Sobresueldos: en el Congreso Nacional se quedaron todos con el diezmo

Por Causa Popular.- Diputruchos para votar privatizaciones, coimas para sancionar leyes de flexibilización laboral, sobresueldos para transformar a opositores en oficialistas, pensiones graciables y pasajes gratis, fueron sólo algunos de los elementos que ensuciaron la legitimidad del Congreso Nacional de cara al pueblo argentino. “Que se vayan todos” fue el grito de indignación que hizo vibrar sus paredes en diciembre de 2001, con el recuerdo vivo de cada uno de estos hechos. Pero se quedaron todos, y con ellos la corrupción estructural que acompaña al sistema democrático de nuestro país desde hace ya muchos años. Ahora, diputados y senadores reconocen la existencia del llamado “diezmo” legislativo, un sobresueldo cuyo origen es un porcentaje del salario de algunos de los 12 empleados que cada legislador puede tomar. Algo que hace unos años era fuente de financiamiento de los partidos por el aporte voluntario de sus militantes que ingresaban a un puesto legislativo, hoy queda en el bolsillo de cada diputado o senador que lo exige.

En el Congreso todos lo conocen como el “diezmo”, pero se sabe que el porcentaje puede ser mayor. Todos admiten que es una práctica expandida, pero son muy pocos los que se animan a hablar públicamente del tema. “Diezmo” no representa sólo 10 por ciento, como la cifra que se le pagaba antaño a los reyes por la mercadería que permitían traficar o lo que entregaban los fieles a la Iglesia, sino que en el Congreso Nacional es el nombre con el que se designa el mecanismo irregular por el cual algunos legisladores exigen a sus empleados que le cedan una parte de sus salarios, en mucho de los casos como condición para mantener su puesto laboral.

Esta práctica, que afecta particularmente a empleados transitorios y contratados, podría llegar por primera vez a la Justicia a partir de la denuncia que presentó ante las autoridades de la Cámara Alta un ex empleado, en la cual acusa a una senadora nacional de un partido minoritario de haberlo despedido, por no aceptar su reclamo de resignar una parte de sus haberes.

Este ex empleado envió hace aproximadamente quince días una carta manuscrita de cuatro carillas a la Secretaría Administrativa del Senado y allí se dispuso elaborar un Sumario Interno que lleva el Número de Actuación 1191/05. Una vez que Asuntos Jurídicos finalice el trámite, las autoridades del Senado podrían elevar la denuncia para que la Justicia Penal investigue el caso.

Pero el problema excede largamente este episodio. Tanto legisladores como empleados del Congreso reconocen que lo que en el comienzo de la restitución democrática era una práctica natural para financiar estructuras partidarias, se ha convertido en los últimos años en una fuente irregular de recursos a disposición de diputados y senadores, quienes tienen la facultad de nombrar hasta 12 empleados cada uno.

Cuatro empleados y dos ex empleados de distintas bancadas políticas, aceptaron dar su testimonio a la agencia de noticias DyN cuyo despacho ha circulado mucho por internet, pero poco en los diarios. La noticia fue elaborada gracias a fuentes que reclamaron la absoluta reserva.

En todos los casos, los afectados reconocieron que entregan una parte de sus salarios porque habrían sido compelidos a hacerlo y admitieron que la práctica está muy expandida en las dos Cámaras Legislativas. Además, explicaron que el tema nunca alcanzó amplia difusión pública no sólo porque los damnificados temen perder su trabajo sino también porque consideran «peligroso» denunciarlo.

Estos son los testimonios:

– José Roselli, diputado por Convergencia: “Todos los bloques parlamentarios aplican el diezmo. Es una práctica bastante extendida. Cuando yo formaba parte del bloque de Autodeterminación y Libertad, Zamora le sacaba 50 por ciento de sus sueldos a todos los empleados. Yo también debía aportar la mitad de mi dieta porque supuestamente era una contribución al partido.

Pero Zamora y la mujer se quedaban con todo porque no rendían cuenta de nada. La única diferencia entre los partidos chicos y los grandes es que el PJ y la UCR son menos hipócritas. Ellos arreglan de entrada y tienen un esquema pautado, aunque se sabe que la plata no va al partido. Yo conozco muchos empleados que ni siquiera tienen la Banelco ni la clave, porque les cobran desde el despacho y después le dan 200 pesos”.

– Rodolfo Terragno, senador radical independiente: “No tengo dudas de que existe y de que en casos parte o todo de lo retenido va a parar al bolsillo del legislador. Es un delito y una inmoralidad que está universalizada porque la mayoría de los legisladores llegan al cargo con el apoyo de punteros y militantes. Pero yo creo que el factor de coacción no es tal porque en realidad existe un acuerdo entre el legislador y el empleado. Los dos son parte del mismo aparato político”.

– Pablo Walter, ex senador por Fuerza Republicana y actual candidato por Recrear:

“La modalidad del diezmo es muy común en el Congreso y en las Legislaturas provinciales. Es una de las prácticas que se utilizan para financiar irregularmente dirigentes políticos y estructuras políticas, porque en algunos casos el diezmo va a la estructura orgánica y en otras al bolsillo del legislador. Hay legisladores nacionales y provinciales que nombran a personas ‘fantasmas’ como mecanismos para recaudar plata para ellos mismos”.

– Pedro Del Piero, ex senador por el Frepaso: “Cuando yo estaba en el justicialismo y trabajaba como empleado del Senado, los que eran del interior les cobraban el sueldo acá y ellos nunca veían la plata. Por tesorería pasaban los jefes de despacho con firma habilitada para cobrar y ellos eran quienes distribuían la plata a discreción”.

– Diana Conti, senadora por el Frepaso: “No estoy de acuerdo con que se haga una retención, aunque sea para un partido político porque no creo en los partidos políticos. Igualmente no creo en eso de que el empleado es presionado por la necesidad de trabajar, porque para eso pueden conseguir trabajo en otro lugar. Hay una complicidad entre las dos partes”.

– Carlos Machiaroli, secretario administrativo del Senado: “Es imposible controlarlo. Lo que hemos hecho para evitarlo es no hacer más pagos en efectivo. Ahora, todos son cheques no a la orden y cuentas bancarias”.

– Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL): “Siempre fue un rumor que había legisladores que cobraban un porcentaje para nombrar empleados, pero nunca hubo denuncias concretas. Nunca se pudo constatar. Si existiera sería un delito penal que nosotros denunciaríamos inmediatamente”.

La política argentina cada día deja menos lugar para el asombro. Al gobierno de Néstor Kirchner, que ganó popularidad, entre otras razones, por su inicial firmeza en prometer una férrea lucha contra la corrupción, le queda cada vez menos tiempo para reconstituir la legitimidad de las instituciones democráticas.

La gran pregunta es, ¿Cuánto tiempo queda para que la falta de esclarecimiento de estos casos opaquen la gestión presidencial?.

Semejante inquietud genera las más diversas conjeturas, pero no hay que hacer mucha memoria para recordar que cuando es demasiado tarde los duros discursos contra la corporación política resultan inofensivos ante la furia popular.

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