Por Causa Popular.- Con la misma persistencia que tuvo Domingo Felipe Cavallo, hasta hoy el más transversal de los ministros por haber ocupado los gabinetes de Menem y De la Rúa, uno de sus antiguos alfiles no ha perdido sus enseñanzas y mucho menos las mañas. Es que el Jefe de Gabinete Alberto Fernández ha demostrado que la pelea por los superpoderes no es un recuerdo de “la vieja política”, es también una necesidad del Gobierno Nacional. A pesar de las oposiciones al respecto de propios y ajenos, continúa la discusión por la prorroga de facultades especiales para el poder ejecutivo pedidas al Congreso Nacional. “Alberto” convirtió el miércoles su informe bimestral en una defensa de lo que los legisladores opositores llamaron “superpoderes”.
Fernández eligió esta forma de responder a la férrea oposición que adoptó el titular del partido radical y gobernador del Chaco Angel Rozas al anunciar que sus bloques parlamentarios no darán quórum en la sesión en la que se tratará el proyecto de Presupuesto 2005, que contempla la delegación de facultades.
Fernández centró su defensa en la caracterización de que la crisis del país no ha culminado y en que no están pidiendo más que lo otorgado a los gobiernos anteriores desde el 97. En el peronismo no son pocos quienes señalan que las facultades que hoy tiene el jefe de gabinete y busca prorrogar convierten a la ley del presupuesto en una ficción.
Aunque al justicialismo le sobran los legisladores para aprobar la Ley en las dos cámaras, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reclamó el pasado miércoles al Congreso la ratificación de la delegación de facultades para reasignar partidas presupuestarias, y señaló que lo que el gobierno pide son las mismas atribuciones que el cuerpo viene otorgando a sus antecesores desde 1997. Luego respondió los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, al sostener que «los superpoderes son los que se aprobaron en el 2001, pero nada de eso se está pidiendo ahora.
No le venimos a pedir al Poder Legislativo que le permita al Ejecutivo crear tasas no tributarias, decidir la fusión o centralización de entes, transformar en empresas a entidades autárquicas o descentralizadas como la Aduana, la posibilidad de sujetar a los empleados de entes autárquicos a la ley de trabajo, ni desregular el mercado de capitales», sentenció. «Estos son los superpoderes que se aprobaron en 2001», insistió Fernández.
Cuando se votó la ley de presupuesto que rigió durante el 2004, en su artículo 13 se transformó al resto de la ley en letra muerta, según analizaron en su momento algunos legisladores. Este artículo concedió al jefe de Gabinete poderes extraordinarios para modificar la asignación de recursos según lo considere necesario, algo que pretende mantener en el 2005.
El artilugio es utilizado desde mediados de los ‘90 en forma ininterrumpida, con la diferencia de que esta vez las atribuciones concedidas al Poder Ejecutivo fueron mayores, pues ni siquiera quedan limitadas por la Ley de Administración Financiera. Esta última Ley reserva al Congreso las decisiones que afecten el monto de endeudamiento previsto, así como los cambios que impliquen incrementar gastos corrientes (sueldos y otros administrativos) en detrimento de los gastos de capital (obras públicas). Sin esa inhibición, el Gobierno puede aplicar cualquier redistribución de partidas sin intervención parlamentaria.
A pesar de esto el jefe de Gabinete hizo un encendido reclamó de la delegación de poderes al dar ante el Senado el informe bimestral, que como manda la Constitución debe rendir ante la Cámara, y en el que además hizo una fuerte defensa de la gestión de gobierno. No obstante, y al justificar las delegaciones pedidas, el funcionario aseveró que el país sigue «en emergencia».
«Ha caído la indigencia en la Argentina, pero todavía hay indigencia y muchos pobres, si eso no es emergencia.», dijo Fernández, al tiempo que embistió contra los opositores que dicen «que la crisis ha terminado, pero en relación a la Argentina que queremos los argentinos no estamos fuera de la emergencia».
A si mismo, preguntó irónicamente si «Elisa Carrió va expulsar a (el diputado Fernando) Melillo o (Carlos) Raimundi que votaron los superpoderes» del 2001, y le reclamó al jefe de Recrear Ricardo López Murphy que se ocupe «de la calidad institucional de mejor modo, no como lo está haciendo».
El debate por los superpoderes reabrió además la pelea interna en la UCR que quedó al descubierto tras el triunfo de Adolfo Stubrin como presidente de la Convención Nacional frente al alfonsinismo, apoyado por la coalición que lidera Rozas.
Cuando el titular del Comité Nacional de la UCR, Angel Rozas, declaró en que su partido no dará quórum al proyecto de ley de presupuesto 2005 que otorga poderes especiales al jefe de Gabinete y acusó al presidente, Néstor Kirchner, de impulsar la «desigualdad» en el país como ocurría en la «infame década de los ’90», no necesitó el gobierno contestar a sus críticas, entre las propias filas del radicalismo se escucharon las primeras reacciones.
Inmediatamente después de sus declaraciones, Rozas protagonizó un duro cruce con los jefes de los bloques de diputados y senadores que rechazaron su propuesta de no aprobar el pedido del ejecutivo. El titular del bloque de Diputados, Horacio Pernasetti y otros legisladores le endilgaron a Rozas no haberse opuesto a los «superpoderes de (el ex ministro de la Alianza, Domingo) Cavallo» durante el gobierno de Fernando De la Rúa, mientras que el chaqueño los acusó de «hacer una oposición blanda».
A su vez, los diputados también recordaron al titular del radicalismo que mientras ellos se oponían a la ley de subversión económica él «firmó cuando era gobernador del Chaco, los 14 puntos» del documento de los mandatarios provinciales que reclamaba el Fondo Monetario Internacional (FMI)», en un acto que se realizó en Olivos durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Mientras los legisladores le pusieron un freno a la postura del furibundo Rozas, varios de los gobernadores radicales que también habían sido invitados por Rozas a la reunión en el Comité Nacional no asistieron luego de las palabras del titular del radicalismo.
Si bien Rozas repitió en tres oportunidades que la decisión partidaria había sido tomada «por unanimidad», fuentes que participaron de la reunión informaron a la prensa lo contrario. Durante las casi tres horas de discusión, los términos de debate fueron otros y por ello, en la bancada de diputados radicales hubo quienes reaccionaron con incomodidad frente a las declaraciones del presidente del partido.
El ex presidente Raúl Alfonsín dijo que el partido “no puede asumir una oposición infantil al gobierno” y el gobernador de Tierra del Fuego, Jorge Colazo, tomó distancia de la conducción de la UCR al recomendarle «dejar las críticas de lado» y ayudar al presidente Néstor Kirchner a «seguir haciendo un buen gobierno» porque «si a él le va bien, nos va bien a todos».
Lo que diga el partido a nivel nacional es un problema de ellos», remarcó Colazo al término de una audiencia que mantuvo en la Casa de Gobierno con Kirchner en la que acordó la concreción de diversas obras en su provincia.
Es que muchos radicales no pueden creer que Rozas deambule por los canales de televisión como si el partido que preside no hubiera sido uno de los principales responsables de la peor crisis de la Argentina.
