Durante la mañana del 5 de enero, un tipo con cara perruna y sobrepeso entraba a la fortaleza tribunalicia de la avenida Comodoro Py para dejar un escrito en el Juzgado Federal N°2. Su semblante era solemne.
Ese mismo lunes, a más de ocho mil kilómetros de allí, Nicolás Maduro, ya con mameluco de presidiario y las muñecas esposadas, comparecía ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Lo cierto es que ambas escenas estaban relacionadas entre sí, aunque los ojos del mundo, lógicamente, solo apuntaban sobre la segunda imagen.
Pero el tipo que, minutos después en Buenos Aires, extendería su escrito hacia la secretaria del juez Sebastián Ramos, anhelaba ser parte de tal asunto.
De hecho, esa única foja con membrete del Ministerio Público contenía nada menos que una solicitud de extradición a la Argentina del líder venezolano, para indagarlo por presuntos delitos de lesa humanidad. Y llevaba la rúbrica de su portador: el fiscal federal Carlos Stornelli.
Pues bien, por ser uno de nuestros más dilectos villanos, no está de más reconstruir su trayectoria.
El déficit fiscal
El periodista Enrique Vázquez solía evocar un pasaje de su vida profesional: “En 1983, cuando ingresé a Radio Belgrano, me recibió el interventor militar. Estaba de uniforme y tenía un crucifijo más grande que el de Río de Janeiro”. Se trataba del teniente coronel Atilio Stornelli.
Su vástago, Carlos, por entonces un estudiante de la UBA, acostumbraba a visitar al oficial en la emisora. Su carácter taciturno no pasaba desapercibido.
Por eso era inimaginable el protagonismo público que adquiriría su figura a través del tiempo. Un protagonismo con dobleces.
He aquí algunos pantallazos al respecto.
Ya con diploma de abogado, el joven Carlos se fue labrando una opaca carrera judicial en un tribunal porteño de menores. Pero el gran salto lo dio al desposar a Claudia Reston, sobrina del general Llamil Reston, el poderoso ministro del Interior y Trabajo de Videla y Bignone. Ella trabajaba de abogada en el estudio jurídico del ministro Carlos Corach. Y fue él quien colocó a su marido, en junio de 1993, al frente de la Fiscalía Federal Nº4. Lo cierto es que su designación contó con el beneplácito de Carlos Menem. El riojano estaba lejos de suponer que, un lustro después, ese muchacho dócil y retraído pediría su prisión preventiva por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
Es que Stornelli tiene el hábito de morder las manos de quienes alguna vez le dieron de comer. Y hasta entonces, se muestra muy solícito con ellos.
Claro que también supo cultivar vínculos genuinos y duraderos.
En este punto, brinquemos a junio de 2025, cuando se viralizó un video que muestra a Patricia Bullrich en un visible estado de beodez, saltando con un grupo de adolescentes durante una fiesta en un salón de Puerto Madero. Allí se festejaba un cumpleaños de 15, el de la hija del fiscal, quien, unos minutos antes, había deleitado a los presentes al bailar un vals con la homenajeada. Ante aquel espectáculo, a la entonces ministra se la vio aplaudir con fervor.
Si bien tal cuadro podría interpretarse, sencillamente, como un himno a la promiscuidad entre dos poderes de la República, lo cierto es que en ambos personajes palpitan algunas gestas en común. Por caso, la violenta represión del 12 de junio de 2024 frente al Congreso, que dio comienzo al nuevo paradigma del punitivismo libertario. Ese miércoles, en el transcurso de la protesta contra la Ley Bases, los mastines antropomorfos de Bullrich detuvieron a 34 personas, entre las cuales hubo una familia que vendía empanadas en la plaza, una mujer que filmaba el operativo policial, un músico callejero, un estudiante de Historia que milita en una organización social, cuatro estudiantes secundarios que salían del colegio y algunos desocupados que se autoconvocaron. La cuestión es que Stornelli los imputó por 15 delitos, incluidos los de “sedición”, “incitación a la violencia en contra de las instituciones”, “uso de explosivos”, “imposición de ideas por la fuerza” y “atentado al orden constitucional”, además de solicitar la prisión preventiva para todos y su inmediato traslado a cárceles federales. Pero serían rápidamente liberados por la jueza María Servini.
Stornelli asimiló esa noticia de mal modo.
Sin embargo, por otra razón, él también sería beneficiado por ese mismo “garantismo” que, según su óptica, “contamina el ejercicio de la Justicia”.
Tanto es así que, en marzo del año pasado, ocurrió su sobreseimiento en la causa donde —junto a su amigote, el falso abogado Marcelo D’Alessio— se le atribuía haber pergeñado una cámara oculta para perjudicar al abogado José Manuel Ubeira cuando estaba en pleno trámite la causa de los “Cuadernos”. Esa trapisonda fue parte de otro asunto: su participación en una gavilla dedicada al espionaje y a la extorsión. En ambos casos, la corporación de Comodoro Py, a través de la Cámara Federal de Casación Penal, no dudó en acudir a su salvataje, aunque al respecto no está dicha la última palabra, dada la apelación de Ubeira ante la Corte Suprema. Y no es imposible que tal tema termine en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Claro que, entre su debut como fiscal y este golpe de suerte, la biografía de este hombre atesora varias tramas superpuestas.
Una de estas, su paso como ministro de Seguridad bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli, fue un verdadero thriller.
A sangre fría
En 2007, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, le concedió la licencia para integrar el Gabinete provincial.
Stornelli asumió tal función con entusiasmo. Por lo pronto, sus ideas para el cargo estuvieron moldeadas por una concepción militarista del orden urbano, mediante el férreo control del territorio y el poder de fuego policial. En términos prácticos, su período platense consistió en restaurar todos los atributos que La Bonaerense había tenido en sus peores momentos. Entre sus asesores resaltaba el ex comisario Mario “Chorizo” Rodríguez (cuyo legajo chorreaba sangre), el otrora jefe de la Federal, Roberto Giacomino (al que Néstor Kirchner desplazó por corrupto), el abogado de los barrabravas de Boca, Marcelo Rochetti, y la señora Soledad Spinetto, esposa del capo de “La Doce”, Rafael Di Zeo, de quien él era muy amigo. Un verdadero dream team.
Claro que a Stornelli tal vez se lo recuerde en la provincia por su papelón en la búsqueda de la familia Pomar, muerta en un simple accidente de tránsito, a la que tardó 24 días en encontrar al costado de una ruta.
Sin embargo, durante su gestión aumentaron sensiblemente los casos de “gatillo fácil” y torturas en comisarías, a la vez que él accedía con una excelente predisposición a las más antojadizas demandas de los uniformados, sin suponer que semejante generosidad de su parte lo llevaría hacia una paradoja.
Porque solo le bastó realizar un enroque administrativo en Prevención del Delito Automotor (una caja codiciada) para que los “Patas Negras” —tal como se les dice a los muchachos de esa fuerza— le declararan la guerra. Corría el 15 de noviembre de 2009. Y conviene contextualizar tal circunstancia.
Ese asunto coincidió con una denuncia pública del juez platense, Luis Arias, acerca de la relación policial con una serie de delitos contra la propiedad, perpetrada mediante la reducción a la esclavitud de menores en conflicto con la ley. Pero tal pronunciamiento provocó una indignada desmentida, incluso con acusaciones de desequilibrio emocional, por parte de Stornelli.
Al día siguiente fue asesinada la arquitecta y catequista Renata Toscano, de 43 años, al recibir un tiro en el rostro cuando llegaba a su casa de Wilde. A raíz de ello hubo tres arrestos. Durante cuatro días, se efectuaron tumultuosas manifestaciones de vecinos frente a la comisaría local. El 25 de noviembre sucedió un hecho casi calcado: la muerte de la maestra Sandra Almirón, de 37 años, acribillada a quemarropa por tres pibes que le querían robar el vehículo a metros de su domicilio. A raíz de eso, hubo otros tres detenidos; entre ellos, el hijo de un policía. Esa escalada delictiva se prolongó el 6 de diciembre con el crimen de la bioquímica Ana María Castro, de 51 años, quien recibió un tiro en la nuca cuando estaba por ingresar a su automóvil en Derqui. Sus dos autores lograron escapar.
Recién entonces Stornelli denunció ante el fiscal de La Plata, Marcelo Romero, que aquellos crímenes “podrían haber sido instigados por policías en actividad, en retiro o exonerados” para desestabilizar su gestión y, por ende, al gobierno provincial.
En aquella presentación mencionó que el modus operandi consistía en crear una situación de caos a través de hechos sangrientos contra “mujeres con exposición social importante, maestras o profesionales, que, automáticamente, motorizarían a sus núcleos de pertenencia en marchas con claras infiltraciones”. Para ello —según el funcionario— los instigadores habrían reclutado “a menores en asentamientos de emergencia a contraprestación dineraria”. De modo que por primera vez reconocía por escrito exactamente lo que había denunciado Arias: el uso por parte de la policía de niños y adolescentes como mano de obra delictiva. Sólo que en esta ocasión la finalidad de los uniformados habría sido la de manifestar su encono hacia Stornelli.
El tipo había entendido el mensaje. Y tras presentar la renuncia, retornó con premura a la Capital. Nunca más puso un pie en La Plata. Un valiente.
Stornelli va a la guerra (judicial)
El regreso de Stornelli a la Fiscalía Federal Nº4 fue con la frente marchita. No obstante, pudo sobrellevar su pesadumbre alternando los quehaceres judiciales con la rosca interna en Boca. Eso significó su acercamiento a Mauricio Macri. Y a otros seres no menos carismáticos.
En abril de 2012 fue designado jefe de Estadio y Seguridad Deportiva del club de sus amores. Una de las primeras órdenes que recibió del presidente Daniel Angelici fue de índole —diríase— diplomática: solucionar la puja entre la facción de la hinchada encabezada por Mauro Martín y la del desplazado Di Zeo. La tensión entre ellos ponía en vilo la gobernabilidad del club.
En tal contexto mantuvo una seria discusión con Santiago “El Gitano” Lancry, un histórico de la tribuna que en tal época reportaba a Martín. En una oportunidad, cuando Stornelli se dirigía hacia el bar La Imprenta, de Belgrano, para reunirse con Di Zeo, Lancry apareció por sorpresa y le aplicó un sonoro y humillante cachetazo en el oído izquierdo.
—Si querés, meteme preso, pero yo hace 35 años que voy a la cancha, y vos no me vas a cagar, ¡puto!, le gritó.
Entonces, le tiró otro golpe, esta vez en la oreja derecha.
Stornelli, dolorido y al borde de las lágrimas, imploraba clemencia.
En las semanas siguientes, la interna en “La Doce” se aquietó.
Mientras tanto, él profundizó su vínculo de confianza con Macri. Ambos se admiraban mutuamente.
Stornelli mantuvo el cargo en Boca hasta mediados 2015, sin desatender los expedientes que se acumulaban en su fiscalía.
El 10 de diciembre de ese año, Macri llegó al Sillón de Rivadavia. Y a él le aguardaba una misión patriótica.
Desde entonces se perfilaría como un alfil de la llamada lawfare, tal como se dice a la judicialización de la política.
Posteriormente, la causa de los “Cuadernos” —acerca de presuntas coimas durante la era kirchnerista— fue la gran oportunidad que le dio la vida.
Stornelli, en tándem con el juez Claudio Bonadío, supo idear un sistema confesional basado en la “delación asistida”: una mezcla entre el macartismo y la inquisición española destinada a privar de su libertad a todo imputado que no declare lo que ellos pretendían oír. Así nació el festival de los arrepentidos. Pero el fiscal habría tensado la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia presuntas cuentas bancarias a su nombre.
El pobre Bonadío falleció a comienzos de 2020.
Ya se sabe que eso coincidió con los “problemitas” de Stornelli debido a su mala junta con D’Alessio, y que, al final, zafaría del asunto.
Ahora, bajo el régimen libertario, el honor impregna su figura. Y en sus noches más recientes, sueña con que Nicolás Maduro sea su próximo trofeo.