Jueces vinculados con crímenes de lesa humanidad traban leyes y algunas empresas de prensa los sindican como “patriotas institucionalistas”. El Grupo Vila-Manzano y su vínculo con la Justicia. La crisis judicial.
«Clarín, Magnetto, devuelvan a los nietos…»
Canto popular
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada el 10 de octubre pasado con 44 votos (sobre 72) en el Senado y con 147 (sobre 257) en Diputados, es decir, con un amplio margen y un gran consenso, se encuentra objetada y paralizada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Jueces que no son electos por medio del voto popular y que sus cargos son vitalicios, accedieron a la medida cautelar presentada por el diputado nacional peronista-cobista Enrique Luis Thomas, “con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad e inconstitucionalidad de la referida ley”, que fue aprobada por una notable mayoría parlamentaria. Los argumentos esgrimidos son sumamente inconsistentes: “el trámite parlamentario de la misma adoleció de graves vicios de arbitrariedad, ilegalidad manifiesta, y violación de los procedimientos y formas previstas por el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
El fallo de los jueces Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra deja en suspenso la ley de la democracia y reestablece como marco legal y jurídico la antigua ley de radiodifusión de la dictadura, de 1980, marcada por la Doctrina de Seguridad Nacional, la censura y persecución a periodistas.
Aunque se preveía que esto pudiera ocurrir, no deja de ser indignante para los que se han esforzado por instalar en la sociedad el debate acerca del carácter inalienable de un derecho humano esencial como es el de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. En los meses de discusión y construcción del proyecto de ley se logró poner sobre el tapete el rol que debe ocupar el Estado, administrando y regulando el espacio radioeléctrico que pertenece a todos. Con este fallo de la Sala A, posiblemente hermana del Grupo A, no sólo se cuestiona la ley de la democracia, las instituciones y el debate parlamentario, sino también el rol del Estado, además de resaltar un clima de época, donde los jueces como si gozaran de un mandato divino deciden sobre el futuro de todos y cada uno.
Vale destacar, para algunos que ven líneas ultraoficialistas por todos lados, que esta es una ley que trasciende al Gobierno, al kirchnerismo, al matrimonio K, a los montoneros crispados o a la yegua. Si bien es cierto que este Gobierno le dio el apoyo e impulsó el proyecto de ley, nunca hubiera sido posible sin el nivel de conciencia al que arribaron amplios sectores del periodismo independiente (de las corporaciones económicas imperialistas colonizadoras de subjetividades), de la sociedad en su conjunto y de las fuerzas políticas y sociales del país. Sin el Foro Argentino de Radio Comunitarias (FARCO), sin la Coalición por una Radiodifusión Democrática, sin los 21 puntos iniciales, sin la lucha de estos 26 años, nunca hubiera sido posible.
Un informe que preparó el Equipo de Investigación de Radio Nacional, creado por su actual directora María Seoane, destaca que los jueces Otilio Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Petra “están denunciados por sus actuaciones en juicios por crímenes de lesa humanidad.”. En Mendoza, durante la dictadura, hubo más de 200 desaparecidos, entre ellos el escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo. Sin embargo, todos los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la provincia están libres.
“Otilio Romano es el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Sala A de la Cámara, que es la que confirmó la suspensión -dice el informe-. En diciembre de 2009, organismos de Derechos Humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención pidieron la destitución del entonces fiscal Romano por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones durante la última dictadura.” Romano fue designado como fiscal entre 1974-1975 y en la dictadura sería ascendido a juez federal.
Según cuenta el informe preparado por el Equipo de Investigación, “el 23 de mayo del 2008, con la firma de Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra Fernández, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza otorgó la libertad a todos los detenidos acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sánchez Andia y de Víctor Romano Rivamar. El 18 de septiembre -continúa el informe- con el voto positivo de Julio Petra y Carlos Pereyra González también liberaron al sargento del Ejército Argentino, Osvaldo Benito Martel, acusado por los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Margarita Rosa Camus, nieta del entonces gobernador de San Juan, Eloy Camus (también detenido) y actual jueza de garantías de la justicia sanjuanina. Los jueces Petra y Cuitiño fueron denunciados por su ‘actitud consecuente y manifiesta a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado’”. Asimismo, dispusieron la libertad de los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.
Petra, además, fue denunciado “por su vinculación con los intereses del Grupo Vila-Manzano”, que favoreció al Grupo en un disputa por los terrenos de la Universidad Nacional de Cuyo.
La investigación de Radio Nacional aporta que “durante el menemismo, el actual juez López Cuitiño estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas. Desde allí, firmó uno de los documentos que otorgó la ciudadanía argentina al traficante de armas Monzer Al Kassar. Su jefe era el entonces ministro del Interior, José Luis Manzano, hoy socio de Daniel Vila en el Grupo UNO, el segundo multimedios más grande del país.”
Ahora, quizás, se entienda mejor el funcionamiento de estos -y otros- jueces que comparten ideológicamente el genocidio. En este caso están contra las riendas en el Consejo de la Magistratura por denuncias que los vinculan con los horrores de la dictadura. Con lo cual, la Sala A, hermana del Grupo A, es cómplice de las torturas, violaciones y desapariciones de la Triple A.
En este sentido, la jueza federal Olga Pura de Arrabal, que de pura no tiene nada, en diciembre suspendió la norma con una medida cautelar. Como abogada ofició a favor de la empresa mendocina de Supercanal (del Grupo Vila-Manzano) y vive en el barrio Dalvian, un conjunto habitacional que pertenece a Daniel Vila. El 25 de enero de 2008 sacó del aire a Canal 7, dando lugar a un amparo presentado por el Grupo UNO y durante dos meses dejó a los mendocinos sin el canal del Estado nacional.
Por estos días, los jueces Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal suspendieron sin fecha las pericias de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos a los hijos presuntamente apropiados de Ernestina Herrera de Noble. Por lo tanto, la complicidad de la justicia no tiene que ver con algún juez inescrupuloso sino con un funcionamiento corporativo y mafioso. La Justicia, en estas circunstancias, deja de ser democrática y sólo le pertenece a los poderosos, a los grupos económicos, a los que acceden a los estudios de abogados especializados en poner palos en las ruedas.
El Gobierno Nacional, por su parte, anunció que apelará el fallo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el viernes 9 de abril a las 19 en el Obelisco habrá una marcha en apoyo a la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
