ronald Reagan, se convirtió en el juez que desempataba en los temas más sensibles. Votó junto a los magistrados liberales y más cercanos a los demócratas al defender la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, pero se unió a los conservadores vinculados a los republicanos cuando eliminó las limitaciones al financiamiento de las campañas electorales o incluso puso límites a los mismos derechos civiles que siempre defendió.

 

Si el reemplazo del juez Kennedy es Brett Kavanaugh, el magistrado de 53 años nominado por Trump, ya no habrá desempate posible.

 

Por primera vez en casi 90 años, la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá una mayoría abiertamente conservadora de 5 a 4: Samuel Alito, Clarence Thomas y John Roberts, nominados por George Bush hijo; y Neil Gorsuch y Kavanaugh, por Trump. Y esta mayoría podría dominar el máximo tribunal por un largo tiempo. El más veterano de esta nueva mayoría es será Thomas con 70 años, una edad que en este cuerpo vitalicio aún permite una larga proyección. Kennedy se jubiló con 81 años y la jueza en funciones Ruth Bader Ginsburg, nominada en la época de Bill Clinton, tiene 85.

 

“La última corte de mayoría conservadora fue la llamada corte Taft (por el nombre de su presidente) y se extendió entre 1910 y 1930. Fue muy liberal en lo económico, ayudó mucho a las empresas en una época en la que se avanzaba en contra de los monopolios y oligopolios, y en contra de sus prácticas de higiene y condiciones de trabajo. Esto provocó una lucha entre la Corte Suprema y el avance político progresista que, en un contexto de alta conflictividad social, logró sancionar leyes que mejoraron algunas condiciones de trabajo, reguló el financiamiento de las campañas electorales y trató de limitar los monopolios y oligopolios”, explicó a Zoom Valeria Carbone, Doctora en Historia de la UBA, especializada en Estados Unidos, y profesora de la carrera de Historia en la misma universidad.

 

“En Estados Unidos, las cuestiones que se resuelven en la Corte Suprema o en las cortes estaduales pueden y suelen ser usadas como precedente para crear legislación. -continuó la historiadora- Muchas leyes o proyectos de ley toman antecedentes jurídicos para sus argumentaciones. Por eso, si en los próximos 10 ó 15 años existe una corte mayoritariamente conservadora que dice que se va a ajustar estrictamente a la ley, como argumentó Kavanaugh cuando fue nominado, está claro que en Estados Unidos va a ser muy difícil conseguir avanzar en términos de derechos”.

 

Las principales organizaciones de derechos civiles y feministas estadounidenses no sólo comparten esta preocupación por lo que falta hacer, sino también por el terreno ganado.

 

“El anuncio de Trump es una sentencia de muerte para miles de mujeres en Estados Unidos. La nominación del juez Brett Kavanaugh amenaza con inclinar de manera peligrosa a la máxima corte de nuestro país hacia la derecha y erosiona aún más las protecciones de casi todos los grupos marginales de Estados Unidos”, advirtió en un comunicado la organización Marcha de las Mujeres, la misma que el día siguiente a la asunción de Trump, en enero del año pasado, inundó las calles de Washington DC y de las principales ciudades del país con manifestaciones feministas y opositoras. “Trump está cumpliendo con sus promesas de campaña más preocupantes: el veto musulmán, la campaña contra la inmigración y, ahora, revertir Roe vs Wade”, agregó el texto.

 

El famoso fallo Roe vs Wade de la Corte Suprema garantizó en 1973 la legalización del aborto en todo el país, sin restricciones, al menos hasta el inicio del tercer trimestre del embarazo. El máximo tribunal ratificó su posición en 1992 en otro histórico fallo, Planned Parenthood vs Casey: “…los asuntos que involucran las decisiones más íntimas y personales que una persona puede tomar en su vida, decisiones centrales para la dignidad y la autonomía personales, son centrales para la libertad protegida por la Enmienda Decimocuarta” de la Constitución.

 

Sin embargo, el segundo fallo cambió el límite y habilitó a los estados a empezar a legislar e imponer restricciones a partir del momento que el feto fuera considerado “viable”, es decir, que pudiera sobrevivir fuera del cuerpo de la madre. Esto permitió que los estados más conservadores aprobaran leyes más restrictivas, un fenómeno que creció exponencialmente a partir de 2010, casualmente en paralelo con la derechización de la base electoral republicana.

 

Según el Instituto Guttmacher, una de las voces autorizadas sobre este tema, de las 1.142 leyes restrictivas del aborto que se aprobaron en Estados Unidos desde el fallo Roe vs Wade, el 30% se promulgaron entre 2010 y 2016. Incluso cuatro estados -Luisiana, Mississippi, Dakota del Sur y Dakota del Norte- aprobaron leyes especiales -conocidas como leyes gatillo- para que, en caso de que la Corte revierta el fallo Roe vs. Wade, el aborto vuelva a ser ilegal. Otra docena de estados tienen borradores de proyectos de ley o normas promulgadas que fueron rechazadas por los tribunales listos para ser introducidos, en caso de un cambio de doctrina de la corte.

 

Kavanaugh, un padre de familia católico que nació, se crió y se desarrolló profesionalmente en el corazón político del país, Washington DC, nunca expresó públicamente su posición sobre Roe vs Wade. Durante las sesiones de confirmación en el Senado para ser juez de apelaciones hace más de una década, el entonces joven magistrado se negó una y otra vez a responder esa pregunta. Sólo dijo que como juez de segunda instancia respetaría la posición de la Corte Suprema y que sólo este tribunal puede revertir su doctrina. Sus antecedentes -el año pasado votó en contra de que una joven inmigrante menor de edad que fue detenida por no tener papeles pudiera realizarse un aborto- y su pertenencia política -fue asesor de la Casa Blanca durante el gobierno de George Bush hijo y un hombre de confianza de su círculo íntimo- hacen temer a muchos que, una vez que se siente en la corte, haga pública su posición e impulse o habilite un cambio de doctrina.

 

El prejuicio no es del todo injustificado.

 

Durante la campaña presidencial de 2016, un periodista de la cadena de noticias Fox le preguntó a Trump si quería ver revertido el fallo Roe vs Wade. La respuesta fue directa: “Bueno, si ponemos dos o quizás tres jueces, eso es lo que pasará. Y eso pasará automáticamente, en mi opinión, porque yo pondré jueces pro vida en la corte.”

 

La posición del mandatario no cambió una vez que ganó las elecciones. Uno de los primeros decretos que firmó en la Casa Blanca fue para suspender la financiación federal a organizaciones y organismos internacionales que promocionan o realizan abortos. Dos años y medio después, su vice, el ultraconservador Mike Pence, dejó en claro que la postura sigue siendo la misma: “Yo defiendo la santidad de la vida. Este gobierno y este presidente son pro vida”, sentenció en una entrevista con el canal CNN.

 

Pence destacó, eso sí, que no discutieron el tema aborto con el flamante nominado a la Corte Suprema y que su nombre no fue elegido por eso, sino por su trayectoria.

 

Pese a las alarmas que el nombre de Kavanaugh desató entre la oposición demócrata y organizaciones y movimientos civiles, es posible que Pence diga la verdad: Trump no pensó en el actual juez de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia (DC) -el segundo tribunal más poderoso del país, según los especialistas- por su postura conservadora en materia de derechos civiles, o al menos no fue sólo por ello.

 

En un artículo en la revista especializada Minnesota Law Review, publicado en 2009 cuando ya era juez de apelaciones, Kavanaugh cuestionó las investigaciones criminales a un presidente en funciones: “Aún las cargas menores de una investigación criminal -como prepararse para un interrogatorio hecho por investigadores criminales- consumen tiempo y distraen. Como los juicios civiles, las investigaciones criminales hacen que el presidente deje de enfocarse en sus responsabilidades con el pueblo. Y un presidente que está preocupado por una investigación criminal en curso casi inevitablemente hará peor su trabajo. -escribió y agregó más adelante- “Hay una seria discusión constitucional sobre si un presidente puede ser procesado y juzgado por un delito criminal mientras está en funciones.”

 

Kavanaugh fue parte del equipo de abogados de Kenneth Starr, el consejero independiente que en los 90s encabezó la investigación criminal contra el entonces presidente Clinton que terminó en un impeachment fallido en el Congreso. Sin embargo, su nueva postura podría serle muy útil a Trump, quien desde el inicio de su gobierno es investigado por el FBI por un presunto complot entre el gobierno de Rusia y su equipo de campaña presidencial para perjudicar a su rival electoral, la demócrata Hillary Clinton, a sólo meses de los comicios de 2016.

 

Varios miembros de la mesa chica de la campaña de Trump ya fueron procesados y han declarado a puertas cerradas. A lo largo de este año, la tensión no paró de escalar ante la posibilidad de que el mandatario sea llamado a un interrogatorio y por las amenazas de sus abogados, que han exigido públicamente que todo el proceso se termine antes del próximo 1 de septiembre, cuando comienza formalmente la campaña electoral para las elecciones de medio término de noviembre.

 

Los principales referentes de la oposición demócrata en el Congreso ya adelantaron su rechazo a la nominación de Kavanaugh y prometieron dar pelea en el Senado. Sin embargo, con una ajustada mayoría oficialista de 50-49 -los republicanos suman 51 bancas pero el veterano John McCain está de licencia por enfermedad-, el futuro del juez y de la Corte Suprema de Estados Unidos será decidido por un puñado de legisladores. Los medios estadounidenses estiman que hay cinco votos inciertos: tres demócratas que deben renovar sus cargos este año en distritos conservadores y dos republicanas moderadas que se han pronunciado a favor de mantener el fallo Roe vs Wade y que han sabido enfrentarse a su bancada en temas sensibles, como los intentos fallidos de derogar el sistema de salud creado por Barack Obama.

 

La presión -pública de organizaciones civiles y grupos de lobby, y a puertas cerradas de los partidos y sectores de poder muy influyentes- ya comenzó a hacerse sentir. La convicción de un lado y del otro es que con la ratificación de Kavanaugh se juega un cambio de época profundo, uno que ya empezó a asomar con la asunción el año pasado del juez Gorsuch.

 

El ingreso a la Corte del primer juez nominado por Trump dio su primer gran fruto el mes pasado cuando permitió destrabar un fallo que hacía tiempo estaba empatado -Janus vs AFSCME- y le asestó un golpe potencialmente fatal a los sindicatos de empleados públicos, uno de los pocos que aún siguen siendo medianamente fuertes en Estados Unidos.

 

La doctrina anterior sostenía que los afiliados aportaban con un descuento de su salario -como en Argentina- al sindicato, mientras que los otros trabajadores del sector que se beneficiaban de sus negociaciones colectivas debían pagar una comisión mínima. A partir de ahora, los docentes, policías, bomberos, etc., que no estén afiliados no tendrán que realizar ningún aporte, aún cuando estén incluídos en los aumentos salariales colectivos. Sin dudas, esto debilitará la capacidad de las organizaciones sindicales de atraer nuevos afiliados y mantener su fuerza de negociación.

 

Con un Congreso potencialmente dividido y paralizado después de las elecciones de noviembre próximo, Trump podría encontrar en una nueva y conservadora Corte Suprema la herramienta institucional que necesita para concretar los cambios estructurales que prometió y que le sigue reclamando su base electoral.

 

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