“Todo parece indicar que no hay un proyecto coherente de largo plazo”

El prestigioso economista (Plan Fénix, Conicet, Flacso) analizó el tema de los subsidios y señaló que se estaría compensando la ganancia de las empresas concesionarias de servicios públicos en lugar de apuntar a un mejor servicio. Y que muchos de esos subsidios, además, son inequitativos: en energía eléctrica, por ejemplo, el costo de la tarifa residencial guarda relación inversa con el nivel de consumo. A mayor consumo, menor costo por kwh.

—Desde 2003, cambiando el paradigma anterior, el Estado administra ciertos flujos de la economía mediante subsidios a los servicios públicos, compensaciones al sector alimentario, promoción industrial, etc. ¿Habrá un techo para esa política o podemos seguir así por otra década?

Hay un “techo” obvio asociado a las posibilidades fiscales y a la no sustentabilidad de largo plazo de tales transferencias. También existe otro “techo”, no tan obvio pero no menos relevante, vinculado a las inequidades que han conllevado algunos de esos subsidios generalizados. Como, por ejemplo, el que devine (prácticamente) del congelamiento de las tarifas del gas natural por red, la electricidad, el servicio de agua potable y cloacas, etc., durante ya casi ocho años, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Para los estratos sociales de más altos ingresos ello supone un subsidio espurio y profundamente inequitativo.

—Ciertos criterios de tarifación implantados en el marco de las privatizaciones no fueron modificados…

Así es. Por ejemplo, tomando como caso el de la energía eléctrica, el costo de la tarifa residencial guarda relación inversa con el nivel de consumo. A mayor consumo, menor costo del kwh. Un verdadero despropósito. Lo propio sucede con el gas natural donde a ese mismo fenómeno (el desplazamiento de los subsidios cruzados en el marco de la propia privatización del servicio que históricamente, como criterio había permitido viabilizar la propia expansión de la red,) se le adiciona que quienes no pueden acceder al gas natural por red deben recurrir al uso de garrafas cuyo costo supera en casi seis veces al del gas por red.

—¿Será que el mercado de hidrocarburos sigue marcando la cancha?

Los hidrocarburos son, holgadamente, la principal fuente de la matriz energética argentina. O sea que, directa o indirectamente, define los precios finales del gas natural, la energía eléctrica, los combustibles líquidos. De esto poco y nada se habla. El oligopolio hidrocarburífero continúa presionando por mayores precios, como si los mismos deberían fijarse en torno a sus niveles internacionales (en la actualidad, alrededor de 70 dólares el barril) y no de los costos domésticos (en torno a los 8 dólares). Otro despropósito, más cuando las grandes empresas hidrocarburíferas son las que han venido obteniendo las más altas tasas de rentabilidad de la economía argentina de la posconvertibilidad.

—Ya desde el año pasado, el economista Miguel Bein, un ortodoxo sorprendente que no es muy crítico con las medidas del gobierno, viene repitiendo que la etapa de los subsidios se agota y que el Estado no podrá seguir sosteniéndolos. Ese economista afirma que al día de hoy, las tarifas deberían aumentar entre un 100 y un 500% en colectivos y ferrocarriles, pero que eso impactaría en cuatro puntos porcentuales del IPC.

Por las razones apuntadas, no me parece mal que se agote la etapa de subsidios generalizados y universales; particularmente los que se orientan al consumo de quienes más tienen y, también más consumen, alentando, incluso, el uso irracional de los recursos, en particular de los no renovables. No obstante, cabe aclarar que, por ejemplo, el servicio de ferrocarril de pasajeros (no tanto los llamados trenes de alta velocidad o, como se insinuó en algún momento, el “tren bala”) es natural que esté subsidiado. El tema, en todo caso, es que lo que se está subsidiando son las ganancias de los concesionarios. Allá por el año 2004-2005, el ex presidente Kirchner comentó que en ese momento se viajaba mucho peor en tren a La Plata que cuando él era estudiante en la Universidad. Si algo cambió desde entonces a hoy, es para peor. Hay que jerarquizar adecuadamente la calidad de prestación de esos servicios en relación con los subsidios públicos cuando así se justifica, como es el caso del transporte público.

—Usted publicó un trabajo en Realidad Económica (“¿Formación de capital de emprendedores o concentración económica?”) sobre la promoción industrial en el que cuestiona que se esté promocionando a grupos concentrados como Aluar, Molinos, Cargill, Dreyfus, Siderar, Acindar, YPF, Gran Deheza. Me resulta sugestivo, porque varios de esos grupos promocionados son los mismos que han salido con los tapones de punta contra el gobierno en eso que Carta Abierta definió como “destituyentes”. Me refiero a las exportadoras de cereales, al grupo Techint…

Es una de las tantas paradojas de la posconvertibilidad y de las gestiones del matrimonio Kirchner. En paralelo a la casi demonización de la soja, en pleno conflicto por la Resolución 125, se concedieron beneficios fiscales, superfluos y espurios, a las principales procesadoras de soja para la exportación. Un verdadero contrasentido. Por otra parte, más allá de subsidiar al gran capital, donde no solo están los mencionados sino también, por ejemplo, las terminales automotrices, todas de capital extranjero, se concedieron tales beneficios a proyectos que igualmente se hubieran realizado. E s más, algunos tenían principio de ejecución cuando se le otorgaron los beneficios de la Ley 25.924), con un escenario local de dólar alto y salarios más que deprimidos a escala mundial, e internacional de demanda y precios en alza. En otras palabras, gran parte de los beneficios fiscales fueron concedidos a proyectos de inversión que igualmente se hubieran realizado.

—Cuando se promociona, hay una selección arbitraria. De la misma manera, cuando se entregan subsidios focalizados a la pobreza y exclusión, hay una selección por parte de la administración, lo cual lleva a hablar de clientelismo. Nos quejábamos de un Estado prescindente, y ahora que es activo, decimos que sus elecciones son arbitrarias… ¿Como resolver ese dilema?

Con un Estado no prescindente, pero coherente, donde sus políticas sean consistentes con una estrategia y un proyecto de país donde no se confunda crecimiento con desarrollo inclusivo. De todas maneras, cuando se “promociona” no debería tratarse de una selección “arbitraria” sino que, previamente, deberían establecerse prioridades sectoriales, territoriales, sociales, etc. y, después, promocionar pero bajo concurso público. Por otro lado, cuando no se remueven las causas que llevan a la pobreza y la exclusión, los subsidios sociales deberían ser universales y transparentes. No necesariamente las distintas formas de subsidiar la pobreza y la exclusión remitan al potencial clientelismo. De todas maneras, es clave y decisivo identificar las causas, por casi todos conocidas, que remiten a la pobreza y a la indigencia y actuar sobre ellas, y no solo sobre sus resultantes “naturales”…

—Desde la secretaría de Transporte, según parece, quieren terminar con los subsidios a los viajes en colectivos, subtes y trenes, como si Bein fuera muy escuchado en esas reparticiones. La prensa ha informado que –con este objetivo- se quiere hacer una encuesta sobre modalidades de viaje en el GBA y promocionan eso como una novedad que modernizará el sistema, cuando el viejo ministerio de Obras y Servicios Públicos y el no menos viejo Consejo Nacional de Desarrollo ya hacían lo mismo a principios de los ‘60 mediante un convenio con el Banco Mundial. ¿Se descubrió la pólvora, o por el contrario, se está armando un negocio con el otorgamiento de una tarjeta magnética masiva? ¿Pero más aún, quién determinará quién recibe el subsidio al transporte y quién no?

Excelente pregunta que difícilmente pueda tener una respuesta de idéntico tenor… Es más, también cabría preguntarse sobre quiénes serán los proveedores del sistema único de boleto electrónico (SUBE) donde, por lo que tengo entendido, las Pymes prácticamente quedaron excluidas de participar en las licitaciones.

—Estas ideas estrambóticas de las tarjetas magnéticas parecen tan inviables como otros planes que han caído melancólicamente en el olvido. Podría citarse el de las lamparitas de bajo consumo, como así también el de las tarjetas en reemplazo de monedas para viajes en colectivos, que se anunció con bombos y platillos hace unos meses. Nada parece salir según lo planeado…

También se anunciaron muy diversos planes (el primer auto, el cambio de motocicletas, heladeras y otros) que, en general, parecerían haber tenido pocos impactos reales. Se dice que se repartieron 6 millones de bombitas de bajo consumo…. tal vez sea cierto… Más allá de estos “pobres” comentarios, parecería que en muchos casos la improvisación y/o las urgencias mediáticas o políticas llevan a realizar anuncios que no tienen mucha consistencia y, es más, como señalé, denotan la inexistencia de un Proyecto de largo plazo donde, si las estrategias esenciales y fundamentales estuvieran claras y fueran coherentes, la formulación de políticas sería más sencilla, aún las de corto plazo.

—Que opinión le merece que Telefónica haya decidido desistir de su reclamo ante el Ciadi? ¿Qué se vendrá? ¿Tendrá alguna relación con la polémica sobre la nueva ley de Medios, telefónicas sí o no?

Telefónica discontinuó su demanda en el CIADI el 24 de septiembre pasado (igualmente, estaba suspendida desde 2006), por lo que: 1) se retomaría la renegociación del contrato paralizada desde febrero de 2006, cuando se firmó el acta acuerdo –de allí en más no se avanzó mucho en la propia renegociación, así como tampoco en reglamentar la portabilidad numérica, regular los precios de interconexión, etc….-, que igualmente “ignora” el gran negocio de la telefonía móvil; 2) Telefónica puede retomar tal demanda cuando así lo considere pertinente. No creo que pueda establecerse relación directa alguna (como sí, en otros casos: Pan American Energy que discontinuó su demanda en el CIADI a poco que se le extendió la concesión de Cerro Dragón) con la ley de medios audiovisuales que, en principio, le impediría a Telefónica incursionar en el triple play (televisión, internet y telefonía). Probablemente se retome la renegociación original y, el retiro de la demanda –y no la simple suspensión del procedimiento- haya sido una exigencia oficial. En ese caso, no podría descartarse un incremento tarifario en la telefonía fija.

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