Con el libro Forum Shopping reloaded (recargado), del abogado Pablo Slonimsqui, se podría crear una de esas series de intriga que tanto agradan a la clase política local, incluído el presidente Mauricio Macri, fan declarado de la oferta de Netflix. El problema –y la virtud– es que lo que cuenta Slonimsqui, con una pluma tan fluida como mordaz, no es fruto de la imaginación o de un estudio sobre los gustos de la audiencia, sino de un conocimiento preciso sobre las muchas formas en que opera la manipulación judicial en la Argentina. A la luz de lo que ocurre con los cuadernos del chofer Centeno y el accionar al estilo far west del juez Claudio Bonadio, puede decirse que se trata de un libro oportuno, pero lo cierto es que lleva décadas de oportunidad. Los hechos abordados por Slonimsqui distan de ser novedosos. Son crónicos, si bien el autor destacó el carácter extraordinario de lo que sucede por estos días.
“Hace cinco años que el edificio de Comodoro Py está a punto de estallar y nunca estalla”, resumió el abogado, que ingresó al Poder Judicial en 1991, y entre 1996 y 1999 fue secretario del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Hoy abocado a la actividad independiente, no tiene dudas sobre la causa que lleva Bonadio: “Esta investigación, lejos de ser imparcial, conforma una vengaza política y, a esta altura, creo que personal en contra de la expresidenta”. Recordó que “en los lugares civilizados a nadie lo juzga su enemigo”, pronosticó “infinidad de planteos de nulidad” y lamentó que no haya “un proceso respetuoso de las garantías de los imputados y que a la gente no le deje la sensación de que esto es un pelotón de fusilamiento, sino un tribunal de justicia”. Respecto de Norberto Oyardibe, el otro gran figurón judicial involucrado, también fue contundente: “El caso Oyarbide es una vergüenza nacional, son 20 años de tragedia continuada”.
– A pesar de las polémicas que rodean a la justicia, la sociedad tiene con ella una relación ambigua. Los políticos, por ejemplo, al tiempo que critican un fallo, pueden citar otro para sostener sus argumentos.
– Hay un efecto muy curioso que se da en los políticos, que cuando son oposición piden castigos ejemplares, investigaciones puntillosas, y cuando llegan al poder y se les aplica ese criterio, se quejan de que son víctimas de operaciones políticas.
– Es algo que se repite casi de manera infantil, ¿no?
– De manera desvergonzada. El gobierno actual se quejaba de que no se investigaba en tiempo real al gobierno anterior, y ahora, cuando los investigan a ellos, les parece que es un atropello, que impide la gobernabilidad. Creo que igual la gente le empezó a perder un poco el respeto a las decisiones judiciales y se dan cuenta que lo que deciden los jueces los afecta directamente. Antes, nadie conocía el nombre de los jueces, ni de primera instancia ni de la Corte Suprema, y tampoco de un fiscal, pero hoy todo el mundo, en la mesa familiar, discute a estos personajes y se anima a comentar sus decisiones, a analizarlas.
– ¿La judicialización de la política, indirectamente, los dejó expuestos?
– Sí. Primero, porque tienen una presencia mucho más grande en los medios de comunicación, y segundo, porque hoy está todo el mundo discutiendo cómo se tiene que hacer un allanamiento: si tiene que ser de día o de noche, si tiene que haber testigos, si se tiene que labrar un acta. Es desopilante. La semana anterior estaban todos discutiendo la figura del arrepentido colaborador, y la anterior, para mi beneplácito, si había o no forum shopping. Cuestiones muy puntuales de un proceso penal son materia de discusión entre gente que, no sé si significará algo, nunca pisó la Facultad de Derecho.
– ¿Lo ve como algo positivo o negativo?
– En algún aspecto, me agarro la cabeza. El periodismo, en general, toca los temas judiciales siguiendo la coyuntura y nunca les da un tratamiento, digamos, profundo. Cuestiones evidentemente complejas, se simplifican, y entiendo que sea así, porque si no son terriblemente aburridas para quien está viendo la tele o leyendo el diario. Pero una cosa es dar una noticia y otra, explicar a conciencia las características de una situación procesal. Aparte, hay normas que se interpretan de manera disímil, algo que también se ve en los jueces: algunos llevan las investigaciones más rápido y otros lo hacen más lento.
– Justamente, su libro destaca esto como uno de los criterios para el forum shopping.
– Es que una de las cosas que me llama la atención es que ahora nadie habla de la ley, todos hablamos de a quién le toca aplicar la ley. Si vos me contás sobre una nueva denuncia, me decís quién es el imputado y quién es el juez, yo te digo cómo termina y cuándo termina. Es notable cómo, con la misma ley, un juez hace todo en 15 minutos y a otro le lleva tres años. Y el mismo juez que algo lo hace en 15 minutos, otra cosa muy parecida la hace en 10 años.
– De todos modos, el sistema se sigue sosteniendo.
– Hace cinco años que el edificio de Comodoro Py está a punto de estallar y nunca estalla. Siempre hay escándalos inverosímiles, uno dice “esto termina con todo el mundo en la calle” y no pasa. En general, nos referimos a la justicia federal, que tiene características muy particulares. Son 12 jueces que acumulan una cuota de poder, para mí, desproporcionada y muy difícil de manejar, porque por un lado te da fortaleza, y por otro, te llena de vulnerabilidad y enemigos. Para sumar ese poder es porque acumulás mucho trabajo y siempre, si alguien te va a buscar alguna causa atrasada, algún error, lo va a encontrar y eso te deja mal parado frente al Consejo de la Magistratura.
– La actuación de ese organismo es otro punto siempre polémico.
– El Consejo de la Magistratura tiene hoy una estructura, o más que una estructura un proceder, cuasi mafioso, que está para presionar a los jueces, para ofrecerles protección a cambio de determinadas decisiones. Todo eso va llevando a que los jueces pierdan necesariamente independencia, sin dejar de reconocer que sus relaciones con la política, los empresarios, el periodismo y con parte de los servicios de inteligencia son completamente promiscuas. Primero, nadie llega a juez con los avisos clasificados abajo del brazo. Todo lo que son los concursos del Consejo de la Magistratura invitan a la conspiración permanente. Todo el mundo sabe que si no tenés un “padrino”, muy difícilmente llegues a las instancias finales. Se ha comprobado que hay trampa en los exámenes, por lo menos para los cargos más importantes. Eso va armando un microclima que convierte a ser juez en un trabajo insalubre.
– ¿El derrotero judicial de Oyarbide es una muestra de ese proceso?
– El caso Oyarbide es una vergüenza nacional, son 20 años de tragedia continuada, que no es responsabilidad de un gobierno en particular, porque Oyarbide hizo lo mismo en todos los gobiernos, que es ponerse al servicio del poder, garantizar impunidad a cambio de prebendas y otras cosas. El caso de Oyarbide no debiera confundirnos, porque uno nunca termina de tomarlo en serio por ese aspecto caricaturesco que tiene, pero hizo mucho daño. Cuando tuvo los casos, en un momento respetuoso del principio de inocencia y limitar la prisión preventiva al máximo, hubo gente que estuvo años presa, de todos los colores: (Juan José) Zanola, los hermanos Schoklender, (Rubén) Beraja, el excomisario (Jorge) Palacios. Después, la sentencia definitiva dirá si son inocentes o culpables. Esa gente debe estar muy triste hoy cuando ve que Oyarbide reconoce que en los casos importantes el poder político lo presionaba o direccionaba sus decisiones.
– ¿Cómo evalúa lo hecho por Bonadio en la causa de los cuadernos?
– Primero, tenés la sospecha muy fuerte de que el doctor Bonadio interviene en el caso por una decisión propia de él y no por la aplicación de los reglamentos que están hechos, precisamente, para garantizar que sea el azar quien decide qué juez interviene. Esto, a su vez, está hecho para que los procesos sean transparentes e imparciales. Ni un denunciante puede elegir el juez que quiere ni el juez puede elegir los casos que quiere. Esta situación nos remite a hacer aclaraciones un tanto primitivas.
– Bonadio parece en una cruzada donde no importan mucho los medios, sino lo que él se trazó como objetivo.
– No hay ninguna contradicción entre investigar un caso que nos interesa a todos, sean quiénes sean los imputados o su gravedad, y hacerlo con un debido proceso. No son situaciones incompatibles. Uno tiene la sensación que Bonadio no fue a buscar la verdad, sino parte de la verdad. Esto se refleja, si bien la causa está en secreto de sumario, en lo que el periodismo y los abogados están contando: una serie de cosas muy raras, completamente desnaturalizadas, que indican que la lupa se está poniendo en los funcionarios venales del gobierno kirchnerista y no en los empresarios y los funcionarios públicos que tuvieron la misma práctica antes y después del kirchnerismo.
– Entonces, ¿puede ser idóneo para investigar estos hechos y personajes?
– El doctor Bonadio, para mí, está deslegitimado para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner en particular, y a cualquier funcionario kirchnerista en general, porque hay una enemistad manifiesta. En los lugares civilizados a nadie lo juzga su enemigo. Cuando hay antecedentes de una animadversión, a ese juez lo tenés que apartar. Hay otros 11 jueces que pueden hacer la misma tarea. Sería un despropósito que esto se arruine, porque la justicia tiene la oportunidad histórica de ir a fondo con un tema al que nunca pudo encontrarle la vuelta.
– ¿Esta actuación del juez hace prever futuros planteos de nulidad?
– Ya lo que está trascendiendo, en el mejor de los casos, garantiza la existencia de infinidad de planteos de nulidad, de recursos y de cuestiones que hacen que todo un proceso que podría transitar de forma razonable, de una instancia a la otra, se vaya a ver indefectiblemente entorpecido. Hubo muchos casos que tuvieron una dinámica así, frente a hechos escandalosos, y que terminaron, mucho tiempo después, declarados nulos.
– ¿Cómo ve al arrepentido, la figura estrella de este proceso?
– La ley prevé que el arrepentido es una técnica de investigación, no un medio de prueba. Cuando tenés organizaciones criminales cerradas, difíciles de abordar porque no tenés métodos de prueba idóneos, la ley autoriza a tener esta conversación con un arrepentido, porque abre la investigación.
– Por así decirlo, “abre la puerta desde adentro”.
– Claro. Una vez que la abrió, ya está. Así como esta es una técnica de investigación, lo mismo es un agente encubierto. La ley autoriza a que un policía se haga pasar por un civil para obtener datos que de otro modo no podría. Imaginate si en una investigación tenés 18 agentes encubiertos. Ya estás hablando del Súper Agente 86, estás en la línea Delfín, Tiburón y Mojarrita; de Porcel y Olmedo. Todo esto está al borde del ridículo y da la sensación de que es artificial, que ya hay un esquema diseñado.
– ¿Trae sospechas también sobre las condiciones en que los arrepentidos aportan elementos? Me refiero al temor de ir presos.
– Totalmente. Al no haber criterios claros y respetuosos de lo excepcional que tiene que ser una detención en la etapa instructoria, donde rige el principio de inocencia, cuanto mayor arbitrariedad o discrecionalidad tiene el juez, mayor es el temor de cualquier persona sometida al proceso. En este caso, además, trascendieron varios informes periodísticos, a los cuales yo les asigno seriedad, que señalan que la gente que sufrió encierro estuvo en condiciones medievales, en celdas que no cumplían requisitos de higiene. Eso afloja siempre a un imputado y tiende a quebrarlo. Me parece que todo esto, en conjunto, da una cosa muy difícil de digerir para un estómago democrático.
– ¿Situaciones parecidas pueden rastrearse en otros casos de impacto, como el de Milagro Sala, por ejemplo?
– Todos estos casos, el de los cuadernos, el de Milagro Sala, la detención anticipada de Amado Boudou antes de que la sentencia quede firme, lo que repiten es un hostigamiento judicial para integrantes o simpatizantes de la administración anterior. El hostigamiento en sí mismo y la noticia, dudo que tengan algún impacto electoral, pero sí lleva un mensaje de miedo para la militancia, para los cuadros. Se da algo que antes no pasaba, que es que cada investigación no sólo apunta a quienes podrían aparecer como responsable de un ilícito, sino que se criminaliza toda una tarea administrativa del Estado. Se llama a indagatoria a toda persona que haya estado cerca del problema. Eso genera desconfianza, la búsqueda indirecta de que alguno se quiebre, el desgano de esa gente de seguir participando en la cosa pública porque saben que, por algo en que no tuvieron nada que ver, los pueden llamar a tribunales.
– ¿Durante el kirchnerismo se dieron episodios judiciales similares?
– El escenario que se plantea en la causa de los cuadernos es extraordinario. A cualquier gobierno al que le pasen el peine fino, como ahora al kirchnerismo, le van a empezar a saltar escándalos. Me parece claro que hay una operación de venganza contra el kirchnerismo, que puede tener que ver con sectores empresarios y políticos, que puede tener por objetivo minar las expectativas electorales de Cristina Fernández, puede ser algo que se replica a nivel continental. Uno lo lee en los medios y lo dice gente a la cual le tengo respeto intelectual. Dicho esto, a todos los gobiernos, una vez fuera del poder, se los ha perseguido y ha habido causas judiciales. Que estemos hablando de Oyarbide muestra cómo se ha abaratado la discusión judicial, ¿no? Con Oyarbide a la cabeza, durante el kirchnerismo también hubo algún tipo de procedimiento de escenificaciones judiciales. Estas de ahora me parece que son extraordinarias. Ojo, nadie está de acuerdo en que haya corrupción y si meten presos a los funcionarios del gobierno que sea, todo el mundo va a estar contento. Tiene que ser en un juicio conforme a la ley y, además, sin generar situaciones que no pueden tener receptividad ni en un jardín de infantes, que es ubicar a los empresarios, que vienen lucrando con prácticas ilegales desde mucho antes, en un rol de víctimas o en un rol secundario, cuando están en el mismo plano de responsabilidad que los funcionarios.
– Es decir, hay otra manera.
– Hacer lo mismo pero bien, en un proceso respetuoso de las garantías de los imputados, y que a la gente le quede la sensación de que no es una caza de brujas, de que esto no es un pelotón de fusilamiento, sino un tribunal de justicia haciendo las cosas conforme manda la Constitución. No es tan difícil. Siempre se habla de la morosidad, de los límites que tienen los jueces, de la sobrecarga de tareas. Bueno, los jueces demostraron que cuando quieren investigar rápido, pueden, porque disponen de todas la fuerza del Estado.
– ¿Qué razones pudo tener Bonadio para no permitir que el abogado de Cristina presenciara el allanamiento al domicilio de su defendida?
– El Código Procesal Penal tiene disposiciones clarísimas que otorgan a los abogados defensores la posibilidad de presenciar todos los actos del proceso. Son normas sin ninguna dificultad para su interpretación. Estoy seguro que el doctor Bonadio tuvo una razón para impedir la presencia del abogado de Cristina Fernandez, y también estoy seguro que esa razón es ilegal. La decisión es gravísima, sienta un precedente horrible que se puede proyectar a infinidad de casos y se presta a todo tipo de abusos y arbitrariedades. Los estudiantes debieran conocer a este juez y entender cómo era la justicia en la edad media. Esta investigación, lejos de ser imparcial, conforma una venganza política y, a esta altura, creo que personal en contra de la expresidenta.
-¿No es llamativo el silencio de las máximas autoridades judiciales?
– Las autoridades del Poder Judicial deben mantener una posición de prudencia, ya que eventualmente pueden intervenir en el caso. Por eso, si los trascendidos periodísticos son ciertos, es particularmente desafortunado que el presidente de la Corte haya respaldado de algún modo lo que viene haciendo Bonadio. Distinto es el caso del Colegio de Abogados, que debiera manifestarse de forma contundente respecto de la decisión del juez que limitó la posibilidad de un abogado de llevar adelante su trabajo conforme lo establecen las leyes, y el de los referentes académicos, que debieran defender lo que enseñan en las facultades, el debido proceso legal, por sobre cualquier posicionamiento político.
– ¿Cuál es un buen ejemplo de un proceso de alto impacto que se haya realizado de forma correcta?
– Lo que se conoce como la tragedia de Once. Hubo un primer juicio, con personas de primer nivel del gobierno nacional y empresarios importantes. Intervinieron los mejores abogados de nuestro microclima y, en un periodo muy razonable, la causa avanzó. No hubo ningún señalamiento de abusos ni de desvío de poder. El juez era el doctor Bonadio. Se hizo un juicio oral y público, todo el mundo pudo participar, se dictaron condenas duras. Ahora hay un segundo proceso contra el exministro (Julio) De Vido, que tiene los mismos carriles y yo no he advertido maniobras oscurantistas.
– En resúmen, se puede hacer bien.
– Totalmente. Y sería una pena que se hiciera mal.
