Tras la caída del gobierno de Mesa, Bolivia tiene un nuevo presidente con 72 horas para nacionalizar hidrocarburos

Por Causa Popular.- Eduardo Rodríguez Veltzé (recuadro foto) juró el jueves 9 de junio como nuevo presidente de Bolivia, el tercero que asume el gobierno del país andino en menos de tres años. Después de que el Congreso aceptara la renuncia del mandatario Carlos Mesa, el ex presidente de la Corte Suprema de justicia se comprometió en el mismo acto a conducir un proceso de transición y convocar a elecciones. Rodríguez fue designado luego de que los jefes del Senado, Hormando Vaca Díez, y de la Cámara baja, Mario Cossío, renunciaran a encabezar el Ejecutivo al conocerse la noticia del asesinato de un minero cooperativista a manos de la policía.

Mientras que el nuevo presidente asume con el apoyo del líder cocalero Evo Morales -que en los últimos días había dejado en segundo plano la bandera de la nacionalización de los hidrocarburos por el de las elecciones-, las organizaciones sociales que bloqueaban el 80% de las rutas del país andino le dieron una tregua de 72hs a Rodríguez para que nacionalice los hidrocarburos.

Finalmente se resolvió la incertidumbre de quién asumiría la responsabilidad del gobierno boliviano luego de la renuncia de Carlos Mesa y, en consecuencia, cuál va a ser el escenario político inmediato del país más pobre del continente americano.

Un gobierno del Presidente de la Corte Suprema, respaldado por el Movimiento al Socialismo (MAS) del diputado cocalero Evo Morales, por los sectores moderados del empresariado, de las clases medias urbanas y de la Iglesia, equivale en definitiva a la convocatoria a nuevas elecciones nacionales a fin de año y, para buena parte de la población movilizada, un intento por la vía pacífica de desarticular la lucha popular por la recuperación del gas y el petróleo.

La elección de Vaca Diez que contaba con el apoyo de la oligarquía latifundista y pro petrolera del oriente y de los partidos neoliberales que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (derrocado en octubre del 2003 por una insurrección popular), hubiera significado, por el contrario, dar vía libre para que el Ejército abra fuego contra campesinos, obreros y vecinos que controlan las ciudades de La Paz y El Alto, que han cercado seis de las diez ciudades más grandes de Bolivia y que han bloqueado más del 80% de caminos que existen en el país.

Para la embajada de los Estados Unidos en Bolivia, si bien la salida a través de Vaca Diez, con armas en mano, era la que más se acercaba a su pensamiento e intereses, en ningún momento dejó de ver con buenos ojos la salida electoral, para la cual, de todas formas, las primeras reacciones de los movimientos sociales dejaron en claro que se necesitarán las armas para garantizarla.

La Embajada de Estados Unidos, las transnacionales y el Ejército priorizaban la alternativa de Vaca Diez, pero no descartaron en ningún momento la vía electoral en torno a Rodríguez, quién ganó espacios a medida que se multiplicaron las huelgas de hambre de alcaldes y representantes de clases medias que se oponían tenazmente a Vaca Diez.

Las masivas manifestaciones de campesinos y sectores moderados de trabajadores y vecinos en La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Potosí también contaron a favor de Rodríguez y aumentaron en forma permanente las especulaciones sobre la cuota de sangre que significaría insistir con Vaca Diez. La Embajada, las transnacionales y el Ejército están haciendo los cálculos respectivos y Juan Corro, minero cooperativista, fue el primero en la lista.

“Al Eduardo Rodríguez Veltzé lo hemos designado en cumplimiento al mandato de asunción constitucional para que encabece un gobierno provisional de transición que debe conducirnos (…) a que ese pueblo boliviano que quiere ir a votar, vote”, sentenció Vaca Díez.

De acuerdo a la Constitución, Rodríguez deberá convocar, en un plazo no mayor a seis meses a nuevos comicios, pero distintos actores, entre ellos el líder Evo Morales, han dicho que también deberá encarar temas como la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, eje de las protestas sociales.

“Concurro a este acto en cumplimiento de un deber constitucional que ha traído a esta posición, como un juez de la República que debe cumplir un mandato constitucional. Y lo hago imbuido del mejor sentido no solamente de responsabilidad patriótica, sino convencido de que la democracia, el sentido de unión y paz, es el mejor destino para los bolivianos”, declaró el flamante jefe de Estado.

La posesión de Rodríguez se realizó en medio en una sesión extraordinaria convocada por el Parlamento y que se instaló la noche del jueves 9 tras varias horas de retraso y después de enfrentamientos entre manifestantes y policías, que obligaron a evacuar a Vaca Díez y Cossío de la Casa de La Libertad de Sucre, la capital de Bolivia.

Al tiempo de llamar a la “autocrítica” para no volver a tropezar, reiteró este abogado recibido en la Universidad de Harvard, que espera cumplir con un “mandato breve”, en el que cuente “con la ayuda del Congreso” y el “ánimo y la buena voluntad” de los bolivianos.

“Seamos capaces de conjugar, de hacer una ecuación factible, donde nos podamos sentir todos mas bolivianos”, propuso. Al abordar el espinoso asunto de los hidrocarburos, afirmó que la constitución establece que “son del dominio originario del Estado”, e indicó que “nada ha cambiado”. Estimó que el Congreso deberá definir “el momento más oportuno la mejor manera de recuperar aquello que la naturaleza dio a este país”.

Mesa renunció el lunes de 6 de junio, en medio de una profunda crisis política y social de esta nación que, según su exjefe de Estado, se encuentra al “borde de una guerra civil”. El saliente gobernante calificó su dimisión, que anunció por segunda vez en menos de tres meses, de “definitiva”. Distintos sectores, encabezados por Evo Morales, rechazaron la posibilidad de que Vaca Díez o Cossío asumieran las riendas del país, y pidieron que Rodríguez fuera investido presidente y diera paso a la convocatoria de elecciones generales.

La muerte de un minero en un enfrentamiento con las autoridades, ocurrido en la población Yotala, próxima a Sucre, desató fuertes enfrentamientos en los alrededores de la Casa de La Libertad, en Sucre, la capital boliviana a donde sesionó el Legislativo.

Los parlamentarios habían decidido trasladarse desde La Paz, a raíz de las intensas manifestaciones que se registran desde hace 25 días en la sede de gobierno para exigir la nacionalización de los hidrocarburos y convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Desde primeras horas del pasado jueves, la presión de los campesinos, mineros, trabajadores y diversas agrupaciones sociales se concentró en el Congreso para impedir que el presidente del Senado asumiera el gobierno, en caso de ser aceptada la renuncia de Mesa.

Lejos de provocar una distensión en la delicada situación social boliviana, el ascenso al poder de Vaca Diez hubiera causado una escalada del conflicto, tras las advertencias de las entidades sociales de mineros y campesinos de profundizar las protestas.

Un día antes de la elección en el Congreso instalado en Sucre, la capital constitucional, el influyente líder cocalero, Evo Morales, advirtió que intentarán impedir la asunción de Vaca Díez, a quien calificó de ser parte “de la mafia política no sólo de Bolivia, sino de Latinoamérica”.

En tono dramático, pero no exento de realismo, Mesa le imploró a Vaca Díez que no asuma el gobierno, porque el país puede caer en una guerra civil.

“Todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella”, solía decir Vaca Díez desde que se conoció la renuncia de Mesa para aferrarse a su frustrada meta de instalarse en el Palacio de Gobierno, encabezando un gobierno de transición por seis meses o directamente hasta 2007.

Político avezado, en estos días se mantuvo en silencio pese a los clamores para que se abstenga de asumir el mando, seguro de contar con los votos necesarios de sus aliados en el Congreso. Son las mismas formaciones políticas que en el pasado reciente apoyaron, en heterogéneas coaliciones, al derrocado presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada y a los antecesores de éste, los conservadores Jorge Quiroga y Hugo Banzer.

De todas formas, la llegada al poder de quién hasta el jueves fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia no garantiza la gobernabilidad de Bolivia.

Sólo 72 hs. de tregua

La convocatoria a nuevas elecciones y la designación de un nuevo Presidente no han desmovilizado al pueblo boliviano en la lucha por nacionalizar el gas y el petróleo. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto y la Central Obrera Boliviana (COB) han otorgado el viernes 10 un plazo de 72 horas para que el nuevo presidente Eduardo Rodríguez nacionalice el gas y el petróleo.

La decisión fue tomada en una Asamblea de emergencia de los alteños que resolvió no dar un paso atrás en la agigantada lucha popular y, por el contrario, decretó endurecer el cerco sobre La Paz, que está sin gasolina, transporte ni abastecimiento.

“Vamos a continuar el paro cívico indefinido. La lucha es inclaudicable”, dijo a la prensa boliviana el presidente de los vecinos de El Alto, Abel Mamani. La decisión de los alteños fue respaldada por los dirigentes de la COB y de la Asamblea Popular, reunidos de emergencia.

“Sea cual sea el presidente, nosotros seguimos de pie. Nosotros no hemos pedido la renuncia del ex presidente Carlos Mesa. Nosotros queremos la nacionalización (…) No hay tregua”, agregó.

Desde las primeras horas del viernes los movimientos sociales de La Paz y El Alto debatieron intensamente si debían o no hacer un alto en la lucha por la nacionalización, tras la elección de Eduardo Rodríguez como nuevo presidente de Bolivia. Mientras que algunos sectores proponían suspender de inmediato las medidas de presión, otros, los más radicales, querían seguir batallando y no dar tregua a las transnacionales.

Los primeros argumentaban que la elección de Rodríguez había cerrado el paso a los sectores más reaccionarios y duros de la oligarquía, que querían asumir el poder a través del Presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, para barrer la movilización popular con bala y metralla.

Los segundos replicaron, sin embargo, que Rodríguez era otro neoliberal, igual a Mesa, vinculado al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que, llegado el caso, usaría también la violencia del Estado para defender los intereses de las transnacionales y de la oligarquía.

Unos y otros coinciden, sin embargo, en que no se han alcanzado el principal objetivo de la lucha como es la nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación de los más de cien mil millones de dólares que están en manos de las petroleras como Repsol, Total, Petrobras, Enron, Sheel, British Petroleum y otras.

“No se ha cumplido con el objetivo de la nacionalización. En el poder, nadie quiere tocar el tema de la nacionalización. Incluso Evo (Morales) solo tocó al final, cuando sus bases ya lo estaban rebasando. Ahora este Rodríguez tiene que hablar claro para saber lo que haremos”, dice Edgar Patana, dirigente de la Central Obrera de El Alto.

En el debate de los dirigentes vecinales y sindicales, esta evidencia jugó a favor de los más radicales, a pesar de que los más moderados insistieron en que tres semanas de lucha, que ha dejado ciudades paralizadas, sin transporte y con pocos alimentos, ya había mermado la resistencia y colmado los niveles de sacrificio del pueblo.

Los otros también creen que es enorme el sufrimiento de los más humildes, pero que era necesario seguir en la lucha para que todo este sacrificio no haya sido inútil. La reciente experiencia de octubre del 2003, cuando el pueblo luchó y derrocó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y entregó el poder a Carlos Mesa, está aún fresca en la memoria colectiva.

El llamado a elecciones puede ser un nuevo engaño, el pueblo lo intuye y actúa en consecuencia. Las clases dominantes bolivianas, con el apoyo de los Estados Unidos, buscan el encumbramiento mediante nuevas elecciones de uno de sus representantes.

Si esto no sucede, aún le queda bajo la manga para garantizar sus ganancias mediante la explotación del petróleo y el gas, la desintegración del país con la efectivización de las autonomías regionales, medida a la que se opone el ejército y que desembocará irremediablemente en una guerra civil racial y de clase entre el occidente pobre e indígena, y el oriente blanco y rico.

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