De la Redacción de ZOOM. La resolución del conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela, UNASUR, el Consejo de Defensa, la OEA, Latinoamérica, la política del Ministerio, la industria y los derechos humanos. “Nosotros pensamos que el principio de soberanía y de autodeterminación es algo indiscutible”, destaca Forti.
Alfredo Forti es viceministro de Defensa de la República Argentina y Director del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Suramericano de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). La decisión para la conformación del Consejo de Defensa fue aprobada en Costa do Sauípe, Brasil, en ocasión de la Cumbre Extraordinaria de UNASUR, en diciembre de 2008. El documento, que firmaron los presidentes de los países miembros, establece que el Consejo es una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa.
Asimismo, el Consejo se rige por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en las decisiones y mandatos emanados del Consejo de Jefes de Estado de la UNASUR. Estos principios son: el respeto a la soberanía, la autodeterminación, las instituciones democráticas y los derechos humanos; la integridad territorial de los Estados; y la no intervención en asuntos internos.
En una entrevista con Revista Zoom, el viceministro abordó los temas estratégicos de la región en materia de defensa y la política que viene llevando a cabo el Ministerio de Defensa de la República Argentina.
-¿Qué evaluación hace usted acerca de la resolución del último conflicto político-diplomático precipitado entre los Estados de Colombia y Venezuela?
-No sólo desde el Consejo de Defensa de UNASUR, sino también desde Argentina, vemos con mucho optimismo como la resolución de un problema que afectaba la paz y la seguridad de nuestra subregión, con la facilitación y la intermediación que realizó UNASUR a través principalmente de Néstor Kirchner en su carácter de Secretario General, se logró lo que nosotros llamamos soluciones regionales para problemas regionales. Y este es uno de los objetivos centrales de toda esta articulación que se está dando en UNSARUR, que se expresa materialmente -por ejemplo- en el Consejo de Defensa.
El Consejo de Defensa constituye un foro de diálogo, de coordinación y de consenso de posiciones, tanto para temas hacia el interior de la región como así también para encontrar consensos en posiciones de la región para ser presentadas en foros internacionales.
Por lo tanto, es muy importante lo que se ha dado ahora. La capacidad intraregional de propiciar y facilitar decisiones a conflictos que en otras situaciones, en otro contexto o bajo la orbita de otras organizaciones regionales, no necesariamente hubieran llegado al mismo y tan rápido resultado positivo.
-Este conflicto se resolvió, casi de forma inédita, sin la presencia de la Organización de Estado Americanos (OEA).
-Exactamente. Y no olvidemos que estamos en un proceso de fortalecimiento de subsistemas regionales, como UNASUR, la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) o el Grupo Río, que son foros que brindaron respuestas políticas al más alto nivel, es decir, los jefes y jefas de Estado.
El golpe de Estado en Honduras demostró serias debilidades de la capacidad institucional de organismos como la OEA, para contener, canalizar y resolver el conflicto de Honduras.
Nosotros pensamos que el principio de soberanía y de autodeterminación es algo indiscutible. Pero asimismo, hay ciertos principios que llevan obligaciones a los Estados para propiciar la vigencia de esos principios. Y cuando hablamos de un golpe de Estado significa que se ha roto el cumplimiento del orden constitucional e institucional, que no sólo afecta al país donde se produce el golpe sino que también obliga a los Estados vecinos de la región a tomar posiciones. Eso no es intervención; es defensa de principios que todos hemos concensuado proteger y defender. Y cuando se rompen tiene que haber una reacción, tiene que haber una solución que pase por la restitución del orden institucional y también tienen que haber medidas que eviten a futuro este tipo de accionar y los reprima. Y para eso es necesario que haya investigación, justicia y esclarecimiento de responsabilidades institucionales e individuales.
-¿Qué políticas estratégicas se plantea el Consejo de Defensa de UNASUR?
-El eje estratégico que se plantea el Consejo de Defensa es resultado de la discusión y del consenso del Consejo como foro. Y entre los principales lineamientos a futuro que han surgido se encuentran: el desarrollo de una arquitectura de medidas de confianza entre todos los países para disminuir las situaciones de riego que afectan la seguridad y la paz; la coordinación de políticas de defensa; el fortalecimiento de la conducción civil de la defensa; y la articulación de las capacidades instaladas en todos nuestros países en el área de ciencia, tecnología y producción para la defensa. Todo ello nos lleva al fortalecimiento de la autonomía, al incremento de la cooperación y a un camino que se dirige hacia el desarrollo de un esquema cooperativo de defensa en nuestra región para defender el interés regional y para asegurar que Suramérica sea una verdadera zona de paz como lo plantea UNASUR y como lo plantea el Consejo de Defensa.
-En cuanto a la política que viene desarrollando el Ministerio de Defensa, ustedes muchas veces hacen hincapié en el rol industrial que tiene el área. ¿Por qué?
-La ministra de Defensa (Nilda Garré) ha venido implementando una gestión no sólo muy positiva, sino también de profundos cambios en el Ministerio de Defensa. Siguiendo los lineamientos de la política nacional, primero con Néstor Kirchner y ahora con la Presidenta Cristina Fernández, una de las caras de esa reestructuración es la recuperación de capacidades en el ámbito de la industria de defensa que fueron perdidas en la década del ’90 con las privatizaciones de todos los artilleros y de la fábrica de aviones de Córdoba por ejemplo. Es decir, el Estado había renunciado a su potestad de poder manejar, integrar e incorporar para la defensa nacional capacidades que nos den mayor autonomía.
Y con la gestión de la ministra se han recuperado los astilleros y la fábrica de aviones, pero que no significa un sesgo industrialista del Ministerio sino el impacto que tiene en la recuperación para el Estado de capacidades que hacen al fortalecimiento del sistema de defensa para un mejor acompañamiento al proceso y al proyecto nacional que estamos viviendo desde el año 2003.
-En ese sentido, ¿cómo evalúa la política en torno a los derechos humanos del Ministerio?
-Nuestra política de derechos humanos es muy firme. El Ministerio ha sido completamente reestructurado y modernizado, en línea con la política de Memoria, Verdad y Justicia que viene llevando a cabo este proyecto político. Todo lo que hemos heredado respecto a la violación de los derechos humanos está en este momento en la justicia, y esperamos que pronto termine el ciclo de juicios y se haga justicia.
Además, en materia de derechos humanos y en materia de política de género se han incorporado firmemente en todos los curriculum de formación y capacitación en todos los niveles de las Fuerzas Armadas los principios fundamentales que defiende el país. Por lo tanto, es una política transversal en todos los aspectos de la defensa que responde a una política integral de derechos humanos que viene teniendo el Estado.
-¿Puede servir de ejemplo para los países de América Latina, donde también en muchos casos el Estado ha violado los derechos humanos?
-Ojalá ayude. Dentro de nuestra política de cooperación y acercamiento a los demás países como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Brasil, etc, compartimos con los países hermanos nuestra experiencia.
-¿El Ministerio ha delineado alguna política de defensa para enfrentar la Guerra de Baja Intensidad o de IV Generación que viene implementado Estados Unidos a través de la CIA y las agencias “democráticas” como la USAID?
-A partir de Néstor Kirchner en el gobierno y con la profundización de la Presidenta Cristina Fernández y la gestión de la Nilda Garré, hemos realizado una total revisión de los términos y los acuerdos de cooperación en materia de defensa entre nuestro país y Estados Unidos. Acuerdos que venimos heredando desde las décadas del ’50 y del ’60, que respondían a un rol, un contexto institucional y un marco legal de las Fuerzas Armadas totalmente distinto al que se da en este momento. Por lo tanto, la mayoría de los acuerdos dejan de tener vigencia por todos estos cambios, por la modificación en la orientación política del país y el horizonte estratégico en materia de defensa.
