Por Causa Popular.- Presidentes, ministros, secretarios, subsecretarios, legisladores y jueces que fueron parte de la función pública durante el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999 están bajo la sospecha de haber cobrado sobresueldos. A María Julia Alsogaray le bastaron 2 años en una cárcel de lujo para dejar en evidencia lo que para buena parte de los argentinos era un secreto a voces: el alto grado de corrupción de la gestión menemista en los tres poderes del Estado cuyas respectivas independencias jamás existieron. Finalmente la evidencia presentada le permitió, a quien fuera referente de la derechista y golpista Unión de Centro Democrático (UCD), quedar en libertad 19 días después que publicara una carta en el diario “La Nación” detallando cómo se pagaban sobresueldos a funcionarios durante el gobierno de Menem. En esa carta, María Julia Alsogaray contó que, siendo funcionaria del gobierno de Menem, “recibía 40.000 dólares mensuales de fondos secretos”, mientras que el sobresueldo de los ministros ascendía a 100.000 dólares.
El propio presidente Néstor Kirchner, y otros funcionarios de gobierno, apuntaron al poder judicial por la liberación de María Julia, cuyas declaraciones también salpicaron a integrantes del actual poder ejecutivo que fueron parte de la administración de Carlos Menem. Para Kirchner algunas personas “tienen miedo de que hable”.
También intervino en la polémica, y con similares apreciaciones, su esposa, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, para quien “es llamativo que justo cuando empezó a hablar… parece ser como que hubiera alguien interesado”, dijo la legisladora a algunos periodistas que estaban en el Congreso.
En las radios, los programas habilitaron los teléfonos para recoger opiniones de la gente y muchos coincidieron en señalar las sospechas que genera esta medida. La denominada “polifuncionaria” menemista es considerada un emblema de los hechos de corrupción que se conocieron durante y luego de la década menemista.
La indignación generalizada que se produjo apenas conocida su detención recordó la poca legitimidad social que aún mantiene el sistema judicial argentino. Una muestra de esto fue dada semanas atrás cuando se difundieron los resultados de una encuesta de una conocida consultora que reveló otro secreto a voces: que el 90 por ciento de la población argentina no cree en la Justicia.
La carta publicada en La Nación que desencadenó la cuenta regresiva para la liberación de “Mary July” apareció solamente en una sección destinada a los lectores del diario y prácticamente pasó inadvertida para mucha gente. Mejor dicho para la mayor parte de la población que pocas veces accede a semejante y selecto diario. Allí, María Julia Alsogaray contó que, siendo funcionaria del gobierno de Menem, “recibía 40.000 dólares mensuales de fondos secreto”.
Según reveló en la misma nota, esos fondos estaban destinados a “complementar la remuneración de los funcionarios de nivel político”. También indicó que los ministros recibían 100.000 dólares y que el entonces responsable de Economía Domingo Cavallo en un momento les pidió que declararan ese dinero ante la Dirección Impositiva.
A su vez, en la última edición de la revista “Noticias”, la ex funcionaria recordó que los hechos fueron denunciados en 1995 y, en aquel momento, hubo un “mini-escándalo mediático”, pero agregó: “Por alguna razón que desconozco parte de la prensa perdió interés en el tema”. Ahora estalla un nuevo escándalo cuyas consecuencias son imprevisibles, porque algunos interpretan que la mujer se cansó de pagar ella sola por una situación que involucra a muchos otros ex funcionarios que desde el 2002 buscaron cobijo en el kirchnerismo o en alguno de sus difusos contornos.
Pero más allá de la resolución judicial, la sensación generalizada fue que la liberación se produjo con la intención de cerrarle la boca a la ex ucedeista devenida peronista. El presidente Néstor Kirchner interpretó correctamente el malestar popular pero no dio cuenta en ningún momento sobre las sospechas que caen sobre varios de los funcionarios de su actual gestión que formaron parte del gobierno de Menem como Alberto Fernández, Martín Redrado y Gustavo Montoya, entre otros.
El que sí desmintió haber cobrado en algún momento sobresueldos fue el jefe de Gabinete Alberto Fernández cuando trabajó junto a Domingo Cavallo como titular de la Superintendencia de Seguros (control de compañías de seguros), dependiente del ministerio de Economía.
Su paso por este cargo fue denunciado por el periodista Julio Nudler quién lo acuso de actos de corrupción.
Como en el caso de las coimas del Senado, se sospecha que la SIDE fue el organismo de Estado usado para pagar los salarios secretos con fondos reservados permitidos por una ley que se remonta a la dictadura del general Juan Carlos Onganía (1966-1970), según Alsogaray y al menos una decena de ex funcionarios que han confesado.
Fernández defendió las normas que avalan el uso de fondos reservados, al advertir que su derogación significaría “que el Estado se prive de tener recursos para contar anticipadamente con información” referida a “hechos que pueden afectar a la comunidad”.
Según el funcionario, para realizar inteligencia, muchas veces el Estado “compra información a quien se conoce popularmente como ‘buchón’” (informante). “El ‘buchón’ no tiene factura y no se puede dejar asentado el gasto” que significa la obtención de información por esa vía, consideró Fernández.
Dos días después de las declaraciones de uno de los ministros más importante del gabinete de Néstor Kirchner, y flamante presidente del Partido Justicialista de la Capital Federal, la Ley secreta que autoriza los sobresueldos y que está vigente, fue declarada inconstitucional por la jueza en lo contencioso administrativo Clara Do Pico.
Beliz y Manzano, dos heces más en el ventilador de María Julia
El llamado por la prensa nacional “escándalo de los sobresueldos” se convirtió en una verdadera caja de Pandora. Cada día un nombre distinto termina implicado en lo que para muchos analistas es parte de la corrupción estructural en la que funcionó y aún funciona el sistema político argentino y de la que no estarían afuera los empresarios, muchas veces indicados como uno de los principales interesados aportantes para pagar los sobresueldos.
María Julia Alsogaray, quién declaró ser la única detenida por no ser peronista, soltó también el nombre y apellido de José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Menem en la primera presidencia y ahora empresario periodístico -es uno de los dueños de América 2-, a quien el periodista Horacio Verbitsky le atribuyó en los años 90 la célebre frase: “Yo robo para la corona”.
Desde la huída de Fernando De la Rúa, varias fuentes coincidieron en señalar que el célebre “ministro vegetal” trabaja para Eduardo Duhalde y también tiende lazos con la Casa Rosada. Pero Alsogaray también mencionó desde la cárcel a Gustavo Beliz, el renunciante ex ministro del Interior de Menem y primer fusible de Néstor Kirchner. Del menemismo se alejó tras denunciar la existencia de venalidad en la administración pública y feroces disputas por el poder en la Casa Rosada.
Del kirchnerismo la salida no fue tan espectacular ya que desde Balcarce 50 siempre tuvieron los ojos sobre “el converso” y cuando notaron los primeros desplantes fue despedido sin dilaciones.
La distribución de los sobresueldos durante la gestión de Manzano “llegaba hasta el nivel de subsecretario. En el caso del ministro Gustavo Beliz, algunos de sus funcionarios comentaban que el dinero llegaba pero no se distribuía”.
El desfile de testigos e imputados en la causa se intensificará a partir de la semana del 16 al 20 de mayo, cuando deban sentarse en el banquillo, entre otros, el ex “superministro” Domingo Cavallo, virtual mentor del actual jefe de Gabinete Alberto Fernández.
Los empresarios también en la mira
Para la titular del ARI, Elisa Carrió, los fondos utilizados para los sobresueldos no sólo salieron de los fondos reservados de la SIDE sino también del bolsillo de los empresarios. Según declaró a la prensa la mediática legisladora, el fallecido banquero Roque Maccarone, “cuando era presidente del Banco Central” en la gestión menemista le dijo que “el Gobierno de Carlos Menem obligaba a las empresas a hacer aportes mensuales para el pago de sobresueldos”. Y consideró que si se confirmaran los aportes empresarios “nos lleva a una megacausa de asociación ilícita”.
“Lo más grave es que si los empresarios contribuían y obtenían concesiones, privilegios y negocios del Estado, en realidad el Estado era cómplice del saqueo de Argentina”, señaló Carrió a la prensa, al presentarse a declarar como testigo ante el fiscal Paulo Starc en la causa por los sobresueldos. No sería la primera vez que los empresarios estarían vinculados a pagos a funcionarios políticos, el caso más emblemático es el caso IBM – Banco Nación, pero no es el único.
Carrió evaluó que “no es lo mismo decir ‘yo tengo fondos reservados, cobro y declaro’ (…) como dice María Julia, que recibir esos fondos de empresas que ella controlaba y con las que hacían licitaciones o negocios”. Por ello “hay que buscar qué empresas ganaron concesiones e investigar”, advirtió.
Fuentes judiciales indicaron a la prensa que Carrió entregó al fiscal “un documento de la Oficina Anticorrupción sobre el tema que data de 2001” y que ya estaría incorporado al expediente, con lo cual “no aporta nueva información”. En ese sentido, los voceros dijeron que el fiscal le habría dado “poca entidad” al aporte de Carrió.
Starc citó para el próximo miércoles a Luis Murina, quien ocupó cargos en las dos gestiones de Domingo Cavallo al frente del Palacio de Hacienda, uno de ellos el de subsecretario Legal y Administrativo de Economía. La Justicia quiere determinar si Murina, como trascendió en las últimas jornadas en el marco del escándalo, pudo haber sido el encargado de distribuir los sobresueldos. Pero los voceros tribunalicios pusieron en duda su comparecencia, ya que indicaron, estaría atravesando algunos problemas de salud.
¿Y la justicia?
Desde el ámbito judicial también habló el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, quien respondió a la prensa con la frase “no me consta” si se pagaron sobresueldos a miembros del tribunal.” ¿Quién le va a pagar sobresueldos a un juez? ”, inquirió el magistrado, que agregó que “en el último tiempo han tenido una caída muy grande, se han disminuido”, los índices de prestigio de los jueces supremos.
Igual, exhortó a “investigar debidamente” el presunto reparto de sobresueldos para “establecer con toda claridad la relación de los jueces federales” con el poder durante el menemismo por las sospechas que hubo sobre muchos de ellos.
Vinculado con ese punto, un allegado a Cavallo había declarado a la prensa que el ex jefe de Economía ordenó en 1995 blanquear los ingresos por fondos reservados ante la Dirección General Impositiva (DGI) y tras pedir reserva de su identidad, recomendó “preguntarle al juez federal Jorge Ballestero si él no cobró sobresueldos de la SIDE”.
Así, la fuente se refirió al juez que convocó a declarar a Cavallo, al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y al ex titular de Defensa, Oscar Camilión, por el supuesto cobro de los “plus” que en algunos casos llegarían a 50 mil dólares al mes.
Rodolfo Martínez Medina, que fue secretario de Granillo y develó las maniobras hace un año, había contado públicamente que los “sobres” con fondos reservados también eran destinados a miembros de la Corte.
La distribución de esos fondos, según declaró la detenida ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray, se produjo al amparo de la ley secreta 18.302 de Juan Carlos Onganía, aún vigente. Se estima que el dinero por sobresueldos que salió de la SIDE ascendió a 500.000 dólares y ahora el Congreso Nacional analiza si hace pública esa ley.
Para los escépticos y también para los miles de ingenuos e idiotas útiles que defendieron el desguace del Estado con la camiseta del menemismo o sin ella; pero que avalaron y apoyaron con su intelecto y con su voto la jibarización de la Argentina y que pusieron empeño detrás de universidades, institutos y otros mostradores para lograrlo, ha quedado en evidencia que fueron serviles a un plan siniestro que, a diferencia de funcionarios como Marie Julie, no les pagó por los servicios prestados.
El caso de los sobresueldos a funcionarios menemistas y los sobornos pagados durante el gobierno de la Alianza para que los senadores aprobaran la nefasta reforma laboral, confirman la existencia de un plan sistemático para desvastar el Estado Nacional. El plan tenía un costo determinado y fue pagado por distintos bolsillos, en su mayoría públicos, pero bajo la batuta de los principales interesados en quedarse con sus restos.
A eso el FMI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, le siguen llamando “las reformas estructurales”.
