Por Causa Popular.- Apenas asumió, el gobierno de los Estados Unidos intentó acercarse a Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. Su pasado como defensor de los intereses de los campesinos cocaleros, además de catapultarlo como líder indiscutido de los decisivos movimientos sociales bolivianos, lo convirtieron en una de las figuras más temidas por los Estados Unidos en la región. La importante legitimidad alcanzada con la contundente victoria en las elecciones presidenciales, obligaron a Bush a intentar “dar vuelta la página” de pasados desencuentros que además estuvieron signados por la cercanía de Morales con Hugo Chávez y Fidel Castro. Pero la intervención directa del imperialismo sobre la soberanía de los países de la región no ha mermado. Esta semana, Evo Morales retomó las críticas a la política intervencionista de Estados Unidos, y le advirtió que no tendrá más injerencia en la política militar boliviana. En la misma sintonía, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) evalúa la reestatización de empresas, mientras directivos de Repsol son buscados por la justicia acusados de contrabando.
Evo Morales endureció la posición de su gobierno frente a los Estados Unidos. Desde que asumió el 22 de enero pasado, extrañamente eligió moderar su discurso frente al gobierno de Bush luego de que este último lo llamara por teléfono para abrir las puertas diplomáticas en la conflictiva relación entre estos dos países, el más pobre de Latinoamérica y el más rico del mundo.
No por casualidad el cambio se produjo luego de que Morales alcanzara un acuerdo nacional y despejara el camino a la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico para el próximo 2 de julio, dos de las principales promesas de campaña. Fortalecido el frente interno, “Evo” dio rienda suelta a su antiimperialismo.
En este contexto, y aprovechando un acto aniversario celebrado el lunes 6 en la combativa ciudad de El Alto, Morales dejó en claro que ya “no es posible que vengan fuerzas externas a intimidar, amedrentar, a cambiar comandantes; eso de cambiar ministros, de cambiar comandantes que vienen de Estados Unidos se acabó; aunque pobres, somos dignos y vamos a defender la dignidad y soberanía”.
El presidente de Bolivia respondió así a la decisión del gobierno de Bush de realizar la “desertificación” norteamericana de la Fuerza Contraterrorista Conjunta (FCTC), y recortar parte de la ayuda que envía a este país para financiar la lucha contra el narcotráfico. Respecto a esto último “Evo” advirtió que no le asusta perder las “migajas” de ayuda económica que sirve para tener espías en Bolivia (ver Causa Popular del sábado 4 de marzo de 2006).
En una misiva, firmada por el coronel del ejército estadounidense Daniel Barreto, fechada el 3 de marzo, el gobierno norteamericano le comunicó a su par de Bolivia, que recogerá todo el armamento dado como cooperación a dicha unidad militar -equivalente a unos 70 mil dólares- y la cancelación de becas para miembros de esa fuerza que se encuentran cursando estudios en Estados Unidos. Las razones esbozadas en la misiva fueron más que ambiguas, según la Casa Blanca hay “falta de confianza”.
Como lo expresó morales en su discurso en El Alto, el problema de fondo, al que Estados Unidos llama “falta de confianza”, habría sido que el flamante gobierno boliviano no aceptó el veto o el cambio de un comandante en las fuerzas armadas bolivianas. Según trascendió, el militar que quiso vetar Washington es el mismo que filtró la información en octubre pasado sobre el envío irregular de un lote de misiles de las fuerzas armadas bolivianas a ese país para su desactivación.
Evo Morales que por ese entonces era legislador y candidato presidencial, solicitó durante la campaña electoral el enjuiciamiento del presidente Eduardo Rodríguez. Por este mismo caso, al asumir la presidencia ordenó el paso a retiro de 28 generales sospechados de haber participado en el envío de los misiles. “Ya no habrá más relación directa de los militares con Estados Unidos”, le dijo a la prensa un miembro del gobierno.
El gobierno estudia la nacionalización de empresas privatizadas
Los vientos nacionalistas que soplaron con fuerza durante las movilizaciones populares de los últimos años, parecen haber tomado cuerpo en el gobierno de Evo Morales. No sólo por sus declaraciones respecto a la incidencia de los Estados Unidos en sus definiciones militares, en el plano económico, también el gobierno del MAS parece decidido a demostrarlo.
En un seminario sobre el programa económico del gobierno, el ministro de Planificación Carlos Villegas explicó de qué forma el gobierno intentará obtener la mayoría accionaría de algunas empresas: “lograremos ese porcentaje agregando la parte del Estado (47,5 por ciento, que está en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones) más los valores de los trabajadores (2,5 por ciento), y vamos a comprar de las empresas la parte que corresponde para llegar al 51 por ciento”. Y luego aclaro, “si no quieren vender, vamos a tomar decisiones de otra naturaleza para que el Estado boliviano ejerza su derecho de propiedad”, amenazó el economista.
En su primera gestión, el mandatario neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) “capitalizó” las principales empresas del Estado: la petrolera YPFB, Entel, la ferroviaria ENFE y el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), hoy intervenida y al borde de la quiebra. La operación consistió en otorgar el 50 por ciento del control accionario de las empresas a cambio de su capitalización por parte del inversor.
El restante 50 por ciento pasó a ser propiedad de los ciudadanos bolivianos mayores de 21 años, mediante un Fondo de Administración Colectiva administrado por dos AFP, con cuya renta deben pagar el Bonosol a los bolivianos mayores de 65 años, y una pequeña parte los propios trabajadores. Hoy todo este mecanismo neoliberal está siendo revisado y se esperan profundas modificaciones.
Pero eso no es todo: hay directivos de Repsol-YPF buscados por contrabando
La nueva gestión en Bolivia también repercute en la justicia. Un grupo de fiscales allanó el pasado jueves la filial de la petrolera Repsol-YPF buscando aprehender a sus directivos. Estos habían sido llamados a declarar este jueves en una investigación que se le sigue a la petrolera por el delito de contrabando.
Los fiscales arribaron a la sede de la petrolera Andina, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, solicitando al presidente de Repsol-YPF en el país, Julio Gavito, y al gerente, Pedro Sánchez, quienes el jueves 9 no se presentaron a declarar. El hecho se produjo después de que un juez ordenó la suspensión provisional de la investigación contra la petrolera, mientras se define si el proceso se debe seguir por la vía penal o administrativa.
Andina, la filial de Repsol en Bolivia, indicó en una comunicación que el juez décimo de instrucción en lo penal de Santa Cruz, Zenón Rodríguez, decidió suspender la investigación ante el planteamiento de “excepción por incompetencia en razón de materia” formulado por la empresa.Sin embargo, uno de los fiscales dijo a la prensa que proseguirán con la investigación.
El abogado Abel Montaño explicó a periodistas que los directivos no se presentaron a declarar “porque ya se había suspendido el proceso investigativo y en este momento está suspendido. Todo lo que están haciendo en este momento es absolutamente nulo de pleno derecho”, intentó justificar el jurista, luego de asegurar que, como era de esperarse, presentaron una demanda de recusación contra el juez.
“Hemos podido advertir que el Ministerio Público ha inducido a error al juez y lo ha hecho sacar con fecha de ahora una orden de allanamiento estando ya recusado”, afirmó el defensor. Un circunloquio procesal de dudosa certeza. Es que dicen los abogados que cuando se le acusa al fiscal de inducir al error al juez, es porque no queda más recurso que demostrar que el cielo es rojo. Pero así fue. La petrolera fundamentó su pedido en que “la cuestión investigada por la Aduana Nacional no reviste tipicidad ni materia justiciable en lo penal, siendo su naturaleza de carácter administrativo”.
En el recurso de incompetencia presentado por Andina el pasado martes se argumentó que “toda la fiscalización realizada por la Aduana reviste características administrativas, por lo que no corresponde la configuración de un delito penal, al no haberse realizado evasión tributaria alguna”.
Tanta argumentación viene a cuento porque la aduana de Bolivia acusó a Andina de los presuntos delitos de contrabando de petróleo hacia Argentina y Chile y falsedad en declaración aduanera. En un informe sobre el proceso de fiscalización a las exportaciones de petróleo entre junio de 2004 y julio de 2005, la Aduana dijo haber detectado “indicios de presunta comisión del delito de contrabando”, por un monto de 9,2 millones de dólares.
Ahora dice la prensa que en Madrid están inquietos. Y en Washington también.
