Donald Trump ha sido acusado por segunda vez en 2023. Esta nueva acusación conlleva 37 cargos y es mucho más grave que su anterior caso de soborno. Es un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que es la primera vez que un ex presidente es acusado de un delito federal. El presidente número 45 de Estados Unidos se enfrenta a cargos bajo el Acta de Espionaje de 1917. Esta ley penaliza las acciones que interfieren en las relaciones exteriores y el comercio internacional. Específicamente a Trump se le acusa de obstrucción de la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración y afirmaciones falsas. Estos delitos son extremadamente graves y fueron cometidos durante su mandato presidencial. En un acontecimiento sin precedentes, el FBI registró la mansión que Trump posee en Palm Beach, Florida, el pasado mes de agosto. La operación había sido autorizada previamente por un tribunal de justicia. Esto está relacionado con la mala gestión de los Archivos Nacionales, que también viola la Ley de Registros Presidenciales. Esta ley exige la preservación de notas, cartas, correos electrónicos, memorandos o faxes de los presidentes durante su mandato, con el fin de preservar la transparencia histórica ante los ciudadanos.
En marzo, el ex presidente ya había sido acusado de cargos relacionados con pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, utilizando fondos de campaña. Por ese caso, ya se había convertido en el primer ex mandatario arrestado desde Ulysses S. Grant, el 18º presidente, quien fue detenido en 1872 por exceso de velocidad en su carruaje. En aquella ocasión, Trump afirmó que «no puede tener un juicio justo» en su ciudad natal, Nueva York, gobernada por el Partido Demócrata. Ahora, vuelve a enfrentar un arresto, pero esta vez en el estado de Florida, gobernado por el republicano Ron De Santis, quien solía ser un aliado de Trump pero ahora es uno de sus rivales en la competencia interna dentro del Partido Republicano. Este desafío interno ha llevado a Trump a considerarlo como uno de sus oponentes favoritos en los últimos meses.
Por lo tanto, el ex presidente aprovechó la oportunidad para volver a hablar sobre la persecución política, utilizando incluso un término que resuena en América Latina en diferentes contextos: warfare of law (guerra legal), algo similar al concepto de lawfare utilizado por líderes latinoamericanos para referirse a persecuciones mediáticas, judiciales y políticas de las que han sido víctimas.
A su vez, en agosto de 2022, la casa del ex presidente en Mar-a-Lago ya había sido allanada por esta causa por el Federal Bureau of Investigation (FBI). La operación había sido previamente autorizada por una Corte de Justicia. Trump acusa a los “izquierdistas radicales del Partido Demócrata” de estar detrás de lo que, aduce, es una persecución judicial para “proscribir” su candidatura en 2024: “Es un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia″. Trump tiene un “comité de acción política”, al que llamó “Save America” (Salvar EEUU), rememorando su Make America Great Again (Hacer a EEUU grande de nuevo) que lo llevó a la presidencia en 2016. A través de esa plataforma, el ex mandatario denunció: “Mi hermosa casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach está sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI”. El magnate, además, se dirige a sus seguidores a través de su propia red social, Truth Social, luego de haber sido baneado de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, entre otras.
El inquilino número 45 de la Casa Blanca afirmó en aquel momento que el allanamiento se había producido sin previo aviso, y que tal medida no era necesaria ni apropiada. De acuerdo con el ex presidente, los demócratas armaron un sistema de justicia para perseguirlo y hostigarlo. Trump llegó a comparar lo sucedido en su mansión con el escándalo de Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon en 1972. Lo cierto es que, si hay alguna comparación a lo largo de la convulsionada historia de los EEUU es, efectivamente, con el ex presidente, también republicano. Nixon fue indultado diez meses después de su renuncia por su sucesor, Gerald Ford, pero, en 1975, debió comparecer a puertas cerradas ante dos fiscales y llegó a declarar once horas, durante dos días, ante un Gran Jurado federal respecto de lo que había sucedido en Watergate. Trump podría ser acusado formalmente de algo más grave: haber organizado los sucesos del Capitolio para evitar la toma de posesión del cargo de quien lo derrotó en las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden.
Los propios ex asesores de Trump afirmaron que el mal manejo de los archivos era la norma durante sus años en la Casa Blanca, a tal punto de que llegaba a extraviarlos, perderlos, o incluso, destruirlos de manera deliberada. Ya en enero de 2022 le fueron secuestradas quince cajas que contenían este tipo de archivos. Según denunció el mismo Trump, hasta le abrieron su caja fuerte, aunque no aclaró qué elementos le fueron sustraídos. El Departamento de Justicia aún se encuentra investigando el contenido de esas cajas. Las leyes federales prohíben cualquier traslado de documentos clasificados a lugares no oficiales o ajenos a establecimientos gubernamentales. La CNN difundió imágenes que, supuestamente, revelarían dos momentos en los que Trump habría tirado documentos oficiales por el inodoro. De acuerdo con lo que cuentan sus mismos ex asesores, el ex presidente se mofaba de las leyes respecto de los registros, y afirmaba que eliminaba los documentos luego de leerlos, sin motivo ni justificativo aparente.
Es importante destacar que, aunque sea condenado, el magnate inmobiliario aún puede ser candidato a la presidencia, a menos que sea condenado por atentar contra la democracia. Esto no es algo improbable, ya que también enfrenta cargos relacionados con los eventos del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores asaltaron el Capitolio en protesta por un supuesto fraude electoral en su contra. En aquella ocasión, Trump no condenó el ataque e incluso se refirió a los asaltantes como «patriotas», «héroes» y «buenos estadounidenses”. Antes de declarar ante el Gran Jurado, Trump publicó en su red social, Truth, que era «uno de los días más tristes en la historia de nuestro país» y que «¡Somos una nación en declive!». Su abogada, Alina Habba, afirmó que «Hillary Clinton y el propio Joe Biden retuvieron documentos clasificados, pero no han sido procesados». Siguiendo la línea argumentativa de Trump, denunció una persecución política en su contra, ya que es el «principal candidato del Partido Republicano». Además, declaró, al igual que el ex presidente, que la acusación es «el tipo de cosas que se ven en dictaduras como Cuba y Venezuela”.
Trump, como ajeno al establishment político que era, probablemente haya estado acostumbrado a todo tipo de manejo de la información y de los bienes. El manejo que hizo de lo público se pareció más a lo que hubiera hecho con sus empresas o establecimientos privados. Después de su declaración ante el Gran Jurado, Trump, quien cumplió 77 años el miércoles, volvió a advertir que la investigación es «un atroz abuso de poder”. En cuanto a una posible sentencia de prisión, aún queda el juicio. Es altamente improbable que una persona de su nivel político e influencia sea encarcelada antes de una sentencia firme. Sin embargo, según las pruebas presentadas por los fiscales y lo que se encontró en la mansión de Mar-a-Lago, es probable que eso ocurra. Por ahora, todo indica que el líder político y magnate seguirá haciendo campaña, obstinado en su intento de regresar a la Casa Blanca. Aunque esta vez enfrenta una resistencia interna aún mayor que hace cuatro años, incluso de ex aliados que se han vuelto en su contra, y el Poder Judicial le está causando problemas. Sin embargo, esto no parece afectar demasiado a su base de seguidores, que se mantiene firme a pesar de los contratiempos. Todo apunta hacia una repetición de la contienda entre Trump y Biden en 2024, lo cual no refleja positivamente el estado actual de la política en Estados Unidos.
